Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 86-201426 may 2014

Protección contra Directora Regional Metropolitana Santiago Sur del Servicio de Impuestos Internos

Fecha
26 de mayo de 2014
Corte
Corte de Apelaciones de San Miguel
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol N° 86-2014, sentencia de 26 de mayo de 2014

Resumen

Se rechaza el recurso de protección de la Federación Chilena de Boxeo contra el SII: la actuación recurrida se ajusta a las facultades legales del servicio y no se acredita ilegalidad ni arbitrariedad.

Texto íntegro

Foja: 66 Sesenta y Seis San Miguel, veintiséis de mayo de dos mil catorce.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a fojas 27, nombre reservado y nombre reservado, Presidente y Secretario General respectivamente, de la Federación Chilena de Boxeo, todos domiciliados en domicilio reservado, deducen recurso de protección en contra de la Directora Regional Metropolitana Santiago Sur del Servicio de Impuestos Internos doña nombre reservado, o quien desempeñe el cargo indicado, domiciliada en domicilio reservado, quien mediante Oficio Ord. DAV 16.00 N° 91, del 5 de marzo del año, a juicio de la recurrente, habría modificado la exención total que favorecía a la propiedad por haberse verificado que parte importante del inmueble no se encontraría destinado a fines deportivos, solicitando que se adopten las providencias necesarias que restablezcan el imperio del derecho.

Exponen los recurrentes que el día 28 de mayo de 2013, la Federación Chilena de Boxeo fue notificada por la recurrida, respecto de la solicitud que habrían presentado a fin de requerir quedar exenta de pagar impuesto territorial por el inmueble Rol N° 4648-1, de la Comuna de San Miguel, indicándoseles que debían acompañar Certificado emitido por el Instituto Nacional del Deporte en donde debía constar que la propiedad cumplía con las disposiciones del artículo 73 de la Ley 19.712. Sobre la base de dicha notificación, la Federación el día 18 de junio de 2013, ante el Instituto Nacional del Deporte, procedió a realizar las gestiones para obtener el informe favorable requerido.

Señalan que por Oficio de fecha 06 de agosto de 2013 emitido por el Instituto Nacional del Deporte se les solicitó remitieran diversos antecedentes, cuestión que derivó en que la Federación llegara a la conclusión de que la norma jurídica que se invocaba les era inaplicable.

Indican que sobre la base de dicha conclusión, se solicitó a la recurrida que respecto del inmueble de su dominio, se determinara que de acuerdo con el inciso primero del artículo 73 de la Ley 19.712, estaría exenta de impuesto territorial.

Luego manifiestan que la Federación Chilena de Boxeo es, según Decreto Supremo N° 962, de 29 de mayo de 1917, del Ministerio de Justicia, una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, la que sería dueña, según consta en la inscripción de fojas 3.327 N° 5.019 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Miguel de 1981, del inmueble amparado por dicha inscripción, con ingreso por las calles Chiloé N° 4.625 y Pedro Mira N° 928, ambos de la comuna de San Miguel, y que para la determinación y pago eventual de impuesto territorial, tiene el Rol N° 4648-1.

Señalan que en dicho inmueble están, entre otras, las dependencias físicas de la Presidencia, Vicepresidencia, Secretaria General, Tesorería, de la Comisión de Boxeo Olímpico y Pro Boxing, de la Comisión de Estatutos y Reglamentos, de la Gerencia, asimismo, habría un gimnasio con ring, baños y duchas para los seleccionados y preseleccionados, además de contar con piezas en donde se alojan boxeadores de regiones, y cuando se realizan Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Socios, se hospeda a los Presidentes y Delegados de otras regiones, albergando además, frente a la realización de campeonatos, a dirigentes regionales, boxeadores (as), entrenadores, personal de control, árbitros y jurados.

Luego indican que el hecho de que una mínima parte de las mejoras o edificaciones realizadas en el inmueble se arrienden, en modo alguno altera la esencia de éste, ya que las rentas o frutos del arrendamiento, sirven a los mismos fines, debiendo la Federación, por vías permitidas legalmente, obtener otros recursos además de los aportes que realiza el Instituto Nacional de Deportes.

En cuanto al derecho, invoca el inciso primero del artículo 73 de la Ley 19.712, norma que dispone que los bienes raíces de propiedad de las federaciones deportivas, y los que estén bajo su administración, estarán exentos de impuesto territorial cuando estén destinados a fines deportivos. Luego se refiere a los artículos 556 y 557 del Código Civil al señalar que las fundaciones pueden adquirir, conservar y enajenar toda clase de bienes, a título gratuito u oneroso, por acto entre vivos o por causa de muerte, y que las rentas que perciban de las actividades económicas que se relacionen con sus fines sólo deberán destinarse a los fines de la asociación. A continuación alude al artículo 6 del Decreto N° 110, de 1979, del Ministerio de Justicia al señalar que a las corporaciones les está permitido fomentar, practicar y desarrollar, por todos los medios a su alcance, cualquier obra de progreso social o de beneficio para la comunidad.

Indica que según los estatutos, la federación tiene por objeto desarrollar, fomentar, coordinar y difundir la práctica del boxeo en Chile como medio de educación física, y la representación nacional e internacional de sus asociados, teniendo en forma exclusiva la tuición del boxeo olímpico y profesional de toda la Republica, así, no perseguiría fines de lucro, estando compuesto su patrimonio por el producto de sus bienes y servicios, debiendo emplear los ingresos que obtenga, de manera exclusiva, en el cumplimiento de sus finalidades y objetivos estatutarios.

De lo relacionado precedentemente concluye que debe aplicarse la norma establecida en el artículo 73 inciso primero de la Ley 19.712, por lo que en su condición de dueña del bien raíz previamente individualizado, estaría exenta del pago del impuesto territorial, no siéndole aplicable el inciso segundo de tal norma, por lo que no se le podría exigir identificar, como pretende el servicio, las canchas, estadios y demás recintos dedicados a prácticas deportivas o recreacionales que le pertenezcan, y menos obtener informe previo, fundado y favorable, del Instituto Nacional de Deportes.

Finaliza señalando que la determinación ilegal de la recurrida infringe abiertamente el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República de Chile, ya que la Federación no puede ser privada de los atributos esenciales de su dominio, toda vez que los bienes raíces de propiedad de las federaciones deportivas nacionales, y los que estén bajo su administración, estarán exentos del impuesto territorial cuando estén destinados a fines deportivos, agregando que la recurrida, al dictar el oficio en comento, actúa de manera arbitraria el ilegal, ocasionando una privación, perturbación y amenaza en el legitimo ejercicio del derecho de propiedad que regula nuestra Constitución Política en el articulo ya citado, al pretender que una entidad jurídica de derecho privado sin fines de lucro pague impuesto territorial.

SEGUNDO: Que a fojas 47 informa al tenor del recurso doña nombre reservado, Directora Regional de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Sur del Servicio de Impuestos Internos, quien previo a plantear los fundamentos de hecho y derecho por los cuales el recurso debe ser rechazado, indica que el inmueble respecto del cual la recurrente solicita la exención de impuesto territorial se ubica en domicilio reservado, inscrita en los términos señalados por éste. Señala que en el mes de diciembre de 2010, con motivo de un proceso de fiscalización, se detectó que parte de la propiedad referida se encuentra destinada a deporte, y la otra se encuentra arrendada para ser destinado a un taller de fabricación de muebles. En razón de lo anterior, el 09 de febrero de 2011, se ordenó la modificación de la exención total que favorecía a la propiedad en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 19.712, fijándose la exención parcial del pago de contribuciones, favoreciendo a aquella parte que realmente se destina a actividades deportivas. Agrega que dicha resolución fue notificada con la misma fecha. Con fecha posterior, en abril del año 2013, el Presidente de la Federación solicitó la exención en el pago de contribuciones, y suspensión del cobro ejecutivo llevado por Tesorería. Con motivo de lo anterior, y a solicitud de la recurrida, la Municipalidad de San Miguel informó que la Federación solicitó permiso de obra menor el 24 de junio de 2011, correspondiente a cambio de destino parcial del inmueble de equipamiento deportivo a comercial. Luego con fecha 23 de enero de 2014, la recurrente solicita dejar sin efecto el requerimiento anterior requiriendo que se declare que el inmueble objeto del presente recurso se encontraría exento del pago de impuesto territorial en virtud de lo establecido en el artículo 73 inciso primero de la Ley 19.712. En respuesta a tal petición, se informa que la propiedad se encuentra afecta a exención parcial de impuesto territorial respecto de aquella parte del terreno efectivamente destinada al deporte.

Luego sostiene que el recurso es extemporáneo ya que aunque la recurrente alude a que el acto ilegal y arbitrario consistiría en la dictación del oficio de fecha 05 de marzo del presente, lo cierto es que dicho acto administrativo solo hace referencia a uno anterior, de fecha 09 de febrero de 2011, limitándose a reiterar el criterio establecido en dicha actuación y que modificó en definitiva el régimen de exención de impuesto territorial, acto respecto del cual el recurrente no impugnó.

La recurrida agrega que la recurrente no ha desarrollado la forma en que se habría visto perturbado, privado o amenazado el derecho constitucional que indica, ni como se habría visto afectado.

A continuación, sostiene que el actuar del Servicio de Impuestos Internos se encuentra ajustado a derecho, dando aplicación a las normas que regulan la aplicación y determinación del impuesto territorial, conforme a la Ley 17.235 sobre Impuesto Territorial y Ley 19.712, del Deporte, toda vez que en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 inciso primero de la Ley 19.712, el inmueble materia de autos se encontraba exento del pago de impuesto territorial, en la medida que este cumpliera con estar destinado a fines deportivos, explicando que dicho inmueble fue sometido a un sistema de tasación especial denominado “padre-hijo”, toda vez que dicha propiedad goza de una exención de un 100% respecto de la parte del inmueble destinado a deporte, quedando afecta a dicho impuesto en aquella que no tiene tal destino, y que en la práctica funciona un taller de muebles.

Agrega que lo anterior se advierte incluso de la propia presentación hecha por el recurrente ante la Municipalidad de San Miguel en el año 2011, en donde solicita modificación parcial del destino de la propiedad de deporte a comercio, reconociendo expresamente que la totalidad del inmueble no se encuentra afecta a fines deportivos.

Por lo argumentos expuestos, la recurrida estima que la acción cautelar debe ser desechada al adolecer de defectos formales que lo hacen improcedente, y porque no existe actuar ilegal y arbitrario de su parte, encontrándose el acto impugnado ajustado a derecho.

TERCERO: Que a fojas 57 informa al tenor del recurso don nombre reservado, Director Regional Metropolitano del Instituto Nacional de Deportes de Chile, quien indica que la Ley 19.712 contiene el beneficio de la exención del pago de impuesto territorial para aquellos bienes inmuebles que sean propiedad de Federaciones Deportivas y que estén destinados a fines deportivos, existiendo procedimientos administrativos que deben verificarse para que pueda hacerse valer tal exención tributaria, en donde se requiere la entrega del Certificado que otorga el Instituto Nacional de Deporte, y el Informe que emite el Instituto Nacional de Deportes de Chile, documentación que luego debe ser remitida al Servicio de Impuestos Internos.

Señala que la Federación de Boxeo inició dicha tramitación el 18 de julio de 2013, y que al revisar la documentación acompañada se constató que faltaban antecedentes, los que fueron requeridos en su oportunidad, sin que a la fecha se haya recibido la documentación solicitada, ni comunicación alguna de la recurrente.

Finaliza indicando que según lo señalado precedentemente, no estaría en condiciones de emitir la certificación requerida por la recurrente para obtener la mentada exención tributaria.

CUARTO: Que se agregaron al expediente los documentos que anexaron las partes, y a fojas 62 se trajeron los autos en relación.

QUINTO: Que en cuanto a la extemporaneidad alegada por la recurrida, esta se funda en que el acto objeto del recurso consistiría en la dictación del Oficio N° 91 de fecha 05 de marzo del presente año 2014, lo cierto es que dicho acto administrativo solo hace referencia a uno anterior, de fecha 09 de febrero de 2011, limitándose a reiterar el criterio establecido en dicha actuación y que modificó en definitiva el régimen de exención de impuesto territorial, acto que el recurrente no impugnó y le fue notificado en aquella época, febrero de 2011, por lo que habría transcurrido en exceso el plazo para accionar.

Sobre el punto es menester considerar que lo que se impugna es la dictación del Oficio N° 91 de 5 de marzo de 2014, por el que el Servicio de Impuestos Internos rechaza la solicitud del recurrente de fecha 23 de enero de 2014 en orden a que el inmueble de domicilio reservado, fuera declarado exento del pago de contribuciones. En consecuencia, presentado el libelo el 2 de abril de 2014, la acción ha sido interpuesta dentro del plazo correspondientes, sin que tenga la incidencia que pretende la recurrida una actuación anterior del Servicio de Impuestos Internos, aunque se relacione con la actual.

En estos términos se desestimará la petición de extemporaneidad.

SEXTO: Que sobre el fondo del recurso, el acto reprochado, ya se ha dicho, es el Oficio N° 91 de 5 de marzo de 2014, agregado a fojas 25, por el que la Directora Regional Metropolitana Sur del Servicio de Impuestos Internos, señala que es no procedente acoger la petición de la Federación Chilena de Boxeo en orden a que se otorgue exención total del impuesto territorial de la propiedad ubicada en domicilio reservado de la comuna de San Miguel. Se funda el rechazo en que la exención del artículo 73 de la Ley 19.712 se aplica a las federaciones deportivas cuando los bienes raíces “estén destinados a fines deportivos”, por lo que el avaluó afecto al pago de contribuciones corresponde a parte del inmueble que asciende a 1.145 m2, que está destinado a taller industrial de muebles que no tiene fines deportivos. Lo restante y utilizado con fines deportivos si está exento de pago de impuesto territorial.

SEPTIMO: Que la eventual ilegalidad ó arbitrariedad estaría dada porque según lo obrado por la propia recurrida – el actor infiere- existirían dudas acerca de la norma aplicable, el inciso primero, o el inciso segundo, del artículo 73 de la Ley 19.712. Además, porque la circunstancia de que “una mínima parte de las mejoras o edificaciones realizadas en el inmueble se arriende en modo alguno altera la esencia del inmueble, fines deportivos, y, las rentas o frutos del arrendamiento, sirven, como lo exigen las normas jurídicas que regulan la materia, a los mismos fines…”. En suma, le sería permitido arrendar parte del inmueble, y no le es aplicable el inciso segundo del artículo 73 de la Ley 19.712. De lo que concluye que la propiedad estaría exenta del impuesto territorial. Y así se vulnera su derecho a la propiedad y sus atributos y facultades, según lo prevenido en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que el artículo 73 de la Ley 19.712 en sus incisos primero y segundo establece: “Los bienes raíces de propiedad del Comité Olímpico de Chile y de las federaciones deportivas nacionales, y los que estén bajo su administración, estarán exentos del impuesto territorial, cuando estén destinados a fines deportivos (inciso 1°). De igual beneficio gozarán las canchas, estadios y demás recintos dedicados a prácticas deportivas o recreacionales que pertenezcan a las demás organizaciones deportivas, previo informe favorable del Instituto el que deberá ser fundado (inciso 2°).”

NOVENO: Que la recurrida sustenta su actuación en el inciso primero del referido artículo 73 de la Ley 19.712, teniendo en cuenta que parte del inmueble del actor está destinado a fines deportivos y otra sección al arriendo de una taller de fabricación de muebles, cuestión que el recurrente reconoce. De allí, se indica, procedió el Servicio a aplicar un sistema de tasación especial denominado “Padre hijo” por el que se subdivió en roles, uno afecto a la exención y otro con destinación industrial que está afecto a impuesto territorial. En suma, advierte la recurrida, se ha ajustado a la normativa existente y al cumplimiento de las normas tributarias aplicables y también a sus facultades fiscalizadoras.

Adicionalmente, subraya, según informe emitido por la I. Municipalidad de San Miguel la recurrente solicitó mediante permiso de obra menor N° 36 de 24 de junio de 2011, modificación parcial de destino de la propiedad de deporte a comercio, lo que implicaría reconocer que parte del inmueble no se encuentra afecto a fines deportivos.

DECIMO: Que en un primer orden de ideas ha de considerarse la naturaleza del procedimiento cautelar incoado, en que se persigue sobre la base de ciertos derechos o prerrogativas indubitados con resguardo constitucional preferente, se corrija la existencia de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, para reparar así el amago.

UNDECIMO: Que, seguidamente, del examen del recurso y de los antecedentes expuestos y colacionados, ponderados en conformidad a las reglas de la sana crítica, no aparece que exista la ilegalidad o arbitrariedad que se denuncia, desde que la actuación de la recurrida se enmarca en disposiciones legales y en el uso de facultades que el mismo ordenamiento jurídico le confiere, sin perjuicio de que sus resoluciones puedan ser objeto de reproche en los procedimientos ordinarios y especiales correspondientes.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, de esta manera, no resulta justificada en los términos que es menester en esta sede constitucional la existencia de actos que transgredieran normas legales, ni tampoco acciones de carácter arbitrario que pudieran imputarse a los recurridos; todo lo que es de la máxima importancia, a la luz de la naturaleza de las actuaciones que denuncia y de las medidas proteccionales que debiera adoptar esta Corte en el marco de la pretensión incoada.

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, al faltar uno de los supuestos en que se sustenta el reproche, esto es la eventual ilegalidad en el obrar de las recurridas, o su ajenidad a la razón, corresponde a esta Corte desestimar la acción cautelar, sin que sea necesario referirse a los otros aspectos también invocados en el libelo respectivo;

Y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se declara que se rechaza el recurso de protección interpuesto a lo principal de fojas 27 por la Federación Chilena de Boxeo, sin costas. Todo ello, sin perjuicio de otros derechos de la recurrente.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Devuélvase oportunamente los documentos.

Redacción del Ministro Sr. Roberto Contreras Olivares.

Rol N° 86-2014 PRO.

Pronunciada por los Ministros señor Roberto Contreras Olivares y señora María Stella Elgarrista Alvarez y Fiscal Judicial señora nombre reservado.

En San Miguel, a veintiséis de mayo del año dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.