Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

San Miguel, veintisiete de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado en favor de nombre reservado, ciudadana venezolana, interpone acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior, por la omisión que considera ilegal y arbitraria, consistente en la falta de pronunciamiento respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada de su representada, omisión que afecta su derecho a la igualdad ante la ley, asegurado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, así como lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley N°19.880.

Expone que la extranjera debió abandonar su país de origen e ingresar al país eludiendo el control migratorio, con el propósito de escapar de la situación política y económica que le aquejaba, en razón de la crisis humanitaria que le impedía desarrollar una vida en plenitud, como consecuencia directa de las políticas represivas del aparato estatal hacia la disidencia política.

Añade que el 14 de enero de 2021 solicitó el reconocimiento de la condición de refugiada, pero que a la fecha aún no ha recibido respuesta de su solicitud, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre y le ha generado una serie de perjuicios.

Sostiene que la omisión es arbitraria e ilegal, toda vez que a la fecha de interposición del presente recurso ha transcurrido un plazo excesivo sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada, estimando que dicho actuar infringe lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880, siendo improcedente al efecto la excepción de caso fortuito contemplada en la ley.

Asimismo, denuncia que la recurrida no ha adoptado medidas reales y eficaces que atiendan las peticiones planteadas por los administrados, dentro de un procedimiento administrativo reglado, con plazos que obligan a las autoridades y al personal de la administración.

Previas citas legales, solicita se acoja el presente recurso, ordenando a las recurridas pronunciarse sobre la solicitud dentro de un plazo razonable, adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso el Ministerio del Interior y la Subsecretaría del Interior, señalando que la normativa aplicable al caso concreto corresponde a la Ley N°20.430, y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N°837, de 2010, del entonces Ministerio del Interior.

Sostiene que, según lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones internamente, consta que la parte recurrente solicitó el reconocimiento de su condición de refugiada el 14 de enero de 2021, por lo que el análisis de su requerimiento ya se encuentra asignado para su debida tramitación ante dicho Servicio. Precisa que, una vez concluida la tramitación del acto administrativo que resuelva dicha solicitud, aquel será debidamente notificado a la parte recurrente, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley.

Hace presente que las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado son sometidas a un exhaustivo análisis, el cual se encuentra plenamente justificado, dada la importancia, tanto jurídica como práctica, que implica reconocer a una persona extranjera como beneficiaria de una protección especial por parte del Estado. Dicho análisis exhaustivo se explica, además, en la necesidad de llevar a cabo un proceso de recopilación de antecedentes e información de cada caso específico, así como de estudio de su contexto particular.

Añade que el tiempo de tramitación no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento reglado cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años, sosteniendo que el plazo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°19.880 no corresponde a un plazo fatal para la Administración.

Afirma que en la especie no existe una privación, perturbación o amenaza a garantías o derechos constitucionales, toda vez que la recurrente no ha precisado aquello, considerando además que se encuentra amparada por el principio de no devolución, el cual impide expulsarla del país o adoptar cualquier medida a su respecto que tenga por efecto la devolución al lugar donde su vida o libertad personal peligren, incluyendo la prohibición de ingreso en frontera. Atendido lo anterior, sostiene que la parte recurrente y su familia poseerán permiso de residencia vigente siempre que soliciten la respectiva prórroga, manteniendo así su situación migratoria regular durante todo el tiempo que se requiera para finalizar la tramitación de su solicitud.

Finalmente, hace presente que, de acogerse la acción, se afectaría la garantía de igualdad ante la ley respecto de extranjeros que efectúan sus solicitudes por la vía regular sin activación de mecanismos judiciales, destacando que la sede cautelar no es el medio idóneo para acelerar la tramitación de este tipo de procedimientos.

En virtud de todo ello y estimando que no se verifica actor arbitrario o ilegal alguno, solicita el rechazo de la acción interpuesta, con costas.

Tercero: Que, por su parte, informa al tenor del recurso el Servicio Nacional de Migraciones señalando, en lo pertinente, que el 14 de enero de 2021 la extranjera manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

Indica que, a la fecha del informe, la solicitud presentada por la extranjera se encuentra en trámite, por lo que mediante Resolución Exenta N°NUM000, de 11 de septiembre de 2025, se otorgó a la recurrente una prórroga de su visa de residencia temporaria, por el periodo de 8 meses y en calidad de titular, la que se mantiene vigente hasta el 19 de mayo de 2026.

Detalla que el procedimiento administrativo de determinación de la condición de refugiado se encuentra regulado, principalmente, por la Ley N°20.430, la Ley N°21.665, el Decreto N°837, que fija su Reglamento, y en algunas normas establecidas en la Ley N°21.325.

Añade que la autoridad competente para conceder la condición de refugiado, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley N°20.430, corresponde al Subsecretario del Interior, aseverando que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad facultada por la ley para emitir un pronunciamiento final sobre la solicitud de refugio presentada por el extranjero recurrente, por lo que al haber prorrogado la residencia temporal de la extranjera no existe labor pendiente de ser ejecutada por dicho Servicio.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho de quienes incurren en él–, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la presente acción constitucional se encamina a establecer la afectación a la garantía de igualdad ante la ley, en razón de no haberse otorgado por la autoridad administrativa una respuesta oportuna respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada de la recurrente.

Sexto: Que, conforme a lo expuesto precedentemente, y de los antecedentes allegados, se constata que la extranjera no ha obtenido respuesta de su solicitud presentada en enero de 2021. De esta manera, corresponde examinar si la omisión denunciada puede ser calificada de arbitraria o ilegal.

Sexto: Que la Subsecretaría del Interior, órgano competente para emitir un pronunciamiento respecto de la solicitud atendido lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N°20.430, ha retardado en resolver la solicitud de la recurrente, apartándose del principio de celeridad de los procedimientos administrativos, así como del impulso que debido al mismo le corresponde ejercer, teniendo en cuenta que han transcurrido más de 5 años desde su petición. Con lo anterior, ha resultado conculcado el tenor de lo dispuesto en el artículo 19, número 2, de la Constitución Política de la República, al mantener pendiente la petición de la parte recurrente durante un tiempo que resulta injustificadamente prolongado, considerando además que según lo informado la extranjera cuenta con residencia temporal vigente hasta el 19 de mayo de 2026.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior, sólo en cuanto se dispone que dicha repartición deberá emitir pronunciamiento sobre la solicitud planteada, teniendo en consideración la fecha de expiración de la residencia temporal otorgada a la actora.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°8-2026 Protección