nombre reservado con nombre reservado

San Miguel, dieciséis de octubre de dos mil veinte.

Vistos:

Primero: Que comparece don nombre reservado, veterinario, quien interpone el presente recurso de protección en contra de nombre reservado, alegando que se han vulnerado las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por las publicaciones que ha hecho el recurrido en las redes sociales “funando” al recurrente, y solicita que se le ordena al recurrido que elimine las publicaciones efectuadas y se abstenga de volver a realizarlas.

Expuso que ejerce como médico veterinario y el día 11 de agosto de 2020, cerca de las 20:30 horas, llegó a su domicilio el recurrido con su gata "Cochi", la que presentaba un cuadro de hipersalivación y dificultad para comer y, tras el examen, notó que tenía gingivitis agresiva (diagnóstico clínico estomatitis linfocitica plasmocitica) y deterioro de piezas dentales (periodontitis moderada), por lo que sugirió realizar destartraje e infiltración, pero como no contaba con los implementos para hacerlo, sólo administró por vía subcutánea corticoides (Dexametasona 1 ml), e informó al recurrido que la gingivitis se trata de un problema inmunológico de origen viral, retirándose éste de su domicilio a las 21 horas.

Agregó que a la paciente no se le administró anestesia, sedante ni tampoco se le extrajo ningún molar, sino que se le dio dicho medicamento para aliviar el malestar y dificultad que presentaba al abrir su boca.

Indicó que a las 3:30 de la madrugada del día siguiente el recurrido lo llamó insistentemente, lo insultó y amenazó, queriendo que fuera a ver a su mascota y acusándolo de causarle una sobredosis, por lo que le señaló que la llevara a una veterinaria de urgencia, y en atención a los improperios recibidos, cortó la llamada y bloqueó.

Señaló que, tras unas horas, el recurrido empezó a hacer “funas” en su página de Facebook y en el grupo "La Granja Informa" en su contra, difamando su honra y calidad profesional, reveló su domicilio y número de celular, diciendo que no debía ejercer la profesión, incluso expresando hechos que serían eventualmente constitutivos de delitos, como que quemaría su casa. También manifestó que llevó a su mascota a una veterinaria de urgencia donde le indicaron que el motivo del fallecimiento fue una sobredosis por corticoides aplicada por el recurrente y que no se cansaría de hacer este tipo de publicaciones, pero no mostró comprobantes de dicha atención y agregó que habría decidido cremar inmediatamente a su mascota, lo que carecería de toda lógica.

Apuntó que el recurrido lo ha tratado en las redes sociales como "asesino", "hay que pegarle", "sin ética", "ya averiguaré su Facebook y donde trabaja", "veterinario asesino irresponsable, no a [sic] dado cara y aun [sic] sigue trabajando nombre reservado", "cobarde", "nombre reservado vas a pagar, te seguiré funando, ayúdenme a difundir". Arguye en su escrito recursivo que esto afecta su derecho a la honra y su integridad psíquica, ya que no se puede estar tranquilo ante las latentes amenazas de que quemarán su vivienda o que lo irían a visitar, además de denostarlo públicamente bajo antecedentes falsos e infundados, dañando así su imagen profesional, aunado a que publicó fotografías suyas, sindicándolo como el responsable de la muerte de su mascota por un actuar negligente y una supuesta sobredosis.

En cuanto a las garantías constitucionales conculcadas, argumentó que se vulneró su derecho a la integridad síquica, por la angustia provocada por la denostación sufrida y las amenazas de violencia contra su persona y lugar de trabajo. Reclamó que se afectó su derecho a la honra, ya que su buena fama se ve desprestigiada por las publicaciones realizadas por el recurrido de autos toda vez que realiza un descrédito hacia su trabajo, sin perjuicio de existir contradicciones en su relato, motivando a que dichas publicaciones sean difundidas lo más que se pueda. Añadió que se vulneró su vida privada, por cuanto el recurrido publicó sus datos personales sin su consentimiento.

En definitiva, solicitó que se acoja el recurso interpuesto, ordenando al recurrido la eliminación de todo contenido publicado en la red social Facebook, ya sea personal o de cualquier otro grupo, y que se abstenga de incurrir en la conducta señalada por la misma u otras vías, con expresa condena en costas.

Finalmente, para fundar sus alegaciones acompañó como documentos a su recurso un Print de pantalla desde la Red Social del recurrido de autos de fechas 12 de agosto de 2020 a 15 de agosto de 2020; Print de pantalla de conversaciones sostenidas con el recurrido vía Whatsapp de fechas 9 de agosto a 12 de agosto de 2020; ficha de recepción de la mascota, suscrita por el recurrido, de fecha 11 de agosto de 2020. En presentaciones sucesivas, acompañó la transcripción del vídeo realizado por el recurrido; publicaciones de fecha 17, 18 y 20 de agosto de 2020, realizadas por el recurrido en páginas de Facebook y la web www.reclamos.cl, y DVD, vídeo realizado por el recurrido, y acompañado a sus redes sociales, de fecha 20 de agosto de 2020, cuya duración es de 3 minutos y 30 segundos Segundo: Que informó al tenor del recurso don nombre reservado, indicando que el día 11 de agosto llevó a su gata Cochi a ser atendida por el recurrente, en su domicilio y no en una veterinaria establecida, ya que sangraba de su hocico. Señaló que notó que la atención era básica y primaria, que no realizó medidas de pesaje, medición de temperatura ni verificación de lesiones en la gata, quien sólo le señaló que había que extraer una muela, por lo que él debió sujetarla mientras el recurrente le extraía la muela, sin haberle inyectado algún analgésico ni dejar constancia en alguna ficha clínica. Luego de ello le cobró $5.000, no le dio boleta ni le entregó un diagnóstico y con su gata se fueron del lugar.

Relató que horas más tarde, a las 3.30, la gata empezó a convulsionar, por lo que llamó al veterinario, quien le dijo que estaba acostado y la llevara a urgencia, por lo que se enojó y le envió un mensaje vía whasapp, señalando "pucha ve a mi gata, o sino mañana te voy a dar cara, porfa veme a mi gatita", y ante la negativa del recurrente, la llevó de urgencia a la clínica Veterinaria Santa Raquel de la comuna de La Florida, donde indicaron que tras la inspección clínica se observó que la mascota estaba sin signos vitales, por lo que se informó al tutor su muerte, y que no era posible determinar la causa del fallecimiento. Agregó que el veterinario recurrente le inyectó un corticoide a su mascota.

Expuso el recurrido que, efectivamente, hizo descargos por medio de publicaciones en Facebook, haciendo uso de la libertad de expresión contemplada en el artículo 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República, y que conforme a la prueba aportada por el recurrente, no sería meritorio estimar que se ha vulnerado la garantía contemplada en el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución, puesto que solo se limitó a extraer publicaciones efectuadas por la fundación Callejero Busca un Hogar, donde salen publicados los datos del recurrente, siendo acusaciones falsas aquellas que señalan que le irían a quemar la casa.

Por lo anterior solicitó el rechazo del recurso deducido, y acompañó el Certificado médico otorgado por clínica veterinaria VET.

Tercero: Que el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción cautelar extraordinaria, prevista para resguardar urgentemente ciertos derechos y garantías esenciales, enumerados en el mismo precepto, que son afectados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que importen perturbación, privación o amenaza en su ejercicio legítimo.

Cuarto: Que, atendida la naturaleza y finalidad del recurso, para que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección del afectado, es necesario que quien lo invoca acredite la existencia de un derecho o garantía que le asista, que se encuentre debidamente determinado y que corresponda a alguno de los referidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Como también es esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo 20 de la carta fundamental.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Quinto: Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". A estos efectos es recomendable definir estas expresiones contenidas en el artículo 20 de nuestro código político, para evaluar si el acto recurrido puede ser calificado de tal.

En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que este lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infralegal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho.

De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (José Luis Cea Egaña, Derecho Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339).

Sexto: Que, conforme a lo indicado en el libelo recursivo, en lo medular, el recurso se fundamenta en la afectación denunciada por el recurrente de la garantía constitucional consagrada en el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política, que garantiza a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y, asimismo, la protección de sus datos personales, en razón de ciertos mensajes publicados por el recurrido en su página de Facebook y en el grupo "La Granja Informa", mediante los cuales lo habría difamado, tratado de "asesino", "hay que pegarle", "sin ética", "ya averiguaré su Facebook y donde trabaja", "veterinario asesino irresponsable, no a [sic] dado cara y aun [sic] sigue trabajando nombre reservado", "cobarde", "nombre reservado vas a pagar, te seguiré funando, ayúdenme a difundir".

Es del caso señalar que, si bien el actor esboza también la conculcación de la garantía constitucional contemplada en el numeral 1° del artículo 19 de la carta fundamental, en cuanto a su integridad psíquica, no se acompañan antecedentes que permitan sustentar tal vulneración.

Séptimo: Que, para el análisis del postulado de protección formulado en autos, es útil tener en cuenta que, de lo expuesto por recurrente y recurrido, son hechos pacíficos que don nombre reservado concurrió al domicilio del médico veterinario nombre reservado el día 11 de agosto de 2020 con su gata "Cochi" para que la atendiera, administrándole este último a la referida mascota corticoides para tratar la afección que padecía, falleciendo con posterioridad.

Octavo: Que, en definitiva, el asunto sometido a la definición de este tribunal en virtud del arbitrio cautelar en estudio estriba en establecer si la conducta atribuida al recurrido puede ser tildada de ilegal o arbitraria, con impacto en la garantía contempladas en el artículo 19 N° 4° del ordenamiento fundamental.

Noveno: Que el artículo 19 de la Constitución Política de la República preceptúa que “La constitución asegura a todas las personas: (...) 4° El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”.

Cabe recordar, también, que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce el derecho de las personas a proteger su intimidad, familia, domicilio o reputación de cualquier intromisión ilegítima. Específicamente, su artículo 12 dispone: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

A su turno, la Convención Americana sobre Derechos Humanos alude al derecho a la privacidad en su artículo 11.2 y al efecto señala: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.

Décimo: Que el bien jurídico de la intimidad o privacidad pertenece al grupo de derechos esenciales de la personalidad, por cuyo intermedio se hace posible, además, el ejercicio de otros derechos fundamentales. A su respecto se ha dicho que “es la posición de una persona (o entidad colectiva personal) en virtud de la cual se encuentra libre de intromisiones o difusiones cognoscitivas de hechos que pertenecen a su interioridad corporal y psicológica o a las relaciones que ella mantiene o ha mantenido con otros, por parte de agentes externos que, sobre la base de una valoración media razonable, son ajenos al contenido y finalidad de dicha interioridad o relaciones” (Hernán Corral Talciani, La vida privada y la propia imagen como objetos de disposición negocial. Revista de Derecho, Universidad Católica del Norte, Nº 8, 2001, pp. 159-175). El mismo autor señala que “la privacidad se pierde cuando existe una intromisión que permite tomar conocimiento de hechos personales reservados, o cuando existe una difusión de esos hechos a personas ajenas o a un público indiscriminado”.

Undécimo: Que, acorde a lo expuesto en los párrafos que preceden, ciertamente una privación, perturbación o amenaza al debido respeto y protección de la vida privada o una intromisión, en los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos se asocia, entre otras conductas, con ataques ilegales a la honra o reputación de una persona y de su familia.

Pues bien, la cuestión planteada en estos autos dice relación justamente con publicaciones efectuadas en la red social Facebook por el recurrido y el actor solicita, precisamente, que se ordene a aquel la eliminación de todo contenido publicado en dicha red, ya sea en su cuenta personal o en la de cualquier grupo, absteniéndose además de incurrir en la conducta señalada por la misma u otras vías. En consecuencia, corresponde analizar el contenido de tales publicaciones efectuadas por nombre reservado y determinar si conculcan la intimidad o vida privada del actor.

Duodécimo: Que el recurrente acompañó, junto a su libelo recursivo, imágenes de la red Facebook, en las que el recurrido utiliza expresiones como "asesino", "hay que pegarle", "sin ética", "ya averiguaré su Facebook y donde trabaja", "veterinario asesino irresponsable, no a [sic] dado cara y aun [sic] sigue trabajando nombre reservado", "cobarde", "nombre reservado vas a pagar, te seguiré funando, ayúdenme a difundir".

De la simple lectura de los textos publicados se advierte que contienen expresiones que ocasionan un evidente agravio a don nombre reservado, puesto que conllevan menosprecio, denostación, descrédito y constituyen expresiones denigrantes y ofensivas, que implican una afectación o perturbación a su derecho a la honra que la Constitución Política de la República garantiza en su artículo 19 N° 4°.

De otra parte, corresponde precisar que la libertad de emitir opinión que asiste al recurrido no supone un ejercicio ilimitado e irrestricto de tal derecho, en términos que le permita atribuir públicamente al recurrente un actuar reñido con la ley.

Sobre esta materia, la Excma. Corte Suprema ha resuelto, que "sobre el particular conviene tener presente que dentro del derecho a la honra se encuentra consagrado también el derecho al buen nombre, consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, derecho personalísimo que puede verse afectado cuando -como en el caso de autos- se publican en una red social afirmaciones deshonrosas a su respecto, que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio actúa” (sentencia de 5 de mayo de 2016, rol N 2536-2016).

En el caso de autos, las publicaciones efectuadas contribuyen, sin lugar a dudas, a denostar el derecho a la reputación del actor.

Decimotercero: Que, atendido lo razonado precedentemente, habiendo la recurrida desarrollado un comportamiento arbitrario e ilegal que vulnera la garantía del artículo 19 N° 4° de la carta fundamental, el recurso de protección debe ser acogido, en lo que hace a las publicaciones efectuadas en la red social Facebook y acompañadas en esta causa.

Por estas consideraciones y conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se acoge la acción constitucional interpuesta por don nombre reservado en contra de don nombre reservado, sin costas, y, en consecuencia, se dispone que el recurrido don nombre reservado deberá eliminar desde la red social Facebook todo tipo de registro de las publicaciones en las que se hace referencia al actor y que aparecen reseñadas en el escrito del recurso, como, asimismo, todos los comentarios que se hicieron a propósito de ella, dentro de quinto día de ejecutoriado el fallo, debiendo abstenerse, en lo sucesivo, de realizar otras de similar tenor por esta u otra vía semejante.

Redacción del Abogado Integrante Adelio Misseroni Raddatz.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 8441-2020 Prot.

Pronunciada por la cuarta sala de esta Corte presidida por la ministra Ana Cienfuegos Barros e integrada por la ministra María Soledad Espina Otero y por el abogado integrante Adelio Misseroni Raddatz.