VIÑA UNDURRAGA S.A CONTRA SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO

En Santiago, a veintidós de enero de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que Andrés Felipe Escabini Sepúlveda, Abogado, en representación, de Viña Undurraga S.A., sociedad del giro de su denominación, rol único tributario 92.461.000-K, ambos domiciliados en domicilio reservado, dentro de plazo interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio Agrícola y Ganadero (en adelante, también como “SAG”), rol único tributario número 61.308.000-7, servicio público del Estado de Chile, representada legalmente por su director nacional, don Horacio Bórquez Conti, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, médico veterinario, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario contrario al derecho constitucional de propiedad, como también al derecho constitucional de desarrollar cualquier actividad económica de la recurrente que implica la exigencia intempestiva que el SAG ha impuesto a Viña Undurraga S.A. consistente en obligarla en forma abrupta a adquirir y colocar en sus predios ubicados en las comunas de Colchagua y Cauquenes, unos dispositivos denominados “confusores sexuales” que implican un costo estimado de $20.225.520.- (veinte millones doscientos veinticinco mil pesos) no presupuestados dentro de las actividades que Viña Undurraga debe realizar conforme el “plan operacional de trabajo” acordado con el SAG para la prevención y manejo de la plaga Lobesia Botrana. Solicita que la presente acción sea admitida a tramitación y, en su mérito, sea acogida en todas sus partes, con costas, de acuerdo con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que pasan a resumir:

En cuanto a los hechos señala que Viña Undurraga S.A. es una sociedad anónima cuyo giro principal es la producción y comercialización de vinos, siendo una de las viñas más antiguas de Chile, cuyos productos se exportan a los principales destinos a nivel mundial que consumen vino chileno y que atendido a que explota predios agrícolas propios desde los cuales obtiene parte de la uva que posteriormente procesa para obtener vino, está sujeta al control fitosanitario del SAG, el cual dentro de sus competencias se encuentra la prevención y control de las plagas existentes en el país que afecten o puedan afectar a las viñas, una de las cuales es la polilla de la vid, también conocida como Lobesia botrana, para la cual el SAG ha establecido un control obligatorio regulado por la Resolución Exenta N°5916 del 21 de octubre de 2016, la cual estipula que las medidas fitosanitarias que deben cumplir todos los huertos de la especia vid, entre los que se encuentran aquellos que explota Viña Undurraga, se efectuarán de acuerdo al denominado Plan Operacional de Trabajo (en adelante, “POT”) que debe ser aprobado por el SAG y registrarse ante dicho servicio público, siendo del caso que Viña Undurraga cuenta con un POT aprobado y registrado por el SAG, el cual permite programar la aplicación y el financiamiento de las medidas fitosanitarias exigidas por el SAG, las cuales son de alto costo para el obligado quién ve incrementado sus cargas públicas que, de por sí, son bastante altas, y agrega que el pasado jueves 29 de agosto de 2019, el Sub gerente agrícola de Viña Undurraga, señor nombre reservado, recibió un correo electrónico de doña nombre reservado, Ingeniero Agrónomo de la Unidad de Cuarentena del Programa Nacional Lobesia botrana del SAG, en el cual -en lo medular- señala lo siguiente, respecto al predio de Colchagua:

“(…) [I] nformo que por un excedente que se produjo de emisores su unidad productiva CSG 164273, se incluirá dentro del Sistema de Reparto compartido. Para lo cual se deben acercar a la oficina lo antes posible para modificar el Plan Operacional de Trabajo y retirar los emisores correspondientes al aporte del SAG.”, medida que a su entender indica que no obedece a un riesgo fitosanitario real ni a una plaga detectada ni a un programa de prevención ordenado, sino que es fruto de una falta de previsión de dicho servicio público quién quedó con un excedente de confusores sexuales a los cuales el SAG no tenía un destino que otorgar. Ante esto, decidió en forma arbitraria incluir predios de Viña Undurraga para utilizar dichos confusores en exceso, obligando al recurrente a adquirir al SAG tales elementos no presupuestados ni incluidos en el POT vigente, lo cual tiene un costo estimado de $20.225.520.- (veinte millones doscientos veinticinco mil quinientos veinte pesos) no presupuestados por su representada para este año 2019, lo cual produce un detrimento económico evidente que vulnera el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de nuestra Constitución Política como también el derecho a la libertad para desarrollar una actividad económica consagrado en el artículo 19 N°21 del mismo cuerpo normativo.

Agrega que la situación es aún más grave porque doña nombre reservado adjuntó el correo electrónico que envió al señor nombre reservado, un instructivo que se acompaña en el primer otrosí de esta presentación, el cual establece que todos los confusores sexuales debían estar instalados el 13 de septiembre de 2019, fecha en que el SAG fiscalizaría el cumplimiento de esta medida fue exigida y notificada por un correo electrónico y no por un acto administrativo dictado en conformidad a las disposiciones de la ley 19.880 y ante tal arbitrariedad e ilegalidad, Viña Undurraga solicitó formalmente al SAG no ser incluido en esta medida, lo cual fue rechazado por dicho servicio público. Por esa razón, y ante la amenaza de ser sancionados con multas, su representada se vio obligada a recibir los confusores sexuales y modificar el POT, lo cual es una medida coercitiva del SAG arbitraria e ilegal.

Luego en cuanto al derecho indica en primer lugar y como antecedente previo que la Resolución Exenta N°5916 del 21 de octubre de 2016 dictada por el SAG, en el punto 3 de su parte resolutivo, establece que “todos los huertos de la especie vid, o de otras especies reglamentadas, ubicados dentro del área reglamentada, estarán sujetos a las medidas fitosanitarias antes señaladas, específicamente de acuerdo a lo establecido en el Plan Operacional de Trabajo aprobado por el SAG (…)” y el punto 7 de dicha resolución establece en su letra b) que se faculta a los Directores Regionales del SAG para “en caso de detecciones de la plaga en otra u otras especies distintas a la o las establecidas en la Resolución Regional, señalada precedentemente, facúltase a los Directores Regionales del SAG para que dicten resoluciones complementarias, incluyéndolas y estableciendo las medidas fitosanitarias y acciones de control de la plaga que deberán cumplir los propietarios de los predios en el área reglamentada”. Y a su vez, la letra c) los faculta para “Notificar a los propietarios, arrendatarios o tenedores de los predios afectados, las medidas fitosanitarias que regula la presente resolución, o las que se dicten de acuerdo a ésta, su forma de implementación, los plazos para su cumplimiento y el medio por el cual el afectado comunicará el cumplimiento de dichas medidas o cualquier otra información que sea relevante y que determine el Servicio.” Y que la clave es la letra m) del punto 11 de la antedicha resolución, el cual mandata que “La supervisión y fiscalización de cualquiera de las medidas determinadas por el SAG serán efectuadas por este, estando expresamente prohibida la ejecución de estas medidas de un modo distinto a lo establecido por el SAG o conforme quede establecido en el Plan Operacional de Trabajo aprobado por el Servicio y que de las disposiciones recién transcritas señala, que queda claro de forma inequívoca varios puntos: (i) que el marco normativo vigente exige que las medidas que eventualmente imponga el SAG estén dentro de la órbita y de las materias reguladas del POT vigente; (ii) que el SAG puede dictar resoluciones complementarias para ordenar nuevas medidas, y que la ejecución de tales medidas se debe enmarcar dentro del POT y; (iii) El SAG, como cualquier organismo público con la facultar de dictar actos administrativos, debe cumplir con las ritualidades establecidas en la Ley N°19.880 al efecto establecido. El procedimiento señalado otorga certeza jurídica a las partes, evitando justamente imposiciones como la denunciada mediante la presente acción constitucional.

Por lo que en base a lo expuesto agrega, y considerando que, como se señaló, la medida fue adoptada de forma unilateral por el SAG, sin la dictación de acto administrativo alguno, y sin justificación en un riesgo fitosanitario real ni en una plaga detectada ni en un programa de prevención ordenado, enviándose por parte de este organismo nada más que un correo electrónico y una llamada para adoptar la medida a la recurrente, lo que dista mucho del procedimiento normado recién referido, queda al descubierto la arbitrariedad e ilegalidad en el actuar de dicho organismo.

Luego señala que las Garantías constitucionales vulneradas son el derecho de propiedad o dominio y; el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.

En cuanto al derecho de propiedad señala que el actuar arbitrario e ilegal del SAG, infringe y vulnera en forma evidente la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°24, de la Constitución Política de la República, ya que si bien el SAG tiene la facultad para tomar medidas para el control de la plaga de Lobesia botrana, ésta es restringida, y se debe enmarcar dentro del POT vigente según la Resolución Exenta citada en el punto A) anterior, y de no ser así, para modificar dicho POT, la recurrida debió al menos dictar un acto administrativo específico que así lo ordenara y notificar este de manera legal a mi representada, lo que como ya ha señalado no ocurrió, por lo que la violación a la garantía constitucional antes señalada, ocurre desde el momento en que se está estableciendo una situación carente de fundamento, que obliga a su representada a disponer de su patrimonio, alterando las condiciones del POT vigente de forma unilateral, sin haber estado la medida arbitraria e ilegalmente impuesta, dotada de las formalidades que el ordenamiento jurídico exige para dicha imposición, todo lo cual tiene una obvia influencia lesiva en el patrimonio de la recurrente, obligándolo a comprar los confusores sexuales, máxime si Viña Undurraga ha cumplido con las exigencias que el propio SAG ha establecido para el control planificado de esta plaga.

Agrega que esta materia está regulada por normas de orden público y en consecuencia, Viña Undurraga S.A. tiene derecho a que las cargas que se le imponen, gozando del derecho de propiedad sobre su patrimonio, y en virtud de dichas normas se determinen en base a un acto administrativo específico y dictado a tal efecto, y no en base a un correo electrónico y una llamada en virtud de la cual se le obligue a soportar una carga sin fundamento fáctico ni jurídico, agregando que esto ha sido reconocido por la jurisprudencia citando algunos fallos de esta Corte y de otra.

En cuanto al derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, señala que la imposición unilateral de obligar a la recurrente a comprar dichos dispositivos, vulnera la garantía consagrada en el artículo 19 N°21 de la Constitución Política de la República, la cual asegura a todas las personas el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, esto es, al inmiscuirse y obligar espuriamente a la recurrente al disponer de su patrimonio, amenace el derecho de su representada de ejercer su actividad comercial, toda vez que impone un costo que jurídicamente no está obligada a tolerar su representada, por un valor estimado de $20.225.520.-, para seguir ejerciendo su actividad, bajo la amenaza de multas, como se señaló, teniendo que tolerar dicho gasto, impuesto como se señaló, sin fundamento alguno y fuera de los procedimientos normados por el propio organismo recurrido, respecto a dicha actuación, generándole esta decisión, conjunto con la amenaza de multas un grave perjuicio económico y una importante limitación al libre desarrollo de su actividad económica.

Por lo que en definitiva solicita previo informe de la recurrida, se acoja se reestablezca el imperio del derecho en forma pronta y eficaz ordenando al SAG lo siguiente:

1) Restituir el Plan Operacional de Trabajo celebrado con Viña Undurraga S.A. al estado anterior a la modificación suscrita con ocasión de la adquisición de los confusores sexuales explicados en el cuerpo de este escrito, al cual la recurrente tuvo que acceder para evitar la aplicación de multas administrativas, y;

2) Ordenar al SAG dentro del plazo de 5 días hábiles, o dentro del plazo que SS. Iltma. estime pertinente, que retire los confusores sexuales entregados a Viña Undurraga en sus predios ubicados en Cauquenes y Colchagua, de manera que la recurrente no tenga que instalar los mismos ni pagar el costo asociado a esta gestión.

SEGUNDO: Que el abogado Pierre Emile Soulé Brard, por la recurrida, Servicio Agrícola y Ganadero, evacuó informe al tenor del recurso, señalando en primer término que su representada no ha ejecutado actuación ni ha incurrido en omisión alguna, que puedan ser consideradas arbitrarias o ilegales, en contra de la recurrente, que le haya hecho sufrir privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en nuestra Carta fundamental, específicamente en los artículos N°s 21 y 24, respecto del derecho a desarrollar cualquier actividad económica y al de propiedad.

Lo anterior señala, debido en primer lugar, el acto que consistiría en obligarla en forma abrupta a adquirir y colocar en sus predios ubicados en las comunas de Colchagua y Cauquenes, unos dispositivos denominados “confusores sexuales” por un costo de $20.225-520.-, no presupuestados dentro de las actividades que la Viña Undurraga debe realizar conforme al “plan operacional de trabajo” acordado con el SAG para la prevención y manejo de la plaga Lobesia Botrana.

Al respecto hace presente antes que nada que el SAG conforme a su ley orgánica 18.755, es un servicio público descentralizado que se rigen por normas de orden público, y en relación a la polilla de la vid o lobesia botrana, señala que esta ataca a los viñedos alimentándose de los racimos produciendo su pudrición y deshidratación y al respecto el Decreto Ley 3557 de 1980, en su artículo 4° señala que mediante resolución exenta el SAG, determinara periódicamente la nómina de plagas que estarán afectas a control obligatorio y asimismo indica que comprobada la existencia de una plaga, el Servicio podrá dictar una resolución fundada que declare su control obligatorio.

Agrega que respecto a la plaga lobesia botrana en específico el SAG la declaró de control obligatorio mediante Resolución Exenta N° 5916 del 2016, modificada por las Resoluciones Exentas N° 3213 del 25 de mayo de 2017 y 6810 de 19 de agosto de 2019, del Director Nacional, la cual señala que todos los huertos de dicha especie, ubicadas dentro del área reglamentada, estarán sujetos a las medidas fitosanitarias dispuestas para el control de plagas, específicamente a lo señalado en el Plan Operacional de Trabajo (POT), el cual tendrá el programa de control para dicha plaga.

Expresa que el Programa Nacional de Lobesia botrana (PNLb) del SAG comenzó el año 2008, definiendo dos formas de control, el cual es obligatorio y financiado por los productores según el Decreto Ley N°3557 de 1980, conforme lo indica su artículo 7°, siendo la primera forma de control, la aplicación de insecticidas y la otra, el uso de la técnica de confusión sexual mediante la instalación de emisores de campo, siendo esta ultima la que ha tenido mejores resultados, conforme a lo cual el Ministerio de Agricultura, ha desembolsado importantes montos para la compra de emisores y la entrega, ya sea gratuita o sistema de reparto compartido a los productores ubicados en el área de control, esfuerzo que va en directo beneficio de estos ya que la plaga les genera importantes pérdidas explicando la forma como se realiza.

Agrega que la asignación de confusores para los productores de menos de 4 hectáreas es 100% cubierta por el SAG y los de más de 4 hectáreas van a un sistema de reparto, en virtud del cual se les asigna para cubrir un 40% de la superficie, si la producción es para vino o un 30% si es para fruta.

Indica que al término de cada temporada los productores pueden arrancar total o parcialmente la superficie predial por diversas razones, y que causa que el listado inicial de hectáreas varíe y se produzcan saldos de confusores que no se van a utilizar lo que trae como consecuencia que se puedan beneficiar más productores, disminución que se produjo esta temporada, asignándose estos confusores de acuerdo al procedimiento que indica, asignando a nivel nacional a 6.359 de un total 9.827, siendo uno de los beneficiarios el predio de la recurrente.

A continuación señala la forma como opera el sistema, en el cual interviene el denominado Plan Operacional de Trabajo (POT), que consiste en un documento elaborado por los productores afectados por la plaga, que contiene el programa de control para la Lobesia botrana, y en el cual se indica entre otros, un catastro de las especies, y variedades presentes en el huerto o predio correspondiente, el destino final de la producción, entre otros, el cual debe ser revisado por el servicio, y si cumple con los requisitos el Director Regional dicta la resolución al efecto, agrega que el POT de la recurrente, se firmó el 13 de septiembre de 2019. Según el acta de inspección N° 229302, en virtud del cual, el SAG le informó que su método de control de la presente temporada corresponderá a emisores de confusión sexual, bajo el sistema de reparto compartido, de acuerdo a lo señalado en la estrategia 2019 -2020 del Plan Nacional de Lobesia botrana (PNLb) aprobada por Resolución Exenta N° 6338, del 19 de agosto de 2019, las acciones de control de la plaga deben ser realizadas en los predios que indica, y a asimismo el SAG podrá establecer medidas de control adicionales a las definidas en este documento, dependiendo de las necesidades y antecedentes de riesgo que se presenten durante la temporada en los predios y explicando la forma y criterios de aplicación del sistema de control de la plaga en referencia.

Agrega luego que la asignación a predios de superficie igual o superior a 4 hectáreas, como la recurrente, será bajo la modalidad del sistema de reparto compartido, y los productores de acuerdo al porcentaje de asignación que corresponda, deberán adquirir a costo propio y de manera obligatoria la diferencia de emisores para completar loa totalidad de la superficie bajo control, y esta señala que respecto de los hechos que se funda el presente recurso, que mediante correo electrónico de 29 de agosto de 2019, del SAG, se le notificó lo ya señalado en el recurso, y al respecto expresa, que el servicio durante la temporada 2019-2020, definió la asignación de emisores de confusión sexual, de acuerdo a los siguientes criterios:

1.- Los predios que recibieron emisores la temporada 2018-2019, por parte del SAG, fueron considerados nuevamente para la entrega en la temporada 2019.2020, considerando las superficies declaradas en los Planes Operacionales de Trabajo (POT) entregados por cada productor.

2.- Considerando que gran parte de las capturas de la temporada 2018-2019, provienen de predios menores de 4 hectáreas, el SAG les asignara emisores.

3.- En el caso que aún exista disponibilidad de emisores, se incluirán los predios con mayores niveles de captura, según se indica, considerando las superficies declaradas en los Planes Operacionales de Trabajo (POT) del PNLb, entregada por cada productor y que se encuentran dentro de los radios de control obligatorio.

4.- Frente a la disponibilidad producto de la disminución de superficie de los predios seleccionados inicialmente por SAG, estos podrán ser reasignados a aquellos predios que resulten positivos durante la temporada y/o utilizarlos en función de las necesidades.

Luego indica, que de acuerdo a dichos criterios, en el caso específico de Viña Undurraga, esta se enmarca en el número 3, ya que habiendo realizado la asignación de emisores a los predios denominados de “mantención”, referido a aquellas unidades productivas que habían utilizado la técnica durante la temporada 2018-2019, y considerando el delta de emisores aun disponibles, se listaron los predios, en orden de mayor a menor índice de CTD (captura/trampa/día), para hacer una categorización de acuerdo al riego fitosanitario y la prevalencia de la plaga, de acuerdo a un criterio eminentemente técnico, y no antojadizo como señala el recurrente, y asimismo destaca, que la existencia de reasignaciones de emisores, posteriores a las listas publicadas al inicio de la temporada, es una situación de frecuente ocurrencia, ya que al inicio del proceso la información es referencial, debido a que se utiliza la información de superficies al cierre de la temporada anterior, y recién con la firma del Plan Operacional los productores declaran las superficies exactas afectas a control.

Continua señalando, con respecto a la fecha tope de instalación de los confusores sexuales, efectivamente era el 13 de septiembre de 2019, sin embargo este plazo no les es aplicable, sino que fueron flexibilizados por tratarse de predios que ingresaron vía de reasignación.

Luego señala, que con respecto al Plan Operacional de Trabajo, cabe destacar que se firmó el día de 13 de septiembre de 2019, según acta de inspección folio N°229302, y en el cual se le informa a Viña Undurraga que su método de control corresponderá a emisores de confusión sexual bajo el sistema de reparto compartido y continua señalando en detalle los criterios técnicos empleados para la asignación de confusores.

Por último señala que se hizo entrega de emisores a Viña Undurraga, de acuerdo a su condición fitosanitaria y siguiendo los lineamientos de entrega mencionados en la estrategia PNLb 2019-2020, siendo varios los productores al igual que la recurrente, que ingresaron al sistema de reparto de confusores, por lo cual carecen de arbitrariedad los hechos denunciados en el presente recurso, toda vez que dicha determinación tiene una razón de índole netamente técnica, que va en directo beneficio de los productores agrícolas.

Termina señalando respecto de los derechos constitucionales presuntamente afectados, relativos a la libertad económica y al derecho de propiedad (artículo 19 N°21 y 24 de la Constitución Política, no existe tal y que no existe discriminación arbitraria del SAG, no existiendo ilegalidad o arbitrariedad, sino que se trata de medidas que benefician a los propios productores, y que en consecuencia las medidas adoptadas, no obedecen a capricho ni son carentes de razón, sino tienen un carácter netamente técnico como se ha expresado.

TERCERO: Que el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política, es una acción cautelar extraordinaria, prevista para resguardar urgentemente ciertos derechos y garantías esenciales, enumerados en el mismo precepto, que son afectados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que importen perturbación, privación o amenaza en su ejercicio legítimo.

CUARTO: Que, atendida la naturaleza y finalidad del recurso, para que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección del afectado, es necesario que quien lo invoca acredite la existencia de un derecho o garantía que le asista, que se encuentre debidamente determinado y que corresponda a alguno de los referidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Como también es esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan, se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que un acto es arbitrario cuando no existe la razón que lo fundamente y está íntimamente relacionado al ejercicio las potestades discrecionales. En este sentido, la arbitrariedad es la voluntad no gobernada por la razón sino por un impulso instintivo o por una idea o propósito sin motivación aparente, fuera de las reglas ordinarias o comunes. Para que exista arbitrariedad debe haber, entonces, carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin o finalidad a alcanzar, ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener o aún, inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar, o se trate de una actuación carente de fundamentación, guiada por el instinto o el antojo, sin motivación racional. En cuanto a la ilegalidad del acto, esta comprobación debe hacerse en relación a los procedimientos y requisitos que se le exigen a la administración para la dictación del correspondiente acto administrativo.

SEXTO: Que hechas estas precisiones corresponde entonces analizar si en el caso de marras concurren o no las situaciones que reclama el recurrente.

En este aspecto, lo que se cuestiona en concreto es la exigencia intempestiva que el SAG ha impuesto a Viña Undurraga S.A. consistente en obligarla en forma abrupta a adquirir y colocar en sus predios ubicados en las comunas de Colchagua y Cauquenes, unos dispositivos denominados “confusores sexuales” que implican un costo estimado de $20.225.520.- (veinte millones doscientos veinticinco mil pesos) no presupuestados dentro de las actividades que Viña Undurraga debe realizar conforme el “plan operacional de trabajo” acordado con el SAG para la prevención y manejo de la plaga Lobesia Botrana, lo que le fue comunicado por un correo electrónico y no por un acto administrativo y ante la solicitud de la recurrente de no ser incluida y ante la amenaza de ser sancionada con multas, se vio obligada a recibir los confusores sexuales y modificar el POT, lo cual es una medida coercitiva, arbitraria e ilegal.

SEPTIMO: Que, en primer lugar cabe precisar que no todas las actuaciones de la administración estatal o de sus servicios son de carácter formal y por ende que se manifiesten en decretos supremos o resoluciones, u otro tipo de actuaciones según indica la Ley 19.880 sobre Base de los Procedimientos Administrativos, y en la especie se trata de un correo electrónico, que imparte instrucciones sobre un determinado proceder, que no por eso deja de ser un acto propio de la gestión estatal en el cumplimiento de su deber fiscalización y en consecuencia plenamente valido en lo formal.

OCTAVO: Que dilucidado lo anterior, cabe establecer si dicha actuación resulta arbitraria o ilegal, afectando el derecho de propiedad y al derecho a desarrollar la actividad económica de la recurrente, contempladas en el artículo 19 N°21 y 24 de la Carta fundamental, y para ello debemos en precisar el marco normativo que rige las actuaciones de la recurrida, que se amparan en su ley orgánica 18.755, que establece que el Servicio Agrícola y Ganadero, se trata de un servicio público, descentralizado sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Agricultura, cuyo objeto entre otros es contribuir al desarrollo agropecuario del país.

A su vez, en materia de protección agrícola se rige por el Decreto Ley 3557 de 1980, cuerpo normativo que aborda la cuestión sometida al conocimiento de esta magistratura superior, en específico lo dispuesto en los artículos 4° y 7° del mismo, que indican que el Servicio Agrícola y Ganadero, determinara periódicamente por resolución exenta, la nómina de plagas que estarán afectas a control obligatorio y que corresponde a los titulares de los predios ubicados en las zonas afectadas, poner en práctica las medidas sanitarias que se indique, con sus propios elementos.

NOVENO: Que, en concordancia con lo anterior, resulta un hecho no discutido que el SAG mediante resolución exenta N° 5.916 de 2016 del Director Nacional, modificada por las Resoluciones Exentas N° 3.213 de 25 de mayo de 2017 y 6.810 de 19 de agosto de 2019, según indica la recurrida, declaró sujeta a control fitosanitaria la plaga de Lobesia botrana en los huertos de la especie vid, entre otras, ubicadas en el área reglamentada, dentro de la cual se encuentran los predios de la recurrente, de acuerdo a lo señalado en el Plan Nacional de Operacional de Trabajo (POT) y en Programa Nacional de Lobesia botrana (PNLb).

DECIMO:

Que la recurrida al informar el presente recurso ha detallado en extenso la existencia de un Programa Nacional de Lobesia botrana (PNLb) que comienza su implementación el año 2008, aprobado el vigente conforme a estrategia del periodo 2019-2020 por Resolución Exenta N°6338 de 19 de agosto de 2019, que establece dos formas de control fitosanitario, el cual conforme a la normativa antes señalada, es obligatorio y debe ser financiado por los productores, una mediante el uso de insecticidas y la otra mediante la técnica de la confusión sexual, que no obstante la carga establecida, derivó en la adquisición por parte del Estado, de emisores, que son entregados de manera gratuita o mediante el sistema de reparto compartido, en porcentajes según la cantidad de predios afectos a dicho control, según expresó en detalle, explicando además que al término de cada temporada se producen ajustes por distinta razones en cuanto a la cantidad de hectáreas proyectadas y en específico en la presente se evidencio una disminución de las mismas, lo que generó un saldo de emisores de confusión sexual, utilizando para su asignación criterios eminentemente técnicos.

UNDECIMO: Que precisado lo anterior, queda de manifiesto que la recurrida Servicio Agrícola y Ganadero, ha actuado dentro de la esfera de sus facultades propias establecidas en su ley orgánica y en específico en el DL 3557 de 1980, no verificándose ningún acto arbitrario o sujeto a su mero capricho o carente de razón, o de carácter ilegal, ya que esta ha explicado en extenso la forma de su proceder amparado en claros criterios de actuación de carácter técnico establecidos en las resoluciones exentas arriba mencionadas y especialmente el denominado Programa Nacional Nacional de Lobesia botrana (PNLb) y el respectivo Plan Operacional de Trabajo suscrito con la recurrida, lo que permite concluir el tantas veces mencionado correo electrónico de 29 de agosto de 2019 emitido por la Unidad de Cuarentena, constituye una actuación administrativa de carácter informal como arriba se ha señalado, plenamente valida, ni tampoco el instructivo que se adjuntó al mismo, que estable una fecha de instalación y anuncio de fiscalización, la que tampoco puede indicarse que constituye un acto de coerción como sostiene la recurrente, sino más bien una actuación dentro de las facultades propias del ente recurrido.

DUODECIMO: Que en consecuencia el actuar de la recurrida se encuentra amparado por la normativa legal ya referida en especial dentro de las facultades establecidas en el Decreto Ley 3557 de 1980, que establece normas de cumplimiento obligatorio para los titulares de predios ubicados en zonas afectadas como se mencionado, habiéndose establecido además por las resoluciones exentas indicadas en la motivación novena precedente, el control obligatoria de la plaga de la especie Lobesia botrana, a cuyas normas la recurrida se encuentra obligada a implementar y financiar.

DECIMO TERCERO: Que en consecuencia, al no constatarse ningún proceder ilegal o arbitrario por parte de la recurrida Servicio Agrícola y Ganadero, quien actuó en forma ajustada a derecho dentro del ámbito de sus facultades propias en el ámbito de sus competencias, la presente acción no podrá prosperar.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe agregar que tampoco se visualiza una afectación al derecho de propiedad toda vez que importe monetario en el cual debe incurrir la recurrente, constituye una carga legal a la que se encuentra obligado y por otra parte tampoco existe una vulneración al derecho a desarrollar una actividad económica toda vez que su actividad empresarial no se ha visto amagada o conculcada.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por el abogado Andrés Felipe Escabini Sepúlveda, en representación de Viña Undurraga S.A.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 8109-2019 – PROT.

Redacción Ministro (s) Sr. Varas.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los ministros señor Carlos Farías Pino, señora Claudia Lazen Manzur y el ministro suplente señor Leonardo Varas Herrera. No firma la ministro señora Lazen, no obstante que concurrió a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con permiso de conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.