Protección contra Escuela Particular San Pablo Apóstol de Buin
- Fecha
- 6 de mayo de 2014
- Resultado
- Rechazada
- Cita
- Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol N° 82-2014, sentencia de 6 de mayo de 2014
Resumen
Se rechaza el recurso de protección del padre de un alumno contra la Escuela Particular San Pablo Apóstol de Buin, porque las decisiones del colegio se adoptaron conforme a su reglamento de convivencia y no constituyen actos arbitrarios ni ilegales.
Texto íntegro
61/sesenta y uno.
San Miguel, a seis de mayo del año dos mil catorce.
Vistos y considerando:
Primero: Que con fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, comparece don nombre reservado, empleado público, domiciliado en domicilio reservado en la comuna de Recoleta, quien deduce acción constitucional de protección a favor de su hijo, nombre reservado, de siete años de edad, en contra de la Escuela Particular San Pablo Apóstol de Buin, fundado en los constantes hostigamientos y persecución que ha sufrido su hijo por parte de la recurrida. Señala que su hijo es alumno de segundo básico del establecimiento recurrido, y con fecha 11 de marzo del año en curso concurrió a la primera reunión de apoderados del curso, en la cual se abordaron las principales metodologías de estudio para el año en curso, y al final de ella una de las apoderadas manifestó que su hijo había sido agredido por el hijo del recurrente, agregando que tenía antecedentes de que era un niño agresivo, y que el año 2013 había agredido a otros alumnos del colegio, por lo que exigía una solución, frente a aquello expresa que la profesora del curso, nombre reservado, manifestó que los apoderados de nombre reservado tenían conocimiento de todos los hechos suscitados en el periodo escolar anterior, sin embargo no querían realizar el tratamiento solicitado por el establecimiento educacional, lo que provocó un ambiente de animosidad contra el recurrente, debiendo defenderse de lo expuesto, además dice haber señalado que su hijo era tratado por una profesional psicóloga desde el año 2013, dependiente del Hospital de Carabineros, lo que no fue tomado en cuenta. Agrega que una vez terminada la reunión, se acercó a la profesora quien le manifestó que según su experiencia, su hijo debía ser tratado con medicamentos, y que debía consultar con otra profesional, para que se los recetaran.
Expresa que su hijo tiene excelentes resultados académicos, y los hechos relatados, en que lo inculpan de agresividad, habrían tenido lugar sólo en el patio del establecimiento, cuando los alumnos juegan, corren y se divierten, donde ocurren imprevistos, entre ellos caídas y roces, sin embargo se sindicaba sin mayor diligencia en todos ellos a su hijo como responsable directo de éstos, agrega que fue inculpado como agresor por dos alumnos de cuarto medio, lo que se traduce en un síntoma característico de bulling.
Señala que todo lo anterior va en perjuicio de la salud psicológica de su hijo, todo lo cual le ha provocado sentimientos de tristeza y culpa, y que sus descargos no eran tomados en cuenta por sus profesores, lo que fue evidenciado por la profesional psicóloga que lo trata, quien les señaló que el niño no se sentía aceptado entre sus pares y los adultos del establecimiento.
Expresa que junto con la madre del niño, con fecha 12 de marzo del presente año, enviaron una carta a la Directora del Establecimiento, relativa a un niño de tercero básico que se burlaba de su hijo, a fin que se tomaran las medidas pertinentes para salvaguardar su dignidad, recibiendo como respuesta que serían citados para reunirse con la totalidad de los profesores del niño y así evaluarlo, respecto de lo cual expresa que la mayoría de ellos no conocen a su hijo, por lo que se sienten discriminados. Concluye que la integridad psíquica del niño está seriamente perturbada por la recurrida.
En cuanto al derecho, expresa que la recurrida no ha permitido ni ha fomentado la instancia de mejoras en el grupo de clases ni de los apoderados que reúne al curso en particular, y que solo han ejercido de manera irresponsable, una presión negativa frente al menor afectado, y cuyo objetivo final, presume, es decretar la cancelación de la matrícula para el periodo 2014. Expresa que la resolución de la recurrida es ilegal toda vez que infringe lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 19 de la Carta Fundamental, además del artículo 1 inciso 1 y articulo 5 en relación con articulo 19 N° 1 de la misma, y también los tratados internacionales y vigentes suscritos por Chile y que guardan relación con la Convención Internacional de Derechos del Niño.
Solicita se ponga término a aquellos actos arbitrarios e ilegales que privan, perturban o amenacen el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nº 1 y 10 de la Constitución Política de la Republica, artículo 1 inciso primero, artículo 5 inciso segundo y articulo 18, todos de la misma Carta Fundamental, declarando que el niño de autos ha sido injustamente perseguido y signado como alumno problema, con expresa condena en costas.
Segundo: Que a fojas 36 evacúa informe don Alejandro Acosta Patroni, abogado, en representación de Fresia Bernardita Corvalan Sociedad Educacional E.I.R.L., señalando que nombre reservado es un niño cariñoso con la profesora jefe, con muy buen rendimiento académico, buena presentación personal, responsable con los materiales y que siempre quiere ayudar. Señala que sin perjuicio de lo anterior, el niño manifiesta actitudes de excesiva inquietud y falta de control de impulsos, por lo que golpea a menudo a sus pares, además de presentar escasa tolerancia a la frustración, tiene un vocabulario inapropiado para su edad, utiliza garabatos y palabras con connotación sexual, agregando que cuando se le sorprende en una actitud desfavorable, siempre niega haberlo hecho y después de un tiempo lo acepta y dice que son accidentes. Indica que por ello no ha logrado tener un grupo de pertenencia ni amigos en el curso, sin embargo no está solo en los recreos pues se incorpora en los juegos, pero las cosas terminan mal y siempre lo van a acusar por una mala conducta. En cuanto a la conducta del niño hacia sus profesores, refiere que en general tiene una buena actitud.
En cuanto a los padres, señala que el padre se muestra agresivo en su forma de expresarse, y la madre se muestra dura y excesivamente seria, cuando asiste a reuniones, culpando siempre a otros de la conducta del niño.
Da cuenta de la historia del niño en el establecimiento, señalando que ingresó en el año 2012 a kínder y que ya desde el primer mes el niño mostró conductas de falta a la disciplina en la sala y en el patio del colegio, las que alteraban el normal desarrollo de las clases y el de los juegos recreativos de sus compañeros, además de mostrar un lenguaje soez y actitudes del tipo sexualizadas que no guardaban relación con su edad, todo lo cual importaba una alteración a la vida normal del curso y del colegio, y el no cumplimiento del Manual de Convivencia, el cual fue entregado al momento de ingresar el niño al establecimiento. Indica que el 20 de marzo de 2012 se citó a la madre para plantearle los problemas conductuales del niño, los que describe; que el 5 de junio de ese año, fue nuevamente citada, señalando la madre que el niño se comportaba mejor en la casa, y que le estaba dando flores de Bach, comprometiéndose a llevarlo a un neurólogo, todo ello, a inicios del 2013 por una posible hiperactividad, señalando que el niño se escapaba de la casa cuando estaba al cuidado de su abuela. En cuanto al año 2013, refiere que el niño tuvo muchos conflictos con sus compañeros, todo lo cual se registró en el libro de clases y en su hoja de vida, manifestando que se enviaron comunicaciones a sus apoderados no con el fin de estigmatizar al niño, sino porque los demás apoderados tienen el derecho de a saber el contexto en que están inmersos sus hijos, y decidan como apoyarlos para enfrentar la problemática descrita. Refiere que se citó a la madre a una nueva reunión el 10 de abril, en la cual se le expresó las consecuencias del comportamiento de su hijo, en tanto no sería aceptado por sus pares, y se le sugirió que lo llevara a un neurólogo y/o psicólogo infantil. Señala que el niño continuaba con el mal comportamiento y se siguieron enviando comunicaciones a sus apoderados. Expresa que la madre presentó un certificado del Hospital de Carabineros donde se señalaba que el niño estaba siendo atendido, pero las faltas a la conducta se mantuvieron.
Señala que el 27 de agosto de 2013 se llevó a cabo una reunión con los padres y el Consejo de Personalidad, a fin de trabajar con los padres en encontrar remedios a los problemas de los alumnos, participando de dicha reunión el encargado de convivencia escolar, la inspectora general, la Jefa de UTP, la profesora jefe y la Directora, situación que habría molestado al padre del niño. Señala que a medida que avanzó la reunión el padre reconoció que como tal a veces era duro y poco afectivo, y que no le dedicaba suficiente tiempo al niño por su trabajo. Después de aquello, expresa que el comportamiento del niño continuó, dando cuenta de todas las quejas recibidas por apoderados del curso de nombre reservado, quienes señalaban que sus hijos habían sido agredidos por éste, entre otras conductas. En cuanto a la reunión del día 11 de marzo de 2014, señala que asistió el padre de nombre reservado, quien manifestó que él sería el apoderado del niño de ahora en adelante; se les hizo entrega del Manual de Convivencia, firmándose una nómina de recepción por parte de todos los asistentes, excepto el recurrente. Enseguida da cuenta de nuevos conflictos que el niño ha tenido en el establecimiento a raíz de agresiones hacia sus compañeros.
Expresa que en el Registro de Desarrollo Escolar de 1° y 2° básico de nombre reservado contiene reiteradas anotaciones por múltiples faltas de diversa gravedad y en ella se insertan todas las comunicaciones de padres de otros menores afectados, con ello demuestran que la situación normativa del colegio fue plenamente conocida por sus apoderados, y que el niño durante 2013 y lo que va de 2014 presenta múltiples actos de indisciplina, no acata instrucciones, tiene una conducta perturbadora del normal desarrollo de las clases, lo que llevó al colegio a exigir un tratamiento especializado.
En cuanto a la atención dada al niño, expresa que los certificados presentados por los padres, dan cuenta de una escasa preocupación por su situación, en este sentido señala que se presentaron los certificados 98599 de 20 de mayo de 2013; 96735 de 14 de junio de 2013; 106627 de 30 de julio de 2013; y 98447 de 23 de septiembre de 2013, los que, en síntesis, señalan que el niño solo requiere de manejo conductual, que tiene Síndrome de Déficit Atencional Hiperactividad, que el niño ha sido estigmatizado por el colegio, que se siente criticado y poco aceptado, afirmándose que hay un mal manejo de los adultos. Agrega que se solicitó una copia de las anotaciones del libro de clases, sin que hasta la fecha se haya recibido orientaciones ni sugerencias del último profesional actuante. Estima que no es posible que con tres sesiones se pueda resolver un problema que se está dando desde el año 2012 a abril de 2014. Agrega que la madre del niño, con fecha 8 de abril presentó un nuevo certificado 142381 el cual se refiere a una medición psicométrica, señalando el profesional que debido a las buenas calificaciones del niño, sólo requiere manejo conductual y no requiere fármacos.
En cuanto al Manual de Convivencia, señala que sus puntos 4.10 y 4.11 califica como graves las infracciones a las conductas que ahí se describen, mientras que los puntos 4.15 y 4.16 se refieren a aquellas infracciones que se consideran como muy graves, todas las cuales han sido cometidas por el alumno. Señala que todas esas manifestaciones, atendida la edad del niño, su interés superior, la presunción de inocencia y el debido proceso que inspiran el Manual, el colegio ha instado a sus padres por el respectivo tratamiento y ha tomado las acciones contenidas en el manual, sin que ellas signifiquen la marginación del niño, y que es todo lo contrario, pues durante dos años han llevado a cabo el proceso de intento de adaptación del niño a la normalidad de las conductas esperables, teniendo en cuenta que se trata de un niño con necesidades especiales de educación.
En cuanto a lo que sostiene el recurrente de ser cancelada la matrícula de su hijo, ello no se ha hecho ni tampoco se les ha comunicado, por lo que no existe amenaza de la cancelación, sino que siempre se les ha sugerido que deben tratar el problema de socialización para que el niño no tenga dificultades en la relación con sus pares.
En cuanto al derecho señala que las disposiciones invocadas por el recurrente escapan a aquellas contempladas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República. En cuanto al artículo 19 Nº 1 señala que el colegio ha tenido una actitud de constante apoyo, y de mantención del niño con su matrícula, además de apoyo profesional, por lo que no puede considerarse que exista una vulneración del derecho a la integridad psíquica.
Por ultimo expresa que el apoderado del niño se comprometió a acatar el manual de convivencia del colegio y tomó conocimiento del compromiso de velar porque fuese tratado por su bien y el de sus pares, por lo que el colegio se han ajustado en su proceder no sólo al manual de convivencia escolar, sino que también a lo que razonablemente puede exigírseles ante una situación tan excepcional como ésta, por lo que estima que no es posible considerar su proceder como ilegal o arbitrario, puesto que se ha fundado en elementos de juicio objetivos, por lo que solicitan que la presente acción sea desestimada.
Adjunta a su informe documentación correspondiente a informe de kínder, certificado de notas, copia legalizada de libro de clase 2013 y 2014, copia legalizada de libreta de comunicaciones 2014, manual de convivencia, entre otros.
La parte recurrente acompañó documentos de copia de resumen de apoderados de 1 y 2 semestre de la recurrida, copia de certificado de neuróloga infantil de fecha 8 de abril de 2014 y copia de informe de psicológico de 7 de abril de 2014. Solicita se oficie al Hospital de Carabineros a fin de que complemente el informe emitido por la neuróloga infantil, en el sentido de que el detalle de los motivos por los que el niño no necesita seguir un tratamiento basado en medicamentos y en qué casos es recomendable que los menores sean sometidos a ese tipo de procedimientos farmacológicos.
Tercero: Que, ha de tenerse en consideración que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;
Cuarto: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto. En otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se tiene, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza. Enseguida, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, amagando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de un asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar.
Quinto: Que de los antecedentes, agregados en autos, se desprende que el Colegio San Pablo Apóstol de Buin, durante los años 2012 en adelante, fecha en que el niño nombre reservado fue matriculado en el colegio, ha mantenido una constante preocupación por su conducta, lo que se evidencia en las innumerables comunicaciones y citaciones para que los padres concurran al establecimiento a fin de mejorar la conducta del escolar y lograr que éste tenga un acercamiento con sus pares.
El colegio ha instado a sus padres para que le otorguen un tratamiento médico adecuado y ha adoptado todas la acciones que en el manual del colegio se describen y durante los dos años en que el niño ha estado en el establecimiento, han procurado su adaptación teniendo en especial consideración la escasa edad del niño y su gran capacidad intelectual.
Sexto: Que los antecedentes acompañados por la recurrente, no logran constituir elementos de convicción suficientes para concluir que en el caso sub lite exista un acto arbitrario e ilegal que conculque las garantías constitucionales a las que aluda en su presentación de fojas 1 y siguientes.
Séptimo: Que, en efecto, los documentos aportados por la institución educacional recurrida, permiten concluir, que las decisiones adoptadas, no han sido arbitrarias ni ilegales, todas ellas se han acordado en el marco del reglamento de Convivencia del Colegio y pese a los inconvenientes de disciplina que el niño ha tenido en el transcurso de sus años escolares, nunca se han tomado medidas drásticas que permitan deducir la exclusión de éste del colegio como elucubra el recurrente.
Octavo: Que al no haber cometido la “Escuela Particular San Pedro Apóstol de Buin”, acto alguno arbitrario o ilegal, forzoso es concluir el recurso de protección intentado a fojas 1 deberá ser desestimado.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, el recurso de Protección deducido a fojas 1 por nombre reservado, sin costas por haber tenido motivos plausibles para litigar.
Regístrese, comuníquese, notifíquese y en su oportunidad archívese.
Redactada por la Ministra Inés Martínez Henríquez- N°82-2014-Pro Pronunciada por las Ministras señora Inés Martínez Henríquez, señora Liliana Mera Muñoz y señora Adriana Sottovia Giménez.
En San Miguel, seis de mayo del año dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.