Protección contra Decreto 15

En Santiago, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve.

Vistos y considerando:

1°) Que don nombre reservado, profesor, deduce recurso de protección en contra del Decreto 15.480, de la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, de fecha 22 de Noviembre de 2017 (sic), por considerar que se le ha privado, perturbado o amenazado del legítimo ejercicio de los derechos esenciales consagrados en el artículo 19 N° 1, 2, 4 y 24 de la Constitución Política al dictarse el Decreto Alcaldicio antes referido, por el que se puso término anticipado a su contrata (la que expiraba el 31 de diciembre de 2018) sin que, a su vez, se haya renovado para el año 2019 y en virtud de la cual se desempeñaba como encargado del Departamento de Organismos Comunitarios, sin expresión de razones o motivaciones fundadas o suficientes que den asidero a la misma.

Alega que la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda ha incurrido en acciones ilegales o arbitrarias, en directa contravención con lo mandatado por el legislador, ya que, ha puesto término al desempeño de sus funciones con anterioridad al tiempo de expiración natural de contratación contemplado por la ley, es decir al 31 de diciembre, sin expresión de razones o motivaciones fundadas o suficientes que den asidero a la misma.

Sostiene que el acto impugnado ha conculcado las garantías antes referidas al haber sido removido anticipadamente de su empleo, sin mediar razón, motivación o fundamento suficientes para la referida decisión, despojándole de aquello que le corresponde como trabajador y funcionario público privándolo del derecho de propiedad que tiene respecto de su empleo y remuneración; vulnerando el principio de igualdad ante la ley y su correlativa prohibición de discriminación, afectando gravemente su honra e integridad física y psíquica, menoscabando su fama o buen nombre y generando con ello, efectos dañinos para la salud mental de este actor.

Concluye solicitando que se deje sin efecto el decreto en cuestión ordenando su reintegro a las labores municipales hasta su fecha de vencimiento, se ordene el pago de su remuneración por todo el período que la decisión impugnada lo privó de su empleo, con los reajustes correspondientes, y se instruya a la Municipalidad de no actuar del modo impugnado, con costas.

2°) Que informando la Municipalidad recurrida sostiene que don nombre reservado, ejerció funciones en calidad de “contrata”, por el término de un año a contar del 01 de febrero de 2017, cargo profesional, grado 9. Posteriormente, fue contratado en la misma calidad y grado desde el 01 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2018, terminando su contrata con esa fecha.

Indica que la Municipalidad, en cumplimiento a los dictámenes de Contraloría General de la República números 23.518 y 85700, ambos del año 2016, dictó el decreto en que se ordena no renovar la contrata, el que fue notificado al funcionario por carta certificada enviada el 23 de noviembre de 2018, esto más de un mes antes del término de la misma.

Hace presente que si bien procede en este tipo de materias el principio de la confianza legítima respecto de los funcionarios a contratas, que fueren renovadas sucesivamente por más de dos años, ello claramente no es aplicable en la especie, debido a que se trata de un ex funcionario que no está dentro de los criterios fijados por la jurisprudencia administrativa del ente contralor, ya que su contrata no ha excedido los dos años, por lo que no se encuentra amparado por el Principio de Confianza Legítima.

Sostiene que el artículo 2 de la ley 18.883, lo autoriza a mantener funcionarios a contrata disponiendo que éstas terminan necesariamente al 31 de diciembre de cada año, a lo anterior se debe agregar que desde el año 2016, la Contraloría General de la República exige que en casos en que la entidad del Estado resuelva no renovar la contrata para el año siguiente, dicho término se haga efectivo mediante un decreto dictado antes de 30 días de que termine el contrato, notificado hasta el 30 de noviembre.

Agrega en cuanto a los hechos expuestos por el recurrente sobre divisiones o roces entre funcionarios del Departamento en que laboraba, sólo confirman lo señalado en el decreto que ordena no renovar la contrata, precisamente por existir serios problemas de trabajo en equipo.

Finalmente expresa que el recurrente insiste en que se puso terminó a sus funciones en forma anticipada, lo que no es efectivo, pues mantuvo dicha calidad hasta el 31 de diciembre de 2018, el decreto es claro en este aspecto, pagándose sus remuneraciones por los meses de noviembre y de diciembre de 2018. Lo único que ocurrió con anticipación fue la notificación del decreto, ya que como se ha indicado, por dictámenes de Contraloría, el decreto se debe notificar antes del 30 de noviembre.

3°) Que la acción o recurso de protección de derechos y garantías constitucionales tiene por objetivo restablecer el imperio del derecho, mediante la adopción de las medidas pertinentes a tal efecto, cuando se ha producido la alteración del mismo en virtud de la afectación del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías constitucionales, señalados en el artículo 20 de la Carta Política, por obra de alguna acción u omisión ilegal o arbitraria del recurrido.

4°) Que en la especie se ha denunciado como ilegal o arbitrario el Decreto 15.480, de la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, de 22 de Noviembre de 2017, por la cual se pone término a la contrata que lo vinculaba con dicha Municipalidad, en razón que “el perfil del funcionario no se ajusta a los requerimientos del Servicio ya que su trabajo en equipo no alcanza los niveles esperados por la administración, lo que implica que los resultados de su labor no sean óptimos.”

5°) Que conforme lo dispone la letra c) del artículo 3° del Estatuto Administrativo se entiende por empleo a contrata, aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución. A su turno, el artículo 10° del mismo texto legal, prescribe que estos empleos a contrata durarán, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones con esa fecha. Por su parte, el artículo 2° del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales reitera tales conceptos al disponer que “Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, la dotación de las municipalidades podrá comprender cargos a contrata, los que tendrán el carácter de transitorios. Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos.”.

6°) Que de las normas citadas se concluye que los empleos a contrata en la administración pública son esencialmente precarios, encontrándose sus autoridades legalmente facultadas para no renovarla, sin necesidad de acto administrativo alguno que le ponga término por cuanto expira por el solo ministerio de la ley, no obstante en este caso y cumpliendo instrucciones de la Contraloría General de la República, se dictó el decreto impugnado y se le notifico su término antes que la contrata venciera de manera automática.

7°) Que por su parte en cuanto a la falta de fundamentación alegada por el recurrente, lo que tornaría el decreto en arbitrario, del examen del mismo aparece que se encuentra debidamente justificado, en los términos transcritos en el fundamento cuarto de este fallo y que dicen relación con su problemática en el trabajo de equipo, cuestión que por lo demás el recurrente hace presente en su libelo, de modo que el acto impugnado cumple también con el deber de fundamentación de los actos administrativos.

8°) Que en consecuencia, teniendo presente que el decreto impugnado se encuentra ajustado a la normativa vigente y está debidamente fundado, no resulta ilegal ni arbitrario como pretende la recurrente, de modo que no pudo haber vulnerado los derechos que se estima infringidos, por lo que esta acción constitucional no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción Ministro Sra. Dora Mondaca Rosales.

Rol N°7889-2018 PROT Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los ministros señor Carlos Farías Pino, señora Dora Mondaca Rosales y el abogado integrante señor Pablo Hales Beseler. No firma la ministro señora Mondaca, no obstante que concurrió a la vista y acuerdo de la causa por encontrarse con permiso de conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.