Protección contra Municipalidad de San Joaquín

En Santiago, a treinta de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

El 5 de septiembre de 2019, comparece doña nombre reservado, funcionaria municipal, quien deduce recurso de protección en contra de la Municipalidad de San Joaquín, representada por su Alcalde don Sergio Echeverría García.

La recurrida evacuó el informe solicitado.

Se trajeron los autos en relación.

Y teniendo presente:

Primero: Que la compareciente indica que es funcionaria municipal de planta desde el año 1987, escalafón técnico, grado 10, y que desde el 22 de mayo 2019 a la fecha está sin destinación a alguna unidad, ni cargo, ni funciones laborales. Indica que es dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de San Joaquín desde el año 2014, en el cargo de secretaria.

Aduce que se han realizado actos, medidas y amenazas que limitan el ejercicio de sus derechos tanto en lo laboral como sindical, sin justificación suficiente, en forma arbitraria, desproporcionada y sin respeto, siendo aislada. Señala que el 30 de abril de 2019 el neurólogo le dio licencia médica por 18 días, por stress severo; luego, el 22 de mayo, al regresar de la licencia médica, volvió a su lugar de trabajo, encontrando que había solo una ejecutiva atendiendo público, ya que las otras dos se encontraban con licencia médica, en el transcurso que estaba ayudando a atender público la llamó la Directora de Rentas, doña nombre reservado, quien le informó que ya no sería la jefa del departamento de Ventanilla Única, y ante su consulta la Directora le indicó que necesitaba gente sana que no se enfermara y, luego, ante su nueva consulta, le dijo que se callara, que ella hablaría primero, después le comunicó que el encargado sería nombre reservado, funcionario a contrata.

Expresa que el 23 de mayo se realizó una reunión con el Administrador y la directiva de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad, informando de la situación; también estuvo presente el Director de Gestión Administrativa que está a cargo el Departamento de Personal. Refiere que el Administrador indicó que la intención no era “sacarla”, sino que realizar una reestructuración en la Dirección de Rentas; por su parte, la actora le respondió que esa no fue la información entregada por la Directora de Rentas, solicitándole que le destinara funciones y lugar de trabajo, a lo que contestó que esto no era de forma inmediata, que podía demorar tres meses, un año, no sabe; por lo que la directiva decidió dejar hasta ahí la reunión, ya que no era una respuesta adecuada.

Añade que el tiempo transcurría y no se le asignaban funciones ni destino de trabajo, por lo que el 4 de julio de 2019 reclamó ante la Contraloría General de la República (reclamo N° 190.536), la que envió al alcalde el documento N° 9.615 de 15 de julio de 2019, solicitando informe. Indica que el 31 de julio del año en curso, el Alcalde envió el Ordinario N° 1300/57 a la Contraloría General de la República, solicitando más plazo para informar; y el 19 de agosto del mismo año, la Contraloría, mediante documento N° 11.273 informó que le otorgaba 5 días hábiles adicionales al plazo original.

Agrega que durante un mes, por iniciativa propia, colaboró en el departamento de Ventanilla Única en labores de urgencia como enviar al Servicio de Impuestos Internos las propiedades con exención de aseo y otras labores administrativas. Señala que le consultó al nuevo jefe nombre reservado en qué lugar se podía instalar y le sugirió una oficina que no se ocupaba dentro de la Dirección, contestándole que la Directora doña nombre reservado dice que puede ocuparla, pero que llegando una persona nueva tiene que desocuparla, con lo que todos sus derechos fueron vulnerados, por lo que fue a la oficina de la Asociación para tener un lugar donde llegar. Afirma que al 5 de septiembre de 2019, aun no tiene funciones ni destino de trabajo, a pesar que no existe ningún documento oficial de su cambio o destino de trabajo.

Por otra parte, manifiesta que el 19 de agosto revisó su liquidación de sueldo, y aparecían 4 horas extras diurnas, cuyo pago no procedía porque no tiene funciones, y esas horas corresponden a reuniones de la directiva de la Asociación dentro del municipio, por lo que ese mismo día 19 devolvió esas horas por un monto de $22.279. Agrega que revisó los decretos alcaldicios, encontrando el N° 1671, de 27 de julio de 2019, por el que se aprueban 12 horas extraordinarias diurnas y 6 festivas por un monto de $106.941, en labores de regularización de patentes, gestión de ingresos y finanzas; sin embargo, señala que no ha recibido ni verbal, ni por escrito alguna instrucción al respecto.

Asevera que en los 32 años de funcionaria municipal su conducta ha sido intachable y su desempeño honesto y leal de la función o cargo, y siempre ha figurado en lista 1. Dice que ha estado más de 3 meses sin actividad, no teniendo respuesta ni solución de parte de los superiores jerárquicos de la municipalidad.

Acompaña los siguientes documentos: comunicación de la Contraloría General de la República a la Municipalidad recurrida, con referencia N° 195.246/19 Sobre ampliación de plazo para informar; Ordinario N° 1300/61, de 16 de agosto de 2019, del Alcalde de la misma Municipalidad a la Contraloría General de la República, que informa sobre presentación realizada por la recurrente ante esa Contraloría; Decreto N° 2030, de 7 de agosto de 2019, de la Municipalidad de San Joaquín, que ordena instruir sumario; dos correos electrónicos enviados por la actora a nombre reservado y nombre reservado, el 19 de agosto de 2019, con copia de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, sobre devolución de horas extras del mes de agosto; Decreto N° 1671, Sección Primera, de 27 de junio de 2019, del Departamento de personal, Dirección de Gestión Administrativa, de la Municipalidad recurrida, que ordena trabajar horas extraordinarias a los funcionarios individualizados en el cuadro adjunto, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre 2019, con motivo de realizar actividades propias según objetivo detallado, entre estos, figura la recurrente; correos electrónicos enviados por la actora el 4 de septiembre de 2019 a nombre reservado, con copia a nombre reservado, respecto de horas compensadas, y el 29 de agosto de 2019 a nombre reservado, sobre solicitud de autorización de horas de tiempo compensado; correo electrónico enviado por nombre reservado, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, el 2 de septiembre de 2019, a la actora y a nombre reservado, respecto de horas compensadas; hoja del libro de asistencia de agosto de 2019; correo electrónico reenviado por la recurrente el 4 de septiembre de 2019 a nombre reservado del Ministerio Público, por el que adjunta denuncia por amenazas ocurridas ese día a las 8:45 horas, efectuada por ella y por nombre reservado, en contra de nombre reservado, Director subrogante de la Dirección de Higiene y Medio Ambiente, donde señala como testigo a nombre reservado; presentación de 5 de septiembre de 2019, de la Presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de San Joaquín, nombre reservado, y de la secretaria, nombre reservado, al Alcalde de la Municipalidad recurrida, en que expone los hechos relativos a las amenazas recibidas el 4 de septiembre pasado.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido, el 27 de septiembre pasado, don Sergio Echeverría García, en representación de la Municipalidad de San Joaquin, expresa que la recurrente se encuentra en el escalafón técnico, grado 10, por lo que no podría ejercer la jefatura, por encontrarse en un escalafón diverso. Señala que la tarea que ejerce se relaciona, más bien, con labores de coordinación; y, además, por la naturaleza de las funciones que realiza la oficina de “Ventanilla Única” en las dependencias Municipales, cual es, la atención de público, necesita permanencia de manera continua en el puesto y lugar de trabajo, a fin de brindar más agilidad a la función y disminuir los tiempos de espera de los vecinos/usuarios. En ese sentido, indica que tal cuestión la recurrente, dada su calidad de dirigente de la Asociación de Funcionarios no puede llevar a cabo, en atención a que, por gestiones de su labor en la Asociación, debe ausentarse con cierta periodicidad de su labor municipal.

Respecto a las amenazas que refiere la recurrente, señala que ella alude a una presentación que efectuó en el municipio dando cuenta de haber sido víctima de amenazas proferidas por otro funcionario, cuya calidad es contrata, sin estar en escalafón directivo; sin embargo, la eventual responsabilidad funcionaria se determinará mediante la realización del sumario administrativo que se ordenó instruir por Decreto Alcaldicio N° 2467, de 13 de septiembre de 2019, que se encuentra en etapa de realización de indagatorias. Indica que se trata de un hecho particular ocurrido entre funcionarios, que no guarda relación con vulneración de derechos laborales y/o sindicales por parte de la administración.

En cuanto a lo indicado por la recurrente en orden a que “no se me asignaban funciones ni destino de trabajo…”, manifiesta que esta afirmación carece de fundamento, toda vez que la funcionaria cuenta con un puesto de trabajo en Ventanilla Única, con escritorio y computador, cuyos números de inventario detalla, los que aún se encuentran en dependencias del primer piso de la Municipalidad; sin embargo, luego de una conversación con la Directora de esa Unidad, en la cual se le comentó a la recurrente que se pondría a un profesional de apoyo para cubrirla en sus ausencias por desarrollo de actividades de la Asociación de Funcionarios, la actora en forma unilateral decidió abandonar su puesto de trabajo en Ventanilla Única e instalarse en la oficina de la Asociación de Funcionarios. Por otro lado, respecto de la afirmación de que “no se le asignaban funciones”, esgrime que existe constancia en correos electrónicos enviados por la funcionaria a diversos funcionarios, en el sentido que siguió realizando funciones y labores que estaban a su cargo, al menos hasta el mes de julio, momento en que decidió trasladarse a la oficina de Asociación de Funcionarios.

En lo que concierne al pago de horas extras, señala que la propia recurrente puso en conocimiento a la Contraloría General de la Republica esta situación, producto de lo cual el Municipio instruyó la iniciación de un Sumario Administrativo a fin de determinar dichas circunstancias y las eventuales responsabilidades administrativas en los hechos; lo anterior, de acuerdo al Decreto Alcaldicio N° 2030, de 7 de julio de 2019.

Argumenta que la Administración Municipal, a fin de prevenir cualquier conculcación de derechos laborales y gremiales de la funcionaria, el 16 de septiembre de 2019 dictó el Decreto Alcaldicio N° 352, que contiene la designación de la funcionaria para cumplir labores técnicas para el Departamento de Personal; decreto de designación de nuevas labores y destinación que fue notificado y aceptado por la funcionaria el 23 de septiembre de 2019.

Acompaña copias de los siguientes correos electrónicos correspondientes al año 2019 enviados por la recurrente: de 3 de junio dirigido a la Directora de Rentas, relativo a “Fecha de envío de exención aseo en contribuciones segundo semestre”; de 12 de junio a la Directora de Rentas, sobre “Revisión sistema aseo exenciones aseo contribuciones”; de 17 de junio a la Directora de Rentas, sobre “Envío a S.I.I. segundo semestre”; de 20 de junio a la Directora de Rentas, relativo a “Meta colectiva 2019”; de 27 de junio a la Directora de Rentas, relativo a “Propiedades de Carabineros”; de 28 de junio a la Directora de Rentas, sobre “Propiedades Carabineros de Chile”, “Planilla final devoluciones”, “Envío a SII exención aseo cuota 3 y 4 año 2019”; de 13 de agosto a la Directora de Rentas, sobre “Horas compensadas”, solicitando hacer uso de las mismas, donde el Administrador Municipal indica que aún no se ha efectuado formalmente el traslado de la funcionaria recurrente. Además, acompaña los siguientes documentos: Decreto Alcaldicio N° 2030, de 7 de agosto de 2019, que ordena instruir sumario administrativo; Decreto Alcaldicio N° 2467, de 13 de septiembre de 2019, que ordena instruir sumario administrativo por los hechos expuestos por la funcionaria respecto de amenazas proferidas por otro funcionario; Registro de asistencia de la funcionaria recurrente de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2019; Decreto Alcaldicio N° 352, de 16 de septiembre de 2019, que consigna la destinación de la funcionaria a la Dirección de Rentas y el Acta de Notificación del mismo; y Escalafón Municipal 2019.

Tercero: Que, mediante presentación de 27 de septiembre de 2019, la parte recurrente contesta el informe del municipio, pidiendo que se tenga presente al momento de fallar. Por resolución de 6 de noviembre último, la Sala Tramitadora de esta Corte dispuso que se tuviera presente en su oportunidad por la sala de fondo.

En la referida presentación, la recurrente expresa que demostrará la falta de prolijidad, falsedades e imprecisiones del informe de la recurrida. Al respecto, afirma, en primer término, que por el solo ministerio de la ley queda como jefe el funcionario de planta con más antigüedad dentro del departamento, de manera que la respuesta de la recurrida, en cuanto a que la actora no puede ejercer jefatura porque pertenece al escalafón técnico, es contradictoria pues en la actualidad existen directores y jefes a contrata, no obstante que el Estatuto Administrativo indica que esto no procede. Señala que en relación a este tema la recurrente y los otros dirigentes realizaron una presentación a la Contraloría General de la Republica, organismo que ordenó al Alcalde regularizar esta situación (Informe Final de investigación Especial N° 186 de 1 de julio de 2019). Por otra parte, arguye que desde el año 2013, la actora es quien califica al personal del Departamento de Ventanilla Única, otorga los permisos administrativos, feriados legales y está a cargo de tres funcionarias -nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado-, lo que está avalado por la hoja de vida de cada una de estas funcionarias que registra la firma y nombre de la recurrente como jefa de ellas; además, por el certificado del Jefe del Departamento de Personal, de 26 de septiembre de 2019, que señala que calificaba al personal de Ventanilla Única, firmaba los permisos administrativos y feriados legales; asimismo, por correos electrónicos enviados por la Directora de Rentas a la recurrente, dando instrucciones como Jefa del Departamento y correos enviados por la actora donde se registra el cargo que ella tenía, además de los informes, memorándum y visación de decretos alcaldicios, certificados de no deuda de aseo domiciliario, con su firma, los que se encuentran archivados en el Departamento de Ventanilla Única y en la Secretaría Municipal, a los que la recurrente no tiene acceso.

En segundo lugar, adjunta registro de asistencia de la actora desde el mes de enero del año 2018 a abril del año 2019, e indica que de 485 días solo se registran 23 permisos por fuero sindical; los fueros registrados desde mayo a septiembre año 2019 los solicitó debido a que no tenía funciones, por ello se dedicó a realizar su trabajo sindical y para sentirse protegida debido a los acontecimientos que están ocurriendo.

En cuanto a las amenazas, señala que se relacionan con la actividad gremial, porque el funcionario agresor (nombre reservado), con la modificación de la planta municipal por ley N° 20.922, pasaría a la planta, y ese mismo día la Asociación de Funcionarios Municipales tenía que firmar un acuerdo o rechazo con el Comité Bipartito entre la autoridad y la Asociación, y la agresión verbal a la actora como Secretaria de la referida Asociación y a la Presidenta fue en el contexto de amedrentarlas para que firmaran la aprobación a la modificación, sabiendo él que habían funcionarios que estaban quedando fuera teniendo todos los requisitos y que la Asociación estaba tratando que la gestión incorporara a estos funcionarios para pasar a la planta. Aduce que si esto fuera un hecho particular no se habría instruido un sumario.

En lo que concierne a la asignación de funciones, esgrime que existen correos electrónicos de la actora informando en diferentes fechas que no tiene funciones y que su puesto de trabajo fue entregado vía correo electrónico a don nombre reservado. En relación a que la actora seguía realizando funciones, expresa que por iniciativa propia colaboraba con el nuevo jefe, prestando ayuda en temas que él no manejaba y por ser de carácter urgente para la comunidad, por ello informó al nuevo jefe que el plazo para enviar las exenciones de aseo en contribuciones al Servicio de Impuestos Internos estaba por vencer y esto significaría que la mayoría de los contribuyentes con exención, que son adultos mayores, de no realizar este envió, saldrían todos con aseo cargado en sus contribuciones. Señala que después de realizar todos los procesos que tenían la calidad de urgentes, solicitó que le sacaran todas las atribuciones que tenía como Jefa del Departamento y también en los sistemas computacionales.

En lo que atañe a las horas extras y al Decreto Alcaldicio N° 2030, de 7 de agosto de 2019, que ordena instruir sumario administrativo, expresa que a la fecha no ha sido llamada a declarar. En cuanto al Decreto Alcaldicio N° 2467, de 13 de septiembre de 2019, que ordena instruir sumario administrativo respecto de las amenazas proferidas por otro funcionario, señala que a la fecha no ha sido llamada a declarar.

En relación a la designación de la actora al Departamento de Personal, hace presente que sólo firmó la notificación de la entrega del Decreto Alcaldicio de la destinación. Señala que el Departamento de Personal le entregó un documento donde le solicita firmar la autorización que dice relación con la ley N° 19.296, artículo 25, pero no lo firmó, ya que a la fecha no le ha llegado ningún documento indicando el motivo por el cual fue separada de su cargo y funciones, ya que ella no solicitó el cambio y, además, esta situación está en etapa de investigación.

En el otrosí acompaña los siguientes documentos: certificado del Jefe del Departamento de Personal de 26 de septiembre de 2019, en que expresa que la actora calificaba al personal, firmaba las autorizaciones de los feriados legales y días administrativos; Decreto Alcaldicio N° 130, de 24 de enero de 2013, de destinación al departamento Ventanilla Única y Derechos de Aseo, Dirección de Rentas, encabezando en este decreto los encargados de cada unidad; Asistencia de la recurrente desde el mes de enero del año 2018 a abril de 2019.

Además, adjunta copias de correo electrónicos: de 17 de mayo de 2016 de la actora como encargada de Ventanilla Única a la Directora (s), solicitando ayuda técnica a la empresa Cas Chile, por problemas en el sistema; de 7 de junio de 2018 de la funcionaria nombre reservado solicitando a la actora como encargada justificar entrada por problemas en reloj control, este fue dirigido por la actora a la Directora de Rentas; de 9 de junio de 2018 de la actora a contribuyente; de la actora, dando instrucciones al personal de Ventanilla Única, por orden de la Directora; de 27 de junio de 2018 enviado a la Directora de Rentas, en que la actora solicita eliminación de cargos, firma como jefa departamento; de 2 de julio de 2018, la recurrente da instrucciones a la funcionaria nombre reservado para realizar entrega a la Directora de Rentas de Memorándum N° 1; de 2 de julio de 2018, la recurrente da instrucciones a las funcionarias nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado por solicitudes pendientes; de 20 de julio de 2018, la recurrente informa a la Directora de Rentas sobre decretos alcaldicios mal consignados; de 23 de julio de 2018, responde consulta a la Directora de Rentas; de 30 de julio de 2018, responde a solicitud de feriado legal a la funcionaria nombre reservado; de 28 de noviembre de 2018, responde la actora como Jefa de Ventanilla Única, sobre consulta de Directora de Rentas por vacaciones del personal año 2019; de 17 de marzo de 2019, la actora solicita como jefa del Departamento Ventanilla Única a la directora de Rentas cambio de equipamiento computacional en el departamento; de la Directora de Rentas solicitando a la Dirección de Gestión Administrativa el cambio de los equipos computacionales, pedido por la actora; de 27 de marzo de 2019, la actora solicita cambio de su timbre de jefatura, por estar en mal estado, con esta misma fecha la Directora le da respuesta, y le solicita a la actora preparar la solicitud de compra; de 29 de abril de 2019 de la Directora de Rentas dando respuesta a la recurrente en que ella solicita refuerzo para el Departamento de Ventanilla Única, con membrete Jefe del Departamento; de 3 de junio de 2019 enviado por la actora al Alcalde, comunicando la situación ocurrida con la directora de Rentas en el que le informa en forma verbal que ya no tiene funciones; de 3 de junio de 2019 enviado por la actora solicitando a la Directora de Rentas dar instrucciones para cambiar pie de firma del sistema de Ventanilla Única, con el nombre del nuevo encargado de Ventanilla Única; de 18 de junio de 2019 de la actora al nuevo encargado del Departamento Ventanilla Única, informando trabajo por entregar; de 28 de junio de 2019, de la actora a la Directora de Rentas y Administrador Municipal informando la entrega de archivo al nuevo encargado por devoluciones de derecho aseo domiciliario; de 30 de julio de 2019, la actora consulta al Secretario Municipal por qué en la página de transparencia de la municipalidad aparece registrada que realiza funciones en la Dirección de Gestión Administrativa, si al 30 de julio de 2019 no se le han asignado funciones; de 19 de agosto de 2019, la recurrente informa al Director de Gestión Administrativa que realizó la devolución de horas extras, por no corresponder, ya que a esa fecha aún no tiene asignado un puesto de trabajo; de 24 de septiembre de 2019, por el que la recurrente informa al Director de Gestión Administrativa que no firmará la autorización de traslado de acuerdo al artículo 25 de la ley 19.296, ya que nadie a la fecha le ha informado por qué fue separada de sus funciones en la Dirección de Rentas.

Cuarto: Que cabe recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, del mérito de la documental acompañada por la recurrida, apreciada de conformidad con las reglas de la sana crítica, se asienta que la recurrente figura en el Escalafón de Mérito y Antigüedad del año en curso de la Municipalidad de San Joaquín, en el escalafón técnico grado 10, lista 1, y con antigüedad en el cargo desde el 16 de diciembre de 1996, en el grado desde el 1 de enero de 1996 y en el servicio y administración pública a contar del 1 de octubre de 1987.

Asimismo, en el Libro de Asistencia aparece que la actora hizo uso de licencia médica desde el 2 al 17 de mayo de 2019.

Del mismo modo, se establece que mediante Decreto Alcaldicio N° 352, de 16 de septiembre de 2019, de la Municipalidad recurrida, se dispuso destinar a contar del 16 de septiembre de 2019 a la recurrente, desde la Dirección de Rentas al Departamento de Personal de la Dirección de Gestión Administrativa. En el referido documento, suscrito por el Administrador Municipal, se expresa que las funciones específicas que desarrollará la funcionaria dicen relación con el registro y control de la asistencia de los funcionarios, cálculo de horas extraordinarias y compensadas, uso de permisos y feriados legales, entre otras funciones técnicas que se le puedan asignar, propias del Departamento; además, ordena notificar a la funcionaria; y señala que se tienen presente para determinar la destinación las facultades que confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y el artículo 25 de la ley N° 19.296, considerándose, también, que el Departamento de Personal requiere de apoyo de personal técnico para el correcto desarrollo de sus funciones y que verá disminuido el personal que ejerce sus funciones en dicha unidad en atención a la ley N° 21.135 de “incentivo al retiro”. El aludido Decreto fue notificado a la actora el 23 de septiembre último.

Por otra parte, es un hecho no controvertido por las partes que la recurrente tiene la calidad de secretaria de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de San Joaquín, desde el año 2014.

Además, del mérito de los documentos acompañados por la recurrente el 27 de septiembre pasado, apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, es posible establecer que la actora se desempeñaba en la Dirección de Rentas, siendo destinada al departamento Ventanilla Única y Derechos de Aseo, de esa Dirección, mediante Decreto Alcaldicio N° 130, de 24 de enero de 2013. Del certificado del Jefe del Departamento de Personal, de la Dirección de Gestión Administrativo, de 26 de septiembre de 2019, se acredita que desde el año 2013 hasta abril de 2019, la actora calificó a los funcionarios de Ventanilla Única y firmó sus permisos y feriados legales.

Por su parte, de las comunicaciones por correo electrónico, se desprende que la actora ejercía sus labores como Jefa del Departamento de Ventanilla Única. Así se desprende de los correos de 17 de mayo de 2016, 7 y 27 de junio de 2018, 2, 20, 23 y 30 de julio de 2018, 28 de noviembre de 2018, 17 y 27 de marzo de 2019, y 29 de abril de 2019, pormenorizados en el considerando tercero de esta sentencia. Dichas labores son reconocidas por la recurrida en su informe, sólo que las denomina como “labores de coordinación”.

Sin embargo, de los antecedentes aparejados a la causa no se desprende el hecho afirmado por la actora en el recurso, en orden a que no se le asignaban funciones. Al efecto, cabe tener presente, por una parte, que la recurrida niega este supuesto en el informe evacuado, afirmando que “la funcionaria cuenta con un puesto de trabajo en Ventanilla Única, contando con escritorio y computador”; añadiendo que “tras una conversación sostenida con la Directora de dicha Unidad, en la cual se le comentó que se pondría a un profesional de apoyo a fin de cubrirla en sus ausencias por desarrollo de actividades de la Asociación de Funcionarios, la funcionaria de forma unilateral decidió abandonar su puesto de trabajo en Ventanilla Única e instalarse en la oficina de la Asociación de Funcionarios, llevando consigo la silla que ella había adquirido”. Asimismo, se debe considerar, por otra parte, que la documental acompañada por la actora por escrito de 27 de septiembre, consistente en correos electrónicos en que se sostiene la ausencia de funciones, emanan de la propia recurrente, sin que aparezcan avalados por otras probanzas, lo que les resta valor para el efecto pretendido.

Al contrario, las comunicaciones del año 2019 por correos electrónicos acompañadas por la recurrida en su informe demuestran que ha ejercido labores. Así se desprende de los correos de 3 de junio enviado por el Jefe del Departamento de Avaluaciones de la Dirección Regional Metropolitana Sur del SII (nombre reservado) a la recurrente, sobre la “fecha de envío de exenciones aseo en contribuciones segundo semestre”; de 3 de junio, dirigido por la recurrente a la Directora de Rentas (nombre reservado), sobre el mismo asunto; de 3 de junio, enviado por la recurrente al Jefe del Departamento de Avaluaciones, respecto del citado asunto; de 12 de junio, dirigido por la recurrente a la Directora de Rentas (nombre reservado), sobre el “concepto por exención aseo contribuciones”; de 17 de junio, enviado por la recurrente a nombre reservado con copia a la Directora de Rentas (nombre reservado) y otros, en relación con el “envío a S.I.I. segundo semestre”; de 20 de junio, expedido por la recurrente a la Directora de Rentas (nombre reservado), sobre la “meta colectiva 2019”; de 27 de junio mandado por la recurrente a nombre reservado con copia a la Directora de Rentas (nombre reservado), relativo a “propiedades de Carabineros”; de 28 de junio de 2019 enviado por la recurrente a nombre reservado con copia a la Directora de Rentas (nombre reservado) y otro, respecto de “propiedades Carabinero de Chile”; de 12 de agosto de 2019 dirigido por la recurrente a la Directora de Rentas (nombre reservado), relativo a “horas compensadas”, mediante el que solicita autorizar 9 horas de su tiempo compensado, para el miércoles 14 del presente; de 13 de agosto de 2019 expedido por nombre reservado al Administrador Municipal (nombre reservado), sobre el mismo asunto referido, en que pregunta si ella sigue autorizando las horas compensadas de la recurrente; de 13 de agosto de 2019 mandado por el Administrador Municipal a nombre reservado, en cuanto al mismo asunto de “horas compensadas”, en que responde que por este mes lo haga, porque aun no sacan el “DA de traslado”; de 13 de agosto de 2019 enviado por la Directora de Rentas (s) (nombre reservado) al Administrador Municipal, sobre el mismo asunto, en que responde “ok”.

Sexto: Que, en atención a los hechos establecidos en el motivo que precede, a saber, sólo respecto de la destinación de la actora, corresponde determinar si el Decreto Alcaldicio N° 352, de 16 de septiembre de 2019, que afecta a la actora, constituye un acto ilegal, esto es, si vulnera sus derechos de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 19.296, que establece normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado. El referido decreto destina a la actora a contar de esa fecha, desde la Dirección de Rentas al Departamento de Personal de la Dirección de Gestión Administrativa, para desarrollar funciones relacionadas con el registro y control de la asistencia de los funcionarios, cálculo de horas extraordinarias y compensadas, uso de permisos y feriados legales, entre otras funciones técnicas que se le puedan asignar, propias del Departamento.

Séptimo: Que, el inciso primero del artículo 25 de la ley N° 19.296 previene, en lo pertinente, que “Los directores de las asociaciones de funcionarios gozarán de fuero, esto es, de inamovilidad en sus cargos, desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado su mandato como tales…”. El inciso segundo de este precepto agrega que “Asimismo, durante el lapso a que se refiere el inciso precedente, los dirigentes no podrán ser trasladados de localidad o de la función que desempeñaren, sin su autorización por escrito”.

Octavo: Que, como se dijo, es un hecho no controvertido por las partes que la actora integra la directiva de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de San Joaquín, en calidad de secretaria de la mismo, por lo que goza del fuero reconocido en la norma transcrita en el considerando precedente.

Asimismo, de acuerdo a los antecedentes aludidos en el fundamento quinto de esta sentencia, resulta que el decreto cuestionado fue notificado a la recurrente el 23 de septiembre pasado mientras gozaba del referido fuero, sin que la recurrida haya acreditado que aceptara por escrito el cambio de función; al contrario, de los antecedentes de autos se desprende que no aceptó el traslado, desde el momento que reclamó en contra de dicha decisión de la autoridad edilicia.

En consecuencia, la recurrida no podía disponer un cambio o traslado de la función o labores de jefatura que la actora desempeñaba, descritas en el motivo quinto.

Noveno: Que, en ese contexto, el Decreto Alcaldicio N° 352, de 16 de septiembre de 2019, dictado por la recurrida a pesar de tener conocimiento del fuero que protegía a la recurrente, constituye un acto ilegal, porque desconoce un derecho consagrado en el artículo 25 de la ley N° 19.296 para los funcionarios que son elegidos directores de las asociaciones de funcionarios. En ese sentido, el mencionado acto ilegal vulnera el derecho a sindicarse que consagra la Constitución Política de la República, en cuanto protege la autonomía de los trabajadores para ejercer sus derechos sindicales.

Décimo: Que, del mismo modo, el Decreto censurado, además, vulnera el derecho de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N° 2 de la mencionada Constitución Política de la República, toda vez que establece un tratamiento distinto entre los demás funcionarios dependientes de la Municipalidad de San Joaquín, que mantienen la calidad de directores de la Asociación de Funcionarios de la misma, en relación con la destinación que les fuera asignada con anterioridad a ser elegidos como tales.

Undécimo: Que, en estas condiciones el recurso de protección será acogido en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción constitucional deducida por doña nombre reservado, sólo en cuanto se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 352, de 16 de septiembre de 2019, de la Municipalidad de San Joaquín; manteniéndose vigente la destinación contenida en el Decreto Alcaldicio N° 130, de 24 de enero de 2013.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra señora Ma. Catalina nombre reservado Torres.

N° 7.762-2019 PROTECCIÓN.

Pronunciada por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los ministros señora María Stella Elgarrista Alvarez y señora M. Catalina González Torres y abogado integrante Ignacio Castillo Val.

Se deja constancia que no firman los ministros señora M. Catalina González Torres y abogado integrante Ignacio Castillo Val, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y fallo, por encontrarse ausente.