Protección contra Corporación Administrativa del Poder Judicial

nombre reservado, nueve de septiembre de dos mil veinte.

Vistos:

El 30 de julio del año en curso doña Natalia Muñoz Chiu, chilena, abogada, cédula de identidad N°RUT reservado, actuando en representación de nombre reservado, chileno, contador público- auditor, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), del Comité de Jueces del Juzgado de Garantía de Melipilla y del Administrador de Juzgado de Garantía de Melipilla, don nombre reservado, por haber incurrido en actos ilegales y arbitrarios al disponer –el Administrador- la remoción del cargo de Jefe de Unidad de Causas que ejercía el recurrente, por haber incurrido en faltas graves al servicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 389 letra f) del Código Orgánico de Tribunales, por resolución de 9 de julio último, notificada al día siguiente, y al rechazar la apelación deducida contra esta determinación, confirmándola finalmente, decisión ésta adoptada por el Comité de Jueces del indicado juzgado. También cuestiona los actos intermedios contenidos en el sumario administrativo incoado por Decreto Económico N°249-2019, de 26 de diciembre de 2019, de ese tribunal, que culminó con la aludida remoción. Estima que estas actuaciones conculcan los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, de propiedad y a la integridad física y psíquica del recurrente, protegidos en los números 2, 3 inciso cuarto, 24 y 1 del artículo 19 de la Carta Fundamental, respectivamente.

Fundando el recurso expone que el 26 de diciembre de 2019, por Decreto Económico N° 249-2019 se ordenó instruir sumario administrativo para investigar los hechos y responsabilidades en contra de don nombre reservado por el incumplimiento de lo ordenado en el artículo 17 de la Ley N° 20.568, que dispone: “Dentro de los cinco primeros días de cada mes, los Juzgados de Garantía deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que, en el mes anterior, hayan sido acusadas por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista. En la misma oportunidad, los Juzgados de Garantía y los Tribunales Orales en lo Penal, según corresponda, deberán comunicar al Servicio Electoral las personas que hubieren sido condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva, aunque no se haya impuesto dicha pena, o por delitos que la ley califique como conducta terrorista, o que fueren absueltas o sobreseídas por tales delitos.”

Indica que se designó como funcionario investigador a doña nombre reservado, Jefa de la Unidad de Servicios, quien el 27 de diciembre del año pasado, manifestó afectarle una causal de inhabilidad, por haber sido ella quien advirtió al administrador del Tribunal la falta que origina el sumario, lo que no fue aceptado por el Comité de Jueces, según consta del acta de 2 de enero del año en curso, lo que a su juicio vulnera el debido proceso ya que, con posterioridad, en marzo de este año, fue desestimada también la presentación del recurrente por la cual alegaba la inhabilidad de la sumariante, fundado en que ella era la subrogante legal del recurrente y quien desde el 20 de junio ejercía como Jefe de Unidad, en virtud del Decreto Económico N°115, que los cambió de funciones.

Señala que, en el marco del sumario, el 20 de febrero último, a fin de velar por el éxito de la investigación y el buen funcionamiento del tribunal, al recurrente se lo suspendió de sus funciones, por el periodo que durase la investigación, lo que se mantuvo más allá de la formulación de cargos, lo que constituiría una arbitrariedad.

Respecto del administrador recurrido, sostiene que le afecta igualmente una causal de inhabilidad, toda vez que dado su cargo, le correspondía velar por el correcto funcionamiento del tribunal y el cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones del Comité de Jueces y del Plan Anual de 2018 y 2019, lo que no fue considerado.

Indica que, luego de su declaración, el 15 de junio de 2020 se cerró investigación formulándosele cargos al recurrente por no haber dado “…cumplimiento a lo ordenado en el artículo 17 de la Ley 20568, función asignada a su cargo conforme consta en Plan Anual 2018 y 2019, que establece funciones a realizar por el Jefe de Causas, quien a contar del mes de marzo de 2018 y sin autorización de superior jerárquico, dejó de enviar informes mensuales al SERVEL, relativos a las acusaciones presentadas en el mes anterior”.

Advierte que tales cargos se fundaron solo en su declaración; agrega que presentó sus descargos el 17 del mismo mes, ofreció prueba testifical y documental, todo lo cual fue rechazado por estimarla impertinente a excepción de uno de los documentos, decisión que fue confirmada por el Comité de Jueces.

Añade que el 2 de julio del mismo año la investigadora presentó su informe y proposición de sanción al Administrador, esto es, la medida de suspensión de funciones hasta por un mes, gozando del cincuenta por ciento de sus remuneraciones, si procediere. Resolución que nunca le habría sido notificada vulnerando lo dispuesto en el artículo 31 del Acta 15-2018 de la Excelentísima Corte Suprema por lo que no pudo solicitar la inhabilidad del recurrido como órgano resolutor fundado en su eventual responsabilidad jerárquica en los hechos ni ejercer su derecho de hacer alegación oral como medio de defensa.

Afirma que sin esperar que la sanción propuesta se encontrare ejecutoriada el Administrador procedió a dictar la resolución el sábado 4 de julio de 2020, calificando la conducta como faltas graves al servicio, disponiendo la remoción del cargo de Jefe de Unidad de Causas y Sala, el cual desempeñó en el Juzgado de Garantía de Melipilla desde el 26 de julio del 2012.

Añade que el día 6 presentó recurso de apelación para ante el Comité de Jueces, fundado en que era una decisión arbitraria y desproporcionada ya que la falta no produjo daño alguno ni en las personas, ni en las instituciones y, en definitiva, tampoco tuvo consecuencia alguna en términos de la protección del bien jurídico, toda vez que durante dicho período, no se produjeron procesos eleccionarios, que se vieran afectados por la falta de información, la que en todo caso, sí fue remitida en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 486 del Código Penal.

El 8 de julio pasado se tuvo por interpuesto el recurso y se elevaron los antecedentes al Comité de Jueces, adjuntándose la hoja de vida y diferentes antecedentes del funcionario sancionado, a modo de justificación de la decisión de remoción, anteponiéndose a cualquier circunstancia de valoración toda vez que esos argumentos jamás fueron considerados durante el proceso sumarial, por lo que su representado, nunca tuvo oportunidad de defenderse, teniendo especialmente presente que dicha diligencia tampoco está contemplada en el Acta 15-2018 y , por la misma razón, tampoco se dio traslado al investigado, toda vez que su instancia procesal no está estipulada en ninguna norma.

Finalmente, el Comité de Jueces se pronunció, el 9 de julio de los corrientes, rechazando el recurso de apelación interpuesto y confirmando la resolución dictada el 4 de julio último por el Administrador del Juzgado, que impuso la señalada sanción de remoción, la que considera absolutamente desproporcionada.

Plantea que, a la luz de lo relatado, el proceso administrativo seguido en contra de su representado es arbitrario y en él se habrían vulnerados diversos principios del proceso administrativo.

En efecto, en primer lugar, se vulneró el principio de proporcionalidad de la sanción al carecer de una fundamentación razonable al calificar como “falta grave de servicio” la conducta atribuida al recurrente en circunstancias que no hubo consecuencias dañosas en su actuar; porque se pretendió hacer valer en su contra una supuesta conducta insatisfactoria previa inexistente como demuestran sus calificaciones previas y cuyo fundamento no fue incorporado al proceso sancionatorio lo que da cuenta, a su juicio, de una persecución de sus superiores para con su representado.

Sostiene que de igual forma no se tomaron en cuenta los argumentos de los descargos y se rechazaron todos los medios de prueba ofrecidos, que tenían por finalidad acreditar que lo realizado era una conducta normal y recomendada desde el año 2012, según documento incorporado al sumario.

En segundo lugar, aduce, se vulneró el principio de imparcialidad, al designar como funcionaria investigadora a doña nombre reservado, y ser el administrador el órgano sancionador de primera instancia, en circunstancias que a ambos les afectada una causal de inhabilidad como antes se expresó.

Continúa indicando que las resoluciones por las que se le formulan cargos y luego se lo sanciona carecen de fundamentación suficiente que establezca tanto la conducta imputada como la supuesta gravedad de aquella; más aún cuando se la calificó como “falta grave de servicio” sin señalar los parámetros que justifican tal aseveración y menos los motivos del aumento de la sanción propuesta por la investigadora a la de remoción lo que de por sí, afirma, es una nueva vulneración al proceso.

Reitera que no se le permitió rendir prueba ni practicar defensas orales ya que sus testigos y prueba documental fueron rechazados sin fundamento plausible además de vérsele dificultado el acceso al expediente.

En cuanto a la afectación de los derechos fundamentales que la igualdad ante la ley, consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, se vulnera en la medida que en la especie los actos de los recurridos disponen una sanción sin la debida fundamentación ni razonabilidad. En cuanto al inciso 4° del numeral 3° del artículo 19 del mismo Estatuto Político, que nombra también como igualdad ante la ley, se infringe al no haber en este caso un procedimiento racional y justo establecido, en razón de las irregularidades antes denunciadas. Sostiene que también se vulnera el derecho de propiedad en la medida que la resolución remueve al recurrente de un cargo público y lo priva de los derechos que ya se encontraban radicados en su patrimonio. Finalmente, alega que se afecta el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la persona en cuyo favor se ha interpuesto esta acción, específicamente en este último aspecto, toda vez que su representado ha debido soportar los últimos 6 meses de su vida, un constante sometimiento al máximo estrés, producto de todas las arbitrariedades a las que se le ha expuesto, a un trato vejatorio al que lo sometió el órgano resolutor, conjuntamente con el Comité de Jueces, al suspenderlo de sus funciones mientras durare la investigación (cerca de 5 meses), se ordenó el bloqueo de todas y cada una de las claves de acceso a todo sistema judicial relacionado al cargo, como si se hubiese advertido en algún momento alguna conducta delictiva que lo ha llevado a tomar un tratamiento psiquiátrico, al ser diagnosticado con depresión severa iniciada en diciembre del 2019.

Por lo anterior solicita acoger el presente recurso y, en consecuencia, se declare que los actos de los recurridos son arbitrarios e ilegales, lesivos de los derechos y garantías señalados, se les deje sin efecto, y se ordenen todas las medidas pertinentes a fin de restablecer el imperio del derecho.

Acompaña al recurso los siguientes documentos:

1. Copia de la resolución de 9 de julio de 2020 del Comité de Jueces del Juzgado de Garantía de Melipilla, por la cual se rechaza la apelación de 6 de julio de 2020 y se confirma la remoción de don nombre reservado.

2. Copia de resolución de 8 de julio de 2020 del Administrador del Juzgado de Garantía de Melipilla, por la cual tiene por interpuesto el recurso de apelación de 6 de julio y que además menciona y enumera los otros sumarios administrativos en los que don nombre reservado ha sido investigado.

Informa el Comité de Jueces del Juzgado de Garantía de Melipilla, integrado por los jueces doña Patricia Castañeda Quezada, Etienne Felley Bertholet y Víctor Fernández Ortega, quienes solicitan el rechazo de la presente acción por ser extemporánea, por no ser la vía idónea para impugnar procedimientos administrativos existiendo otras vías judiciales para objetarlos; y porque los actos impugnados no son ilegales ni arbitrarios.

Indican que ante su tribunal se inició causa administrativa RIT N° 6-2019, RUC 1910068534-8, iniciada por Decreto Económico N° 249-2019 dictado por el Administrador del tribunal, el 26 de diciembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 389F del Código Orgánico de Tribunales, a fin de investigar los hechos y responsabilidades por el incumplimiento de lo ordenado por el artículo 17 de la Ley 20.568, por parte del Jefe de Unidad de Causas y Sala del tribunal, don nombre reservado, el recurrente.

En cuanto a la investigación, señalan que dadas las licencias médicas presentadas por el recurrente a contar del 31 de diciembre del mismo año, se suspendió su tramitación hasta que pudiere prestar declaración; el 20 de febrero de 2020, a fin de velar por el éxito de la investigación y el buen funcionamiento del tribunal, se le suspendió de sus funciones, por el tiempo que durara aquélla.

El 15 de marzo de 2020, el funcionario investigado solicitó se declarara la inhabilidad de la investigadora -señora nombre reservado, Jefa de Unidad de Servicios del Tribunal- lo que fue rechazado, impugnándose esa decisión mediante recurso de reposición y apelación subsidiaria, pidiendo además la suspensión del procedimiento; el 23 de marzo se rechazó la reposición y se concedió la apelación subsidiaría, elevándose los antecedentes al Comité de Jueces, el que confirmó la resolución al día siguiente; no obstante ello, y en atención a la emergencia sanitaria y la incertidumbre de la mantención de dicha situación, se acogió la petición de suspender la investigación hasta que don nombre reservado prestara declaración ante el funcionario investigador.

El 22 de marzo de 2020, el funcionario investigado solicitó reserva de la tramitación del procedimiento investigativo, a lo que se accedió el 23 de marzo de 2020, decretándose la confidencialidad de la causa.

El 15 de junio se cerró investigación y se formularon cargos en contra del funcionario, constando en la causa la notificación respectiva al recurrente quien, el mismo día, solicitó copia del expediente la que fue autorizada por la funcionaria investigadora quien ordenó se habilitara el modulo de “gestión penal” para que visualizara la causa a través de la oficina judicial virtual. Presentó sus descargos el 18 del mismo mes y año, los que fueron resueltos al día siguiente presentando el señor nombre reservado reposición y apelación subsidiaria respecto de esta resolución siendo rechazadas por las instancias pertinentes.

El día 2 de julio se remitió informe y proposición de sanción por parte de la investigadora al Administrador, quien, a su vez, teniendo presente las faltas graves al servicio que estimó acreditadas, resolvió el 4 de julio de 2020, aplicar al recurrente la sanción de remoción del cargo Jefe de Unidad de Causas y Sala del Juzgado de Garantía de Melipilla.

Finalmente, 7 de julio se dedujo apelación de esa resolución, elevándose los antecedentes al Comité de Jueces, quienes el 9 de julio la confirmaron. El 27 del mismo mes y año, el Sr. Presidente de la Excma. Corte Suprema tomó conocimiento del sumario informado, ordenando el archivo de los antecedentes. Por su parte, el 13 de agosto el Sr. Presidente de la Iltma. Corte de Apelaciones de nombre reservado, dictó Resolución Exenta N' 1048-2020, para fines de registro y control administrativo.

En cuanto al fondo de la acción intentada señala que se interpuso recurso de protección de garantías fundamentales “en contra de la resolución que ordenó la remoción del Jefe de Unidad de Causas, dictada por el Sr. nombre reservado y en contra de aquella que denegó la apelación interpuesta por mi parte en contra de la resolución que ordenó la destitución, emitida por el Comité de Jueces del Juzgado de Garantía de Melipilla”. Sostienen que, a su entender, la resolución cuestionada fue dictada el 9 de julio de 2020 y notificada con fecha 10 de julio del mismo año, por lo que teniendo presente que la acción de protección se presentó el día 24 de agosto del presente año, la misma es extemporánea.

Señala que el Comité de Jueces conoció del recurso de apelación interpuesto por don nombre reservado, en contra de la resolución que lo removió de sus funciones, dictada por el Administrador. Al analizar el recurso, constataron el cumplimiento cabal y oportuno de todas las etapas y formalidades del sumario administrativo, contenidas en el Acta N° 15-2018 que establece el procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial. Estimaron que el sumariado ejerció en forma efectiva su derecho a defensa, por cuanto hizo sus alegaciones, realizó los descargos respecto de los hechos imputados, planteó incidentes, ofreció y rindió la prueba que estimó pertinente, todo lo cual fue conocido y resuelto con apego al debido proceso por parte de los órganos competentes.

Acerca de la inhabilidad de la funcionaria que realizó la investigación sumaria, alegada por el recurrente, indica que dicho incidente fue conocido y resuelto por el Comité de Jueces, teniendo presente, al efecto, que la investigadora se desempeña como Jefe de la Unidad de Servicios, que subroga en forma legal al sumariado —debido a que en el tribunal solo hay dos Jefes de Unidad- y que a dicha funcionaria no se le había notificado en forma expresa cuáles son la funciones que debía realizar al momento de subrogar al sumariado, por lo que se concluyó que no se encontraba inhabilitada para instruir el proceso sumarial.

Respecto a la sanción, consistente en la remoción de sus funciones, aplicada por el Administrador, al conocer de la apelación de la misma, se estimó que era proporcional a los hechos que fueron objeto de los cargos imputados, que se ajustaba al mérito de los antecedentes vertidos en el sumario y a la falta cometida, fundamentando la resolución que confirmaba la sanción aplicada y haciéndose cargo de cada una de las alegaciones vertidas en el recurso planteado por el funcionario removido.

De lo señalado por del recurrente relativo a que al momento de conceder la apelación, el Administrador adjuntó una serie de antecedentes para que el Comité los considerara en su resolución -como la hoja de vida del funcionario- recalca que dichos elementos no fueron tomados en cuenta al momento de resolver, como fluye de la propia sentencia que confirma la remoción, por no haber sido objeto de debate en el procedimiento sumarial, de modo que no existe arbitrariedad en su dictación y mucho menos se trata de una "actuación arbitraria, ilegal e inconstitucional", como sostiene el recurrente.

Acompañan al informe copia de la resolución de remoción, su proveído y resolución que la confirma.

Informa don nombre reservado, Administrador del Juzgado de Garantía de Melipilla, solicitando el rechazo de la acción interpuesta en todas sus partes.

Plantea en primer lugar que el recurso sería extemporáneo, ya que el plazo para interponer el recurso de protección es de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto, o la ocurrencia de la omisión, según sea el caso, o desde que se haya tenido noticias o conocimiento de éstos; en la especie, el acto que se reprocha se materializa, según lo expuesto por el recurrente, en la resolución de 9 de julio de 2020, dictada por el Comité de Jueces del Juzgado de Garantía de Melipilla, mismo que le fue notificado mediante correo electrónico, el 10 de julio de 2020. Con lo cual transcurrió el plazo de 30 días corridos al momento de evacuar su informe.

En cuanto a la inhabilitación de doña nombre reservado, indica que no le corresponde pronunciarse, dado que fue designada por el Comité de Jueces del Juzgado, y el hecho que ella haya observado o no el incumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley N' 20.568, no vicia su designación ni constituye "una vulneración de los principios de debido proceso y precaver una eventual nulidad de lo obrado" como afirma el recurrente.

Respecto a los descargos y pruebas presentadas por el investigado el 17 de junio de 2020 afirma que, revisado el expediente digital de la causa, se concluye que los testigos señalados en los numerales 1 y 2, declararían sobre "la práctica en virtud de la cual se ha entendido derogada la obligación de elaborar informe al tenor del artículo 17 de la Ley N° 20.568", lo que no era atingente al caso, dado que dicho artículo indicado no ha sido derogado. Igual cosa ocurre con los testigos señalados en los numerales 3; 4 y 5, quienes declararían sobre "mi desempeño laboral y sobre el cumplimiento de mis obligaciones funcionarias", lo que no venía al caso, dado que el hecho investigado es el incumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley N° 20.568.

Indica que, además, presentó como prueba documental: Planes anuales de trabajo del año 2020 correspondiente a los Juzgados de Garantía de Viña del Mar y 6° Juzgado de Garantía de Santiago; y, un correo electrónico de fecha 4 de junio de 2012 que da cuenta de la instrucción impartida por el Departamento de Desarrollo Institucional en junio de 2012 a cargo de nombre reservado, Jefa de Proyecto del Área Penal en relación con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 20.568.

De su análisis advierte que los primeros refieren la distribución y asignación de funciones de otros tribunales, los que no guardan relación con lo establecido en el Plan Anual del Juzgado de Garantía de Melipilla. Por su parte el correo electrónico de 04 de junio de 2012, donde la Jefe de Proyecto Área Penal, doña nombre reservado., refiere diversas instrucciones respecto al envío de información al SERVEL, lo que se concretaría a través de un Oficio enviado a cada una de las Cortes de Apelaciones, lo que nunca ocurrió.

Por ello la prueba fue desestimada, al ser impertinente.

En cuanto a la tramitación, señala que el 23 de marzo de 2020, don nombre reservado solicitó la confidencialidad de la causa administrativa, a lo cual se accedió; manifestando en el mes de junio que no podía acceder a la causa por medio de la Oficina Judicial Virtual, liberándose la confidencialidad de la misma en esa oportunidad; sin perjuicio de ello, todas las resoluciones de la causa fueron notificadas al correo electrónico particular que indicó al ministro de fe de la investigación. Por su parte, de acuerdo a la normativa vigente, la propuesta que hace el funcionario investigador al administrador, no requiere que sea notificada al investigado, ni le es aplicable algún recurso.

Explica que el señor nombre reservado fue objeto de 5 investigaciones sumarias previas y que en ninguna de ellas se tomó la decisión de suspenderlo de sus funciones, por no considerar que tales hechos sean graves, por lo que le llama la atención que un funcionario que ingresó al servicio el año 2002, no considere que en un proceso investigativo en el que haya sido suspendido de sus funciones los hechos investigados no sean graves.

Afirma que, el hecho juzgado es considerado una falta grave al servicio por el incumplimiento a lo establecido en una norma legal vigente, la cual es clara y explícita, respecto a las consecuencias potenciales del mismo (no informar al SERVEL), por lo que no sería relevante el que no hubieran procesos eleccionarios en ese periodo en el país. Además, expresa que es un claro incumplimiento a lo que estaba definido dentro de sus funciones asignadas en los Planes Anuales.

Indica que la medida disciplinaria más gravosa contemplada en el artículo 532 del Código Orgánico de Tribunales es la de su numeral 4°, esto es la "Suspensión de sus funciones hasta por un mes, gozando del cincuenta por ciento de sus remuneraciones, cuando procediere", razón por la cual, la funcionaria investigadora propuso la sanción más gravosa de las que le faculta dicho cuerpo legal, y que la facultad de remoción es del administrador conforme lo establecido en el artículo 389 F, inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales, razón por la cual, en ningún momento pudo ser propuesta por la funcionaria investigadora.

Expresa que los argumentos presentados por don nombre reservado dicen relación a "un acoso constante que ha sufrido el recurrente por parte de sus superiores jerárquicos", no guarda relación con los resultados de las investigaciones sumarias anteriores a esta, sino que más bien a un desempeño decreciente que llevó a realizar un cambio de funciones con su homólogo (Decreto Económico 115 del 20 de junio de 2020). Agrega, a modo ejemplar, que en causa administrativa 8-2018 seguida a su respecto no hubo sanción por parte del Administrador informante y solo se le observó su deficiente desempeño; pero, no obstante lo anterior, fue la Excma. Corte Suprema que decidió hacer más gravosa esta situación, ordenando que observaran estos hechos en su hoja de vida.

Adjunta al informe los siguientes documentos:

1) Descripción de funciones del Jefe de Unidad de Causas y Sala establecida en el Plan Anual 2019.

2) Informe Técnico ISTAS elaborado por la ACHS.

3) Constancia de la forma de notificación de don nombre reservado.

Informa don Cristian Andrés Castillo García, abogado, en representación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, expresando, en primer lugar, que el recurrente no señala acto ilegal o arbitrario vulneratorio de derechos fundamentales realizado por su parte limitándose a indicar que dirige el recurso en su contra “con la finalidad que dicha entidad proceda a la reincorporación del funcionario…” (Sic); de igual forma, en el petitorio del recurso nada se solicita a su respecto.

Explica que la Corporación Administrativa del Poder Judicial es un órgano interno con funciones meramente administrativas; sin atribuciones disciplinarias ni jerárquicas respecto de los empleados de los tribunales y que no es empleadora del personal judicial en general, el cual tiene calidad de funcionario público estatal de nombramiento estatutario, y a cuyo respecto la Corporación se limita a pagar la remuneración con los fondos fiscales asignados para ello al presupuesto del Poder Judicial, fondos fiscales de cuya administración, inversión y control está encargada conforme el número 1° del tercer inciso del artículo 506 del Código Orgánico de Tribunales.

De esta manera su representada no es empleadora del actor don nombre reservado, no le compete ni tuvo participación alguna en el sumario realizado para determinar su responsabilidad funcionaria, como tampoco en cuanto a la decisión del Administrador y del Comité de Jueces del Juzgado de Garantía de Melipilla, en cuya virtud se decidió la remoción del cargo en marco de lo previsto por el artículo 389 F del código antes citado.

Señala que su única participación en los hechos sobre los que versa el recurso, es de carácter registral y administrativo, ya que una vez ejecutoriada la sanción y emitida la Resolución Exenta para fines de registro y control por parte del Señor Presidente de la Ilustrísima nombre reservado, debe adoptar las medidas preventivas para evitar el pago de remuneraciones en exceso, egresando al funcionario de la planilla normal de pago e incorporándolo a la planilla complementaria, en la que permanecerá con la finalidad de calcular y pagar las proporciones que corresponda hasta la fecha en que se notifique la resolución exenta descrita en forma precedente, para finalmente incorporar las anotaciones respectivas en su hoja de vida por parte del departamento de recursos humanos.

Atendido lo señalado precedentemente no existe un acto u omisión ilegal o arbitrario vulneratorio de derechos fundamentales por parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial para con don nombre reservado, toda vez que carece de injerencia alguna en la decisión del Administrador y del Comité de Jueces del Juzgado de Garantía de Melipilla, que llevó finalmente a la remoción del cargo del recurrente, por lo que solicita el rechazo del recurso respecto de su parte.

Acompaña al informe los siguientes documentos:

1.- Resolución Exenta N° 458-2012, de 25 de julio de 2012, emitida por la Presidenta de la Corte de Apelaciones de nombre reservado, por la cual se nombra a don nombre reservado como Jefe de Unidad de administración de causas y sala del Juzgado de Garantía de Melipilla.

2.- Resolución de 8 de julio de 2020, emitida por el Administrador del Juzgado de Garantía de Melipilla, respecto del recurso de apelación presentado por don nombre reservado.

3.- Resolución de 9 de julio de 2020, emitida por el Comité de Jueces del Juzgado de Garantía de Melipilla, por la cual se rechaza el recurso de apelación interpuesto por don nombre reservado.

4.- Oficio N° 1214-2020, de 13 de julio de 2020, por el cual el Administrador del Juzgado de Garantía de Melipilla informa al Administrador Zonal de nombre reservado de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, respecto de la remoción de don nombre reservado.

5.- Certificación de 29 de julio de 2020, emitida por don nombre reservado, que certifica que la resolución dictada por el Comité de Jueces del Juzgado de Garantía de Melipilla se encuentra firme y ejecutoriada.

6.- Resolución Exenta N° 1048-2020, de 13 de agosto de 2020, emitida por el Presidente de la Corte de Apelaciones de nombre reservado, que dicta Resolución Exenta de remoción de don nombre reservado, para fines de registro y control administrativo.

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer estos autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección es una acción de carácter cautelar que tiene por objeto resguardar los derechos fundamentales señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República frente a actos que los amenacen, perturben o vulneren.

Así, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, consistente en falta de proporción entre los motivos y la finalidad que efectivamente alcanza; acción u omisión que debe provocar alguno de los efectos ya indicados, eso es, la conculcación de uno o más de los derechos consagrados en la Carta Fundamental, consideración básica para el análisis y decisión del asunto como el que ha motivado el presente recurso.

Además, la acción debe ser deducida oportunamente, en el plazo que al efecto contempla el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, y esta magistratura debe encontrarse facultada para adoptar medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho amagado.

Por último, se ha considerado también que debe tratarse de derechos indubitados aquellos cuya protección se busca, de manera tal que este arbitrio no puede ser utilizado para declarar derechos en favor de quien recurre, atendida la naturaleza cautelar de la presente acción. Si existe cuestionamiento acerca del derecho de quien se siente afectado, deberá discutirlo en la sede y por medio del procedimiento correspondiente, que asegure a todas las partes un racional y justo juzgamiento.

Segundo: Que en la especie se ha cuestionado tanto el procedimiento seguido en contra del recurrente en el cual se hizo efectiva su responsabilidad disciplinaria cuanto la decisión de remoción, adoptada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 389 F del Código Orgánico de Tribunales. Considerando las fechas en que finalizó el primero y se adoptó la segunda decisión, todas en julio del presente año, claramente se constata que la presente acción constitucional ha sido deducida dentro de plazo.

Tercero: Que, analizados los cuestionamientos que hace el recurrente, es dable advertir un primer reproche, que a juicio de esta magistratura, resulta insoslayable y contamina todo el procedimiento seguido en contra del recurrente.

En efecto, inspira el régimen disciplinario de los funcionarios del Poder Judicial, entre otros, el principio de imparcialidad, del que se dejó expresa constancia en la última modificación al Acta N°15-2018 –vigente a la época de los hechos- contenida en el Acta N°108, de 2020, conforme al cual en la investigación cuya finalidad es el esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidades, los órganos resolutores deben conducirse siempre de manera que garanticen y aseguren la debida objetividad, sin sesgo de ningún tipo.

En el presente caso, designada la instructora de la investigación, funcionaria del mismo rango que el denunciado, con lo que desde ya se advierte una contradicción con lo dispuesto por el inciso cuarto del artículo 12 del Acta N°15-2018, en cuanto dispone. “En todo caso la designación del investigador deberá recaer en un funcionario que tuviere mayor grado que aquél correspondiente a él o los imputados, si éstos se conocieren”, inmediatamente manifestó afectarle una causal de inhabilidad por cuanto ella tenía cocimiento de estos hechos, los comunicó atribuyéndose la calidad de denunciante de los mismos y consta en la causa, además, el hecho de haber sido subrogante en las funciones desempeñadas por el denunciado y recurrente, en cuyo ejercicio cometió la infracción por la cual se le investigó, y además, con posterioridad, asumió el mismo cargo y función del denunciado en virtud de un Decreto Económico.

De otra parte, el investigado también hizo presente esa circunstancia reclamando la falta de imparcialidad, todo lo cual fue desestimado.

Cuarto: Que esta circunstancia, en concepto de esta nombre reservado, vicia el procedimiento porque ciertamente si la propia funcionaria instructora manifiesta carecer de imparcialidad, lo que es también reclamado por el investigado, en virtud del principio de imparcialidad que inspira todo proceso, cuanto más uno de carácter sancionador, debió haberse aceptado y haber adoptado los mecanismos que la misma Acta n°15 contempla, para la designación de otro funcionario investigador, lo que no se hizo.

De este modo, este vicio resulta insuperable y afecta todo el procedimiento adoptado, incluyendo la decisión de remoción posterior a éste, y que se le sirve de fundamento.

Quinto: Que tal actuación del Comité de Jueces recurridos se torna arbitraria e ilegal por cuanto ha carecido de razonabilidad ante la evidencia de los hechos, e infringe la normativa aplicable para hacer efectiva la responsabilidad funcionaria, conculcando de paso el derecho fundamental contemplado en el artículo 19 n°2 de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante la ley, por cuanto se ha hecho respecto del recurrente una diferencia sin sustento, provocándole indefensión.

Sexto: Que la consideración anterior basta para acoger la presente acción constitucional, resultando inoficioso analizar y pronunciarse sobre los demás reproches denunciados en el recurso.

Con todo, se tiene presente lo expresado por la abogada del recurrente en estrados, en la audiencia en que se procedió a la vita de la causa, de considerar que no dirigía la acción constitucional de que se trata en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Séptimo: Que se estima necesario dejar constancia que los antecedentes allegados a esta causa, han sido apreciados de conformidad con las reglas de la sana crítica, como dispone el Auto Acordado sobre la materia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge la acción impetrada por la abogada doña Natalia Muñoz Chiu, por don nombre reservado, en contra del Comité de Jueces del Juzgado de Garantía de Melipilla, sólo en cuanto se deja sin efecto todo lo actuado en el sumario administrativo incoado en contra el recurrente por Decreto Económico N° 249-2019, de 26 de diciembre de 2019, como asimismo la resolución del Administrador del mismo tribunal, también recurrido, y que es consecuencia de lo anterior, de 4 de julio de 2020, confirmada por el Comité de Jueces señalado, el 9 del mismo mes y año, que dispuso la remoción del cargo de Jefe de Unidad de Causas que ejercía el recurrente, debiendo disponerse la investigación que proceda, a cargo de un funcionario que se designe de acuerdo a lo que establece la respectiva Acta que rige la materia.

Redacción de la Ministra señora Sylvia Isabel Pizarro Barahona.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° 7811-2020-Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señora Sylvia Isabel Pizarro Barahona, señora Claudia Lazen Manzur y señora Carmen Gloria Escanilla Pérez.