nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL.

San Miguel, cinco de agosto de dos mil veinte.

VISTOS:

Que comparece don Danny López Chávez, abogado, en representación de doña nombre reservado, técnico en enfermería de nivel superior, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, interponer recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de San Miguel, y de su representante legal doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; por las acciones ilegales y arbitrarias que determinó la no renovación de la contrata, que le fue notificada por carta certificada el 03 de enero de 2020, vulnerando sus derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N° 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que ingresó a la Corporación Municipal de San Miguel en calidad de contrata (Julio de 2013) bajo la Dirección de Cesfam recreo; Dra. nombre reservado, y bajo la Jefatura de nombre reservado, quien era en esos años Jefe de Some Central y Unidad de Polichoque donde despeñaba funciones propias de Tens en Servicio de Urgencias. Esto junto a otra Tens y dos médicos de atención, donde siempre fue evaluada como muy buena funcionaria, sin tener ninguna dificultad con ellas.

Luego de dos años aproximadamente la dirección actual se retira y asume la sra. nombre reservado la Dirección del Cesfam Recreo, donde la Unidad de Polichoque cambia al Nombre de Servicio de Atención Continua, donde sigue en la misma unidad, bajo la Jefatura de srta. nombre reservado enfermera encargada de Unidad, quien fue sustituida por E.U. nombre reservado, donde permanecen las mismas evaluaciones de desempeño.

Expone que en el año 2017 asumió la Dirección de dicho Cesfam la sra. nombre reservado, quien una vez al mando decidió deshacer el equipo de Servicio de Atención Continua, trasladándola a Some de Sector Verde aludiendo que el cambio lo hacía por sus reiteradas licencias por Lumbago, las cuales no son verídicas, y aunque así lo fuera, ella como Directora no posee las competencias legales para conocer diagnósticos médicos, solo la Compin puede tener acceso a dicha información. A Partir de este momento comenzó a sentirme hostigada por dicha directora.

En el mes de junio de ese año, le informaron que sería trasladada a Cecosf Atacama; centro nuevo que se inauguró en Julio del mismo año bajo la Dirección Técnica de E.U. nombre reservado, donde desempeñe funciones de Tens Volante y de Metas.

Añade que en el año 2018, aproximadamente en el mes de agosto asume la Dirección Técnica de Cecosf Srta. nombre reservado en calidad de subrogante, por licencia de pre y post natal de E.U. nombre reservado, quien comenzó a hostigar a diferentes funcionarios del centro.

Indica que en agosto de 2018 falleció su madre (madrina) ( sic) por un cáncer muy agresivo que la mantuvo enferma por dos meses hasta el momento de su fallecimiento, oportunidad en que comenzó a sentirme hostigada por nombre reservado, ya que la sometió más obligaciones dentro del trabajo.

Desde esta fecha y hasta marzo mantuvo licencias esporádicas con diagnósticos de estrés laboral y en marzo le diagnosticaron depresión mayor, duelo patológico y trastorno de ansiedad. Las licencias médicas se extendieron desde el 14 de marzo hasta el 05 de octubre, fue en el momento en que le solicitó el alta al médico quien accedió, dejando en claro que el tratamiento no había finalizado pero que se encontraba en condiciones de retomar su vida laboral. Es así, que se reincorporó el 11 de octubre, solicitando una semana de vacaciones.

Una vez incorporada a Cecosf comenzó a sentir nuevamente acoso laboral por parte de la Directora, pero siguió trabajando hasta de noviembre, época en que realizan evaluaciones de cada año a todos los funcionarios menos a la recurrente, pero le explicaron que no pueden hacerlo respecto de ella, porque no había estado presente en el periodo de evaluación, por lo que me acerque a la Dirección de Cesfam Recreo, habló con la sra. nombre reservado Directora del Centro, quien dijo no estaba enterada del motivo de sus licencias, que comprende su situación, y que le presente certificados médicos de los profesionales que me están tratando, pero que los haga llegar de manera voluntaria, para que no tener problemas; a lo que accedió.

Refiere, que el 30 de diciembre fue notificada vía telefónica, por doña nombre reservado, encargada de personal que su contrato no sería renovado.

Acusa que la carta en la cual se dispuso la no renovación de la contrata solo llegó al domicilio de la señora nombre reservado el 3 de enero del presente año, y en ella no se justifican las razones de dicha decisión, solo se indica vencimiento del plazo convenido en el contrato.

Esgrime que el acto impugnado -decisión de no renovación de la contrata- es arbitrario, ya que de su propia fundamentación se evidencia la carencia de una razonabilidad superior a la mera discrecionalidad de la administración; y asimismo es ilegal, toda vez que infringe la estabilidad en el empleo garantizada en el artículo 89 del Estatuto Administrativo, derecho funcionario, extensible a quienes están vinculados en calidad de contrata; lo que también es reconocido en el ámbito municipal en el artículo 87 del Estatuto de Funcionarios Municipales, en la ley de Atención Primaria de Salud y en la jurisprudencia administrativa.

Hace referencia a los criterios establecidos por la Administración para fundar las decisiones de no renovación de contratas, entre ellas, resultados del proceso de evaluación de desempeño; continuidad de los programas o planes para los cuales prestan servicios; años de servicio; situación de funcionarios en edad de jubilar o prontos a cumplirla o con enfermedades graves, catastróficas y/o terminales.

Sostiene que se ha establecido la confianza legítima en la renovación de la contrata a partir de la segunda contratación, y en el caso la recurrente lleva más de seis años de servicios y además sufre de una enfermedad grave, depresión mayor por duelo, todo lo cual debió ser considerado para la determinación de no renovarle la contrata, teniendo presente, además, que sus informes de desempeño dan cuenta que ha cumplido sus funciones y de forma excelente.

Concluye, que no existe razón para haber adoptado la decisión impugnada, toda vez que la señora nombre reservado no se encuentra en los supuestos que establece la administración para proceder a la determinación de no renovarle la contrata; afectando de esta forma la igualdad ante la ley, al otorgarle un trato diferenciados en relación a sus pares en idéntica situación, el derecho a la libertad de trabajo, al coartársele su posibilidad de continuar ejerciendo un cargo donde tenía estabilidad, afectando el principio de confianza legítima, y su derecho de propiedad respecto de las remuneraciones que percibía por sus funciones y respecto de la estabilidad en el empleo.

Pide se acoja la presente acción y dejar sin efecto el acto jurídico administrativo que resolvió la no renovación de la contrata de doña nombre reservado, ordenando el reintegro a sus funciones y el pago de las remuneraciones mientras estuvo separada del servicio, con expresa condena en costas.

Informa al tenor del recurso don Mauricio Meza Vásquez, abogado en representación de la recurrida, Corporación Municipal de San Miguel, quien solicita se desestime el arbitrio, con expresa condena en costas.

Indica que la recurrente inició su relación laboral con dicha Corporación el 1 de julio de 2013, en calidad de Técnico de Enfermería, para prestar servicios en el Centro de Salud Familiar Recreo, siendo trasladada en el año 2018, al Centro Comunitario de Salud Familiar Atacama; que la relación laboral fue establecida mediante contratos de trabajo en calidad de contrata, celebrándose en total 8 contratos a plazo fijo, el último desde el 1° de enero al 31 de diciembre, ambos del 2019, todos los cuales se rigen por la Ley 19.378, que fija el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

Expresa que el término de la relación laboral se dio por haberse verificado la causal contemplada en el artículo 48 letra c) de la Ley 19.378, esto es, el vencimiento del plazo convenido en el contrato, lo cual le fue notificado por carta certificada.

Sostiene que la causal de término se ajusta a derecho, conforme a la naturaleza del contrato a plazo fijo que regía entre las partes, por lo que no existe acto ilegal o arbitrario vulnerador de garantías constitucionales.

Manifiesta que en este caso, por tratarse de una norma especial, rige el Estatuto de Atención Primaria de la Salud Municipal ya referida, excluyéndose la aplicación el Código del Trabajo; la normativa especial regula la contratación, la que puede ser a plazo fijo o indefinido (art. 14) como asimismo el término de la relación laboral consagrándose en el artículo 48 letra c) como causal el vencimiento del plazo estipulado o convenido en el contrato, que es lo que ha ocurrido en la especie.

Esgrime que en este caso no es procedente el principio de confianza legítima, el cual solo es aplicable tratándose de funcionarios públicos, ya que la Corporación Municipal es una persona jurídica de derecho privado, no teniendo la calidad o naturaleza de organismo público, no teniendo sus trabajadores la calidad de servidores públicos.

Por último refiere que lo pretendido por la parte recurrente -dejar sin efecto un término de relación laboral- escapa de los márgenes de esta acción constitucional, que ello debe ser reclamado ante los tribunales del trabajo, a través del procedimiento establecido al efecto; con todo, niega actos de hostigamientos denunciados y reitera que no ha existido ilegalidad o arbitrariedad en el término de la relación laboral ni afectación de los derechos y garantías constitucionales invocadas en el recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

SEGUNDO: Que la parte recurrente refiere que han sido conculcadas las garantías descritas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y su protección, y el derecho de propiedad.

En la especie, la actuación ilegal y arbitraria que se atribuye a la Corporación municipal recurrida es que “dictó acto administrativo que determino la no renovación de mi contrata” y vulnerando las garantías constitucionales indicadas, en atención a que su despido no se materializó en un acto fundado.

TERCERO: Que con el mérito de la documental aparejada por la recurrente y recurrida, apreciada de acuerdo con las reglas de la sana crítica, es posible tener por asentado los siguientes antecedentes de relevancia jurídica:

1.-La recurrente, doña nombre reservado, mantuvo una relación laboral con la Corporación Municipal de San Miguel, mediante sucesivos contratos a plazo fijo, regidos por la Ley N°19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

2.- La relación laboral entre las partes terminó, al haberse verificado la causal contemplada en el artículo 48 letra c) de la Ley No 19.378, esto es, el vencimiento del plazo convenido en el contrato, el 31 de diciembre de 2019.

3.- La Corporación Municipal de San Miguel, es una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objetivo es administrar los servicios traspasados del área de educación, salud y cultura en la comuna de San Miguel.

CUARTO: Que para resolver el presente arbitrio, resulta útil tener en cuenta las normas legales que gobiernan la materia.

El artículo 1° del Código del Trabajo, señala: “Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.

Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.

Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.

Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este código.”

Por su parte los artículos 1°, 2°, 3° y 14 de la Ley 19.378, prescriben:

Artículo 1°.-“Esta ley normará, en las materias que en ella se establecen, la administración, régimen de financiamiento y coordinación de la atención primaria de salud, cuya gestión, en razón de los principios de descentralización y desconcentración, se encontrare traspasada a las municipalidades al 30 de junio de1991, en virtud de convenios regidos por el decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, del Ministerio del Interior, de 1980. Asimismo, normará los aspectos anteriormente citados, respecto de aquellos establecimientos de atención primaria de salud que sean creados por las municipalidades; traspasados con posterioridad por los Servicios de Salud; o que se incorporen a la administración municipal por cualquier causa. También regulará, en lo pertinente, la relación laboral, carrera funcionaria, deberes y derechos del respectivo personal que ejecute acciones de atención primaria de salud”.

Artículo 2°. – “Para los efectos de la aplicación de esta ley, se entenderá por: b) Entidades administradoras de salud municipal: las personas jurídicas que tengan a su cargo la administración y operación de establecimientos de atención primaria de salud municipal, sean éstas las municipalidades o instituciones privadas sin fines de lucro a las que la municipalidad haya entregado la administración de los establecimientos de salud, en conformidad con el artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, del Ministerio del Interior, de 1980.”

Artículo 3°.- “Las disposiciones de esta ley se aplicarán a todo el personal que se desempeñe en los establecimientos municipales de atención primaria de salud señalados en la letra a) del artículo anterior. De igual modo, se aplicarán a todos los trabajadores que, perteneciendo a una entidad administradora de las que se refiere la letra b) del artículo anterior, ejecuten en forma personal y exclusiva acciones directamente relacionadas con la atención primaria de salud.

A estos efectos, se entienden como acciones directamente relacionadas con la atención primaria de salud tanto las de carácter asistencial, sea que éstas se ejecuten en la propia entidad administradora o a través de rondas asistenciales, como aquellas que no siendo asistenciales permitan, faciliten o contribuyan a la realización de las primeras”.

Artículo 14.- “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta Ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal.

Finalmente el artículo 48, en su letra c) indica:“ Los funcionarios de una dotación municipal de salud dejarán de pertenecer a ella solamente por las siguientes causales: c) Vencimiento del plazo del contrato;

QUINTO: Que de lo que viene de señalarse, aparece que la recurrente se encuentra sujeta al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y el término del vínculo con la recurrida se sujetó a las disposiciones de la Ley 19.378, específicamente su artículo 48 que en la letra c) establece que los funcionarios dejan de pertenecer a la dotación de salud municipal, “por el término del vencimiento del plazo contratado”

SEXTO: Que, por tal motivo, el acto que se cuestiona por medio del presente arbitrio, no puede ser calificado de arbitrario o ilegal, fundado en el incumplimiento del deber de motivación que se exige en relación con los actos administrativos, toda vez que la recurrida ha ejercido una facultad contenida explícitamente en el artículo 48, letra c) de la ley 19.378, causal de término de la relación laboral que no exige un deber de fundamentación, dado su carácter meramente potestativo, basta con el vencimiento del plazo convenido en el contrato de trabajo para que la Corporación Municipal de San Miguel pudiera finalizar su relación contractual.

SEPTIMO: Que respecto al principio de confianza legítima, éste resulta aplicable a los funcionarios públicos dependientes de los Órganos de Administración del Estado. La recurrente, señora nombre reservado prestó servicios a la Corporación Municipal de San Miguel, que como se dijo es una entidad de derecho privado, sin fines de lucro que no forma parte de la administración del Estado; por lo que resulta discutible que a ésta se le atribuya la calidad de funcionaria pública y consecuentemente el principio que la recurrente invoca para evitar la aplicación del artículo 48 letra c) de la Ley 19.378.

OCTAVO: Que no corresponde hacerse cargo en esta sede de las denuncias sobre eventuales acosos en el ámbito laboral de que habría sido objeto la recurrente, por exceder el ámbito de la presente acción cautelar, sin perjuicio de otros derechos.

NOVENO: Que todo lo hasta aquí expuesto conduce naturalmente a desestimar el arbitrio intentado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por don Danny López Chávez, en representación de doña nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de San Miguel.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra señora Claudia Lazen M.

N° 944-2020- PRO Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señora Sylvia Isabel Pizarro Barahona, señora Claudia Lazen Manzur y señora Carmen Gloria Escanilla Pérez.