nombre reservado con AFP PLANVITAL S.A. Y OTRO

San Miguel, cinco de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, representada por la abogada Linda Nataly Quintero Mogollón, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PlanVital S.A. (sic), representada por don nombre reservado, y de la Superintendencia de Pensiones, representada por don nombre reservado, impugnando como acto ilegal y arbitrario la decisión notificada el 27 de enero de 2026, mediante la cual se rechazó su solicitud de devolución de fondos previsionales presentada al amparo de la Ley N°18.156.

Expone que, durante su desempeño laboral en Chile, se efectuaron descuentos previsionales para AFP, salud y seguro de cesantía, pese a haber incorporado en su contrato de trabajo una cláusula mediante la cual manifestó su voluntad de acogerse al régimen especial contemplado en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Refiere que el 15 de enero de 2026 presentó ante la administradora una solicitud de devolución de fondos previsionales, acompañando la documentación exigida por la normativa vigente; sin embargo, mediante comunicación de 27 de enero de 2026, la AFP rechazó su requerimiento argumentando que la constancia electrónica emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) carecía de apostilla, firma autorizada y legalización, indicando además que las declaraciones de los interesados no constituyen medios idóneos para acreditar cobertura previsional extranjera.

Señala que el 28 de enero de 2026 presentó un requerimiento ante la Superintendencia de Pensiones, explicando la imposibilidad material de obtener la apostilla del documento por el cierre de las oficinas consulares venezolanas en Chile, recibiendo el 29 de enero de 2026 una respuesta que se limitó a reiterar los requisitos generales para acceder al beneficio solicitado.

Sostiene que cumple íntegramente las exigencias previstas en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, pues mantiene afiliación al sistema de seguridad social venezolano y manifestó expresamente en su contrato de trabajo su voluntad de conservar dicha afiliación, siendo la única formalidad no cumplida la apostilla del certificado emitido por el IVSS, circunstancia que atribuye a un supuesto de fuerza mayor o caso fortuito conforme al artículo 45 del Código Civil, toda vez que el sistema venezolano de apostilla electrónica no contempla la apostilla de este tipo de documentos y existirían además impedimentos administrativos para su legalización. Agrega que la afiliación al IVSS puede verificarse electrónicamente mediante el portal oficial de dicha institución, a través de un código único de validación contenido en la constancia acompañada, documento que, a su juicio, acredita suficientemente la cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte exigida por la legislación chilena.

Sostiene que la interpretación efectuada por las recurridas resulta excesivamente formalista y restrictiva, imponiendo requisitos no previstos expresamente en la Ley N°18.156 y desconociendo el principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° de la Constitución Política y 11 de la Ley N°19.880.

En cuanto al derecho, invoca los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156; el artículo 45 del Código Civil; los artículos 19 N.os 2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República; y diversa jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones que, según afirma, habrían reconocido la procedencia de la devolución de fondos previsionales cuando se acreditan los requisitos sustanciales de la referida ley, rechazando interpretaciones excesivamente restrictivas.

Afirma que la actuación de las recurridas vulnera la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales y la garantía que prohíbe imponer requisitos o limitaciones no establecidos por el legislador.

Solicita se acoja el recurso de protección, se declare ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales, se tenga por válida la documentación acompañada para acreditar su afiliación al sistema previsional venezolano, se ordene a las recurridas continuar la tramitación de su solicitud y proceder a la devolución de los fondos previsionales reclamados dentro de un plazo razonable, adoptándose además todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, luego de aclararse la institución previsional a la que actualmente se encuentra afiliada la extranjera, se requirió informe a AFP Habitat S.A., quién lo evacuó representada por la abogada Jimena Holtheuer Vergara, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección, con expresa condena en costas, por estimar que la acción cautelar resulta improcedente al no existir un derecho indubitado ni acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por esta vía constitucional.

Expone que la recurrente incurre en diversas imprecisiones al identificar a las entidades recurridas y las gestiones realizadas; sin perjuicio de ello, informa que doña nombre reservado se afilió al sistema previsional chileno el 15 de enero de 2018 y a AFP Habitat el 1 de febrero de 2023.

Señala que el 31 de diciembre de 2025 la afiliada presentó una primera solicitud de devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156, la que fue rechazada mediante informe legal F.D.E. N°006/2026, notificado el 5 de enero de 2026, por no acreditarse el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para acceder al beneficio, particularmente la afiliación a un régimen previsional extranjero mediante una certificación emitida por la autoridad competente, debidamente apostillada y que acreditara cobertura en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período trabajado en Chile.

Agrega que la recurrente acompañó únicamente una constancia electrónica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) sin apostilla, mientras que el título profesional apostillado y la cláusula contractual relativa a la mantención de afiliación extranjera fueron estimados conformes. Refiere que posteriormente, el 15 de enero de 2026, la afiliada ingresó una nueva solicitud de devolución de fondos, acompañando certificado migratorio, constancia electrónica del IVSS de enero de 2026 sin firma ni apostilla, cédulas de identidad, título profesional apostillado, contrato de trabajo de 5 de enero de 2018 y anexo de contrato de 1 de octubre de 2025.

Indica que la Fiscalía de la Administradora emitió el informe legal F.D.E. N°057/2026, de 21 de enero de 2026, reiterando la improcedencia de la devolución por no haberse acreditado mediante documentación apostillada la cobertura previsional extranjera exigida por la ley, precisa y efectivamente otorgada durante todo el período trabajado en Chile, agregando que las declaraciones del propio interesado no constituyen prueba idónea para dicho efecto.

Señala que la respuesta formal fue comunicada a la afiliada mediante correo electrónico y carta de 27 de enero de 2026, reiterándose que las Administradoras sólo pueden dar curso a solicitudes respaldadas por documentación legalizada o apostillada.

Sostiene que la constancia electrónica del IVSS acompañada por la recurrente carece de firma autorizada, no se encuentra apostillada ni legalizada y que la posibilidad de verificarla mediante un código electrónico no reemplaza las exigencias establecidas en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil para reconocer valor probatorio a documentos públicos extranjeros.

En cuanto al derecho, invoca los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, destacando que se trata de una norma excepcional y de interpretación restrictiva que exige copulativamente la calidad de técnico o profesional extranjero, afiliación previa a un sistema previsional extranjero que otorgue prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, acreditada mediante documentación debidamente legalizada o apostillada, y manifestación expresa de voluntad de mantener dicha afiliación en el contrato de trabajo. Agrega que el artículo 94 del D.L. N°3.500 otorga a la Superintendencia de Pensiones facultades de interpretación obligatoria para las Administradoras, las cuales han sido ejercidas mediante el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y diversos oficios, entre ellos los Oficios Ordinarios N.os 30.477 de 30 de diciembre de 2011, 24.472 de 26 de octubre de 2015 y 12.954 de 17 de julio de 2025, todos los cuales exigen que la acreditación de cobertura previsional extranjera se efectúe mediante certificaciones legalizadas o apostilladas.

Afirma que la finalidad de la Ley N°18.156 es evitar la doble cobertura previsional y no permitir el retiro libre de fondos previsionales. Agrega que la actuación de AFP Habitat no vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, derecho de propiedad ni la garantía del artículo 19 N°26 de la Constitución, toda vez que los fondos previsionales continúan siendo de propiedad de la recurrente y permanecen íntegramente depositados en su cuenta individual, pudiendo ser destinados a las prestaciones contempladas en el sistema previsional chileno o solicitarse nuevamente el beneficio excepcional una vez que se subsanen las deficiencias documentales observadas.

Finalmente, invoca jurisprudencia de Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema dictada durante los años 2025 y 2026, la que reconoce la obligatoriedad de las exigencias de legalización o apostilla para documentos extranjeros y descarta que el rechazo de solicitudes de devolución de fondos fundado en su incumplimiento constituya un acto ilegal o arbitrario, concluyendo que la Administradora se ha limitado a aplicar la normativa previsional vigente y solicitando, en consecuencia, el rechazo total del recurso de protección, con costas.

Tercero: Que, informó la Superintendencia de Pensiones, solicitando, en primer término, que se declare improcedente el recurso de protección y, en subsidio, que éste sea rechazado en todas sus partes, con costas.

Como cuestión previa, sostiene que la materia controvertida excede el ámbito cautelar del recurso de protección, por cuanto la controversia recae en determinar si la recurrente cumple o no los requisitos establecidos en la Ley N°18.156 para obtener la devolución de fondos previsionales, cuestión que supone establecer derechos discutidos y no indubitados, citando al efecto jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Talca, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas dictada entre los años 2025 y 2026, que declara improcedente esta acción cuando existe controversia sobre el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al beneficio.

Señala que la recurrente presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales el 15 de enero de 2026, la cual fue rechazada mediante comunicación electrónica de 27 de enero de 2026, por no haberse acreditado la afiliación a un organismo de seguridad social extranjero mediante certificación emitida por la autoridad competente, debidamente apostillada, que acreditara cobertura por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período trabajado en Chile. Añade que el documento presentado consistía en una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carente de firma autorizada, apostilla o legalización, cuyo código de verificación electrónica no sustituye las exigencias formales del ordenamiento jurídico chileno.

Refiere que el 28 de enero de 2026 la recurrente ingresó ante la Superintendencia la Consulta Web N°1768 reclamando contra la AFP por el rechazo de su solicitud, y que mediante correo electrónico de 29 de enero de 2026 se le informó detalladamente acerca de los requisitos copulativos contemplados en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, indicándose que la afiliación a un régimen previsional extranjero debe acreditarse mediante certificaciones debidamente legalizadas o apostilladas, que especifiquen cobertura efectiva por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, incluyendo prestaciones médicas y pecuniarias, y que la Administradora sólo puede dar curso a solicitudes acompañadas de documentación idónea y válida conforme al ordenamiento nacional.

En cuanto al derecho, sostiene que la exención previsional y devolución de fondos prevista en la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional de interpretación restrictiva, aplicable únicamente a trabajadores dependientes extranjeros que acrediten copulativamente su calidad de técnicos o profesionales, afiliación efectiva a un sistema previsional extranjero y manifestación inequívoca de voluntad de mantener dicha afiliación. Invoca además las facultades legales de interpretación y fiscalización conferidas a la Superintendencia por el D.F.L. N°101 de 1980, el D.L. N°3.500 y la Ley N°20.255, así como lo dispuesto en el Libro II, Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y el Oficio Ordinario N°12.954, de 17 de julio de 2025, que establece que las constancias electrónicas emitidas por el IVSS que no se encuentren apostilladas o legalizadas no constituyen medios idóneos para acreditar cobertura previsional en el extranjero.

Agrega que la recurrente acompañó un anexo contractual de 1 de octubre de 2025, mediante el cual manifestó su voluntad de mantener afiliación al sistema previsional venezolano, destacando que dicha declaración resulta tardía respecto de la relación laboral iniciada el 15 de enero de 2018, circunstancia que, de acuerdo con la jurisprudencia administrativa y judicial citada, impide tener por cumplido el requisito previsto en el artículo 1° de la Ley N°18.156.

Asimismo, rechaza la alegación de fuerza mayor derivada de la ausencia de relaciones consulares entre Chile y Venezuela, sosteniendo que ello no configura una imposibilidad absoluta para obtener la apostilla, criterio respaldado por la Excma. Corte Suprema en sentencia de 24 de diciembre de 2025, Rol N°33.946-2025. Añade que la recurrente posee residencia definitiva en Chile, circunstancia que, según la jurisprudencia invocada, refuerza la improcedencia del beneficio excepcional solicitado.

Concluye que tanto la AFP como la Superintendencia han actuado estrictamente dentro del marco legal y reglamentario vigente, sin incurrir en ilegalidad ni arbitrariedad, que no existe vulneración alguna de las garantías contempladas en los numerales 2, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República y que la recurrente mantiene íntegros sus derechos previsionales bajo el régimen general del D.L. N°3.500, razón por la cual solicita que se declare improcedente la acción de protección por exceder su ámbito cautelar y, en subsidio, que ésta sea rechazada en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario.

Quinto: Que el asunto sometido al conocimiento de esta Corte dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la recurrente.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, y en su artículo 7° permite la devolución de los fondos previsionales si se cumplen los requisitos del artículo 1°, en particular acreditar afiliación a un sistema extranjero que cubra riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que el contrato contemple su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, como se informó en autos, la Superintendencia de Pensiones ha emitido instrucciones que refuerzan la verificación del cumplimiento de dichos requisitos.

Octavo: Que, examinados los antecedentes presentados por la recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales, pues esta consistió en una mera constancia de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), la que no constituye un certificado de afiliación vigente, carece de firma de su emisor, no acredita cobertura efectiva respecto de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y además no se encuentra apostillada ni legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

. Noveno: Que, por lo expuesto, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, ya que la negativa responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado.

Décimo: Que de esta forma, es posible afirmar que las decisión adoptada por la AFP recurrida se encuentra fundada en instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones, dictadas en el ejercicio de sus facultades legales de fiscalización y regulación, lo que excluye el carácter ilegal o arbitrario del acto recurrido, pues tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado la normativa legal y administrativa obligatoria, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que puedan ser cautelados por esta vía.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional deducida por nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°930-2026 Protección