Protección contra Instituto Profesional AIEP

En Santiago, a seis de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos:

A fs. 33, comparece nombre reservado, estudiante, domiciliado en domicilio reservado, Región Metropolitana, quien recurre de protección en contra del Instituto Profesional AIEP, diciendo que en marzo del año 2015, ingresó a estudiar la carrera de ingeniería en prevención de riesgos, con la finalidad de poder optar a una mejor calidad de vida en cuanto a oportunidades laborales, mediante la suscripción de diversos contratos de prestación de servicios educacionales con esa casa de estudios.

Aduce que su paso por esa casa de estudios se ha hecho compleja, debido a que inicialmente se matriculó contando con el apoyo financiero de sus padres, pero dichas circunstancias cambiaron al corto tiempo de pertenecer a esa entidad, ya que ellos dejaron de prestarle su auxilio, obligándolo a buscar diversos trabajos esporádicos para poder solventar sus obligaciones. Afirma que debido a su horario académico se le ha dificultado la posibilidad de poder mantener un trabajo estable, lo cual ha perjudicado el poder pagar oportunamente el arancel pactado en cuotas con esa casa de estudios. Agrega que, no obstante lo anterior, pudo salir adelante con mucho esfuerzo aprobando la totalidad de las asignaturas de la malla curricular, junto al examen de grado, de acuerdo a los planes y programas vigentes al momento de matricularse en esa casa de estudios, faltándole solo para titularse, la realización de una práctica profesional en alguna entidad pública o privada a su elección.

Asevera que, con este objeto, el día lunes 24 de diciembre de 2018, acudió al área de finanzas del Instituto Profesional AIEP para poder conocer el estado de sus deudas y así poder regularizarlas, ocasión en la cual se le indició que no podría matricularse para obtener la calidad de alumno regular e iniciar la práctica profesional o titulación mientras no se encuentre pagada la totalidad de las deudas con esa casa de estudios, que en la actualidad ascienden a la suma de $1.308.521.

Aduce que no es posible comprender por qué esa casa de estudios le está negando arbitrariamente la autorización y documentación pertinente para poder postular a la realización de su práctica profesional con alguna entidad externa, sea pública o privada, las cuales, no tienen ninguna relación con el Instituto Profesional AIEP, para poder finalizar sus estudios de pregrado.

Alega que lo anterior constituye una privación arbitraria e injusta del legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, toda vez que el Instituto referido, de manera ilegal y arbitraria, se arrogó la facultad de prohibir o truncar la realización de su práctica profesional en alguna entidad pública o privada, por el solo hecho de mantener una obligación pecuniaria pendiente de pago, constituyendo esto una forma de autotutela inconstitucional que se encuentra además superada en nuestro ordenamiento jurídico. Dice que, al mismo tiempo, esta privación arbitraria le impide en la actualidad proseguir con los trámites necesarios para poder titularse, optar a un empleo digno y así poder pagar las deudas adquiridas por concepto de estudios, entre otras.

En cuanto al derecho, afirma que los actos descritos constituyen vulneración del Artículo 19 N° 1, de la Constitución Política de la República, en cuanto al derecho a la integridad psíquica, que tiene su fundamento en que, a consecuencia de todos los agravios sufridos por la recurrida al obstaculizar su proceso de práctica y titulación, ha experimentado diversas situaciones de angustia y alteraciones en la entrega de la documentación pertinente para que pueda realizar la práctica profesional y posterior titulación, previo al pago de la deuda pendiente, con lo cual, además, lo ha discriminado, al privarlo de la documentación que necesitó y a la que otros ex alumnos en su misma situación académica pueden acceder, lo que, de este modo, vulnera la garantía contenida en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Acusa también, vulneración del artículo 19 N° 3, inciso 5°, de la Constitución, norma que dice quebrantada, ya que la recurrida incurre en autotutela en los derechos que considera que a su juicio le asisten, ya que pretende el cumplimiento de una obligación contractual, mediante una acción de presión al negarle la matrícula y documentación pertinente para poder realizar la práctica profesional, sin agotar previamente las acciones de cobro pertinentes, así como también hacer efectivas las garantías a su favor.

Denuncia también, vulneración del artículo 19 N° 24, de la Constitución Política de la República, ya que el no otorgamiento de la documentación pertinente para poder realizar su práctica profesional, conculca la garantía del derecho de propiedad sobre un bien incorporal contemplada en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respecto de su calidad de egresado del Instituto Profesional AIEP, y de obtener los antecedentes que le habiliten para poder realizar la práctica profesional para obtener la titulación de Ingeniero en Prevención de Riesgos.

Cita el artículo 20 de la Constitución y pide que se ordene a la recurrida el cese inmediato de toda privación o perturbación ilegal y arbitraria respecto del legítimo ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, en especial, que se le ordene emitir, sin mayor trámite, la totalidad de la documentación necesaria para poder postular a práctica profesional; y que, una vez aprobada la práctica profesional, acceda a emitir sin mayor trámite, la totalidad de la documentación necesaria para poder materializar la finalización de su proceso de titulación incluyendo el documento de título profesional de Ingeniero en Prevención de Riesgos; con costas.

A fs. 77, evacuando el informe solicitado, don Benjamín Uriarte Molina, abogado, en representación convencional de Instituto Profesional AIEP SPA, pidió el rechazo de la acción intentada, en todas sus partes, con costas, diciendo que el recurrente, en la actualidad, está matriculado para el año 2019 en el Instituto Profesional AIEP SPA, de modo que su acción deja de tener todo fundamento jurídico y material.

Dice que en sus registros figura el alumno nombre reservado como alumno matriculado para el año 2019, en la carrera de ingeniería en prevención de riesgos, sede Bellavista, desde el día 2 de enero de 2019, esto es, el primer día hábil del presente año. Sigue de ello, que es evidente entonces, que el recurso de protección deducido en autos es total y absolutamente improcedente, puesto que el Sr. nombre reservado no tiene impedimento alguno para realizar su práctica profesional, ya sea en una entidad pública o privada, toda vez que actualmente detenta la calidad de alumno de AIEP, sin reparo, observación o censura alguno, agregando que el recurrente ha mantenido dicha calidad desde la fecha de celebración del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales hasta la actualidad, de manera ininterrumpida.

Prosigue diciendo que, en consecuencia, no son efectivas las graves vulneraciones a derechos constitucionales denunciadas, ya que no existe ninguna vulneración a su integridad física ni psíquica, existe plena igualdad ante la ley; no existe ningún procedimiento ilegal ni de autotutela; como tampoco existe alguna vulneración al derecho de propiedad.

Dice que, sin perjuicio de lo dicho, el recurso de protección impetrado en autos es igualmente infundado, ya que las partes libremente acordaron las condiciones de renovación del contrato, las que no han sido cumplidas por el recurrente, lo que consta del contrato de fecha 27 de febrero de 2017, donde las partes acordaron, en la cláusula primera, que: “El presente contrato se renovará para un nuevo periodo académico, en el evento que el alumno realice el trámite de renovación o solicitud respectiva, a través de los siguientes medios: en la Intranet del Instituto, en el módulo de Autoatención, a través de la aplicación Mobile utilizando la contraseña que se le entrega al alumno al momento de matricularse, o a través de un ejecutivo de matrícula; todo ello siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones copulativas: 1. No encontrarse el alumno(a) en condición de “Alumno(a) Eliminado Académicamente”, “Alumno (a) con retiro”, “Suspensión de Estudios” o “Abandono de Carrera” las cuales se encuentran explicadas en los respectivos reglamentos de la institución. 2.- No encontrarse el Alumno(a) con sanción disciplinaria de cancelación de matrícula o suspensión de estudios. 3.- No tener el Alumno(a) o el Aceptante, obligaciones económicas en mora o pendientes con el Instituto. 4.- El Alumno(a) deberá continuar sus estudios en la misma carrera, jornada y sede. En virtud que el presente contrato podría ser renovado de común acuerdo para uno o más periodos académicos, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, los valores de matrícula y arancel podrían variar anualmente”.

Sostiene, además, que, en las cláusulas cuarta y quinta, se estableció, como principal obligación del recurrente, pagar la matrícula y el arancel anual, conforme a una tabla o detalle de pagos. Específicamente, en la referida cláusula quinta se estableció que: “Obligación de pago. Los Contratantes declaran que son solidaria y personalmente responsables de todas las obligaciones económicas contraídas en virtud del presente contrato, donde se incluyen los gastos mencionados en el Anexo III del presente contrato, sin perjuicio de los demás obligados solidariamente al pago en virtud de los instrumentos que, para facilitar el pago, separadamente se suscriban u otorguen por el Aceptante, o el Alumno”.

De lo dicho, sostiene el recurrente que es claro, que las partes acordaron que la renovación del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales estaba sujeto, dentro de otras condiciones, a que el alumno no mantenga obligaciones económicas en mora o pendientes con AIEP, habiendo reconocido expresamente el recurrente, que adeuda a esa parte la suma de $1.308.521, siendo un contrato, que es por ende, obligatorio para las partes, en los términos convenidos, tal como lo establece el legislador en el artículo 1545 del Código Civil. Dice que, a pesar de la deuda del recurrente, actuando su parte de buena fe, accedió a matricularlo para el periodo 2019.

Cita fallo de la Excma. Corte Suprema, que estableció, en un caso idéntico al de autos, que: “Que no es controvertido por el actor, que hasta la fecha no ha podido pagar la deuda que tiene con la Universidad, por lo que queda de manifiesto que la negativa de la recurrida a matricular al alumno por el periodo 2016, no es ilegal o arbitraria, toda vez que se ajustó a los contratos celebrados con el recurrente y a la reglamentación interna de la Universidad. En efecto en los contratos referidos, el estudiante acepta la reglamentación interna de la universidad en la cual se condiciona la matrícula a la no existencia de deuda, razón por la que el presente recurso será desestimado”.

Atento a lo señalado, la recurrida concluye que no se verifica ninguno de los presupuestos que hacen procedente la presente acción constitucional, ya que no existe un acto ilegal o arbitrario; no existe privación, perturbación o amenaza alguna; y, como consecuencia de lo anterior, no existe una relación de causa a efecto entre la supuesta acción u omisión ilegal o arbitraria y la supuesta vulneración de los derechos fundamentales que aduce el recurrente, razón por la cual pide el rechazo en todas sus partes la acción constitucional interpuesta por nombre reservado, con costas.

A fs. 81, se trajeron los autos en relación.

Se procedió a la vista y quedaron estos autos en acuerdo, ante esta Tercera Sala.

CONSIDERANDO:

1° Que don nombre reservado, deduce recurso de protección contra el Instituto Profesional AIEP, por el acto arbitrario e ilegal consistente en haberle negado la matrícula para el año 2019, por mantener una deuda con esa institución por concepto de aranceles de $1.308.521, hecho del cual tomó conocimiento el día 24 de diciembre de 2018, cuando concurrió a esa casa de estudio a conocer el estado de su deuda, precisamente para realizar los trámites de matrícula y obtener la documentación necesaria para poder realizar su práctica profesional, para lo cual, era preciso estar matriculado.

Reconoce mantener la deuda que se indica, pero se excusa diciendo que perdió el apoyo inicial que tuvo de sus padres para el pago de sus obligaciones y que el horario de estudio le dificultó conservar un empleo.

Dice que la negativa a la matrícula y a la entrega de la documentación –que no precisa- y que requeriría para su práctica, es arbitraria e ilegal porque el Instituto recurrido se arrogó la facultad de prohibir o truncar la realización de su práctica por el solo hecho de mantener una obligación pecuniaria pendiente de pago, lo que constituye a su juicio una forma de autotutela inconstitucional.

Asimismo, dicho acto ilegal y arbitrario, afectaría sus derechos constitucionales garantizados en los números 1, 2, 3, inciso 5° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por las razones que en cada caso señala.

2° Que, informando la recurrida, solicitó el rechazo de la acción intentada, con costas, porque el recurrente está matriculado para el año 2019, de modo que su acción carece de fundamento, a lo que agregó que el recurso es igualmente improcedente, desde que las partes libremente celebraron un contrato, en el que se convino su renovación para un nuevo periodo académico, siempre que se cumplieran ciertos requisitos, entre los que se cuenta que no mantenga obligaciones económicas en mora o pendientes con el Instituto, siendo de advertir que el recurrente reconoció expresamente que adeuda a esa parte la suma de $1.308.521. Al efecto, citó fallo de la Excma. Corte Suprema, que rechazó recurso de persona en situación idéntica a la descrita.

3° Que, en apoyo de su pretensión, el recurrente acompañó los siguientes documentos: 1) Contrato Instituto Profesional AIEP SpA; 2) Certificado de Egreso; 3) Certificado de Alumno Regular; 4) Concentración de Notas; 5) Ficha Curricular; 6) Documento denominado global cobro; 7) documento sobre deuda vigente.

4° Que, por su parte, la recurrida acompañó los siguientes antecedentes: 1) Contrato de Prestación de Servicios Educacionales celebrado entre las partes con fecha 28 de febrero de 2017; 2) Documento denominado “Tabla Resumen de Matricula” donde consta matrícula para el año 2019; 3) Captura de pantalla del sistema informático interno de AIEP; 4) Documento que “Modifica Reglamento Académico y Fija Texto Refundido y Sistematizado”, de fecha 11 de diciembre de 2018; 5) Documento que “Modifica Normas de Titulación y Fija Texto Refundido y Sistematizado, Rectoría”, de fecha 15 de septiembre de 2016.

5° Que el recurso de protección de garantías de constitucionales, tiene por objeto la adopción de medidas rápidas y urgentes para amparar los derechos constitucionales que asegura la Constitución, ante actos arbitrarios y/o ilegales, que priven, perturben o amenacen esos derechos, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer otras acciones, para poner pronto remedio a dichas perturbaciones o vulneraciones.

6° Que, en la especie, lo que se pretendía por el presente recurso ya ha sido corregido en fecha anterior a aquella en que se notificara la solicitud de informe a la recurrida, según surge de los antecedentes incorporados a los autos, puesto que el recurrente ya está matriculado para el periodo 2019 en el Instituto AIEP, que era lo buscado por aquél por intermedio de la presente acción constitucional, de donde se sigue que esta carece en la actualidad de oportunidad.

7° Que, sin perjuicio de lo dicho, es efectivo como afirma la recurrida, que las partes se encuentran vinculadas por un contrato, suscrito voluntariamente por ambas y respecto del cual, no se ha alegado la existencia de vicio o defecto alguno que lo haga inaplicable, en el cual se encuentra estipulado que es una de las condiciones necesarias para su renovación en el proceso de matrícula respectivo, que el alumno o aceptante, no mantenga obligaciones económicas en mora o pendientes con el Instituto, tal como se lee de la cláusula primera, número 3, del contrato incorporado a los autos y en circunstancias que el recurrente reconoció de modo expreso que mantenía una deuda vigente a la época en que pretendió renovar su matrícula.

Siendo dicho contrato una ley para las partes y a la luz de los antecedentes vertidos en esta acción, no es posible sostener que la negativa atribuida a la recurrida de rechazar la matrícula del alumno deudor, haya sido un acto ilegal o arbitrario, puesto que ella se ajustó al contrato suscrito entre ambas partes.

8° Que, en consecuencia, por no existir acto ilegal ni arbitrario alguno, se hace innecesario el análisis de las garantías constitucionales que se dicen infringidas; y, asimismo, conforme ello y apareciendo falto de oportunidad el recurso, este será rechazado, pero sin costas, por estimarse que se obró con motivo plausible.

Y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el deducido por nombre reservado, sin costas.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Redactó la Ministro Sra. Carolina Vásquez Acevedo.

Rol N° 7968-2018 Prot.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señora María Teresa Díaz Zamora, señora Carolina Vásquez Acevedo y señora María Alejandra Pizarro Soto.

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