nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD PADRE HURTADO

Dejo constancia que alegó por el recurso el abogado César Machiavello Valdés y en contra de éste el abogado Guillermo Zavala Poblete. San Miguel, a 25 de agosto de 2020.

San Miguel, veinticinco de agosto de dos mil veinte.

A los folios 69198 y 69214: Téngase presente.

Vistos:

Comparece César Machiavello Valdés, abogado, en representación de nombre reservado, quien recurre de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO, por su actuar arbitrario e ilegal cometido a través de su Dirección de Tránsito que le impide obtener el permiso de circulación de su vehículo en la municipalidad de su elección sin fundamento plausible lo que se traduce en la privación y perturbación de sus garantías constitucionales consagradas en los numerales N° 2 y N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República Relata que es propietario inscrito del vehículo placa patente única N° LC.7960, el cual no registra limitaciones al dominio de ninguna especie, ni tampoco multas de tránsito; que, durante el año 2014, por un procedimiento irregular cometido por personas a cargo del Software de mantenimiento de la Municipalidad de Padre Hurtado, existió una defraudación que afectó a la recurrida con el pago de los permisos de circulación, entre los cuales se encontraba el de su automóvil.

En razón de ello la recurrida presentó querella criminal contra todos los que resulten responsables, ante el Juzgado de Garantía de Talagante siguiéndose actualmente bajo el RUC 1400319980-1 y RIT 1708-2014; y, al mismo tiempo, bloqueó el pago de la totalidad de las placa patentes que tuvieran relación con la defraudación como único fundamento para esta decisión la existencia de una investigación vigente en curso que impedía que el pago fuera realizado en otro lugar, sin proporcionar otros detalles por lo que desde el año 2014 re recurrente y todos aquellos que se vieron involucrados indirectamente en la defraudación se han visto en la obligación de pagar exclusivamente en la Municipalidad de Padre Hurtado.

Refiere que, dado su domicilio de residencia, desea pagar el permiso correspondiente en la comuna de Vitacura a fin de evitar traslados más aún en situación de pandemia que afecta al país, pero ello se le ha visto nuevamente impedido ya que se le informó que su permiso se mantiene bloqueado.

Explica que el 6 de julio del presente año por intermedio de su abogado realizó las consultas pertinentes ante la Dirección de Tránsito de la recurrida a fin de resolver la situación teniendo como respuesta que la patente se encuentra bloqueada por su Municipalidad desde el año 2014, fecha en que fue víctima de un fraude por permisos de circulación por personal externo a la entidad, que desde esa fecha existe un proceso de investigación en la fiscalía de Talagante y debido a que aún se encuentra en proceso, el trámite para pagar el permiso de circulación debe realizarse solo en su comuna de forma presencial presencial.

Refiere que, por los antecedentes recopilados, en la causa penal que alude la Municipalidad se formalizó a dos personas las cuales fueron suspendidas condicionalmente, estando sólo una de ellas vigente a la fecha del recurso y, en ningún momento se le ha imputado su participación en ilícito alguno ni se ha decretado a su respecto medida cautelar o restricción al dominio respecto a su vehículo.

Afirma que, en consecuencia, el fundamento de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Padre Hurtado, de que existe una obligación de su parte de pagar el permiso de circulación solo en su Municipalidad por existir una investigación pendiente, es del todo arbitraria e ilegal, más aun existiendo expresa instrucción de parte de la Contraloría General de La República de otorgar libertad de elección en el pago del permiso de circulación, salvo existir causa fundada para lo contrario, lo que no ocurre en la especie.

De esta manera se vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley ya que, en forma ilegal y arbitraria, el alcalde la Padre Hurtado lo ha puesto en una situación distinta al resto de los ciudadanos con permiso de circulación de su comuna impidiéndole realizar el pago en una municipalidad distinta de la suya y obligándolo a concurrir personalmente a realizar tal trámite lo que e traduce en una discriminación arbitraria.

Se afecta también su derecho de propiedad sobre su vehículo, el cual se encuentra debidamente inscrito, sin limitaciones al dominio de ninguna especie, y por ende no puede limitarse el uso, goce y disposición por un acto de autoridad carente de fundamento legal, arbitrario e injusto, como es en el caso de autos.

En su petitorio solicita lo siguiente: a) Que, se deje sin efecto el bloqueo que afecta el pago del permiso de circulación asociado a la placa patente única N° LC.7960, por ser un acto ilegal y arbitrario; b) Que, se decreten las demás medidas que su estimen pertinentes para reestablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos cuya protección se invoca en la presente Acción de Protección; c) Que, se condene en costas a la Recurrida.

Informando al tenor del recurso el abogado Rolando Cornejo Adasme por la Municipalidad de Padre Hurtado solicitando su rechazo.

Explica que el mes de marzo del año 2014, la Dirección de Tránsito Municipal al realizar una cuadratura de los folios emitidos con los comprobantes de pago de los permisos de circulación, constató que existía un mayor número de cupones de pago que folios emitidos por dicha Dirección, razón por la cual se pudo determinar que alguna persona que tenía acceso a las claves de ingreso estaba emitiendo permisos de circulación fraudulentos.

Indica que el delito consistió en que un funcionario de la empresa Cas Chile, en cargada del soporte informático del sistema de emisión de permisos circulación, usando una clave de uso exclusivo de los funcionarios municipales encargados de la emisión de comprobantes de pago alteraba los datos de algunos vehículos, específicamente el monto de tasación de aquél, con el objeto de que el permiso de circulación pagado fuera ostensiblemente menor al valor que debía pagarse por el mismo.

Refiere que el vehículo de propiedad del recurrente, correspondiente a la marca Porsche, modelo 911 Turbo, Placa patente LC-7960-5, se encuentra dentro de los vehículos que obtuvieron el permiso de circulación correspondiente al año 2014 de manera fraudulenta ya que se fijó el monto de su tasación ese año en la suma de $1.500.000, pagando por concepto de permiso de circulación a dicha $21.500 en circunstancias que la tasación mínima para el mismo modelo de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos corresponde a $15.000.000 cuestión que el recurrente debía conocer en su calidad de propietario de vehículos.

Expresa que en atención a lo anterior y en virtud de existir diferencias en los valores por concepto de pago de permisos de circulación del vehículo señalado el año 2014, es que la Dirección de Tránsito Municipal ofició a los demás Municipios informado sobre dicha situación, con lo que en la práctica no teniendo pagado la totalidad del permiso de circulación del año 2014 en el municipio de Padre Hurtado, no podría obtener nuevos permisos de circulación.

Agrega que, no obstante ello, el recurrente ha pagado el permiso de circulación hasta el año 2019 en su comuna, pero no ha acreditado la tasación real del vehículo y por tanto no se ha podido determinar cuánto dinero adeuda por concepto de permisos de circulación al Municipio. Sin perjuicio de esto y con el solo objeto de no impedir la circulación del vehículo, se le ha permitido pagar el permiso de circulación con una tasación que no es la real, mientras demuestra la tasación de su vehículo, al igual que lo hizo con los otros vehículos de su propiedad y que sacaron permiso de circulación en Padre Hurtado el año 2014.

Afirma que por lo anterior no se ha vulnerado garantía constitucional alguna, toda vez que no se ha puesto impedimento alguno en la concesión del permiso de circulación del vehículo del recurrente todos estos años, no obstante haberle solicitado regularice su situación lo que hasta la fecha del informe no ha sucedido lo que se ve refrendado en las respuestas enviadas por la municipalidad a las consulta enviada por el recurrente en el mes de julio del año en curso en que se le indicaba que otra municipalidad podía recibir el pago previa autorización de desbloqueo y que para solucionar la situación definitivamente debía realizar la regularización indicada.

Finaliza señalando que el juicio penal por el delito de fraude iniciado por la Municipalidad ingresado bajo el RIT Nº 1708-2014, ante Juzgado de Garantía de Talagante, se encuentra vigente respecto de los imputados en el mismo y en la cual el recurrente no es imputado ni parte.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1º) El recurso de protección de garantías constitucionales estatuido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo;

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio;

2º) Como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en ello y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto;

3º) Que la acción interpuesta por el recurrente tiene por finalidad obtener el alzamiento o cese del bloqueo que afecta al pago del permiso de circulación del vehículo motorizado que indica, determinando que el mismo sólo pueda ser solucionado en la comuna del municipio recurrido, con infracción, según quien recurre, de las garantías constitucionales previstas en los números 2 y 24 de la carta fundamental.

La recurrida, a su vez, refuta la conculcación de garantías constitucionales que se le atribuye y, si bien reconoce el actuar cuestionado en el recurso, lo explica y justifica en la existencia de una diferencia en el pago del permiso en mención, arrastrada por varios años, en atención a una discrepancia en la tasación real del vehículo mencionado por el actor, la que se le ha pedido regularizar, a fin de determinar la cantidad que adeuda por tal concepto;

4º) Que el artículo 12 del Decreto Ley 3.063, sobre Rentas Municipales, inserto en el Título IV, bajo el epígrafe “De los impuestos municipales”, dispone que los vehículos que transitan por las calles, caminos y vías públicas en general, estarán gravados con un impuesto anual por permiso de circulación, a beneficio exclusivo de la municipalidad respectiva, conforme a las tasas que el mismo artículo señala;

5º) Que, por tanto, el actuar de la recurrida, al comunicar a las demás municipalidades la situación pendiente de regularizar por el recurrente, quien presenta una diferencia a partir del año 2014 en la tasación del vehículo aludido en los antecedentes, no adolece de ilegalidad y/o arbitrariedad alguna y, en consecuencia, no se divisa vulneración de ninguna de las garantías fundamentales que haga necesaria la intervención de este tribunal para el restablecimiento del derecho, puesto que la controversia planteada no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, en cuanto no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de ser amparados por esta vía cautelar de urgencia, razón por la cual la presente acción será rechazada.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige en la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad de Padre Hurtado tendrá presente lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto Ley 3.063, para dar curso progresivo a la tasación del vehículo singularizado en estos autos, cumpliendo lo mandado en dicha norma.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° 7.764-2020 Protección.- Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por la ministra señora María Alejandra Pizarro Soto, la Fiscal Judicial señora nombre reservado y el Abogado Integrante señor Adelio Misseroni Raddatz.