Protección contra Ilustre Municipalidad de Puente Alto

Foja: 131 Ciento Treinta y Uno San Miguel, veinticinco de junio de dos mil quince.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que a fojas 12 don nombre reservado deduce acción de protección de garantías fundamentales en contra de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto, representada por su Alcalde don nombre reservado y solicita que se acoja el recurso de protección deducido; que se deje sin efecto el Decreto de Demolición Nº 37, que se refiere al inmueble de domicilio reservado, por extemporáneo y además que se decrete su nulidad por faltar los requisitos que la ley exige para dicha actuación, esto es, el procedimiento judicial previo.

Indica que en el año 2011, como consecuencia de la llegada de un nuevo hijo, realizó una serie de reparaciones y ampliaciones en su domicilio ubicado en domicilio reservado y que tras la ejecución de dichas obras, en abril del mismo año, solicitó a la Municipalidad de Puente Alto una serie de antecedentes y documentos relativos a la propiedad, ello con el objeto de regularizar las faenas efectuadas, sin embargo la recurrida le negó toda documentación del predio, sosteniendo que la propiedad no se encuentra recepcionada por el municipio y que no cuenta con certificado de número e inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, lo que no sería efectivo.

Agrega que tras solicitar los documentos referidos concurrieron a su domicilio inspectores municipales quienes le informaron que su propiedad estaba afecta a una supuesta declaración de uso público relativo a la futura proyección de una vía troncal, haciéndole presente además que debía detener toda reparación y ampliación y que no podía realizar actividades comerciales en el predio.

Añade que tras 4 años con fecha 30 de enero de 2015 se le notificó el Decreto Alcaldicio Nº 37 mediante el cual se ordenaba la demolición de la construcción irregular ubicada en domicilio reservado, otorgándole un plazo de 30 días para efectuarla a su costa o mediante la fuerza pública.

Señala que dicho Decreto Alcaldicio es arbitrario e ilegal porque se refiere a una regularización del año 2011, y que si bien se intentó efectuar dicha regularización fue la propia Municipalidad quien no permitió que ello se llevara a cabo, aduciendo futuras proyecciones viales.

Menciona además que si bien la Municipalidad hace mención a una supuesta declaración de bien de uso público ello no se encuentra debidamente fundado ya que no se ha indicado cual es el decreto que faculta dicha declaración, su fecha ni vigencia, de conformidad al artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Expresa que adquirió la propiedad a través de un contrato privado celebrado durante el año 2000, y que se encuentra regularizando su dominio en virtud de lo dispuesto en el DL 2695 del Ministerio de Bienes Nacionales, haciendo presente que tras los análisis jurídicos pertinentes ya pagó los impuestos correspondientes y se elaboró el plano de la propiedad, lo que lo habilitaría para adquirir la propiedad por prescripción.

Manifiesta que el decreto de demolición se ha dictado con abuso del derecho y además vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 Nº 1, Nº 21, Nº 22, Nº 23 y Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Termina solicitando el restablecimiento del derecho conculcado, ordenando se deje sin efecto el Decreto Nº37 de Demolición, que recae en su propiedad ubicada en domicilio reservado, por extemporáneo y decretar su nulidad, al que le faltan los requisitos que la ley establece para dicha actuación.

Acompaña como fundamento del recurso los documentos que rolan de fojas 1 a 1 a 11, de fojas 71 a 86 y fojas 115.

Segundo: Que a fojas 59 nombre reservado nombre reservado, Alcalde de la Municipalidad de Puente Alto informa al tenor del recurso de protección deducido, solicitando el rechazo del mismo por carecer la acción constitucional de todo fundamento legal plausible al no existir acto arbitrario ni infracción legal alguna que afecten o conculquen los derechos del recurrente, garantizados por la Constitución Política del Estado.

Indica que el recurso de protección deducido debe ser rechazado por no existir actuación ilegal o arbitraria por parte de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto, la que ha actuado conforme a derecho.

Refiere que de lo expuesto en la acción se desprenden una serie de antecedentes relevantes que dan cuenta que el recurso carece de sustento, lo que impide que sea acogido, haciendo presente que el recurrente no es propietario inscrito del inmueble objeto de la resolución administrativa de demolición y que las construcciones efectivamente carecen del permiso legal de edificación.

Agrega que con fecha 21 de junio de 2011 el recurrente solicitó a la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Puente Alto certificado de número y certificado de informaciones previas respecto de la propiedad ubicada en domicilio reservado, la que de conformidad al Rol de Avalúos del SII se encuentra inscrita a nombre de Constructora DFL 2 Aconcagua.

Añade que si bien inicialmente se le entregó un certificado de número, para emitir el certificado de informaciones previas fue necesario realizar una visita técnica en terreno, oportunidad en que se pudo constatar que el predio del recurrente, esto es, el Lote Nº 411 del Plano de Loteo El Alba II no se encontraba ejecutado, es decir que no existe en terreno.

Señala que como consecuencia de ello se realizó un estudio por el Departamento de Certificación Urbanística de las etapas recepcionadas del loteo, pudiendo constatar que sólo falta el Lote Nº 411, motivo por el cual se dejó sin efecto el certificado de numero anteriormente emitido y se dictó el Memorando Nº 205 que ordenaba notificar la paralización de las obras irregulares que se estaban ejecutando en el predio, por cuanto ellas se emplazan en un futuro bien nacional de uso público, esto es, la proyección de Avenida Tobalaba.

Expresa que además, mediante Ordinario Nº 352 de 14 de julio de 2011 se informó al recurrente que la situación en terreno difería de lo aprobado a través del Plano de Loteo por lo que no se podría emitir los certificados solicitados respecto de la propiedad.

Indica que a fin de recabar mayores antecedentes se ofició al Jefe del Grupo de Avaluaciones de la Unidad de La Florida del Servicio de Impuestos Internos, el que informó, que el Rol de Avalúos de la propiedad en comento no se encuentra con recepción; que además se ofició al representante de la Inmobiliaria Monte Aconcagua, haciéndole presente que se debía regularizar la situación del Lote 411, requerimiento que no ha tenido respuesta; y que también se ofició al Ministerio de Bienes Nacionales, ya que el recurrente habría manifestado estar regularizando la situación de dicho predio, con el objeto de ponerlos en conocimiento que el lote se encuentra emplazado en una calle proyectada.

Agrega que posteriormente con fecha de 5 de junio de 2014 el Servicio de Impuesto Internos requirió al municipio información sobre el inmueble de autos, ello con el objeto de resolver una solicitud de revisión de avalúo y/o sobretasa de sitio no edificado, lo que derivó que con fecha 14 de agosto de 2014 inspectores de la Dirección de Obras Municipales se constituyeran en el lugar constatando que no se había dado cumplimiento a la orden de paralización de obras, verificando que la obra se encontraba terminada.

Añade que como consecuencia de ello con fecha 13.1.2015 se dictó el Decreto de Demolición Nº 37 el que prescribe la demolición de la construcción ejecutada a la fecha sin el correspondiente Permiso de Edificación, la que se notificó el 30 de enero de 2015.

Menciona que es claro que en el predio se ejecutaron obras de construcción sin contar con permiso municipal, motivo por el cual es el propio recurrente, y no la recurrida, quien ha actuado con infracción a la ley y desatendiendo las instrucciones municipales de paralización de obras.

Manifiesta además que el inmueble de autos se encuentra emplazado en la proyección de Avenida Tobalaba, arteria que es parte de la vialidad estructurante de la comuna, de conformidad al Plano Regulador Metropolitano y Plano Regulador Comunal de Puente Alto del año 2003, haciendo presente que el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones declara de utilidad pública dichos terrenos y prohíbe aumentar el volumen de las construcciones existentes.

Expresa además que el artículo 116 del mismo texto legal dispone que la construcción, reparación, ampliación y obras de urbanización de edificios, de la naturaleza que sean, requieren de permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición de su propietario y que el Director de Obras concederá el permiso o la autorización requerida si los proyectos cumplen con las normas urbanísticas y que la municipalidad se encuentra facultada para fiscalizar obras, en la forma que lo hizo en el caso de autos, toda vez que el artículo 142 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones otorga a la Dirección de Obras Municipales tal función, prohibiendo el artículo 145 que las obras sean habitadas antes de su recepción. Agrega que asimismo el artículo 146 faculta al Director de Obras para resolver la paralización de cualquier obra en los casos en que hubiere lugar ello, lo que se encuentra ratificado por el Nº 1 del artículo 5.1.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que señala que el Director de Obras puede ordenar la paralización de obras, si ella se estuviere ejecutando sin el permiso correspondiente, tal como ocurrió en la especie.

Refiere además, que el artículo 148 del mismo texto expone que el Alcalde, a petición del Director de Obras Municipales, podrá ordenar la demolición, total o parcial, a costa del propietario, de cualquiera obra en los casos que indica, encontrándose contemplado en el Nº 1 las obras que se ejecuten en disconformidad con las disposiciones de la ley, su Ordenanza General u Ordenanza Local respectiva.

Agrega que como consecuencia se deduce que la actuación municipal se encuentra apegada a la ley, por lo que no se dan en la especie los presupuestos que hacen procedente que se acoja un recurso de protección.

Añade que el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, al referirse al derecho de propiedad, prescribe que la ley puede establecer el modo de adquirir, y particularmente de usar, gozar y disponer de ella y de las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social y que desconocer las funciones de control de las Municipalidades, significa precisamente autorizar al actor para que establezca y configure un uso y goce del derecho de propiedad no admitido por el derecho común.

Solicita que se rechace la acción constitucional por carecer ésta de todo fundamento legal plausible al no existir acto arbitrario ni infracción legal alguna que afecten o conculquen los derechos del recurrente, garantizados por la Constitución Política del Estado.

Acompaña como fundamento de sus alegaciones los documentos guardados en la Custodia Nº 63-2015; 71-2015 y 83-2015.

Tercero: Que a fojas 70 se solicitó que la Municipalidad de Puente Alto informara sobre los antecedentes en que funda su afirmación que el inmueble de autos se encuentra emplazado en un bien nacional de uso público, correspondiente a la calzada, solera, acera y áreas verdes de Avenida Tobalaba, desde la línea de solera norte de Calle Lago Yelcho y hasta el límite norte del predio donde se construyó el Loteo y que el Ministerio de Bienes Nacionales informara sobre el estado de tramitación de la solicitud de regularización presentada por el recurrente.

Cuarto: Que a fojas 111 y 122 informa la recurrida quien indica que de los documentos que acompaña se desprende que la propiedad del recurrente es parte del Loteo El Alba II, que en visita técnica se constató que Lote 411 no existe y no está recibido por Dirección de Obras Municipales y que el sitio se emplaza en proyección de Avenida Tobalaba, haciendo presente que Avenida Tobalaba es vía troncal, correspondiente a vialidad estructurante del Plan Regulador Metropolitano de Santiago y Plan Regulador Comunal del año 2003, proyectándose con ancho de 80 metros.

Agrega que la Ley 20.791 en su artículo 59 señala que se declaran de utilidad pública todos los terrenos consultados en los planos reguladores comunales, intercomunales y seccionales destinados a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches en las áreas urbanas por lo que la propiedad de autos se encuentra afecta a declaración de bien de uso público.

Quinto: Que a fojas 95 informa el Ministerio de Bienes Nacionales, quien hace presente que efectivamente don nombre reservado solicitó la regularización del inmueble ubicado en domicilio reservado que la solicitud del recurrente se encuentra en estado de dictar resolución negativa.

Sexto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la parte recurrente la vulneración de las garantías constitucionales que ha señalado como atropellada o amenazada.

Séptimo: Que en estos autos se ha solicitado dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio Nº37, de 13 de enero del año en curso, que ordena la demolición de las construcciones emplazadas sobre futuro bien nacional de uso público correspondiente a la calzada, solera, acera y áreas verdes de la Avenida Tobalaba desde la línea de solera norte de calle Lago Yelcho hasta el límite norte del predio en donde se construyó el loteo El Alba II, por estimar el recurrente que carece de fundamentos porque no se le ha permitido regularizar las construcciones realizadas en su propiedad, que dice haber adquirido a través de un contrato privado y después de cuatro años de haber realizado actuaciones ante la Municipalidad con el objetivo antes dicho, se dicta el decreto cuestionado, el que pide dejar sin efecto por extemporáneo y se decrete su nulidad, por faltar los requisitos que la ley exige.

Octavo: Que para los efectos de abordar el tema planteado a través de esta acción cautelar, destinada a dar una solución rápida frente a actuaciones u omisiones de una autoridad y que afectan el ejercicio de los derechos constitucionales invocados como conculcados, es necesario establecer que con los elementos de convicción acompañados tanto por recurrente como por la recurrida, apreciados en conformidad a las reglas de la sana crítica son hechos establecidos:

a) Que don nombre reservado no tiene inscrito a su nombre en el Conservador de Bienes Raíces el inmueble de domicilio reservado, ni logró la regularización del bien raíz, esto último según consta a fojas 95.

b) Que el 21 de junio de 2011 el recurrente solicitó ante la Dirección de Obras Municipales, Certificado de Número y Certificado de Informaciones Previas para la propiedad que reclama como suya. Obtuvo certificado de número el 1º de julio de 2011, pero fue dejado sin efecto mediante Resolución Nº120 de 12 de julio del mismo año, por las razones que en él se indican y tampoco se otorgó el otro certificado por haberse detectado en visita al terreno construcciones sin contar con el permiso correspondiente.

c) Que en el año 2011 mediante Resolución Nº121 de 13 de julio, se ordenó al propietario de las construcciones que se estaban ejecutando en el predio correspondiente a la proyección de domicilio reservado por calle Lago Yelcho la paralización de las obras por no contar con los permisos de edificación correspondientes.

d) Que con el Informe Técnico de Terrero fechado 14 de agosto de 2014 se deja consignado que se constató que no se dio cumplimiento a la paralización de obras decretada en la resolución citada en la letra anterior, por el contrario las obras estaban terminadas.

e) Que con fecha 27 de agosto de 2014 la Directora de Obras Municipales solicita visto bueno para emisión de Decreto de Demolición al Alcalde de la Municipalidad de Puente Alto, el que mediante Decreto Nº37 de 13 de enero de 2015 accede a lo solicitado y decreta la demolición de la construcción irregular ejecutada a la fecha sin el correspondiente permiso de edificación ubicada en domicilio reservado.

f) Que el lote Nº411 no tiene recepción final, como consta del Ordinario Nº552 de 27 de agosto de 2014, del Ordinario Nº352 de 14 de julio de 2011, del Ordinario 356 de 15 de julio de 2011, todos de la Dirección de Obras Municipales de la citada Municipalidad. Tampoco figura dicho lote en los distintos Certificados de Recepción Parcial Definitiva acompañados en autos.

g) Que las construcciones realizadas por el recurrente, sin contar con permiso de edificación, corresponden a un sector de proyección de la Avenida Tobalaba, según se desprende de Resolución Nº120 de 12 de julio de 2011, de Ordinario Nº352 de 14 de julio de 2011, del Ordinario 356 de 15 de julio de 2011, de la fotografía y planos de los loteos de propiedad de la Constructora Aconcagua Limitada Noveno: Que como ha quedado establecido, el bien raíz identificado como Lote 411 de la etapa 21 del Loteo El Alba II, no cuenta con recepción final y se ordenó mediante Ordinario Nº356 del Director de Obras Municipales de la Municipalidad de Puente Alto, en su oportunidad, (15 de julio de 2011), a la propietaria del Loteo El Alba II- identificada como Inmobiliaria Monte Aconcagua, regularizar la situación del referido Lote 411, por cuanto el sitio se emplaza en la proyección de Avenida Tobalaba- Sánchez Fontecilla, vía troncal correspondiente a la vialidad estructurante del Plan Regulador Metropolitano de Santiago y del Plan Regulador Comunal 2003, lo que no se hizo. Asimismo, quedó demostrado con la abundante prueba documental agregada a estos autos que la propiedad de domicilio reservado y en consecuencia, habiéndose acreditado por otra parte que el recurrente efectuó ampliaciones que interferían con la proyección de la Avenida Tobalaba, la que conforme al artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones es un bien de utilidad pública, el actuar de la Municipalidad, al disponer primero la paralización de las obras y luego la demolición de las mismas no aparece desprovista de fundamento.

Décimo: Que, la autoridad recurrida actuó en conformidad a las normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, específicamente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 que señala “Toda obra de urbanización o edificación deberá ejecutarse con sujeción estricta a los planos, especificaciones y demás antecedentes aprobados por la Dirección de Obras Municipales..” , y en el plano regulador de la comuna de Puente Alto, publicado en el Diario Oficial de 25 de abril de 2003, en su página 17 , en el cuadro de vialidad estructurante comunal aparece mencionada la proyección de la Avenida Tobalaba. Por su parte, el artículo 142 del mismo texto legal dispone que “Corresponderá a la Dirección de Obras Municipales fiscalizar las obras de edificación y de urbanización que se ejecuten dentro de la comuna…”, y de los documentos identificados como Resolución Nº120 de 12 de julio de 2011 e Informe Técnico de Terreno de 14 de agosto de 2014 aparece que se efectuaron fiscalizaciones a las edificaciones de domicilio reservado, cuyo propietario según el Servicio de Impuestos Internos es Constructora DFL2 Aconcagua Limitada y producto de ellas se ordenó en una primera instancia la paralización de las obras y por la segunda la demolición de las obras que interferían en la proyección de la Avenida Tobalaba. A mayor abundamiento, de acuerdo a lo que dispone el 145 del mismo texto legal “Que ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total” y finalmente el artículo 146 faculta al Director de Obras Municipales para resolver la paralización de cualquier obra en los casos en que hubiere lugar a ello, señalándose en su inciso segundo que uno de esos casos es la ejecución de una obra sin el permiso correspondiente, cuyo es el caso en estudio; el artículo 148 permite que el Alcalde a petición del Director de Obras, ordenar la demolición total o parcial de obras en las situaciones que allí se consagran, lo que también se hizo en relación a las construcciones efectuadas sin permiso correspondiente y que además afectaban la proyección de Avenida Tobalaba, considerada en el plano regulador de la comuna.

Undécimo: Que, así las cosas, tratándose de un acto (el impugnado Decreto Nº37 de 1º de enero de 2015), que ordena la demolición de obras de construcción que se hicieron sin el permiso correspondiente y afectando además a un bien de utilidad pública, que se expidió dentro de las facultades del órgano municipal, en uso de sus potestades legales y con fundamento plausible, no puede tal obrar constituirse en una privación, perturbación o amenaza ilegal o arbitraria cierta a los derechos protegidos por este arbitrio constitucional. Asimismo, de lo razonado en los dos considerandos precedentes de este fallo, es posible concluir que no ha existido de parte de la autoridad recurrida un actuar caprichoso, producto del mero arbitrio, sino que sus decisiones, tanto de paralización de obras como la que se invoca en esta acción, de demolición, aparecen revestidas de fundamento suficiente, lo que basta para desestimar el arbitrio constitucional deducido.

Duodecimo: Que ello es así, pues estamos frente a una acción cautelar que persigue establecer, en primer término, la existencia de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o arbitrario, para reparar la conculcación del ejercicio de ciertos derechos o garantías que cuentan con resguardo constitucional preferente. En consecuencia, el uso justificado de una potestad, no puede constituirse en arbitrariedad o ilegalidad alguna, toda vez que el Decreto Alcaldicio Nº37 de la Municipalidad de Puente Alto, cumple con las formalidades necesarias y contiene su fundamento.

Décimo Tercero: Que concluido lo anterior, se hace innecesario hacerse cargo de las alegaciones vertidas en el recurso relacionadas con las garantías constitucionales que el recurrente estima afectadas por el Decreto Alcaldicio impugnado por él, ni sobre el acápite referido a un presunto abuso del derecho.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido a fojas 12 por don nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro señora María Teresa Díaz Rol Nº85-2015 Pro.

Pronunciada por la Primera Sala integrada por los Ministros señor Ismael Contreras Pérez, señora María Teresa Díaz Zamora y señora María Leonor Fernández Lecanda. No firma la Ministro señora Fernández, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por haber cesado sus funciones.

En San Miguel, veinticinco de junio del año dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.