nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

En Santiago, a once de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 10 don Alejandro Núñez Morales, abogado, en representación de don nombre reservado, interpuso recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada por don nombre reservado, solicitando que se resuelva que los actos que fundan su recurso son ilegales y afectan garantías constitucionales y, en consecuencia, solicita se ordene restablecer el imperio del derecho haciendo cesar los descuentos en las remuneraciones de su representado, con costas.

Señala que el 30 de Diciembre de 2015, su representado obtuvo un crédito ante la recurrida por $5.212.067, pactado en 36 cuotas mensuales y sucesivas de $205.414, cuyo pago comenzaría en Enero de 2016, por medio de descuentos efectuados por su empleador en sus remuneraciones mensuales. Agregó que fue desvinculado de la empresa y no pudo seguir pagando, por no contar con una remuneración mensual. Que al acercarse a negociar la deuda, le negaron tal posibilidad porque ya se había iniciado un juicio en su contra en causa C-12067-2018 del Segundo Juzgado Civil de Santiago. Añade que el 29 de Octubre comenzó a hacer un reemplazo en la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, por un periodo inicial de 2 meses y que al completar su primer mes, el 30 de noviembre de 2018, recibió como pago una suma inferior a la pactada por lo que al consultar al empleador, éste le refirió que debió realizar descuentos, entre ellos $ 145.898 que correspondían al crédito ya judicializado.

Estima que el acto ilegal y arbitrario consistió, en síntesis, en que no sólo hay un doble cobro, sino que también el descuento realizado es superior al 45% legal, considerando que en total sus descuentos ascienden a $393.584, de un ingreso de $678.150, lo que corresponde al 58,042%.

Afirma que de la manera señalada se ha conculcado la garantía establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que la recurrida informó el recurso solicitando se rechace el mismo, refiriendo en síntesis los créditos otorgados al recurrente. Indica en primer término y en relación a la operación de crédito N°03802200993, que la Caja Los Andes, el 30 de Diciembre de 2015 otorgó al recurrente un crédito, cuyo capital inicial fue de $5.212.067, con una tasa de 1,88% pagadero en un plazo de 36 meses, con cuotas de $205.414, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de Enero de 2016. Que la Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna, empleadora del recurrente, durante el período del 10 de Febrero de 2016 al 10 de Abril de 2017, retuvo y pagó las cuotas de los meses de Enero de 2016 a Mayo de 2017, cuotas N° 1 a N° 17.

Con posterioridad la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, el 10 de Diciembre de 2018, retuvo y pagó la cuota de Junio de 2017, cuota N° 18. Al 14 de Enero de 2019, la presente operación de crédito mantiene en estado moroso las cuotas de Julio 2017 a Noviembre de 2018, esto es, cuotas N°19 a 35, por lo que se dedujo demanda ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza esa obligación en autos Rol C-12067-2018 del Segundo Juzgado Civil de Santiago, la que hasta la fecha y tras numerosos intentos no ha logrado ser notificada al recurrente.

Añade que conforme la operación de crédito N°03802313062 Caja Los Andes, el 1 de Diciembre de 2016 otorgó al recurrente un crédito, cuyo capital inicial era de $746.382, con una tasa de 2,79% pagadero en un plazo de 18 meses, con cuotas de $54.382, cuyo primer vencimiento corresponde a Febrero de 2017. Que la Fundación Las Rosas retuvo y pagó las cuotas de Febrero y Marzo de 2017, cuotas N°1 y 2, luego, Abril y Mayo, esto es cuotas N°3 y 4. La Corporación de Salud de San Bernardo, retuvo y pagó la cuota de Junio de 2017 a Enero de 2018, cuota N°5 a 12. A enero de 2019, se encuentran morosas las cuotas de Febrero a Julio de 2018, esto es, cuota N°13 a 18.

Refirió que se debe comprender el contexto en el que se desarrollan los hechos materia de este recurso, por lo que se debe tener presente el carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación y Mecanismo de Cobro, según el artículo 22 de la Ley 18.833. Tras efectuar una reseña histórica, citó las normas de los artículos, 1, 19, 21, 22, 26, 29 de la referida Ley y sostuvo que si bien, las Cajas de Compensación actúan como agentes económicos en el sistema financiero, no tienen fines de lucro y sus beneficios económicos están destinados a mejorar la calidad de las prestaciones. Que por su naturaleza de entidad de previsión social, el legislador, estableció ciertas garantías para el cobro de los créditos en el artículo 22 que dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración, por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. Que en esta línea de razonamiento, el hecho que la Caja haya entablado una acción judicial, no la libera de la obligación legal de efectuar el descuento, para el pago de las cuotas adeudadas, por lo tanto, obra en ejercicio de una facultad conferida por Ley y los acuerdos contractuales y obedece al cumplimiento de su obligación legal de cautelar el fondo social.

Agregó que el recurrente, erróneamente, estima que las deducciones para el cobro de créditos sociales se encuentran afectas a la limitación establecida en el inciso 3 del artículo 58 del Código del Trabajo, sin embargo, dicha disposición trata sobre descuentos facultativos que requieren acuerdo entre trabajador y empleador, no es aplicable a las deducciones de carácter obligatorio como las que se efectúan para el pago de créditos sociales. Que es la Superintendencia de seguridad Social quien reguló la materia en este caso y que los créditos sociales se encuentran acorde a la situación económica del recurrente al momento de su otorgamiento, lo que se acreditó en su oportunidad por la documentación presentada en la etapa de evaluación y no puede reducirse unilateralmente en atención al artículo 1545 del Código Civil y 16 de la Ley del Consumidor y lo que corresponde es readecuar las condiciones del contrato de mutuo acuerdo conforme la nueva situación del deudor.

En cuanto a las garantías que el recurrente estimó vulneradas, señaló que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor, ni un acto ilegal de expropiación, sino que se obró conforme el artículo 22 ya referido.

Tercero: Que a fin de dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, se hace necesario señalar que la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías a que dicha norma se refiere, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

Cuarto: Que el acto que el recurrente reprocha como arbitrario e ilegal, consiste en los descuentos que se efectuaron de sus remuneraciones el 30 de noviembre de 2018, descuento realizado prácticamente un año después que se pagara por última vez el crédito otorgado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

Quinto: Que de la manera señalada la recurrida ha actuado en forma arbitraria al ejercer la facultad que le otorga el artículo 22 de la Ley N°18.833 a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan, en atención al año transcurrido sin que ejerciera acciones a fin de cobrar el crédito, acción que ejerció el 20 de Abril de 2018 al interponer demanda ejecutiva, con lo cual el solicitar el descuento del crédito, por planilla, del sueldo deviene en caprichosa, sin perjuicio de hacer valer sus derechos ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

Sexto: Que, de lo expuesto, surge que el actuar de la recurrida no aparece revestido de la necesaria razonabilidad y fundamento, y por ende es arbitrario, vulnerando el derecho de propiedad del actor, atentando contra la garantía constitucional del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº 24 de nuestra Carta Fundamental, razón por la cual el recurso de protección debe ser acogido.

Séptimo: Que, por otra parte, es preciso considerar según se colige del mérito de lo señalado por las partes y de los antecedentes que obran en el sistema informático de los Tribunales Civiles, en el Segundo Juzgado Civil de Santiago se inició el 20 de Abril de 2018 la causa rol 12067-2018, “Caja Los Andes con nombre reservado”, juicio ejecutivo, N° de operación N°380220099-3, demanda notificada el 31 de Enero de 2019, desprendiéndose de ello que el recurrido ha sometido los hechos a un procedimiento que otorga a las partes las máximas garantías para hacer valer sus alegaciones.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Camilo Alejandro Núñez Morales, en representación de don nombre reservado, debiendo la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social otorgado a la recurrente por medio de descuento de sus remuneraciones, debiendo reembolsar los montos indebidamente descontados a partir de Noviembre de 2018, sin perjuicio que la Caja de Compensación prosiga su cobro por la vía jurisdiccional ya iniciada por su parte.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro Sra. Sottovia.

Rol 7955-2018-Pro Pronunciada por la Quinta Sala de la I. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señora María Teresa Letelier Ramírez, señora Adriana Sottovia Giménez y señora María Alejandra Pizarro Soto.