Protección contra Daniela

San Miguel, veinte de septiembre de dos mil veintidós.

Vistos: Comparece el abogado señor Pablo Torrealba Misle, en representación de nombre reservado y la Sociedad de Eventos Alba Rituales SpA, ambas domiciliadas en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de Daniela, domiciliada en domicilio reservado, y en contra de todos quienes resulten responsables por vulneración de los derechos fundamentales de las recurrentes. Explica que su representada es fundadora de un emprendimiento denominado “Alba Rituales” que se dedica a la planificación de bodas y organización de matrimonios, incluyendo en su servicio el diseño e implementación de ritos cargados de simbolismos, uno de los cuales es la “ceremonia del handfasting”, consistente en que los novios juntan las manos, que son envueltas por un lazo de un material específico que mejor los represente.

Añade que la hechura de esos lazos, así como de los otros productos utilizados en las ceremonias, es encargada a terceros, siempre ceñidos a los diseños generados por Alba Rituales y bajo las instrucciones y supervisión de la recurrente. Puntualiza que esos lazos eran encargados a la recurrida, quien comenzó a ofrecerlos a la competencia directa de Alba Rituales, en desconocimiento y desmedro directo de su parte y que, una vez que tomó conocimiento, solicitó a la recurrida cesar en su conducta, no obstante, ella persistió en el uso de los diseños y en la comercialización de los referidos elementos. Expone que, a propósito de esos hechos, inició un procedimiento de registro de catálogo de lazos de Handfasting, de modo de proteger sus creaciones, lo que fue informado a la recurrida, quien inició una campaña de descrédito en contra de las recurrentes a través de su red social Instagram, afectando su honor y reputación al emitir alegaciones falsas e imprecisas respecto de los productos comercializados. Sostiene, además, que la “funa” ha consistido en publicar capturas de pantalla de conversaciones privadas sostenidas a través de Whatsapp sobre cuestiones sensibles del negocio propias de una relación cliente–proveedor en relación con un cliente específico, quien tomó parte activa de la “funa”, también realizando publicaciones y comentarios en contra de las recurrentes. Precisa quien recurre que las acciones lesivas de derechos fundamentales, y cuyo cese o no repetición se solicita, son las siguientes: i) utilizar indebidamente las creaciones de las recurrentes, apropiándose, también en forma indebida, de un diseño industrial, en los términos de los artículos 49, 62 y 61 bis de la Ley 19.039 y artículos 3°, 14 y 17 de la Ley 17.336; ii) publicar conversaciones privadas sin el consentimiento de las recurrentes, lo que reviste incluso el carácter de delito, conforme prescribe el artículo 161–A del Código Penal; y iii) organizar y ejecutar una “funa”, a través de publicaciones y comentarios difamatorios en redes, sin que exista ninguna posibilidad de réplica, como forma de autotutela. Aduce la vulneración a los derechos consagrados en el artículo 19, números 3, 4, 21, 24 y 25 de la Constitución Política de la República, y arguye que las acciones de la recurrida están en evidente contradicción con las disposiciones constitucionales que aseguran a todas las personas el derecho a la igual protección de sus derechos y proscribe el juzgamiento por comisiones especiales; el derecho a la honra y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas; el derecho a desarrollar libremente actividades económicas; y el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes, corporales e incorporales, especialmente sobre creaciones artísticas e intelectuales así como sobre modelos de invención. Pide, en definitiva, que se ordene a la recurrida: i) cesar en el uso ilegal de las creaciones e invenciones de las recurrentes; ii) eliminar las publicaciones que contengan conversaciones privadas; y iii) eliminar las publicaciones y comentarios difamatorios; y (iv) abstenerse de volver a realizar estas conductas ilegales, todo lo anterior con costas. Al informar el recurso deducido en su contra, señala que mantuvo una relación laboral informal con la recurrente desde noviembre de 2019, cuando le solicitó realizar un lazo para matrimonio simbólico, con el requisito de incluir la cinta de estilo rústico que los novios quisieran. Luego, le requirió realizar otros lazos de estilos “elegante” y otro “intermedio”, para tenerlos como base del trabajo. Explica que desde la fecha indicada ella realizaba los diseños solo con los colores solicitados por los novios, según su creatividad y gusto personal, para luego ser enviados a los clientes a fin de que realizaran los cambios que estimaran pertinentes. Asevera que nunca hubo instrucciones de parte de la recurrente y que la supervisión de su trabajo era realizada por cada pareja, al igual que la decisión final en cuanto a su confección. Manifiesta que no suscribió acuerdo alguno con la contraparte y que le planteó la posibilidad de extender su clientela, pero que aquella se opuso, solicitándole que a los demás les vendiera más caro los productos. Expresa que vendió dos lazos a otra cliente, lo que me molestó de sobremanera a la recurrente, quien cortó de inmediato las relaciones comerciales. Expone que al tomar conocimiento de que la recurrente realizó la inscripción de sus lazos, dejó de reproducir los modelos que antes confeccionaba, creando un símbolo nuevo y diferente: “hilo rojo”, y que, debido a la comercialización de ese nuevo producto, la contraria inició una campaña de desprestigio en contra de sus lazos. Añade que la actora le informó por Whatsapp que “patentó los lazos” como su propiedad intelectual, de manera que no podía seguir vendiéndolos ni usar los materiales que estilaba para su hechura, salvo que ella lo autorizara a través de su abogado. Refiere que acudió a INAPI, donde tomó conocimiento que aún no había ningún diseño inscrito, sino que solo se encontraba patentado el nombre “Alba Rituales” y el registro de un folleto llamado “Lazos Handfasting Alba Rituales 2021”.

La recurrida expresa que siguió realizando los lazos y otros símbolos para los clientes y que, en ese contexto, el 10 de febrero de 2022 la recurrente hizo un llamado público a “funarla” y reportar su página como “plagiadora” de su trabajo, por lo que, a su turno, ella también reaccionó a través de la red social con publicaciones con su versión de la historia, a través de un relato en que iba intercalando las conversaciones que tuvo con ella por Whatsapp, utilizando sus propios dichos en su contra. Reconoce que la supuesta “funa” que se denuncia en el recurso, fue una aclaración de la propia “funa” que la recurrente realizó en su contra.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando: 1º) Para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales estatuido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de emergencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza ese atributo; 2º) En síntesis, la acción cautelar interpuesta por doña nombre reservado y la Sociedad de Eventos Alba Rituales SpA se endereza en dos líneas gruesas de conducta atribuidas a la recurrida; primeramente, el uso ilegal de las creaciones e invenciones de su parte; y junto con ello, la organización de una “funa” contra las recurrentes en la red social Instagram, con la finalidad de desacreditarlas ante los demás, incluyendo en esas publicaciones ciertas conversaciones privadas que involucraban a un cliente. Frente a ello, la recurrida aduce, por un lado, que en realidad a ella le corresponde la autoría del diseño de los lazos que las recurrentes mencionan, puesto que solo acordó con su contraparte la confección de tales artículos con ciertas características que luego eran concretadas según los requerimientos de los interesados, conforme a su propia comprensión de sus particularidades; asimismo, que dejó de utilizar esos diseños que realizaba en el tiempo anterior al surgimiento del conflicto con la contraria, más específicamente desde que esta última registró en Inapi el folleto respectivo; y por último, que las publicaciones en Instagram por las que reclaman las actoras, fueron hechas como reacción ante las publicaciones de éstas en que se aludía a su persona; 3º) Atendida la naturaleza y finalidad de la acción tutelar ejercida, para su procedencia se precisa de la confluencia de los siguientes elementos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio; 4º) Una importante clave para dilucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que este lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión). La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infra legal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho.

De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (José Luis Cea Agaña, Derecho Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339); 5º) De lo anotado en el motivo 2º), se desprende que el postulado de protección que se examina gira en torno a la autoría de los artículos denominados “lazos Handfasting” utilizados a manera de ceremonia de matrimonio, y la titularidad del diseño de los mismos, atribuyéndose un actuar indebido de la recurrida, quien estaría impedida de producirlos y comercializarlos en forma independiente de las actoras, puesto que al hacerlo infringiría la preceptiva especial sobre propiedad industrial e intelectual estatuida, respectivamente, en las leyes N° 19.039 y N° 17.336; y amén de ello, se plantea la ilegalidad o arbitrariedad en el actuar de aquella con ocasión de las publicaciones en la red social Instagram, afectando garantías constitucionales de estas últimas, incluso divulgando conversaciones privadas en los términos del artículo 161-A del Código Penal; 6º) Para resolver el recurso en estudio es necesario recordar que, de acuerdo al artículo 20 de la Carta Fundamental, la dimensión del numeral 3º de su artículo 19 que autoriza a recurrir de protección es aquella normada en el inciso segundo de esa norma, vale decir, la proscripción del juzgamiento por comisiones especiales en lugar del tribunal que señalare la ley, establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.

A su vez, el artículo 19 número 4º de la Constitución dispone que se asegura a todas las personas, en lo que aquí interesa, el derecho a la honra de la persona y de su familia, y derecho a la honra –en palabras del Excmo. Tribunal Constitucional- “(…) alude a la 'reputación', al 'prestigio' o el 'buen nombre' de todas las personas, como ordinariamente se entienden estos términos, más que al sentimiento íntimo del propio valer o a la dignidad especial o gloria alcanzada por algunos. Por su naturaleza es, así, un derecho que emana directamente de la dignidad humana; un derecho personalísimo que forma parte del acervo moral o espiritual de todo hombre y mujer, y que no puede ser negado o desconocido por tratarse de un derecho esencial propio de la naturaleza humana” (STC Rol Nº2860-15-INA, considerando noveno). Se ha agregado por el mismo Tribunal: “el derecho al honor no es un derecho absoluto y está sujeto a limitaciones, entre las cuales una muy principal es la libertad de opinión e información, con la cual cabe generalmente ponderarlo (…) la vida en sociedad supone también la aceptación de la tolerancia y de la crítica, la que incluso puede ser acerva cuando se trata de crítica política, literaria, histórica, entre otras que menciona el artículo 21 de la Ley Nº19.733” (STC Rol Nº2237-12-INA, considerando octavo); 7º) Ahora bien, al considerar lo expuesto en el libelo del recurso y al revisar los antecedentes hechos valer mediante el mismo, surge como directa conclusión que, junto con no contener descalificaciones o expresiones oprobiosas respecto de las recurrentes, lo cierto es que las publicaciones referidas constituyen una exposición de hechos con un sentido de atestación, de manifestar una experiencia, una postura personal y hasta un malestar frente a un conflicto surgido en el marco de una relación habida entre las partes, eventualmente de relevancia jurídica, sin que ello pueda ser calificado como un acto ilegal o arbitrario que vulnere garantías fundamentales, puesto que no resultan de una entidad suficiente para ser tenidas como un atropello a las garantías fundamentales contempladas en los números 3 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Lo último dicho es así, toda vez que, así como las expresiones de la recurrida no alcanzan a ser significativas de un acto de autotutela dirigido a zanjar un conflicto por mano propia -de hecho, expresó que ante el registro realizado por la contraria en Inapi, dejó de utilizar los diseños que habían sido creados en la época en que el vínculo entre ambas discurría armoniosamente-, como tampoco importan un acto vacío de crítica sino pura y exclusivamente encaminado a agraviar y/o devaluar la estima pública de la que puedan gozar las actoras; 8º) Seguidamente, tanto en lo que toca a la ilegalidad postulada por las recurrentes bajo el prisma de las normativas de propiedad industrial e intelectual, como en aquello que se pretende subsumible en el delito previsto en el artículo 161-A del código punitivo, es claro que no son materias susceptibles de ser dilucidadas por medio de la presente acción cautelar de urgencia, en cuanto – como se dijo en supra 1º)- ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino de salvaguarda de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por consiguiente, en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre, por lo que resulta inconducente analizar los hechos a la luz de una pretendida lesión a las garantías de los números 21, 24 y 25 del artículo 19 de la Carta Fundamental invocadas en el recurso. Lo anterior es así desde que los hechos narrados dicen relación con la averiguación de un ilícito penal y con la determinación y eventual afectación del ejercicio de un derecho de autor y/o de un derecho incidente en un modelo o diseño industrial, aspectos que coincidirían con esclarecer y determinar la titularidad de los mismos con base al registro del folleto que se acompaña al escrito del recurso; materias de fondo que, atendida su naturaleza, exceden las que pueden ser conocidas y resueltas a través del presente arbitrio, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente ante la judicatura pertinente y acorde al procedimiento de rigor; 9º) En el contexto que se ha descrito, dado que no es posible concluir que se reúnen en la especie los presupuestos que dan viabilidad a esta sede extraordinaria, no queda más que concluir que el arbitrio cautelar en estudio no está en condiciones de prosperar. Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado y Sociedad de Eventos Alba Rituales SpA en contra de Daniela. Regístrese y archívese, en su oportunidad. Redacción de la ministra Alejandra Pizarro. N°897-2022 Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministros señora Adriana Sottovia Giménez, señora M. Alejandra Pizarro Soto y señora Carmen Gloria Escanilla Pérez.