nombre reservado con nombre reservado

Certifico que alegaron por el recurso el abogado señor Ignacio Martín y contra el recurso el abogado señor Matías Avendaño. San Miguel, 30 de septiembre de 2021. Javiera Gainza Flores, Relatora. (Hora de inicio 09:49 am – Hora de término 10:25 Am).

San Miguel, treinta de septiembre de dos mil veintiuno.

Proveyendo escritos folios 70888, 71085 y 71163: A todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado y deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra de doña nombre reservado, jueza titular del Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo y en contra de don nombre reservado, nombre reservado Titular de la causa sobre Liquidación Forzosa caratulada “INMOBILIARIA AMPER S.A./ LOGISTICA DE CONTENEDORES SPA”, Rol N° C-378-2020 seguida ante el mismo tribunal, por los actos consistentes en rechazar la primera recurrida las objeciones opuestas por su parte, por medio de resolución de 5 de agosto de 2020, ante la incidencia de posposición del pago de su crédito, promovida por el segundo, lo que trae como consecuencia una violación a la garantía del debido proceso y una discriminación arbitraria que la deja en total indefensión.

Expone que desde abril del año 2013 se desempeñó como jefa de administración para la empresa Logística de Contenedores SpA y que el 16 de marzo de 2020 se determinó la liquidación forzosa de la empresa; por ello, de conformidad con el artículo 163 bis del Código del Trabajo, se dio término a su relación laboral.

Indica que dentro del plazo legal verificó su crédito como trabajadora, y ello fue concedido, tal como consta en la resolución de 3 de junio del 2020. Añade que el 14 de julio siguiente el nombre reservado de la causa, don nombre reservado, presentó escrito acompañando los créditos reconocidos, dentro de los cuales estaba incorporado el suyo y el tribunal lo tuvo presente el 15 de julio del mismo año, con lo que asevera que a partir de aquella fecha, su crédito -de $18.529.552- estaba reconocido con las preferencias de los N° 5 y 8 del artículo 2472 del Código Civil, alegadas.

Reseña que la jueza recurrida hizo lugar a la petición del liquidador de posponer el primer reparto de fondos para el pago de los créditos preferentes reconocidos en el artículo 2472 N°5 del Código Civil y con ello se le postergó el pago de su crédito ya reconocido.

Detalla que el 25 de julio de 2020 presentó escrito de objeción a la propuesta de reparto –según lo establecido en el artículo 248 de la ley– para intentar subsanar el error cometido, basado en que al estar su crédito reconocido en sus montos y preferencias, la oportunidad procesal para posponer el pago de su crédito se encontraba precluida, pues en la etapa procesal en la que se realizó ilegalmente la posposición, no es una oportunidad para discutir cuestiones de fondo, sino que en ella solamente se resuelven cuestiones de índole aritmética y administrativa del reparto según lo establecido en los artículos 247 al 253 de la ley N° 20.720.

Expresa que, sin embargo, la tesis del liquidador y que luego fuera recogida por el tribunal, correspondió a que posee la calidad de persona relacionada por ser hermana del administrador y representante legal de la sociedad deudora y que su crédito no estaba debidamente documentado 90 días antes de la resolución de liquidación.

Da cuenta que el 5 de agosto en curso la magistrada rechazó la objeción que ella había presentado y, por medio de su resolución, validó extemporáneamente y por medio de un procedimiento no establecido por la ley, la posposición del pago de su crédito, acto que califica de ilegal y arbitrario, al haberla dejado en una total indefensión, violando las normas del debido proceso. Agrega que la referida resolución no es susceptible de recurso, razón por la que ha debido acudir por esta vía para que se subsane el error cometido y con ello cese la vulneración de las garantías constitucionales antes señaladas.

Hace presente que existe una oportunidad procesal para deducir la objeción de los créditos verificados y según los artículos 173 y 174 de la ley en análisis, corresponde a aquella en que el liquidador debe examinarlos, especialmente aquellos verificados por personas relacionadas con el deudor; y de acuerdo al procedimiento del artículo 175.

Arguye que los liquidadores solamente cuentan con las facultades de representación de los intereses generales de los acreedores y de los derechos del deudor, y las demás facultades señaladas en los artículo 36 y 234 de la ley concursal vigente; pero no tienen facultades declarativas y sancionatorias, tales como la posposición de pagos de créditos .

En definitiva, pide se ordene a los recurridos dejar sin efecto la postergación del crédito realizado, corrigiendo el proceso a la legislación vigente y se adopten todas las medidas que esta corte estime conducentes al restablecimiento y la protección de sus derechos afectados y amenazados, todo lo anterior con expresa condenación en costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso doña nombre reservado, Jueza del Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo, quien expone lo siguiente:

1. Con fecha 25 de julio del 2020, don nombre reservado, objetó la propuesta de reparto de fondos presentada por el liquidador don nombre reservado con fecha 14 de julio del mismo año, fundado en que pospone dos créditos laborales ya verificados y reconocidos en el procedimiento concursal de liquidación, respecto de doña nombre reservado y su hermano don nombre reservado.

2. El día 27 de julio del año en curso, el tribunal tiene por objetada la propuesta, y otorga traslado al liquidador designado en autos.

3. Luego, el 30 de julio el señor nombre reservado evacuó el traslado conferido, solicitando tener presente la concurrencia de los requisitos legales para la posposición de créditos efectuada por él, debido a que los créditos laborales de doña nombre reservado y de don nombre reservado corresponden a créditos de personas relacionadas con la empresa deudora. Señala que ante la presentación de la verificación de créditos, como liquidador procedió a reconocer dichos créditos, no objetándolos ya que no existe causal de objeción en cuanto a la existencia, monto o preferencia alegada; por el contrario, hizo presente la concurrencia de los requisitos legales para posponer el pago de los créditos antes mencionados, según lo previsto en el art 241 de la Ley 20.720.

4. El 5 de agosto de 2020 se rechazó la objeción por estimarse que se cumplían los requisitos y condiciones planteadas para considerar que los acreedores impugnantes se encontraban en una de las hipótesis a que se refiere el artículo 100 de la ley Nº 18.045, de nombre reservado, es decir ostentaban la calidad de personas relacionadas - cuestión que no ha sido negada por el recurrente- y que unida a la falta de justificación de sus créditos en el período anterior a los 90 días anteriores a la Resolución de liquidación, hacen procedente la resolución en la forma en que actuó, es decir, aceptando la posposición de los créditos y rechazándose con ello la objeción que fuera planteada por el recurrente.

Da cuenta que los mencionados acreedores alegaron las preferencias de los números 5 y 8 del artículo 2472 del Código Civil, esto es, las remuneraciones de los trabajadores y las indemnizaciones a que tuviere lugar y esgrime que la decisión de posponer estos créditos ha sido precisamente en consideración a la titularidad de las personas que lo reclaman y no a la naturaleza de los mismos, pues es un hecho pacífico que quien es hoy recurrente en estos autos, era a la fecha de iniciarse el procedimiento concursal, la hermana del representante legal de la empresa deudora .

Concluye que se ha seguido un estricto apego a las normas que regulan esta materia, sin que exista infracción alguna al debido proceso, que se ha obrado conforme a la exigencia legal, oyendo a las partes y verificándose los requisitos legales, que no han sido desvirtuados, por lo que se procedió a estimar dichos créditos como pospuestos. Enfatiza que la denominada “posposición” del crédito, a que se refiere el recurrente, no constituye un motivo de impugnación, sino que está contemplada en la ley, en beneficio de los acreedores en general y por ello no puede calificarse de arbitrario o ilegal una resolución judicial si los recurrentes han ejercido sus derechos, han sido oídos, se le ha dado tramitación legal a sus alegaciones y han sido resueltas con justificación legal.

Tercero: Que también informa don nombre reservado, abogado, nombre reservado Titular Definitivo de “Logística de Contenedores SpA”, quien luego de referirse a los hitos del proceso y sus fechas, aduce que la actora es persona relacionada, hermana de nombre reservado, representante legal y administrador de la empresa en liquidación, según lo dispuesto en el numeral 26), letra a, del art 2 de la ley 20.720, ya que es pariente colateral en segundo grado por consanguinidad.

Añade que, de acuerdo al artículo 241 de la Ley 20.720, inciso final “Los acreedores Personas Relacionadas del Deudor, cuyos créditos no se encuentren debidamente documentados 90 días antes de la Resolución de Liquidación, serán pospuestos en el pago de sus créditos aun después de los acreedores valistas”.

Arguye que el legislador vela por el principio “par conditio creditorum”, sancionando a aquellas personas relacionadas con la postergación del pago de sus créditos, aun después de los acreedores valistas, toda vez que existe un perjuicio, o plano de desigualdad que se genera respecto del resto de acreedores.

Asevera que la presente acción cautelar es improcedente para impugnar decisiones judiciales y que el conflicto sometido al conocimiento de los tribunales competentes, por lo que ya está sujeto al imperio del derecho. Agrega que la vía prevista por la ley para impugnar la propuesta de reparto de fondos se encuentra expresamente descrita en el artículo 248 de la ley, y corresponde a un incidente especial de “objeción” del reparto de fondos propuesto por el liquidador, que en la especie fue promovido por la actora el 25 de junio de 2020.

Concluye que no existe en el caso de marras un derecho indubitado, pues en el procedimiento concursal de liquidación, los acreedores detentan tan solo una mera expectativa respecto del pago de sus acreencias, que se concreta solo una vez efectuada la propuesta de reparto por el liquidador y ordenada su distribución por el tribunal.

Hace presente que, aun en el improbable caso que se estimare que el proceder observado por el Tribunal del concurso o por el liquidador no se ajusta a derecho, en la práctica será imposible modificar el reparto, o distribuir más que lo se ordenó, por la sencilla razón de que no existen fondos suficientes que permitan concurrir al pago.

Finalmente indica que de acogerse la pretensión de la actora, dejándose sin efecto la posposición, deberá confeccionarse un nuevo reparto y ordenarse su distribución, pues no existen fondos suficientes en el concurso, por lo tanto, la única forma de obtener recursos es recuperando aquellos pagados, afectando el derecho los acreedores beneficiados.

Pide se rechace en todas sus partes el recurso de protección deducido, con expresa condena en costas.

Cuarto: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, perturbe o amenace ese ejercicio. Así, pese a la designación formal de “recurso”, el arbitrio de que se trata no debe confundirse con un medio procesal para impugnar resoluciones judiciales.

Quinto: Que, en efecto, la naturaleza propia de la presente acción determina su improcedencia para revisar lo actuado en un juicio, puesto que en aquellos casos la cautela está entregada al órgano jurisdiccional respectivo. Lo anterior es trascendente toda vez que en el presente caso, a través de esta vía, pretende el recurrente que se deje sin efecto la resolución judicial dictada el 5 de agosto de 2020 por la jueza titular del Juzgado de Letras de San Bernardo en los autos rol N° C-378-2020, que rechazó la objeción a la posposición de su crédito, por ser una persona relacionada con la empresa deudora.

Sexto: Que, en consecuencia, estando planteada tal materia en el marco del señalado proceso, resulta que el asunto sometido a la decisión de esta Corte por la presente acción de protección siempre ha estado sometida a la jurisdicción, cuestión que hace naturalmente impropio que se pretenda revertir el acto impugnado -“resolución judicial”- por medio de la presente acción de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechaza la acción cautelar deducida por doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Nº 9292-2020 Protección.