Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y la Subsecretaría del Ministerio del Interior

San Miguel, diez de julio de dos mil veintiséis Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Osvaldo Llinás Quintero, quien interpone acción constitucional de protección en favor de nombre reservado y nombre reservado, ambos nacionales de Venezuela, domiciliados en domicilio reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y la Subsecretaría del Ministerio del Interior con motivo de la Resolución Exenta N°NUM000 de 19 de agosto de 2025 que rechaza su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados.

Explica que el 6 de abril de 2021 los recurrentes solicitaron refugio, en razón de la crisis humanitaria en Venezuela, agravada por la persecución política debido a la calidad de ex miembro activo de las Fuerzas Armadas del recurrente.

Indica que los recurrentes tienen un hijo menor de edad, quien reside en Chile y se encuentra escolarizado.

Manifiesta que el 15 de enero pasado se les notificó la resolución que rechaza su solicitud, sin considerar el arraigo laboral, social y omitiendo cualquier análisis relativo al interés superior del niño.

Aduce ilegalidad por infracción a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N°21.325 y arbitrariedad por falta de motivación.

Alega vulneración a las garantías consagradas en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Carta Fundamental.

Pide que se acoja el recurso y se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000, ordenando a la Subsecretaría del Ministerio del Interior dictar una nueva que evalúa la protección complementaria. Segundo: Que informa al tenor del recurso la Subsecretaria del Ministerio del Interior.

Indica que como resultado del análisis efectuado respecto de las solicitudes en cuestión, atendido los argumentos expuestos por los peticionarios, los antecedentes del caso y la información país de origen disponible, advirtió que los hechos expuestos, sin perjuicio de las causas o motivos que los generaron, no alcanzan, en su conjunto, a configurar persecución en los términos previstos en la definición de refugiado, en conformidad a las características y umbral de persecución exigido en los términos de nuestro ordenamiento jurídico.

En tal contexto, afirma que atendiendo a lo dispuesto en los numerales primero y segundo del artículo 2 de la ley N° 20.430, tomó fundadamente la decisión rechazar la solicitud de la parte recurrente, mediante la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 19 de agosto de 2025.

Señala que el recurso de protección es improcedente en la especie, por cuanto requiere, necesariamente, un análisis de elementos de lato conocimiento, lo que excede la vía cautelar y de urgencia intentada.

Tercero: Que, a su vez, emite informe el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso.

Explica que la recurrente, junto a su hijo menor de edad, ingresaron al país el 12 de octubre de 2020, mientras que el recurrente ingresó el 25 de febrero de 2021, todos por paso fronterizo no habilitado.

Indica que luego formalizaron sus peticiones de refugio, por sí y en representación del niño, ante la Sección de Refugio y Reasentamiento del Departamento de Extranjería y Migración, conforme lo establece el artículo 26 de la Ley N°20.430 en relación con el artículo 37 del Decreto N°837.

Refiere que, en ese contexto, se realizaron diversas diligencias para determinar su condición, otorgándoles en diversas oportunidades prórrogas de visas temporarias hasta la conclusión del procedimiento administrativo.

Detalla que dentro de estas diligencias se encuentra la entrevista de elegibilidad, en la que se citó a los extranjeros para informar las circunstancias de su llegada Chile y los fundamentos para solicitar se reconozca su condición de refugiados, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la Ley N°20.430.

Sostiene que, en el marco del proceso de determinación de la condición de refugiados, tras la realización de las respectivas entrevistas a los extranjeros, la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado propuso a la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado el rechazo de dichas solicitudes, exponiendo los argumentos de hecho y derecho de su recomendación, dando cumplimiento al artículo 24 de la Ley N°20.430.

Plantea que la solicitud fue rechazada debido a que, a partir de los antecedentes presentados por los extranjeros, no fue posible dar por establecida la existencia de un fundado temor de persecución en caso de regresar los extranjeros a Venezuela.

Finalmente, en cuanto a la situación migratoria del hijo de los recurrentes, indica que mediante Resolución Exenta N°NUM001 de 13 de marzo de 2026, se le otorgó un permiso de residencia temporal, subcategoría Niños, Niñas y Adolescentes, en calidad de titular y por el plazo de 2 años, vigente hasta el 13 de marzo de 2028.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de los derechos constitucionales protegidos por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la presente acción constitucional se encamina a establecer la afectación a la garantía de igualdad ante la ley, en razón de haber rechazado la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado de los recurrentes.

Sexto: Que de los antecedentes aparece que la solicitud fue tramitada conforme al procedimiento establecido en la Ley N°20.430 y su reglamento, el cual contempla diversas etapas, tales como presentación de antecedentes, entrevista personal, recopilación de información del país de origen, informe técnico de la Secretaría Técnica y pronunciamiento de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, culminando con la resolución fundada de la autoridad competente.

En efecto, consta que los recurrentes presentaron sus solicitudes en el año 2021, las que fueron admitidas a trámite, desarrollándose la totalidad del procedimiento administrativo, incluidas entrevistas de elegibilidad y el análisis técnico correspondiente, que culminó con la recomendación de rechazo y posterior decisión de la autoridad.

Séptimo: Que, en cuanto al fondo de la decisión administrativa, la autoridad resolvió rechazar la solicitud de refugio por estimar que los antecedentes aportados no permitían configurar las hipótesis establecidas en el artículo 2 de la Ley N°20.430.

En particular, se concluyó que no se acreditó la existencia de un fundado temor de persecución personal en caso de retorno al país de origen, requisito exigido por el numeral 1 de dicha norma, ni tampoco la existencia de una amenaza grave, actual y específica derivada de violencia generalizada, conflictos internos o violaciones masivas de derechos humanos, en los términos del numeral 2 del mismo artículo.

Asimismo, se razonó que los hechos invocados por los solicitantes no alcanzan el umbral de persecución exigido por la normativa, tratándose de alegaciones de carácter general que no permiten establecer un riesgo real y concreto para su vida, seguridad o libertad.

Octavo: Que, en concordancia con lo anterior, aparece que el acto administrativo impugnado se encuentra debidamente fundado, expresando las consideraciones de hecho y de derecho que justifican la decisión adoptada, conforme a lo dispuesto en la Ley N°19.880 y la Ley N°20.430, no advirtiéndose ausencia de motivación ni arbitrariedad en su contenido.

Noveno: Que, por otra parte, la determinación de la condición de refugiado constituye una facultad entregada expresamente por la ley al Ministerio del Interior, a través de la Subsecretaría del Interior, conforme al artículo 19 de la Ley N°20.430, tratándose de una materia de carácter técnico y especializado que ha sido sometida a un procedimiento administrativo específico.

En este sentido, la pretensión de los recurrentes de que esta judicatura revise el mérito de la decisión adoptada importa sustituir a la autoridad administrativa en el ejercicio de sus competencias propias, lo que resulta improcedente en sede de protección, máxime cuando la legislación contempla mecanismos administrativos de impugnación idóneos, los que no fueron ejercidos por los interesados.

Décimo: Que, en consecuencia, no se advierte en la especie la existencia de un acto ilegal o arbitrario que amerite la adopción de medidas de carácter cautelar, sino que, por el contrario, se trata de una decisión adoptada dentro del ámbito de las facultades legales de la autoridad, conforme a un procedimiento reglado y con adecuada fundamentación, motivos por los cuales el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte sobre la materia, se rechaza, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y la Subsecretaría del Ministerio del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°867-2026 Protección No firma el Ministro señor Hernán García Mendoza, por haber expirado el certificado de su firma digital y presentar problemas la página de FirmaGob, encargada de resolver las solicitudes de renovación de dicho certificado.