HACIENDA CHOROMBO S.A. CONTRA nombre reservado

8 San Miguel, ocho de septiembre de dos mil veinte.

Vistos:

Hacienda Chorombo S.A., representada por nombre reservado, ingeniero agrónomo, con domicilio en domicilio reservado y provincia de Melipilla, recurre de protección en contra de nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado y provincia de Melipilla, y de nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, del Proyecto de Parcelación Chorombo, Km. 23,6 aproximadamente, Ruta G-730 camino María Pinto, también denominado Camino Lolenco, provincia de Melipilla.

Funda su recurso en que, el 28 de agosto de 2019, a las 15:30 horas, mientras personal de su dependencia se encontraba reforzando el cerco de la parcela N° 70, de la cual es propietaria, llegó al lugar el recurrido nombre reservado, abogado del señor nombre reservado, quien es dueño del Lote B, de la subdivisión de la parcela N° 71, -colindante con la parcela de la recurrente- instando por la paralización de la faena y amenazando con derrumbar el cerco que se estaba reforzando, lo que se cumplió minutos más tarde al llegar nombre reservado y personal del señor nombre reservado con una retroexcavadora y procedieron a sacar los postes del cerco, ingresaron la máquina a la parcela N° 70 y una vez retirados los cercos, dejaron un conteiner dentro de la parcela de la recurrente.

El recurso explica que Hacienda Chorombo S.A. es dueña de la parcela N° 70, del Proyecto de Parcelación “Chorombo”, ubicado en la comuna de María Pinto, de una superficie aproximada de 20,2 hectáreas, y que, ejerciendo su derecho de dominio, estaba reforzando los deslindes que dan al domicilio reservado- en el momento en que ocurrieron los hechos relatados.

Señala quien recurre que, el 26 de agosto de 2019, un notario se constituyó en la Ruta G-730 (camino a María Pinto o también denominado camino a Lolenco) a la altura aproximada del kilómetro 23,5 de la comuna de María Pinto y provincia de Melipilla, con la intención de verificar el estado actual del deslinde norte de la parcela N° 70 y del Lote B de la subdivisión de la parcela N° 71 y levantó un acta de la que se desprende que el Lote B se encontraba totalmente cercado, con una construcción sólida, de cemento en la base, y con un cerco de fierros que circundan toda la propiedad del recurrido señor nombre reservado; cerco que fue construido con anterioridad, lo que es coincidente con la fecha de inscripción de dominio del predio, mediante la cual se acredita que don nombre reservado es dueño del Lote B, desde el año 2009.

Afirma que los hechos descritos vulneran los derechos contemplados en los números 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a desarrollar una actividad económica y el derecho de propiedad.

Solicita que se ordene el retiro del conteiner que los recurridos introdujeron a la parcela N° 70 y que se restituya el cerco de la misma, destruido por los recurridos, ambas cuestiones a costa de estos últimos, dentro del plazo de tres días, o el que la Corte se sirva fijar, bajo el apercibimiento de llevar a cabo el retiro por el recurrente o por un tercero, a expensas de los recurridos, si dentro de dicho plazo no lo hubieren efectuado. Además, pide que los recurridos se abstengan de todo acto que importe amenaza, perturbación o privación del derecho de propiedad sobre la parcela N° 70 y sus cercos, y que se adopten las medidas que, en concepto del tribunal, sean conducentes al restablecimiento y protección del derecho conculcado, con costas.

Los recurridos informaron al tenor del recurso enderezado en su contra y solicitan se declare la improcedencia de la presente acción, por haber sido interpuesta en forma extemporánea. En relación a ello, señalan que el predio de propiedad del recurrido señor nombre reservado fue cerrado, cercado y delimitado en abril de 2009, usando postes y malla cuadriculada, los mismos que los dependientes de la recurrente arrancaron, incurriendo en un acto de auto tutela. Aduce que desde la instalación de ese cercado de la propiedad, el plazo para recurrir de protección fue excedido con creces.

En cuanto al fondo, el informe expone que nombre reservado es dueño del inmueble denominado Lote B resultante de la subdivisión de la Parcela N° 71 del Proyecto de Parcelación Chorombo, ubicado en la comuna de María Pinto, que adquirió el año 2009, pero niega los hechos descritos por la recurrente. Los recurridos aducen que empleados de la recurrente entraron por medios violentos –con un tractor-, destruyendo los cercos que servían de deslinde norte a un retazo del Lote B de la parcela N° 71, y ante la presencia hostil y arrogante de dicho personal, el señor nombre reservado, en su calidad de abogado del propietario del terreno, los conminó a abandonar el lugar, sin hacer más que repeler de modo pacífico y por medio de la razón la agresión ilegítima e inminente en los bienes de su representado, en particular, el cerco que había sido removido mediante el uso de un tractor por parte de los empleados de la recurrente.

Dice el informe que la reja de fierro en el inmueble del señor nombre reservado sólo corresponde al cierre interior que separa a las instalaciones industriales del resto del predio agrícola, y que fuera instalado en el año 2012, al inicio del giro industrial.

Finalmente, hacen presente que por medio de esta acción constitucional, de tramitación breve y sumaria, la recurrente pretende eludir el debido ejercicio de la pertinente acción civil de lato conocimiento, como es la reivindicación.

Ambas partes allegaron variada prueba documental.

La recurrente allegó: copia de inscripción de fojas 2071 vta. N° 3679, del Registro de Propiedad del año 2008, del Conservador de Bienes Raíces de Melipilla, respecto de la Parcela N° 70; copia de inscripción de fojas 486 N° 861, del Registro de Propiedad del año 2009, del Conservador de Bienes Raíces de Melipilla, respecto del Lote B, de la subdivisión de la parcela N° 71, del Proyecto de Parcelación Chorombo, comuna de María Pinto; copia de escritura pública de Liquidación Parcial de Sociedad Conyugal y Comunidad nombre reservado y otros a nombre reservado; escritura de Asignación Cora Parcela N° 70, inscrita a fojas 359 N° 494, del Registro de Propiedad del año 1978, del Conservador de Bienes Raíces de Melipilla; escritura asignación Cora Parcela N° 71, inscrita a fojas 325 N° 377, del Registro de Propiedad del año 1977, del Conservador de Bienes Raíces de Melipilla; Acta Notarial de constatación de hechos, de 26 de Agosto de 2019; fotografías; y dos pendrive que contienen imágenes de video.

Los recurridos, a su vez, acompañaron: copia de inscripción de dominio de fojas 486 N° 861 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Melipilla del año 2009; fotografía y certificado de anotaciones del tractor PPU LZ 1042; acta suscrita por oficial de Registro Civil, notario público de la comuna de María Pinto; fotocopia de Resolución Exenta N° 82, de 17 de mayo de 2013, de la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, Región Metropolitana; fotocopia de Ordinario N° 1512, de 10 de abril de 2013, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región Metropolitana; plano de subdivisión de la parcela N° 71 del Proyecto de Parcelación Chorombo, comuna de María Pinto; plano de distribución de tierras del Proyecto de Parcelación Chorombo; plano de distribución de aguas del Proyecto de Parcelación Chorombo.

Asimismo, a solicitud de los recurridos, se pidió informe al Servicio Agrícola y Ganadero, Departamento de Tenencia de Tierras y Aguas, sobre los criterios de los deslindes de los predios asignados en su momento por la Corporación de Reforma Agraria, específicamente entre los dos predios singularizados en autos. Evacuando este informe, la Jefa de la División Jurídica de la Oficina Central del Servicio Agrícola y Ganadero indica que no existe referencia a los criterios específicos que permitieron definir los deslindes de las Parcelas N°s 70 y 71, por lo que ese Servicio no posee elementos para pronunciarse respecto a la información solicitada. Añade que el deslinde entre dichas parcelas, según el plano del Proyecto de Parcelación de noviembre de 1975, es una línea sinuosa que corre de Poniente a Nororiente por el Norte y Poniente de la Parcela N° 70 y por el Sur y Oriente de la Parcela N° 71.

Del mismo modo, a petición de la parte recurrida, se solicitó al Servicio de Impuestos Internos copia de las planchetas que dan cuenta de los roles de avalúo de las parcelas en mención. En relación a lo requerido, el referido Servicio informa los respectivos roles de avalúo de ambos predios; adjunta imágenes donde figuran los Roles de Avalúos N°s 16-131 y 16-309 y el plano de subdivisión; sin embargo, precisa que en los predios agrícolas no existen planchetas.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y consideración:

I. Alegación de extemporaneidad:

1°) Conforme al artículo 1º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, esta acción cautelar debe interponerse ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismos;

2º) Para definir lo pertinente a la oportunidad con que ha sido incoado el presente recurso debe tenerse en consideración que el acto que motiva su interposición aparece datado por el actor el 28 de agosto de 2019, fecha que los recurridos no discuten, resultando ser ese el hito temporal desde el cual corresponde contar el plazo para accionar por la presente vía extraordinaria.

Por lo tanto, al haberse presentado el libelo cautelar el 11 de septiembre de 2019, queda en claro que el arbitrio fue ejercido dentro del plazo de treinta días reglado al efecto, motivo por el que la alegación de ser extemporáneo no prosperará;

II. En cuanto al fondo:

3º) Como se sabe, la acción constitucional de protección de derechos constituye una medida de tutela urgente prevista para proporcionar remedio pronto y eficaz frente a la vulneración de los derechos y garantías que contempla el artículo 20 de la carta fundamental, causada por una acción u omisión que sea ilegal o arbitraria. Este es el contexto que justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare suficientemente el derecho amagado, sin adentrarse en aspectos propios de un pronunciamiento de fondo, ordinario o especial.

Otro aspecto que tampoco debe perderse de vista es que esta acción cautelar se dirige a la protección de derechos indubitados, vale decir no discutidos.

Por consiguiente, el ejercicio de este arbitrio no puede ser utilizado en reemplazo o para soslayar los procedimientos ordinarios o especiales que el ordenamiento legal prescribe para el conocimiento y resolución del fondo del conflicto, así como tampoco que se lo convierta en una vía paralela de aquéllos;

4º) La presente acción de protección de garantías constitucionales ha sido interpuesta por Hacienda Chorombo S.A., en contra de nombre reservado por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en haber ingresado por la fuerza –con la acción de una retroexcavadora y por medio de personal dependiente del segundo- al predio de la recurrente, sacando los postes del cerco y dejando un container dentro de la parcela, vulnerándose con ello su derecho de propiedad y a desarrollar cualquier actividad económica, en los términos del artículo 19, números 24 y 21, de la Constitución Política de la República, respectivamente, de la manera descrita en extenso en la parte expositiva de esta resolución;

5º) Al informar, los recurridos refutan los hechos descritos en el recurso y aducen, en cambio, que fueron empleados del recurrente quienes, por medios violentos –con el uso de un tractor-, destruyeron los cercos del deslinde norte del predio de propiedad del señor nombre reservado, instalados por éste en 2009, por lo que fueron conminados a abandonar el lugar;

6º) De ambos escritos principales antes referidos se desprende que recurrente y recurridos se imputan, recíprocamente, haber incurrido en vías de hecho. Como se anotó ut supra, el primero atribuye a su contraria haber ingresado con una retroexcavadora, con la que procedió a sacar los postes del cerco de su parcela y luego dejar dentro de ella un container; los recurridos, a su vez, atribuyen el uso de la fuerza a la contraria, afirmando que fueron sus dependientes quienes destruyeron los deslindes del predio del que es titular nombre reservado.

En resumen, cada parte sostiene haber sufrido un acto de fuerza de la contraria, sin que ninguna reconozca haberla ejercido;

7º) Para resolver el recurso, primeramente y a la luz de lo anotado en el motivo 3º), es necesario poner de relieve que la lectura de los escritos principales de las partes deja ver que entre ambas ha surgido una controversia en cuanto a la efectiva existencia y debido emplazamiento de los deslindes de las propiedades mencionadas en autos, lo que impide considerar que alguna cuente con un derecho de carácter indiscutido sobre el área predial envuelta en los hechos que cada quien narra en sus presentaciones. Una contienda así generada no puede ser dilucidada por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, dado que no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados;

8º) Ahora bien, en lo que toca a las vías de hecho materia de la protección impetrada por Hacienda Chorombo S.A., ya se ha dicho que el hecho esencial del cual emana la conculcación de los derechos fundamentales que denuncia ha sido expresamente negado por los recurridos, quienes retrucan, a su vez, que los actos de fuerza provinieron de la propia recurrente.

Ambas partes se valen de diversa documentación con miras acreditar sus asertos, pero lo cierto es que esta Corte no encuentra en ella mérito suficiente para tener por demostrada, en el marco y estándar probatorio de esta sede extraordinaria, alguna de las conductas que se acusan entre sí. Esto, pues las fotografías y videos acompañados no son concluyentes en cuanto a las características del statu quo que habría sido alterado, por lo que no permiten sostener con objetividad que las imágenes que reproducen correspondan con exactitud a alguna de las versiones contrapuestas referidas en autos. Baste recordar que la recurrente afirma que la contraria ingresó un container al predio de su propiedad; hay imágenes en que se aprecia su existencia, sin embargo, no consta que ello hubiera ocurrido de la manera que se dice, o que dicha especie tenga alguna relación con los recurridos, o en fin, que éstos reconozcan haberlo hecho.

Resulta manifiesto que los antecedentes registrales, notariales, lo mismo que lo informado por el Servicio Agrícola y Ganadero y el Servicio de Impuestos Internos, nada definitorio aportan en ese sentido, sin perjuicio del valor que, eventualmente, sí puedan tener en un procedimiento distinto;

9º) Junto a lo anterior y dado el tiempo transcurrido desde el 28 de agosto de 2019 –día en que ambas partes sitúan los hechos que exponen-, cabe resaltar que aun cuando frente a vías de hecho el recurso de protección se presenta como un instrumento adecuado para obtener el restablecimiento del estado de situación existente con anterioridad a la ejecución de los actos perturbatorios, ello es sin perjuicio del derecho del afectado para ejercer, en la sede correspondiente, las acciones que estime convenientes a sus intereses con el objeto de regularizar los actos que lo agravian, sin que resulte factible, por consiguiente, otorgar través de esta vía extraordinaria y de urgencia una cautela de carácter permanente, ya que en la práctica se podría estar constituyendo un verdadero gravamen respecto de la propiedad de la parte recurrida, sin cumplirse con los procedimientos legales establecidos para estos conflictos. Así lo ha dicho la Excma. Corte Suprema, por ejemplo, en sentencias N° 19.328-2016; N° 83.384-2016, N° 7.696-2015;

10º) Corolario de las reflexiones que preceden, al no verificarse los presupuestos de la presente acción, el postulado de protección no podrá prosperar.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Hacienda Chorombo S.A, sin perjuicio de su derecho para ejercer, en la sede correspondiente, las acciones que crea más convenientes a sus intereses.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Alejandra Pizarro.

N° 7.961-2019 Protección.- Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señoras María Teresa Letelier Ramírez, María Alejandra Pizarro Soto y Dora Mondaca Rosales.