Protección contra Ilustre Municipalidad de El Bosque

En Santiago, a dos de octubre de dos mil diecinueve.

Vistos:

El 4 de septiembre del año en curso comparece doña Mariela Verónica Puebla Celis, abogada, domiciliada en domicilio reservado, en nombre y representación, según escritura de mandato judicial que acompaña, de don nombre reservado, chileno, casado, funcionario público, administrativo grado 14° de la E.U.R. de la I. Municipalidad de El Bosque, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de El Bosque, buscando la protección de los derechos fundamentales que dice vulnerados, consagrados en los números 2 y 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Fundando el recurso señala que el día 5 de agosto último, se notificó el Decreto Alcaldicio Exento N°1510, de fecha 29 de julio de 2019, por el cual finalmente se hace efectiva la destitución del cargo del recurrente, contrata municipal, con más de 25 años de servicio en la institución, grado 13 del escalafón administrativo, previo sumario administrativo DAN°1743-2018 que se incoara en su contra por haber infringido gravemente las disposiciones establecidas en los artículos 58 y 82 de la Ley 18.883 y el inciso 2° del artículo 2° del Código del Trabajo.

Expresa que ha visto afectados los derechos constitucionales referidos, toda vez que si bien en el sumario administrativo existió un correcto conocimiento y el recurrente tuvo asistencia de defensa letrada, no se respetó el derecho de ser juzgado y sancionado por un ente u órgano imparcial, tampoco se respetó el principio de legalidad respecto de los hechos que se investigaron ni se ponderó con imparcialidad las prueba. De igual modo, agrega, no se aplicó una sanción justa y proporcionada a los hechos investigados y acreditados, resultando arbitraria, antojadiza y desproporcionada la impuesta toda vez que es la medida más gravosa, que no obedece a otro argumento que las presunciones y graves acusaciones realizadas por la Fiscal sumariante, fruto de su apreciación absolutamente subjetiva y parcial.

Precisa que en la parte resolutiva del aludido Decreto Alcaldicio N° 1510, de 29 de julio del año 2019, se desprende que se aplicaron las reglas de la sana crítica para establecer que don nombre reservado incurrió en conductas atentatorias a la dignidad de la afectada, las que se estimaron graves y precedidas de antecedentes serios, constitutivas de acoso laboral y sexual, que motivó la imposición de la medida disciplinaria de destitución.

Señala que la manifiesta arbirtariedad y falta de legalidad de la medida disicplinaria se aprecia en las contradicciones manifiestas que se advierten entre el considerando segundo y el duodécimo de la parte considerativa de la Vista del fiscal, toda vez que las afirmaciones contenidas en ellos se contraponen entre sí, anulándose uno con otro, careciendo así de absoluta coherencia, sentido armónico y lógico dicho dictamen.

Indica que el considerando segundo señala: "Que por medio de los testimonios allegados a la causa, de funcionarios que fueron testigos, como asimismo de los superiores de ambos involucrados, que dieron cuenta de los hechos denunciados, y teniendo presente que todos esos testimonios se encuentran contestes y concordantes en cuanto en asumir la credibilidad de los dichos de la denunciada (sic) y en la observación de conductas previas del denunciado, se pudo establecer que efectivamente existieron esas conductas y que aquellas se encuentran dentro del tipo de acoso que se establece en la norma".

En tanto del considerando duodécimo se lee: “Ahora bien, para esta Fiscal no resulta ajeno el hecho que la prueba directa en el caso del acoso es casi inexistente o nula..." Como otro antecedente de las vulneraciones denunciada, reproduce el considerando octavo de la ya referida Vista de la fiscal, que dice: “ahora bien, la conducta denunciada, se ajusta a lo descrito precedentemente (considerando séptimo), en tanto la denunciante hace explicita alusión a expresiones vertidas por el denunciado, con connotación sexual, que afectan su dignidad, le produjeron afectación y menoscabo en su condición de mujer y funcionaria". Sostiene que en este motivo se omite la observación que se hiciera de la prueba, por la que se recalcó de forma enfática la falta de sustento de las declaraciones formuladas por la denunciante en el sumario, ya sea, en su denuncia inicial, la cual consta a fojas 46; en su declaración a fojas 54 y 55, y en el careo entre denunciante y denunciado a fojas 109 a 111, del expediente del sumario en cuestión. Expresa, a mayor abundamiento, que la denuncia inicial nada dice respecto de hechos de connotación sexual hacia la denunciante, sino más bien hace alusión a una discusión propia de la relación laboral entre compañeros de trabajo.

Cuestiona asimismo la referencia hecha por la señora fiscal a la concordancia de las declaraciones prestadas por los testigos de los hechos denunciados, ya que a su juicio, la situación fue diversa, ya que no hubo testigo alguno que pudiera dar certeza de los hechos denunciados por nombre reservado. Insiste en que estos hechos nunca ocurrieron y por ende, son rechazados por el recurrente. Agrega que la señora Fiscal no consideró que las antes dichas declaraciones fueron realizadas por testigos de oídas.

Luego, señala que uno de los hechos a probar consistía en que su representado tuviera antecedentes previos de conductas similares, lo que en la especie no fue probado. Al efecto menciona el memorando N° 255 / 2018 de doña nombre reservado, Jefa de la Oficina de Personal, el cual consta a fojas 102 del expediente sumarial, que detalla lo siguiente: "Esta unidad no cuenta con antecedentes formales que puedan aportar a la causa". Manifiesta que pese a ello, en el motivo decimocuarto se consideró como antecedente suficiente para estimar que su representado tenía conductas similares previas, ciertas denuncias informales que se expusieron en el proceso, lo que da cuenta de una sesgada y equivocada valorización de la prueba.

Manifiesta, además, que existió falta de prolijidad y seriedad al señalar la señora fiscal en el considerando duodécimo la existencia de una presunta red de contactos y protección de la cual supuestamente su representado se vale, declaraciones que su parte califica como graves, avezadas y subjetivas. Misma falta de seriedad y prolijidad que le atribuye al Alcalde, Sadi Melo Moya, en su Decreto Alcaldicio N° 1510.

Sostiene que otro punto a considerar en la Vista de la fiscal, es la falta de referencia a las atenuantes que corresponderían considerar, tales como la irreprochable conducta anterior - el recurrente no cuenta con medidas disciplinarias previas conforme a los antecedentes formales aportados por el Departamento de Personal de esta municipalidad- la cantidad de años de servicios prestados por éste a dicho municipio, las excelentes calificaciones funcionarias, la colaboración voluntaria y espontánea prestada a fin de esclarecer los hechos imputados, la disposición y voluntad que siempre tuvo en prestar declaración y aportar todo lo necesario para la correcta aclaración de los hechos investigados.

Solicita en definitiva, se adopten las medidas que se estimen pertienentes para que se restablezca el derecho de tener un proceso racional, justo e imparcial en todos y cada uno de sus trámites a fin de obtener ya sea su absolución en sumario administrativo o en su defecto una sanción proporcionada, racional y justa evitando la vulneración de sus derechos y el grave perjuicio que ello significa ante una medida tan desproporcionada y arbitraria de destitución.

Acompaña: el Decreto Alcaldicio N° 1510 de fecha 29 de julio de 2019, el Decreto Alcaldicio N° 123 de fecha 01 de febrero del año 2019, copia de la Vista del Fiscal Sumariante, nombre reservado, de fecha 10 de enero del año 2019, copia de la escritura pública que contiene el Mandato judicial, otorgada el 22 de noviembre del año 2018, ante el Notario Público Claudio Ortiz Cerda.

Informando la recurrida, la I. Municipalidad de El Bosque, solicita se rechace el recurso de protección con expresa condenación en costas.

Expone que los hechos descritos en el libelo por la recurrente más que estar amparados por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado son una verdadera apelación a lo resuelto en un sumario administrativo, debidamente tramitado conforme a derecho. Los hechos del sumario a los que la recurrente no refiere nunca directamente son de tal gravedad y las declaraciones en el sumario administrativo del ex funcionario, son de tal magnitud, amenaza e identidad que estas por sí solas bastarían para dar por establecida la responsabilidad administrativa con la que se le ha sancionado.

Expresa además que el proceso administrativo sancionador fue tramitado y sustanciado conforme a las reglas del debido proceso, entendido este como justo, racional y previamente establecido. Indica que se han cumplido en este proceso todos y cada uno de los preceptos que lo regulan.

En tal sentido aduce que se ordenó instruir sumario, y de esto se le notificó al recurrente, por lo que el principio básico del emplazamiento y, a partir de ahí en adelante, la bilateralidad se cumplió. Se oyó al ex funcionario, quien no sólo compareció ante el fiscal sustanciador, sino que además obtuvo copias del sumario. En su oportunidad se le formularon cargos en su contra, los que le fueron debidamente notificados. El ex funcionario los contestó, ejerciendo su derecho a la defensa. Se produjo la Vista del fiscal, quien propuso una sanción dentro del marco del derecho administrativo. Se impuso la sanción por la autoridad competente, quien actuó en pleno ejercicio de sus potestades. Este acto está debidamente fundado, según consta en el propio DA (decreto Alcaldicio) que se acompaña al recurso. Se le notificó de la sanción y dentro de plazo dedujo recurso de reposición, rechazado a través del DA N° 1510, ya aludido. Por último, hace presente que también recurrió de reclamación ante la Contraloría General de la Republica, en una singular petición que busca anular el sumario.

En cuanto a los supuesta vulneración de los derechos fundamentales que indica, sostiene que las alegaciones son vagas e imprecisas, y no contienen en la práctica ningún juicio de reproche respecto del Decreto Alcaldicio que ordenó su destitución ni el que rechazó la reposición, toda vez que no se señala de forma alguna cómo su representada habría vulnerado, privado o amenazado, por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales contenidas en los numerales segundo y tercero del artículo 19 de la Constitución Política de la República, cometidos con ocasión de la dictación del Decreto Alcaldicio N°1510, de 29 de julio de 2019. Manifiesta que aun cuando no se señala directamente, pareciera desprenderse que se habría afectado también el derecho consagrado en el número 24 del citado artículo 19 de la Carta Política, esto es, el derecho de propiedad, lo que tampoco sería efectivo pues su "derecho o propiedad al cargo" se ha perdido justamente en función de las reglas del derecho administrativo que se aplican en este caso.

Explica que se dictó el Decreto Alcaldicio N° 1743, de 24 de septiembre de 2018, que ordenó un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades administrativas en que habría incurrido el recurrente, en los hechos contenidos en la denuncia efectuada por una funcionaria municipal por maltrato, acoso laboral o sexual, para lo cual se designó como Fiscal a cargo de la investigación a doña nombre reservado. Añade que el día 1 de febrero de 2019, se dictó el Decreto Alcaldicio N° 123, en el que se resolvió el sumario administrativo y se aplicó una sanción al referido funcionario.

Expresa que el referido decreto está debidamente fundado, especialmente en la vista fiscal de fojas 155 y siguientes del sumario, en la cual se propone la aplicación de la medida disciplinaria de destitución en contra del funcionario recurrente, por haber infringido gravemente con su conducta las disposiciones establecidas en los artículos 58 y 82 de la Ley 18.883, y el inciso segundo del artículo 2 el Código del Trabajo.

Expone además que la medida disciplinaria de destitución, se encuentra establecida en los artículos 120, letra d) y 123 letra f) de la Ley 18883, Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipal. En consecuencia, el proceso sumarial y su sanción, se han dictado de conformidad a la ley y tanto en su tramitación como en su ejecución no existe ningún acto u omisión ilegal o arbitraria que vulnere los derechos o garantías constitucionales que señala el recurrente. Señala ademàs que el día 29 de julio de 2019, se dictó el Decreto Alcaldicio N° 1510, por el cual se rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la resolución que le impuso la sanción de destitución.

Acompaña: copia del Sumario administrativo incoado contra la recurrente; copia del reclamo ante la Contraloría General de la República presentado por el recurrente conforme a lo previsto en los artículos 47 y 156 de la ley 18.883, cuya resolución se encuentra pendiente.

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección es una acción de carácter cautelar que tiene por objeto resguardar los derechos fundamentales señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal de agentes determinados que provoque su conculcación, suficiente para provocar la actividad jurisdiccional que se traducirá en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de aquéllos y dispensar protección a la persona agraviada.

De este modo, si no se comprueba la existencia de un acto u omisión arbitrarios –carente de toda razonabilidad- o ilegales –contrario al ordenamiento jurídico-, resulta innecesario entrar a analizar los demás supuestos.

Segundo: Que también se requiere sea interpuesto este recurso dentro del plazo fatal de treinta días, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos, condición que en la especie se cumple a cabalidad por cuanto el acto contra el cual se recurre se le notificó al recurrente el 5 de agosto último, en tanto que el presente arbitrio se dedujo el 4 de septiembre recién pasado.

Tercero: Que igualmente constituye un supuesto de la presente acción, la existencia previa de los derechos que se dicen vulnerados en el carácter de indubitados, dado que ésta no es la vía para declararlos.

Los derechos que se dicen vulnerados y cuya protección se busca por esta vía son la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos funcionarios, vulnerados con motivo de un sumario administrativo seguido en su contra, el que finalizó con la medida disciplinaria de destitución, por lo que el supuesto que se viene de analizar, se cumple en la especie.

No obstante, cabe señalar que lo relativo al derecho a un debido proceso, no se encuentra amparado por la presente acción.

Cuarto: Que, una última condición de esta acción cautelar la constituye la posibilidad concreta de que el tribunal aún pueda actuar extraordinariamente y por vía de emergencia para su pronta y eficaz tutela; es decir, es necesario que la acción no haya perdido oportunidad. En la especie se trata de un acto administrativo terminal concluido, que ha producido sus efectos, mas son éstos los que por esta vía se busca revertir.

Quinto: Que, además, conviene tener presente que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política, el presente arbitrio, concebido para reclamar la protección de los derechos fundamentales que indica, es “…sin perjuicio de otros derechos…”, esto es, su ejercicio no obsta a otras acciones que pueda hacer valer el recurrente, en la sede y en el procedimiento que señale la ley, como es el que todavía se encuentra pendiente de resolver ante la Contraloría General de la República.

Sexto: Que lo verdaderamente cuestionado es la destitución que ha sufrido el funcionario recurrente, la que encuentra su origen en un sumario administrativo seguido en su contra, en el cual declaró, se le formularon cargos, efectuó sus descargos, el fiscal propuso una sanción y ésta fue aceptada por el Alcalde quien, en uso de sus facultades, dictó el decreto correspondiente disponiendo su destitución. Una vez notificado de éste, solicitó reposición, la que fue rechazada; adicionalmente, recurrió a la Contraloría General de la República a fin de dejar sin efecto el sumario.

Entonces, se tiene que la recurrida ha obrado conforme a las facultades que le confiere el artículo 63 letra d) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, ejerciendo la potestad disciplinaria, previa comprobación de la responsabilidad administrativa del funcionario, en un sumario administrativo correctamente tramitado, en el que recurrente ejerció su derecho a defensa y tuvo la posibilidad de interponer reconsideración en contra de la decisión sancionatoria. Siendo así no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad alguna; por el contrario, la destitución que se reclama por esta vía fue la culminación de un procedimiento administrativo tramitado en forma legal, por quienes tuvieron facultades para hacerlo, actuando dentro de la esfera de su competencia y en la forma que prescribe la ley.

Séptimo: Que, en consecuencia, por no ser ilegal ni arbitrario el acto reclamado, debe rechazarse el presente recurso, sin que resulte necesario referirse a la vulneración de los derechos fundamentales cuyo ejercicio legítimo se dice perturbado o amenazado.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado en contra de la I. Municipalidad de El Bosque.

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad, si no se apelare.

Redacción de la Ministra señora Sylvia Isabel Pizarro Barahona.

N° 7748-2019 – PROT.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San nombre reservado integrada por las ministros Sra. María Carolina Catepillan Lobos, Sra. Sylvia Pizarro Barahona y Abogado Integrante Sr. José Gutiérrez Silva.

Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante Sr. José Gutiérrez Silva no obstante haber concurrido a la vista de la causa y fallo, por encontrarse ausente.