nombre reservado con AFP PROVIDA S.A. Y OTRO

San Miguel, veintisiete de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, fundado en el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos previsionales como trabajadora extranjera, notificado con fecha 5 de febrero de 2026.

Expone que su representada presentó el 28 de enero de 2026 una solicitud de devolución de fondos previsionales a través del portal de AFP Provida, acompañando la documentación que estimó exigida por la normativa vigente. Señala que posteriormente recibió comunicación de rechazo, fundada en la falta de una constancia de afiliación vigente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, agregándose que la constancia electrónica de cotizaciones acompañada no podía ser considerada suficiente para continuar con la tramitación.

Sostiene que dicha decisión es ilegal y arbitraria, por cuanto afirma haber dado cumplimiento a los requisitos previstos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, esto es, encontrarse afiliada a un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero que le otorga prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber manifestado en su contrato o anexo su voluntad de mantener esa afiliación. Refiere que la exigencia de apostilla o legalización carece de sustento legal expreso y resulta, además, de cumplimiento imposible en su caso, atendida la inexistencia actual de representación consular venezolana en Chile y las limitaciones del sistema de apostilla electrónica de Venezuela para este tipo de documentos. Añade que su afiliación al IVSS puede verificarse electrónicamente a través del portal oficial de dicha institución, mediante el código de validación incorporado en la constancia electrónica acompañada, documento que emana de un organismo público competente, se encuentra vigente al momento de la solicitud y acredita suficientemente la cobertura previsional exigida por la ley. Sobre esa base, estima vulneradas sus garantías de igualdad ante la ley, propiedad y prohibición de imponer requisitos no contemplados legalmente.

Solicita que se acoja el recurso, se tenga por válida la documentación acompañada y se ordene a las recurridas continuar con la tramitación de su solicitud y efectuar la devolución de sus fondos previsionales dentro de un plazo razonable.

Segundo: Que, al evacuar informe, Ana María Herrera Brummer, abogada en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicita el rechazo íntegro del recurso de protección deducido por nombre reservado, con expresa condena en costas.

En primer término, sostiene que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver una controversia de lato conocimiento, por cuanto lo debatido dice relación con el cumplimiento o no de los requisitos previstos en la Ley N° 18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales, materia que estima controvertida y no susceptible de ser resuelta por la vía sumaria del artículo 20 de la Constitución.

En cuanto al fondo, reconoce haber rechazado la solicitud de devolución de fondos presentada por la actora en calidad de técnica extranjera, de conformidad con la Ley N°18.156, por cuanto ésta no acompañó una constancia de afiliación vigente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Explica que la recurrente sólo presentó una constancia electrónica de cotizaciones que, según los criterios fijados por la Superintendencia de Pensiones, no constituye un certificado idóneo para acreditar cobertura previsional en el extranjero, desde que no se encuentra firmada por su emisor, no está apostillada o legalizada y además se limita a mencionar de forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano, sin acreditar en forma específica que la trabajadora contó efectivamente con protección por todos los riesgos exigidos por la ley durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Agrega que tampoco se cumple adecuadamente el requisito consistente en manifestar expresa e inequívocamente en el contrato de trabajo la voluntad de mantenerse afiliada al sistema previsional extranjero. Señala que el contrato de trabajo acompañado, de 8 de septiembre de 2018, no contiene estipulación alguna relativa a la afiliación a un régimen previsional extranjero, y que sólo en un anexo posterior, suscrito el 19 de diciembre de 2025, la trabajadora expresa su intención de mantenerse afiliada al sistema venezolano, declaración que califica como extemporánea. Añade que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, cuando el trabajador omite manifestar oportunamente tal voluntad durante la vigencia del vínculo laboral o cuando existen manifestaciones contradictorias respecto de cotizar en Chile y permanecer afiliado en el extranjero, no procede la devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156.

Refiere, asimismo, que su actuación se encuentra plenamente amparada en la normativa vigente, especialmente en la Ley N°18.156, el Decreto Ley N°3.500 y el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, órgano que posee facultades legales para interpretar obligatoriamente la legislación del sistema. Afirma que la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero constituye una excepción a la regla general del sistema previsional chileno, razón por la cual sus requisitos deben interpretarse restrictivamente.

Añade que no existe vulneración del derecho de propiedad de la recurrente, toda vez que los fondos previsionales siguen siendo de su titularidad y permanecen en su cuenta de capitalización individual para financiar las prestaciones que la ley contempla, sin que la negativa a devolverlos configure por sí misma una privación, perturbación o amenaza ilegítima de las garantías invocadas.

Tercero: Que, al evacuar informe, la Superintendencia de Pensiones solicita, en primer lugar, el rechazo del recurso por estimar que la materia debatida excede el ámbito propio de la acción cautelar de protección.

En cuanto al fondo, el organismo fiscalizador expone que nombre reservado ingresó un reclamo ante la Superintendencia el 2 de febrero de 2026, luego que AFP Provida rechazara su solicitud de retiro de fondos previsionales por no acompañar una constancia de afiliación vigente debidamente apostillada o legalizada. Refiere que, tras requerir informe a la administradora, ésta señaló que el único documento apto para dar continuidad al trámite era una constancia de afiliación vigente emitida por la autoridad previsional competente y debidamente apostillada en el país de origen o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Añade que la Superintendencia comunicó a la recurrente la necesidad de dar estricto cumplimiento a los requisitos del beneficio excepcional contemplado en la Ley N°18.156 e instruyó a la AFP que emitiera una respuesta formal conforme a los principios de celeridad y economía procedimental.

Sostiene que la devolución de fondos previsionales regulada en la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional, aplicable sólo a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que acrediten copulativamente los requisitos del artículo 1° de dicho cuerpo legal. Explica que no basta con acompañar cualquier documento emanado del sistema de seguridad social del país de origen, sino que el solicitante debe probar, mediante certificación idónea, que se encuentra afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, al menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que además manifestó expresa e inequívocamente en su contrato de trabajo su voluntad de mantenerse afecta a ese sistema extranjero.

Agrega que, si bien la recurrente acredita su calidad de profesional extranjera mediante título apostillado y que su contrato de trabajo de 1 de julio de 2018 fue complementado por un anexo de 11 de julio de 2018 donde manifestó su voluntad de mantenerse afiliada al sistema previsional extranjero, ello no suple la falta de acreditación suficiente del requisito de cobertura previsional efectiva en el país de origen. Refiere asimismo que la Excma. Corte Suprema ha señalado que las dificultades logísticas derivadas del término de relaciones consulares con Venezuela no tornan imposible el cumplimiento del requisito, pues existen vías alternativas para obtener la legalización o apostilla correspondiente.

Finalmente descarta que exista afectación al derecho de propiedad de la recurrente, ya que el hecho de no acceder al beneficio excepcional previsto en la Ley N°18.156 no implica pérdida de los fondos previsionales, los que permanecen íntegramente en su cuenta individual obligatoria para financiar su futura pensión u otros beneficios del sistema previsional general. Sostiene que tanto la Administradora como ese organismo han actuado dentro de la esfera de sus competencias, aplicando una norma excepcional de seguridad social de manera restrictiva, conforme a la legislación vigente y a la interpretación administrativa obligatoria del sistema.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la recurrente.

Séptimo: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

A su vez, el artículo 7 de la Ley N°18.156, establece que los trabajadores extranjeros que registre cotizaciones en una Administración de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley.

Octavo: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto.

En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Noveno: Que conforme lo expresado, se concluye que la documentación aportada, consistente en una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no tiene firma ni apostilla, no cumpliendo con las exigencias legales establecidas. Además, cabe tener presente que la situación del país de origen de la recurrente no exime a la administradora de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la devolución de fondos previsionales.

De lo expuesto, se sigue que no se verifica en la especie los requisitos previstos en la ley para el retiro de fondos previsionales en la forma solicitada.

Décimo: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de las recurridas la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía, motivos por los cuales la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°931-2026 Protección