nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

San Miguel, a uno de septiembre de dos mil veinte.

Vistos:

Primero: Que en estos autos ingreso Corte N° 8092-2020 Protección comparece el abogado Mauricio Andrés Espinoza quien interpone recurso de protección constitucional a nombre de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado; y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes del giro de su denominación, rol único tributario N°81.826.800-9, representada legalmente por su gerente general, nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la acción ilegal y arbitraria cometida al proceder al cobro vía descuento por planilla de una deuda cuya existencia desconoce ocasionándole un desmedro patrimonial, vulnerando de esta manera lo previsto en el artículo 19 en sus numerales 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que al recibir el pago de sus remuneraciones correspondientes al mes de julio de 2020 y revisar la liquidación de aquellas constató que se produjo un descuento por concepto “PRESTAMO CCAF LOS ANDES” correspondiente a la suma de $83.856 en circunstancias que no tiene crédito alguno vigente con dicha entidad.

Al realizar las averiguaciones correspondientes determinó que la recurrida solicitó en el mes de junio del presente a su actual empleador “WORDLWIDE FACILITY SECURITY SA”, descontar de su remuneración mensual la suma indicada en circunstancias que jamás aceptó ni adquirió compromisos comerciales con la Caja de Compensación Los Andes.

Afirma que al revisar la glosa que acompaña a la solicitud, estos descuentos obedecerían a cuotas correspondientes a créditos antiguos suscritos al año 2012 y sus eventuales intereses recargos y gastos de cobranza. Hace presente que dichos créditos no fueron descontados ni pagados por su empleador en ese entonces, y que a esta fecha se encuentran prescritos.

Señala que en el evento de existir una obligación de pago legítima, indiscutida y no prescrita, su intención sería cumplir con sus obligaciones en el evento que efectivamente existan y sean presentadas a cobro por mecanismos que la ley establece. En este caso, no fue notificada del cobro de estas supuestas deudas ni informada sobre el concepto al cual corresponden dichos descuentos, tampoco fue advertida por la Caja de Compensación Los Andes en un tiempo previo y prudente del descuento por cuenta de un tercero, que se solicitaría realizar de su remuneración mensual, siendo por tanto la actitud de la recurrida del todo arbitraria, abusiva e ilegal.

Expresa que estas actuaciones, vulneran el derecho de propiedad sobre su remuneración, privándola del beneficio económico producto de su trabajo, más aun cuando con dicha acción que se encuentra prescrita por lo cual el descuento solicitado por la CCAF LOS ANDES, a su empleador carece de cualquier fundamento judicial valido.

Añade, en cuanto al numeral 16 del artículo 19 de la Constitución Política, que considerando que el principio de protección de las remuneraciones, consagrado en los artículos 54 y siguientes del Código del Trabajo, garantiza la certidumbre del trabajador respecto de las remuneraciones que le corresponde recibir como contraprestación de su trabajo y que particularmente el artículo 58 del Código del Trabajo enumera taxativamente cuales son los descuentos autorizados a descontar, entre los que se encuentran los impuestos que gravan las remuneraciones, cotizaciones de seguridad social, cuotas sindicales, obligaciones con instituciones de previsión u organismos públicos, en los referidos descuentos no se comprenden los créditos de terceros, menos los que corresponden a la caja o entidad que la recauda, siendo aún más ajeno aquellos créditos prescritos privando con ello al trabajador de ejercer su legítimo derecho a defenderse o cuestionarles.

De esta manera, mal utilizando las facultades que el artículo 22 de la ley N° 18.833 les otorga, procede a revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que la Ley concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan, ejerciendo autotutela de forma privilegiada ya que priva a los eventuales deudores de cualquier posibilidad de defensa.

Solicita se acoja el recurso y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando a la recurrida devolver dentro de tercero día las sumas de dinero descontadas y abstenerse de solicitar a su actual empleador la retención y descuentos en su remuneración mensual, todo lo anterior con expresa condenación en costas.

Segundo: Que Sergio Abarca Vargas, abogado, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes informa al tenor del recurso solicitando sea rechazado.

Refiere que su representada, con fecha 14 de septiembre de 2012 otorgó a la Sra. nombre reservado el crédito código 36.RUT reservado, por un capital inicial de $507.787.-, pagadero en un plazo de 12 meses, con cuotas mensuales de $47.918.-, cuyo primer vencimiento se verificó el día 31 de octubre del mismo año.

Que a la fecha su parte solo ha recaudado 8 cuotas del referido crédito social, el cual registra en morosidad las cuotas de los 4 meses restantes.

Afirma que, como se expresa de los hechos relatados, los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 que establece que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”; por lo que niega haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

Agrega que, no obstante ello, y sin reconocer extinción de la deuda ni los fundamentos que esgrime la recurrente, su parte ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la actora, excluyéndose dicha operación de las planillas de cobro que se dirigen a su empleador y, de las cuotas descontadas y remesadas a su representada a partir de la reanudación de los descuentos.

Solicita, en definitiva, rechazar por falta de oportunidad la acción de protección incoada.

Tercero: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que en virtud de lo ya señalado, la acción de protección deber ser desestimada por haber perdido oportunidad, al no existir actualmente un acto u omisión que deba ser objeto de análisis en función de lo señalado en el considerando segundo.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Mauricio Andrés Espinoza a nombre de doña nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N° 8092-2020-Protección.