Protección contra Municipalidad de Buin y de su alcalde y representante legal

En nombre reservado, a treinta y uno de mayo dos mil diecisiete.

Vistos:

A fojas 1, con fecha ha deducido recurso de protección don nombre reservado, ingeniero en medio ambiente, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, nombre reservado, Champa, comuna de Paine, en contra de la Municipalidad de Buin y de su alcalde y representante legal, don Miguel Araya Lobos, ambos domiciliados en domicilio reservado, en relación a la dictación del Decreto Alcaldicio N°3718, de 28 de diciembre de 2016, que invalidó totalmente la convocatoria a concurso público de antecedentes para proveer en calidad de titular cargos de la Planta de la Municipalidad de Buin realizada mediante el Decreto Alcaldicio N°2.998, de fecha 27 de octubre de 2016 e invalidó los nombramientos realizados mediante el Decreto Alcaldicio N°3.290, de 24 de noviembre de 2016, de la misma Municipalidad, acto que considera ilegal y arbitrario, pues lo priva del legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 N°s 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que, tras haber concluido el llamado a concurso, la Municipalidad de Buin dictó el decreto N°3.290 que nombró a los nuevos funcionarios en la planta municipal, entre ellos en el cargo de “jefatura grado 11”, se le nombró a él, cargos que fueron aceptados por los postulantes seleccionados, quienes el 28 de noviembre de 2016 ingresaron a desempeñar sus funciones en la entidad edilicia recurrida.

A raíz de lo anterior, argumenta que ambos decretos anulados comenzaron a producir efectos jurídicos antes del inicio del proceso de invalidación, más aun, considerando que a todos los postulantes seleccionados se les pagó la remuneración correspondiente al mes de diciembre de 2016.

Señala que el 5 de diciembre de 2016, se dictó el Decreto Alcaldicio N°3.553 que inició el proceso de invalidación del procedimiento administrativo fundado en: a) la existencia de un vicio formal contenido en el Formulario N°3 de las bases del concurso, “declaración jurada para optar a cargos municipales; b) la falta de publicación en un diario de circulación nacional de las modificaciones a las bases del concurso; c) la inexistencia del reglamento de concurso establecido en el artículo 15 de la Ley 18.883; d) que las bases de dicho concurso no respondían a un procedimiento objetivo y técnico; e) que el comité de preparación y realización del concurso no fue integrado en forma legal; f) que hubo falta de notificación personal o por carta certificada de la resolución del Alcalde de seleccionar a una de las personas propuestas por el comité de selección para cada uno de los cargos; g) que hubo falta de aceptación del cargo; y h) que no se presentaron de la forma que exige la ley los documentos probatorios de los requisitos de ingreso.

Con posterioridad, se dictó el decreto N°3718, suscrito por el alcalde recurrido, Miguel Araya Lobos, respecto del cual recurre, que invalidó totalmente la convocatoria a concurso público y los nombramientos realizados mediante el Decreto N°3290 y puntualiza que dicho decreto señaló como fundamentos a su resolución los Decretos Alcaldicios N°s 2998, 3084, 3290 y 3553, más el memorandun N°117 de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad, que informa acerca de la invalidación, a cuyo respecto el Decreto recurrido no se pronuncia en relación a los supuestos vicios falta de publicación en un diario de circulación nacional de las modificaciones a las bases del concurso; la falta de notificación personal o por carta certificada de la resolución del Alcalde de seleccionar a una de las personas propuestas por el comité de selección para cada uno de los cargos; y la falta de aceptación del cargo, los cuales, estima, fueron desestimados por la autoridad edilicia.

Argumenta, en síntesis, que el acto es ilegal porque en su dictación se tuvo en consideración sólo lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley N°19.880, sin considerar los artículos 13 inciso segundo y 61 del mismo cuerpo legal ya que la facultad invalidatoria de la Administración del estado tiene límites, pues de ellos se desprende que para proceder a la invalidación de los actos administrativos es requisito que en su dictación de haya incurrido en un vicio de procedimiento o de forma esencial para su validez y que genere perjuicio a un tercero perjudicado o dañado.

Asimismo, sostiene que el acto infringe el artículo 23 del Código Civil y en especial los artículos 11 y 12 de la ley 19.980, ya que el alcalde, Miguel Araya Lobos, no actuó de manera imparcial y no se abstuvo de participar en la dictación del decreto a pesar de tener un interés personal por haber manifestado previamente su parecer en un recurso de protección que dedujo ante esta Corte previo a asumir el cargo de edil.

Por otra parte, señala que el acto es arbitrario ya que obedece única y exclusivamente a la voluntad del alcalde de querer dejar sin efecto la convocatoria a concurso y los nombramientos efectuados, ya que en su opinión le correspondía hacerlo a él y no al alcalde que iba a salir del cargo, agregando que también la arbitrariedad se ve reflejada al no considerar diversos dictámenes de la Contraloría General de la República.

Ahora bien, en cuanto a las garantías constitucionales invocadas señala que la actuación que ha dado origen a la presentación del recurso implica una vulneración a los derechos de igualdad ante la ley; libertad de trabajo y su protección; y, propiedad, consagrados en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política del República, respectivamente.

En cuanto a la igualdad ante la ley argumenta que el actuar de la Municipalidad de Buin y de su alcalde da cuenta de una intención maliciosa de producir hostilidad a un grupo determinado de personas -lo que se desprende de las afirmaciones vertidas por el acalde Miguel Araya Lobos en el recurso de protección presentado ante esta Corte el 11 de noviembre de 2016-; también, considera que este derecho se vulnera pues los funcionarios públicos de las distintas reparticiones públicas que se encuentren en su misma situación, con la correcta aplicación de las disposiciones legales y criterios de la Contraloría General de la República, van a ser tratados de manera diferente porque en la especie no concurren los requisitos que permitan invalidar el concurso público. Por último, esgrime que esta garantía se vulnera, ya que, algunos de los postulantes seleccionados para desempeñar cargos de planta en el concurso invalidado por la municipalidad de Buin y su alcalde, han continuado prestando servicios con posterioridad a la notificación del decreto invalidatorio, particularmente en calidad de contrata a partir del 1 de enero del presente año.

En cuanto a la vulneración de su derecho a la protección de la libertad de trabajo, arguye que se funda en que se le ha privado del legítimo ejercicio de la función pública para la cual fue nombrado y no se ha respetado su derecho a la carrera funcionaria y a la estabilidad del empleo.

Luego, respecto al derecho de propiedad sobre el cargo o empleo, estima que al haber sido nombrado en un cargo público y haber aceptado dicho cargo, se afecta su derecho, lo que consecuencialmente vulnera el derecho de propiedad respecto del derecho a la carrera funcionaria y a la estabilidad del empleo ya que accedió mediante concurso por reunir los requisitos que la ley y las bases exigían, accediendo al cargo de buena fe.

Solicitó se acoja el recurso de protección declarando:

a) Que ha existido amenaza, perturbación y por sobre todo privación del legítimo ejercicio de mis derechos consagrados en el artículo 19 Nº 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República por medio del acto ilegal y arbitrario que ha dado origen al presente recurso;

b) Que se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio Nº 3.718, de 28 de diciembre de 2016, de la Municipalidad de Buin;

c) Que debe mantenerse el recurrente en el cargo y grado para el cual fue nombrado por medio del Decreto Alcaldicio Nº 3.290, de 24 de noviembre de 2016;

d) Que se debe proceder al pago íntegro de su remuneración mensual desde su separación del cargo hasta su reincorporación al mismo; y, e) Que se condene en costas a los recurridos.

Acompañó como documentos fundantes de su acción los decretos Alcaldicios N°s2998, 3290, 3553 y 3718 y la copia del recurso de Protección N°4023-16 interpuesto por el recurrido en esta acción.

A fojas 33 consta recurso de protección 85-2017 de esta Corte presentado con fecha 10 de enero de 2017, acumulado a estos antecedentes, don nombre reservado, profesor de educación física, domiciliado en domicilio reservado;

A fojas 64 se acumuló el recurso de protección N°96-2017 de esta Corte, deducido por don nombre reservado, periodista, domiciliado en domicilio reservado;

A fojas 95 consta recurso de protección 97-2017 de esta Corte acumulado a estos antecedentes, interpuesto por don nombre reservado, empleado municipal, domiciliado en domicilio reservado;

A fojas 126 se agregó acción de protección 122-2017 de esta Corte acumulada a estos antecedentes, seguida por don nombre reservado, profesor de educación física, domiciliado en domicilio reservado;

A fojas 158 se encuentra el recurso de protección 129-2017 de esta Corte acumulado a estos antecedentes, deducido por don nombre reservado, arquitecto, domiciliado en domicilio reservado;

A fojas 190, rola está agregado recurso de protección ingreso Corte N°149-2017, acumulado a estos antecedentes, de don nombre reservado, administrativo, domiciliado en domicilio reservado;

A fojas 264, se encuentra incorporado recurso de protección 261-2017 de esta Corte acumulado a la presente causa e interpuesto por don nombre reservado, auxiliar, domiciliado en domicilio reservado;

Y que a fojas 358 se agregó recurso de protección 409-2017 de esta Corte acumulado a estos antecedentes, deducido por don nombre reservado, auxiliar, domiciliado en domicilio reservado

En todos los recursos acumulados los actores deducen la acción de protección en contra de los mismos recurridos, Municipalidad de Buin y su alcalde y representante legal don Miguel Araya Lobos, por estimar que la dictación del Decreto Alcaldicio N°3718, de 28 de diciembre de 2016, que invalidó totalmente la convocatoria a concurso público de antecedentes para proveer en calidad de titular cargos de la Planta de la Municipalidad de Buin realizada mediante el Decreto Alcaldicio N°2.998, de fecha 27 de octubre de 2016 e invalidó los nombramientos realizados mediante el Decreto Alcaldicio N°3.290, de 24 de noviembre de 2016, de la misma Municipalidad, acto que consideran ilegal y arbitrario, los priva del legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19 N°s 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, en base a idénticos argumentos sostenidos en la acción impetrada a fojas 1 y resumidos precedentemente en la exposición del primero de los recursos y con exactas peticiones concretas, además de acompañar como documentos fundantes copias de los mismo decretos y recurso de protección deducido por el alcalde Miguel Araya Lobos, que se acompañaron al primer libelo.

A fojas 392 informa el tenor del recurso doña María Soledad Toyos Jofré, abogada, en representación de ambos recurridos, Municipalidad de Buin y alcalde de la misma, don Miguel Araya Lobos, quien en primer término alegó la improcedencia del recurso de protección arguyendo que la acción constitucional de protección no es la vía idónea para impugnar la invalidación de un acto administrativo, fundamentando su alegación en la sentencia de la Excma Corte Suprema, dictada en los autos N°7710-2015, cuyo considerando tercero transcribe.

Luego, sostiene que no existió por parte de sus representados una actuación u omisión ilegal ni arbitraria pues la Municipalidad de Buin, al constatar la existencia de irregularidades en el concurso público de antecedentes para proveer en calidad de titular los cargos de la planta de la Municipalidad convocado, se encontraba en el deber de dejar sin efecto los actos administrativos contrarios a derecho, para reestablecer el orden jurídico quebrantado, en resguardo del principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, 2 de la Ley N°18.575 y en ejercicio de la potestad invalidatoria reconocida en el artículo 53 de la Ley N°19.880.

Explica, que se inició el procedimiento de invalidación por Decreto N°3.553 de 5 de diciembre de 2016, en base a los siguientes fundamentos: a) que por Decreto Alcaldicio N°2.998 se dispuso llamar a concurso público de antecedentes para proveer las vacantes de la planta municipal aprobando las bases generales del concurso, los requisitos que debían cumplir los postulantes, los documentos a presentar, el procedimiento concursal y la designación del comité seleccionador estableciendo que correspondía a las tres más altas jerarquías de la Municipalidad fijando un orden y un comité de reemplazo; b) que de acuerdo al Formulario N°3 correspondiente a la declaración jurada para optar a cargos municipales decía que se declaraba bajo juramento “no estar habilitado para el ejercicio de funciones y cargos públicos ni hallarse condenado por crimen o simple delito”; c) que el llamado a concurso fue publicado en el diario que indica señalando el cargo a proveer, los requisitos para lo cual se exige lo señalado en el artículo 12 de la Ley 19.280, -artículo que a la fecha se encontraba derogado- y los del Estatuto administrativo y cronograma; d) que las bases del concurso fueron modificadas por el decreto N°3.084; e) que dichas modificaciones no fueron publicadas en un diario de circulación nacional; f) que de acuerdo a certificación efectuada por la encargada de Recursos Humanos de la Municipalidad a la fecha no existía Reglamento de concursos, como lo ordena el artículo 15 de la Ley N°18.883, medio por el cual se asegura la igualdad entre los oponentes y permite una evaluación técnica y objetiva de los antecedentes, omisión que por sí sola acarrea la nulidad total de la convocatoria a concurso; g) que por ello las bases del concurso no respondieron a un procedimiento objetivo y técnico, pues, si bien, para su resolución se consideraron los factores mínimos que exige la ley, su apreciación no puede ser calificada como objetiva y técnica; h) que el comité de preparación y realización del concurso no fue integrado en forma legal, artículo 19 de la Ley 18.883, ya que los miembros no eran las primeras antigüedades y porque la ley no contempla comité de reemplazo, sino que había que aplicar las normas de subrogación o suplencia, lo que no ocurrió con el miembro del comité señor nombre reservado quien servía un cargo a contrata; i) que el artículo 20 de la Ley 18.883 establece que el alcalde seleccionará a una de las personas propuestas y la notificará personalmente o por carta certificada la que deberá expresar que acepta el cargo y presentar, de la forma que exige la ley los documentos probatorios de los requisitos de ingreso en el plazo que se le indique y en este caso, no aparece notificada la selección a todos los seleccionados, como tampoco su aceptación ni que hayan acompañados los documentos referidos, respecto de los cuales tampoco se fijó plazo de entrega.

Continúa expresando, que de acuerdo al artículo 53 de la Ley 19.980 la autoridad administrativa puede invalidar total o parcialmente los actos contrarios a derecho, dictados antes de los dos años de su notificación, previa audiencia del interesado, y que el acto invalidatorio será impugnable ante los Tribunales de Justicia en procedimiento breve y sumario.

Además, arguye la inexistencia de vulneración a las garantías fundamentales de los recurrentes. Así, respecto de la igualdad ante la ley refiere que de la sola lectura del decreto que invalidó totalmente la convocatoria a concurso público, se puede apreciar que la invalidación se produjo respecto a todos los oponentes que fueron seleccionados, no observándose que se haya privilegiado a alguno de los participantes en el concurso.

Por otro lado, en relación al derecho de propiedad, señala que los recurrentes no tienen derecho de propiedad alguno respecto a los cargos de la planta de la Municipalidad de Buin en los que fueron nombrados, por cuanto dichos nombramientos no se realizaron previo concurso público tramitado con arreglo a la Ley, situación que infringe los artículos 15 y siguientes de la Ley N°18.883.

Seguidamente, señala que no existe un interés particular del alcalde don Miguel Araya Lobos, como sostienen los recurrentes, e insiste que la única motivación que tuvo dicha invalidación fue dar estricto cumplimiento al principio de legalidad previsto en los artículos N° 6 y 7 de la Constitución Política de la Republica. Añade que el recurso de protección que se dedujo en contra del ex alcalde de Buin, Angel Bozan Ramos, debido al llamado a concurso que aquél realizó, una vez que fue derrotado en las elecciones del 23 de octubre de 2016, no fue interpuesto en contra de las personas a las cuales se les invalidó su nombramiento, razón por que no se aprecia cómo pudo actuar de un modo parcial con respecto a ellos. Respecto a este punto, agrega que el procedimiento de invalidación no fue iniciado por el recurrido, sino que por su antecesor don nombre reservado.

Por último, solicita el rechazo del recurso, con costas, acompañando los documentos que individualiza al otrosí de su presentación.

A fojas 436, se evacúa por los recurridos, informe solicitado por esta Corte haciendo referencia a Memo N°44/2017 de 12 de abril de 2017, guardado en custodia, que señala que acompaña copia del Decreto Alcaldicio N°3290 en el cual se nombra a los funcionarios que ganaron el concurso, los cuales asumieron sus cargo el 28 de noviembre de 2016, acompañando de igual modo las liquidaciones de sueldo de noviembre y diciembre de 2016, más las posteriores correspondientes a los funcionarios que siguieron en la modalidad de contrata. También informa que los cargos no han sido asumidos por otras personas. Salvo el de Director de Obras para el cual se designó un suplente.

A fojas 437 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCION:

PRIMERO: Que la parte de los recurridos en primer término alega la improcedencia del recurso sosteniendo que la acción constitucional de protección no es la vía idónea para impugnar la invalidación de un acto administrativo, pues los actores tendrían dos vías para impugnar tal decisión, el reclamo de ilegalidad o la acción que establece el inciso final del artículo 53 de la Ley 19880 ante los Tribunales ordinarios de Justicia, citando al efecto sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en los autos Rol 7710-2015, solicitando su rechazo.

SEGUNDO: Por su parte, los recurrentes solicitaron desestimar tal alegación arguyendo que, la sentencia citada, no es aplicable en la especie por tratarse de hipótesis diferentes y que en este caso no se busca una declaración de derechos, sino que existiendo una situación jurídica consolidada de la cual emanan derechos para los recurrentes, los que son preexistentes e indubitados, éstos fueron vulnerados por un acto arbitrario e ilegal y se solicita que se deje sin efecto tal acto y se restablezca el imperio del derecho asegurando la debida protección de los afectados, sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacer valer.

Por otra parte, señaló que atendida la naturaleza de la acción y su afectación, en este caso no resulta procedente el recurso de ilegalidad, el cual es de derecho estricto, ya que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 18.695 que en su letra a) establece que cualquier particular podrá reclamar cuando las resoluciones u omisiones que estime ilegales del alcalde o sus funcionarios afecten el interés general de la comuna, no resulta aplicable y en la letra b) previene que cualquier particular agraviado podrá reclamar de las resoluciones u omisiones de funcionarios que considere ilegales, ante el alcalde, hipótesis que tampoco se da pues excluye expresamente las resoluciones del alcalde cuando éstas solo afecten o agravien el interés particular.

A su juicio, de acuerdo al tenor del artículo 20 de la Constitución Política, una ley de menor rango, como lo es la Ley 19.880, no puede privar a los afectados de accionar, pues dicho artículo señala que se puede deducir el recurso de protección, sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

TERCERO: Que cabe tener presente que la acción constitucional de protección permite a cualquier persona recurrir a la Corte respectiva, cuando por actos u omisiones que considera arbitrarios o ilegales, sufra perturbación, privación o amenaza en el ejercicio de ciertos derechos y garantías que la propia Carta Fundamental señala. Es una acción cautelar, de rápido y expedito conocimiento que la Ley contempla a objeto de garantizarlos y restablecer el imperio del derecho, cuando éstos han sido afectados y se consagra en favor de todas las personas.

Así la presente acción, como señala el referido artículo constitucional, es plenamente compatible con otras acciones, busca proteger derechos preexistentes e indubitados, nacidos de situaciones jurídicas acreditadas, cuyo ejercicio se ve embarazado o impedido por las acciones que denuncia como ilegales y o arbitrarias, por lo que el hecho de existir en la normativa vigente otras vías para atacar, en este caso, los actos alcaldicios, no es justificación para desestimar la acción, por lo que la alegación de los recurridos será rechazada.

EN CUANTO AL FONDO DEL RECURSO:

CUARTO: Que, para analizar el asunto planteado por la presente vía, cabe señalar, sin ánimo de reiterar, que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, o amenace ese atributo, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado.

QUINTO: En consecuencia, para la procedencia del recurso interpuesto se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que se compruebe la existencia del acto u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esta acción; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección debida, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, en primer término, del mérito de los antecedentes allegados, analizados de acuerdo a las reglas de la sana critica, se pudo establecer como hechos no controvertidos: a) que el alcalde en funciones, a esa fecha, de la Municipalidad de Buin convocó a concurso público de antecedentes para proveer en calidad de titular cargos de la Planta de dicha Municipalidad mediante el Decreto Alcaldicio N°2.998, de fecha 27 de octubre de 2016; b) que dicha convocatoria y bases fueron publicadas en un diario de circulación nacional; c) que las bases fueron modificadas por Decreto Alcaldicio N°3.084 de 10 de noviembre de 2016; que se resolvió el concurso y por Decreto Alcaldicio N°3290 de fecha 24 de noviembre se nombró a los recurrentes en los cargos de Planta que dicho decreto señala; que los oponentes nombrados asumieron sus cargos el 28 de ese mismo mes y año; que con fecha 5 de diciembre se dictó el Decreto Alcaldicio N°3553 que inició procedimiento de invalidación de la convocatoria a concurso público para proveer los cargos de planta de la Municipalidad y de los nombramientos efectuados en el concurso; y que mediante el Decreto Alcaldicio N°3718, de 28 de diciembre de 2016, dictado por el alcalde de la Municipalidad de Buin don Miguel Araya Lobos, se invalidaron dichos actos administrativos, quedando, en consecuencia, sin efecto los nombramientos realizados.

SEPTIMO: Que la acción u omisión reprochada y por la que los recurrentes accionan es la dictación del Decreto Alcaldicio N°3718, cuya existencia no se controvierte y por ende corresponde analizar si se trata de un actuar ilegal o arbitrario, teniendo presente que la acción de los recurridos se encuentra normada básicamente en la Ley N°18.883 que fija el estatuto administrativo para los funcionarios municipales y en la Ley N°19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.

OCTAVO: En primer término, cabe señalar que la facultad del ente edilicio para invalidar actos administrativos propios, entendiendo que la Municipalidad es una sola, entidad que es representada por su alcalde, el cual puede ser una persona natural distinta a través del tiempo, está establecida en el artículo 53 de la Ley 19.880 que prescribe: “Invalidación. La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto.

La invalidación de un acto administrativo podrá ser total o parcial. La invalidación parcial no afectará las disposiciones que sean independientes de la parte invalidada.

El acto invalidatorio será siempre impugnable ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario.”

Como se ha sostenido por la jurisprudencia la invalidación es una potestad que asiste a las autoridades de la Administración respecto de sus actos administrativos, actos que en cuanto a su autor están referidos al órgano que los dicta y no a la persona que lo hace, siendo irrelevante que haya sido dictado por el antecesor del Alcalde que lo invalida, ya que el órgano es el mismo, pero es menester que la autoridad administrativa actúe conforme a las leyes y estableciendo la Ley Nº18.575, Orgánica de la Administración del Estado, que sus órganos actuarán de propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, es de lógica que puedan dejar sin efecto resoluciones o actuaciones adoptadas o realizadas con inobservancia del marco jurídico que las rige.

En consecuencia, se debe tratar de actos contrarios a derecho, se debe previamente escuchar al interesado y la fecha de notificación o publicación del acto no debe ser superior a dos años, resultando acreditado y no discutido, en el caso en estudio, el tercer requisito.

Por otro lado, también resulta pertinente señalar que la citada ley en su artículo 4° establece los principios rectores de los actos administrativos, los cuales desarrolla en los artículos siguientes entre los que están los artículos 11, 12 y 13, que tratan los principios de imparcialidad, abstención y de no formalidad, los que en lo que interesa establecen: “Artículo 11. Principio de imparcialidad. La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte. Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.”; El artículo 12. Principio de abstención. Las autoridades y los funcionarios de la Administración en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas a continuación, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. Son motivos de abstención los siguientes: 1. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ….”: y Artículo 13. Principio de la no formalización. El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares. El vicio de procedimiento o de forma sólo afecta la validez del acto administrativo cuando recae en algún requisito esencial del mismo, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y genera perjuicio al interesado. La Administración podrá subsanar los vicios de que adolezcan los actos que emita, siempre que con ello no se afectaren intereses de terceros.”

NOVENO: Determinado el marco normativo básico, es necesario analizar si concurren los elementos que conllevan a la invalidación del acto, es decir, si en su dictación se ha incurrido en un vicio de procedimiento o de forma esencial para su validez y que genere perjuicio a un tercero.

Que, en la especie, lo que se controvierte es la sustancialidad de los fundamentos que la autoridad edilicia esgrimió para la invalidación del decreto que se aduce arbitrario e ilegal por los recurrentes.

El cuestionado Decreto Alcaldicio N°3718, que invalida la Convocatoria a concurso público de antecedentes para proveer cargos de Planta de la Municipalidad de Buin y el nombramiento de los recurrentes en los cargos que indica, señala, justificando dicha decisión, el memorandun N°117 de la asesoría Jurídica de la Municipalidad que informa, en síntesis, que: a) que por Decreto Alcaldicio N°2.998 se dispuso llamar a concurso público de antecedentes para proveer las vacantes de la planta municipal, concurso que debe regirse por los artículos 15 y 16 de la Ley 18.883, para lo cual las municipalidades deben dictar un reglamento de concurso público, pues de acuerdo a las normas citadas “el concurso consistirá en un procedimiento técnico y objetivo que se utilizará para seleccionar al personal que se propondrá al alcalde”. Que en el caso en revisión, de acuerdo a la certificación de la encargada de R.R.H.H., se omitió dicho reglamento lo que atenta contra la realización de un procedimiento técnico y objetivo, ya que para la resolución del concurso se consideraron factores mínimos que exige la ley, estudios, cursos de formación, y de capacitación y experiencia profesional, que tienen evaluación concreta, lo que no ocurrió respecto al factor experiencia para ocupar el cargo que tiene una mayor ponderación y depende de la apreciación subjetiva de los miembros de la comisión; b) que el llamado a concurso fue publicado en el diario de circulación nacional, Las Ultimas Noticias, señalando el cargo a proveer y como requisitos generales los previstos en el artículo 12 de la Ley 19.280, -artículo que a la fecha se encontraba derogado- lo cual contraviene la ley y vulnera el derecho que tienen los particulares de participar en igualdad de condiciones, siendo irrelevante que se hayan corregido las bases; c) que el comité de preparación y realización del concurso y sus reemplazos, determinado en las bases, no fue integrado en forma legal, ello según lo previsto en el artículo 19 de la Ley 18.883, ya que los miembros no eran las primeras antigüedades y porque la ley no contempla comité de reemplazo, sino que había que aplicar las normas de subrogación o suplencia de acuerdo al artículo 6 de la misma ley. Agrega respecto a este punto que, además, participó del comité señor nombre reservado pues subrogó al Administrador, en circunstancias que servía un cargo a contrata, situación irregular puesto que de acuerdo al Dictamen 5597 los cargos directivos no pueden ser servidos por un funcionario temporal o transitorio; d) que el Formulario N°3 correspondiente a la declaración jurada para optar a cargos municipales decía que se declaraba bajo juramento “no estar habilitado para el ejercicio de funciones y cargos públicos ni hallarse condenado por crimen o simple delito” lo que por su contradicción atenta contra el normal desarrollo del concurso; y e) que no consta que se haya dado cumplimiento a lo ordenado en el artículo 20 de la Ley 18.883 que establece que el alcalde seleccionará a una de las personas propuestas y la notificará personalmente o por carta certificada la que deberá expresar que acepta el cargo y presentar de la forma que exige la ley, (original o copia autentificada), los documentos probatorios de los requisitos de ingreso en el plazo que se le indique, pues en este caso, no aparece notificada la selección a todos los seleccionados, como tampoco su aceptación ni que hayan acompañados los documentos referidos, respecto de los cuales tampoco se fijó plazo de entrega.

DECIMO: Que, en primer término, resulta útil señalar que las irregularidades o vicios denunciados, signados en este fallo para efectos de orden con las letras a), b), c) y d), que fundamentan la decisión alcaldicia de invalidar tanto la Convocatoria a concurso público de antecedentes para proveer cargos de Planta de la Municipalidad de Buin (Decreto N°2998) y el nombramiento de las personas que individualiza, entre ellos los recurrentes, en cargos de planta, (Decreto 3290), provienen de acciones de la propia Municipalidad de Buin, falta de reglamento de concurso; error al señalar que los concursantes debían cumplir con los requisitos establecidos en un artículo que se encontraba derogado; que se haya subsanado modificando las bases del concurso y que no se haya publicado en un diario de circulación nacional al igual que se hizo con el llamado al mismo; y que la declaración requerida a los postulantes, formulario N°3, contenga errores en su redacción. En efecto, todas ellas provienen del quehacer municipal y del mérito de los antecedentes, no se vislumbra perjuicio a terceros o que algún oponente al concurso o particular haya reclamado por haberse sentido afectado.

En cuanto a la irregularidad señalada en la letra e), en criterio de estos sentenciadores, no es tal, toda vez, que el solo hecho que las personas hayan desempeñado las funciones del cargo en que fueron nombradas por el Decreto N°3290 por poco más de un mes y se le hayan pagado sus correspondientes remuneraciones, da cuenta de las notificaciones que se objetan y de la aceptación del cargo y en cuanto a la falta de entrega de documentos, no se ha acreditado que ellos no hayan sido presentados, ya sea al concursar, pues eran requeridos, o posteriormente, teniendo presente que, a mayor abundamiento, no se les requirió ni se fijó plazo, según los propios recurridos informan, situación esta última que también resulta atribuible al ente edilicio.

A mayor abundamiento de las actas acompañadas, en el Acta N°1, aparece en el punto” 4.- Documentos que se deben presentar en la postulación” detalle de estudios de perfeccionamiento y experiencia laboral, debidamente acreditados y fotocopia del título profesional o licencia de enseñanza básica o media, según corresponda, por lo que al no solicitar entrega de documentación se infiere que la Municipalidad estaba en posesión de ella y no se acreditó que los postulantes elegidos debieran aportar nuevos antecedentes o una vez más los ya entregados.

Si bien, de la misma acta N°1 se aprecia que dentro del procedimiento concursal está la notificación a los seleccionados y la aceptación por escrito de éste, éste es un requisito que no resulta de la esencia, más aun teniendo en consideración el principio de la no formalización consagrado en el artículo 13 de la Ley 19.880 que señala que el procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares, lo que no es el caso, el haber asumido el cargo da cuenta que el seleccionado fue notificado y lo aceptó.

UNDECIMO: Que, sin desconocer la potestad invalidatoria que la Ley N°19.980, en su artículo 53 y siguientes otorga a las autoridades de la Administración respecto de sus actos administrativos, actos que en cuanto a su autor están referidos al órgano que los dicta y no a la persona que lo hace, también limita tal potestad, fijando un plazo, requisito que concurre en la especie, que los actos a invalidar sean contrarios a derecho, que se escuche en audiencia al interesado y por disposición del artículo 13 si se tratare de vicios de procedimiento o de forma deben recaer en algún requisito esencial del mismo acto, sea por su naturaleza o por mandato legal y que genere perjuicio al interesado.

En consecuencia, corresponde analizar si los vicios que fundamentan el Decreto impugnado son de procedimiento o de forma y si tienen el carácter de sustancial a la luz de las disposiciones citadas y principios generales que informan el derecho administrativo, además de determinar si causaron perjuicio.

En cuanto al primer motivo de invalidación contenido en el Decreto N°3718, falta de reglamento de concurso, hecho certificado, y que a juicio de los recurridos afectaría un procedimiento técnico y objetivo, en especial en lo que dice relación a la evaluación del factor experiencia para ocupar el cargo, si bien la ley 18.883 establece su dictación, la misma también señala explícitamente los requisitos que deben cumplir los funcionarios y el propio Decreto invalidatorio en cuestión, señala al respecto que “para la resolución del concurso se consideraron los factores mínimos que exige la ley”, como estudios, cursos de formación, capacitación y experiencia profesional que resulta de los propios antecedentes acompañados, pero que tratándose de la experiencia para el cargo al no existir dicho reglamento resultó ser una apreciación subjetiva de los miembros de la comisión y que dada su ponderación influyó en la decisión, de lo que fluye que la mayor parte del contenido que debiera haber tenido el reglamento se cumplió y que todos los oponentes al concurso fueron evaluados de la misma manera, por lo que la omisión del mismo no alcanza a tener la entidad que la ley exige y no ha causado perjuicio a los interesados, elemento éste último esgrimido por los actores y no controvertido. No hay antecedentes de reclamos por parte de otros concursantes al respecto.

Respecto al segundo fundamento b), que el llamado a concurso fue publicado en el diario de circulación nacional, Las Ultimas Noticias, señalando el cargo a proveer y que exigía como requisitos generales los previstos en el artículo 12 de la Ley 19.280, el cual que a la fecha del llamado se encontraba derogado lo que contraviene la ley y vulnera el derecho que tienen los particulares de participar en igualdad de condiciones, siendo irrelevante que se haya corregido en las bases del concurso, atendido el mérito de lo señalado por las partes queda claro que existió el error en dicha publicación y que éste se habría subsanado o tratado de subsanar en las bases del concurso, de lo que fluye que estando éstas a disposición de los oponentes y no existiendo antecedente alguno de reclamaciones en relación a ella por algún concursante o interesado en que alegare haberlo hecho incurrir en erros que lo perjudicare, a juicio de estos sentenciadores, tampoco tiene la relevancia o entidad suficiente que exige el artículo 13 de la Ley que norma la materia.

Por otro lado, al estar la norma en cuestión derogada no produce efecto, no exige requisitos diferentes, solo reconduce a quienes se opusieron a las bases en donde se explicitan adecuadamente y al hecho que no ha sido motivo de controversia que los recurrentes no hayan cumplido con los requisitos legales que el cargo exige.

En relación al fundamento c) del decreto que se ataca, esto es, que el comité de preparación y realización del concurso y sus reemplazos, determinado en las bases, no fue integrado en forma legal, ello según lo previsto en el artículo 19 de la Ley 18.883, ya que los miembros no eran las primeras antigüedades; que la ley no contempla comité de reemplazo, sino que había que aplicar las normas de subrogación o suplencia de acuerdo al artículo 6 de la misma ley; y que participó del comité el señor nombre reservado pues subrogó al Administrador, en circunstancias que servía un cargo a contrata, cabe señalar que los recurridos al informar el presente recurso, señalan al respecto, que las bases del concurso indicaban la composición del comité de selección y el orden de reemplazo de los mismos, a saber, Director de Secretaría Comunal de Planificación, Director de Administración y Finanzas y Director de Obras Municipales en circunstancias que el artículo 19 de la Ley 18.883 dispone que el comité de selección de un concurso será conformado por el Jefe de Personal y por quienes integran la junta a quien le corresponda calificar al titular del cargo vacante, con excepción del representante del personal, junta calificadora que, de acuerdo al artículo 32 de la misma Ley, estará compuestas, en cada Municipio por los tres funcionarios de mayor jerarquía y si hubiere más de un funcionario del nivel correspondiente, se integrará por antigüedad, según determina el artículo 49 de dicho cuerpo legal, lo cual no se habría cumplido, al igual que no se cumplió con el dictamen que señala que un funcionario a contrata no puede servir un cargo directivo, ya que quien subrogaba al Administrador era nombre reservado, quien se desempeñaba en un cargo transitorio, no de planta.

Al respecto, de los antecedentes allegados por los recurridos, Actas N°1 a 7 se acredita que el 24 de octubre de 2016, se reúnen las tres más altas jerarquías de la Municipalidad para conformar el Comité de selección del Concurso, lo que da cuenta del cumplimiento al artículo 19 citado y si bien la conformación del Comité en alguna de sus actuaciones varió la composición, no existen antecedentes que permitan sostener que el reemplazo del titular del mismo no haya realizado de acuerdo a normas de suplencia o subrogación, desde que no se acompañaron documentos que permitan entender la lógica de los reemplazos y en todo caso se trata de problemas de procedimiento que no se vislumbra hayan acarreado perjuicios a terceros. Solo está el informe jurídico emanado de la propia Municipalidad sin documentación de respaldo al respecto.

Por las mismas razones, si el señor nombre reservado, subrogante en el cargo del Administrador Municipal, actuó en desacuerdo a la competencia que el ordenamiento administrativo fija, no resultó probado.

En relación a que b) el Formulario N°2 correspondiente a la declaración jurada para optar a cargos municipales decía que se declaraba bajo juramento, “no estar habilitado para el ejercicio de funciones y cargos públicos ni hallarse condenado por crimen o simple delito”, en primer lugar, se trata de un formulario igual para todos los oponentes y si bien, tanto su redacción como su firma denotan falta de acuciosidad, de la sola lectura aparece que se trata de un error, no se condice con los requisitos expresamente exigidos, ni resulta lógica la exigencia que su redacción implica, es decir, que el oponente al concurso no estuviera habilitado para servir el cargo.

La propia acta N°1 del Comité de selección del concurso en lo relativo a los requisitos exigidos señala que la persona no debe estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos público, lo que constituye un elemento esencial del procedimiento, ya sea en fase de postulación como de selección, requisito que en la especie se cumplió por quienes recurren, sin perjuicio de la declaración efectuada, toda vez, que no se reprocha la falta de éste ni se comprobó que no lo cumplieran, de lo cual deviene que se incurrió en un simple error que no afecta el procedimiento concursal y por ende tampoco afectó a terceros.

Hubo concurso público, las bases en que se señalaban los requisitos de los cargos y el procedimiento del mismo estuvieron a disposición de los interesados, los oponentes fueron calificados todos por el mismo comité cuya conformación consta de las actas respectivas sin que se acreditase que en la subrogación de sus miembros hubiere irregularidades, que hubo error en un formulario referente a inhabilidades, que a lo menos tácitamente las personas nombradas en los cargos los aceptaron al haber asumido sus funciones y que al postular acompañaron los antecedentes requeridos, lo que conlleva a estimar que los vicios detectados no serían relevantes.

DUODECIMO: Por otro lado, se tiene presente, en relación a actos irregulares de las autoridades administrativas, los principios que la doctrina ha señalado como pilares del Derecho Administrativo, además de los que la propia ley 19880, establece, principio de la buena fe, referido a terceros que actúan, en este caso los concursantes, que durante el procedimiento, aceptaron las bases del concurso, realizaron la declaración jurada de acuerdo al formulario N°2 entregado, se sometieron a la evaluación del Comité de selección y asumieron sus cargos, sobre la base que la Administración en su procedimiento se atenía a la legislación que la norma; el principio de certeza respecto a los actos administrativos que crean o declaran derechos a las personas, base fundamental de su accionar en un estado de derecho, por lo cual doctrinariamente se ha establecido que tales principios constituyen una limitación a la potestad invalidatoria de la autoridad administrativa, en este caso municipal.

Que, por lo razonado cabe concluir que los vicios por los que se invalidaron el llamado a concurso público efectuado por la Municipalidad de Buin y los nombramientos en cargos de planta efectuados y que fundamentan el Decreto Alcaldicio N°3718, cuestionado por esta vía, son de procedimiento o de forma pues no recaen en algún requisito esencial, sea por su naturaleza o por mandato del ordenamiento jurídico y en la especie tampoco genera perjuicio al interesado, quedando por tanto centrado en la hipótesis del artículo 13 de la Ley 19.880, que es regla de excepción a la potestad invalidatoria, principio de no formalización que significa que las formalidades no pueden significar un impedimento para el ejercicio de derechos y la participación de una persona en el procedimiento administrativo, pues como lo establece la Constitución, el estado está al servicio de la persona humana.

También cabe hacer presente, que la contraloría General de la República a través de diverso dictámenes, los cuales son vinculantes para la Administración Pública por cuanto, si bien por lo general, se dictan en razón de un caso específico, son obligatorios para la Administración Pública, en casos de igual entidad, ha señalado que el ejercicio de la potestad invalidatoria de los actos administrativos debe ser armonizada con los principios generales de la buena fe y la seguridad jurídica que informan el ordenamiento jurídico y en caso de colisión deberá estarse a los principios y en casos específicos también se ha pronunciado, por ejemplo, respecto a la conformación de un comité de selección por una persona diferente a las que la ley señala, indicando que no puede ser considerado como un vicio sustancial ni de entidad suficiente para anular un concurso, toda vez que una sola opinión no haría variar el resultado.

En síntesis, los actos viciados, corresponden a vicios formales o de procedimiento de entidad insustancial, en los que, pese a la infracción objetiva del ordenamiento jurídico, el legislador permite que no afecten la validez del acto, conformando una categoría distinta de vicios, que en Derecho comparado ha sido aceptada bajo la figura de las “irregularidades no invalidantes”

DECIMO TERCERO: Que, por lo concluido en mérito de los antecedentes, el Decreto N°3719 de 28 de diciembre de 2016, dictado por el señor alcalde de la Municipalidad de Buin, dentro del plazo señalado por la Ley, resulta ilegal y arbitrario pues, los vicios del acto invalidado, que lo fundamentan, no son de aquellos que pudieren afectar lo sustancial de aquel, el cual, tampoco acarreó perjuicios a terceros, de lo que deviene su ilegalidad y por ende arbitrariedad.

Tampoco altera la conclusión señalada, el hecho que la propia Municipalidad no haya remitido los antecedentes y el decreto de nombramiento a la Contraloría General de la República, como está obligada, pues, se trata de una omisión o incumplimiento de la misma, no atribuible a los recurrentes.

A mayor abundamiento, refuerza la convicción de arbitrariedad del Decreto cuestionado, los argumentos vertidos por el recurrido señor alcalde de Buin en el recurso de protección interpuesto a título personal ante esta Corte y del cual se desistió, toda vez que en su libelo en base a denunciar actos ilegales y arbitrarios efectuados por quien era alcalde “saliente” de dicha entidad edilicia, coincidente algunos de ellos con los que fundamentan la invalidación impugnada en este recurso, arguyó que ellos vulneraban sus derechos como alcalde “electo”, garantizados en el artículo 19 numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República”, ya que entre otros argumentos, señaló que el mencionado numeral 24, que garantiza el derecho de propiedad, alcanza al derecho que le asiste para convocar a concurso y nombrar a los funcionarios municipales que lo acompañarían en todo su período y que el edil saliente pretendía amarrarlo a través de designación de funcionarios cuya idoneidad no le constaba.

DECIMO CUARTO: Que, establecida la acción u omisión ilegal y/o arbitraria, para que prospere el recurso impetrado ha de analizarse, en este caso, si dicha acción priva o amenaza a los afectados del libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que la Constitución Política de la República establece en su artículo 19 y los que de acuerdo a la enumeración del artículo 20 hace procedente este recurso.

DECIMO QUINTO: Que, todos los recurrentes señalan que mediante dicha acción, la dictación del decreto invalidatorio, la Municipalidad de Buin y su alcalde don Miguel Araya Lobos, quien a la vez la representa, vulneraron los derechos de igualdad ante la Ley, libertad de trabajo y su protección, y propiedad, consagrados en el artículo 19 N°s 2, 16, 17 y 24 de la Constitución Política de la República los que sostuvieron de acuerdo a los fundamentos señalados en la parte expositiva del presente fallo.

A su vez, los recurridos al informar señalan que no existe vulneración alguna a los derechos garantizados, toda vez, que al dictar el decreto cuestionado, el Alcalde, actuó en virtud de la potestad invalidatoria que le otorga la Ley ante la existencia de irregularidades en el concurso convocado por Decreto N°2998, a fin de reestablecer el orden jurídico quebrantado.

Y ante el supuesto invocado por quienes recurren señaló que no se vulneró la Garantía de Igualdad ante la Ley, pues la invalidación se produjo respecto a todos los oponentes, sin privilegiar a ninguno, como tampoco la reconocida en el N°24 del artículo 19 de la Carta Fundamental ya que, si bien, fueron nombrados en sus respectivos cargos por el Decreto que se invalidó dando cumplimiento al principio de legalidad, éstos no fueron nombrados mediante concurso público tramitado de acuerdo a la ley.

DECIMO SEXTO: Que, determinada la acción arbitraria y/o ilegal, por parte de los recurridos, aparece que con el actuar de la municipalidad recurrida y de su alcalde se ha vulnerado la Garantía asegurada a todos ellos por el numeral 24 de la Constitución Política de la República, entendiendo que por el hecho de ser nombrada una persona en un puesto funcionario surge su derecho de propiedad a la carrera funcionaria y a la estabilidad en el empleo, dicha persona no puede ser desvinculada sino que por causales legales mediante procedimiento estricto que acredite la causa legal que se esgrima al efecto.

Las personas nombradas como funcionarios de planta de la Municipalidad de Buin por el decreto originario asumieron sus cargos en virtud de una resolución dictada por la autoridad correspondiente y con total buena fe, sin que se acreditara con ella perjuicio a terceros, en consecuencia, el acto administrativo que se impugna afecta a personas que lo incorporaron a su patrimonio en esa condición y se les priva de ejercer un derecho adquirido, en sus diversas modalidades, lo que constituye una violación y privación de la Garantía establecida por el numeral 24 del artículo 19 ya citado, que asegura a todas las personas el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales o incorporales y en la especie su estabilidad en el empleo.

Que consecuencialmente, los recurridos, Municipalidad de Buin y su Alcalde don Miguel Araya Lobos, han incurrido en una actuación ilegal, además de arbitraria, tal como se señaló la que ha conculcado el derecho de propiedad de los recurrentes. El derecho a gozar de estabilidad en el empleo constituye una especie de propiedad de naturaleza incorporal y en el presente caso, dicha garantía ha sido violentada, vulnerada, por las autoridades recurridas, ya que los nombrados por el Decreto que fuera invalidado, entre ellos los recurrentes, accedieron al cargo y desempeñaron la función de que se trata, luego de concursar legalmente y ser designados en el marco de tal concurso público, por reunir los requisitos que la propia ley fija para ello, cuestión que no se ha discutido. Se ha afectado, en síntesis, el derecho de propiedad en su modalidad de estabilidad en el empleo, pues como ya se dijo, ejercieron éste por un período y aunque breve, ha de entenderse que accedieron al mismo de buena fe, cumpliendo las exigencias legales y de las propias bases, habiendo sido designados mediante un decreto alcaldicio, documento idóneo y preciso para dicho efecto.

DECIMO SEPTIMO: Que, en mérito de lo expuesto y razonado precedentemente, los recursos de protección deben ser acogidos, ya que se dan las condiciones que lo hace procedente, motivo, además, por lo que no se analizaran las demás alegaciones efectuadas por las partes en esta causa por resultar inoficioso.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma Corte Suprema, sobre Tramitación del recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se acogen los recursos deducidos y acumulados, y en consecuencia se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N°3718 de fecha 28 de diciembre de 2016, dictado por el señor Alcalde de la Municipalidad de Buin, quedando vigentes los Decretos Alcaldicios N°2998, que convocaba a concurso público para proveer cargos y N°3290 de la misma entidad Edilicia que nombraba a quienes fueron seleccionados para servir dichos cargo, entre ellos los recurrentes, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, ya individualizados, los que deberán ser reincorporados en los cargos en que fueran nombrados al quedar vigente el Decreto de sus nombramientos.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de María Leonor Fernández L. ministra interina.

N°81-2017-Prot.-