nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS HEROES

San Miguel, veintidós de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que nombre reservado, pensionada, interpone acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, entidad de previsión social representada legalmente por nombre reservado, por diversos descuentos realizados sobre su pensión a contar del mes de septiembre de 2024, actos que califica de ilegales y arbitrarios que vulnerarían las garantías establecidas en los numerales 1, 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Detalla que el 28 de marzo de 2017 suscribió con la recurrida el crédito social N°103408793. Agrega que, conforme al Informe Técnico emitido por la recurrida, dicho crédito fue traspasado a un estado de castigo el 30 de agosto de 2019, circunstancia determinada de manera unilateral por la propia institución.

Indica que, según el Plan de Pagos, el calendario original y sus posteriores modificaciones concluyeron íntegramente en julio de 2020, sin que la recurrida ejerciera durante años las acciones legales que el ordenamiento le franquea ante los tribunales competentes. Sostiene que esa inactividad prolongada provocó la pérdida de certeza sobre la actual exigibilidad de la obligación, transformando el descuento unilateral en un acto de autotutela que prescinde del procedimiento legalmente establecido para el cobro de obligaciones controvertidas.

Relata que, no obstante el reconocimiento del estado de castigo y del vencimiento íntegro de las cuotas, la recurrida reinició de manera unilateral los descuentos por planilla sobre su pensión a contar del mes de septiembre de 2024, por un monto mensual de $111.448, sin aviso previo ni consentimiento. Afirma que las acciones de cobro ejecutiva y ordinaria se encuentran prescritas, por lo que la obligación se habría transformado en una obligación natural que solo autoriza pagos voluntarios del deudor y no cobros forzosos ni descuentos compulsivos.

En cuanto al derecho, denuncia en primer término la vulneración del derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, pues el descuento sobre su pensión, bien incorporal que integra su patrimonio, importaría una privación de una parte esencial de este por una vía de hecho, sin sentencia judicial que la autorice.

En segundo término, alega la vulneración del derecho a la integridad psíquica del artículo 19 N°1, toda vez que la disminución arbitraria de su pensión, principal medio de subsistencia destinado a cubrir necesidades básicas, le genera un estado de incertidumbre, angustia e inseguridad. Asimismo, denuncia la infracción de la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de los derechos, garantías de los numerales 2 y 3 del artículo 19, pues la recurrida habría eludido el control jurisdiccional que se exige a todo acreedor, arrogándose un privilegio que el legislador no ha establecido.

Agrega que el descuento es improcedente por falta de exigibilidad actual, pues el artículo 22 de la Ley N°18.833 no confiere a las Cajas de Compensación una facultad irrestricta, permanente ni imprescriptible de cobro, sino un mecanismo excepcional destinado al pago oportuno de créditos vigentes y exigibles. Sostiene, por último, que la recurrida ha incurrido en un ejercicio abusivo de sus atribuciones, sin fundamentar legal ni contractualmente la procedencia de los descuentos, incurriendo en un abuso del derecho.

Solicita que, acogiéndose la acción constitucional, con costas, se ordene el cese inmediato de los descuentos y la restitución íntegra de las sumas descontadas desde el mes de septiembre de 2024, debidamente reajustadas, y se adopten todas las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, impidiendo que la recurrida vuelva a incurrir en actos de similar naturaleza respecto de su pensión.

Segundo: Que Manuel Saavedra Ubilla, abogado en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, opone la excepción de extemporaneidad de la acción y, en subsidio, informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo, con costas.

En cuanto a la excepción de extemporaneidad, sostiene que la propia recurrente reconoce haberse percatado de los descuentos a contar de septiembre de 2024, de modo que, habiéndose interpuesto el recurso recién el 9 de febrero de 2026, la acción fue deducida fuera del plazo fatal de 30 días corridos que establecen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el numeral 1° del Auto Acordado que regula la materia, plazo que debe contarse desde que se tuvo noticia o conocimiento cierto del acto reclamado.

En subsidio, y en cuanto al fondo, señala que la recurrente celebró libre y voluntariamente el crédito social N°103408793, cursado el 28 de marzo de 2017 por un monto capital de $2.688.698, pagadero en 36 cuotas de $111.448 cada una, salvo la última de $111.461, de las cuales solo ha pagado 27, dentro de las que se incluyen aquellas que son objeto de la presente acción. Precisa que el pagaré suscrito, autorizado ante notario, contempla expresamente que la modalidad de cobro y pago es el descuento por planilla, amparado en las normas de cobro de las cotizaciones previsionales contenidas en las leyes N°17.322, N°18.833 y N°19.539.

Explica que el descuento por planilla constituye una modalidad de cobro que la ley contempla y que opera con independencia de la voluntad del deudor, conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833 y al artículo 58 del Código del Trabajo. Añade que la declaración de deuda castigada corresponde a una determinación de índole contable a la que se encuentra obligada por la regulación de la Superintendencia de Seguridad Social, que reconoce el crédito social castigado como una pérdida, eliminándose del activo, pero que no extingue la obligación legal del deudor ni las herramientas de cobro del acreedor.

Sostiene que, desde el punto de vista jurídico, la institución dispone de dos acciones judiciales, la que emana del pagaré y la que deriva del mutuo de dinero, además del mecanismo extrajudicial del artículo 22 de la Ley N°18.833, y que lo relevante es que ningún tribunal ha declarado la prescripción de la acción ejecutiva o cambiaria ni de la acción ordinaria, por lo que la obligación se mantiene vigente, siendo la única limitación jurisprudencial al respecto el no ejercicio de acciones paralelas.

Concluye que la vía de la protección no es la idónea para obtener la declaración de prescripción de las acciones de cobro, por tratarse de una materia de lato conocimiento que excede la naturaleza cautelar del recurso, existiendo controversia sobre hechos de cuya existencia depende el derecho invocado, motivo por el cual solicita el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que, evacuando el traslado conferido respecto de la excepción de extemporaneidad, la parte recurrente solicita su íntegro rechazo y que se acoja el recurso en todas sus partes, en atención a las consideraciones que expone.

En cuanto a la extemporaneidad, sostiene que el recurso no cuestiona la existencia histórica del crédito, sino el descuento actual y reiterado, efectuado sin autorización vigente ni notificación previa, lo que constituye un acto ilegal y arbitrario autónomo. Afirma que el plazo no se computa desde el origen de la deuda ni desde los primeros descuentos, pues los descuentos por planilla no constituyen un hecho aislado, sino una conducta continuada cuyos efectos se renuevan mes a mes, afectando de manera actual el derecho de propiedad de la recurrente. Agrega que el conocimiento relevante para efectos del Auto Acordado no es la mera percepción de una rebaja, sino la posibilidad real de comprender su origen, legitimidad y exigibilidad, lo que solo ocurrió el 12 de enero de 2026, cuando obtuvo información detallada y completa del estado del crédito, de modo que, interpuesto el recurso el 9 de febrero de 2026, la acción se encuentra dentro de plazo.

En cuanto al fondo, alega la ilegitimidad del descuento como vía de hecho, pues del propio informe de la recurrida se desprende que se trata de una deuda castigada, sin que se acredite notificación válida de novación, renegociación o autorización expresa para efectuar descuentos sobre su pensión. Sostiene que el castigo del crédito no extingue la obligación, pero impide su cobro compulsivo por vías de hecho, debiendo el acreedor recurrir a las acciones judiciales que el ordenamiento contempla, lo que garantiza el legítimo ejercicio de las excepciones y una adecuada defensa amparada por las normas del debido proceso.

Añade que no existe autorización vigente y actual para el descuento por planilla, ya que la cláusula del pagaré suscrito en 2017 constituye únicamente una modalidad de cumplimiento asociada a la vigencia y exigibilidad de la obligación principal, y no una habilitación perpetua, automática e irrestricta, pues lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Sostiene que la voluntad expresada hace nueve años no puede extenderse sobre una pensión de jubilación respecto de una deuda que la propia acreedora declaró castigada.

Finalmente, denuncia la afectación desproporcionada de la pensión, ingreso de subsistencia cuyo descuento reiterado afecta el mínimo vital de una persona adulta mayor, sin que la recurrida haya acreditado haber evaluado la proporcionalidad, el impacto económico ni la capacidad de pago actual.

Solicita, en consecuencia, tener por evacuado el traslado, rechazar la alegación de extemporaneidad y acoger el recurso en todas sus partes.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en el-, que provoque ́ alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en cuanto a la extemporaneidad, tal alegación será desestimada en atención a que los efectos de los descuentos a las pensiones de la recurrente, son de tracto sucesivo, por lo que son de efectos continuos. Por lo tanto, el recurso es oportuno, desde que, en el marco de ese descuento, que se renueva mes a mes, la actora tenía habilitada la vía del presente recurso.

Sexto: Que en, en cuanto al fondo, de los antecedentes acompañados, aparece que, al momento de la suscripción del pagaré, relativo al crédito social que da origen a estos autos, se establece la calidad de pensionada de la recurrente. Asimismo, es un hecho pacífico que no se ha ejercido el cobro por la vía civil y que, por su parte, tampoco existe una declaración judicial de la prescripción de las acciones de cobro.

Séptimo: Que el artículo 22 de la Ley N°18.833 establece expresamente que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación deberá “ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. Dicha norma, en armonía con lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, impone una obligación al empleador y otorga una habilitación legal expresa a la institución acreedora para percibir el pago de los créditos sociales otorgados a sus afiliados mediante esta vía.

Octavo: Que, en consecuencia, fluye de los antecedentes que la recurrida ha adecuado su actuación a la normativa legal vigente aplicable a las Cajas de Compensación, procediendo al cobro de un crédito social en aplicación de lo dispuesto en la norma precitada, considerando que no existe una declaración de prescripción previa, en los términos ya referidos.

Noveno: Que, por consiguiente, el recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°777-2026 Protección