nombre reservado con MUNICIPALIDAD SAN MIGUEL

San Miguel, cuatro de septiembre de dos mil veinte.

Vistos:

Primero: Que comparece don nombre reservado, profesor, domiciliado en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, de la misma comuna, y alega que se han afectado sus garantías constitucionales consagradas en los números 4° y 5° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, con la instalación y uso de la cámaras de seguridad ubicadas en el inmueble del recurrido.

Expone que vive en la propiedad ya mencionada junto a su cónyuge y dos hijos, y que el recurrido es su vecino colindante, quien ha realizado remodelaciones y ampliaciones desde marzo del año 2018, las que comenzaron irregularmente y luego obtuvo el inicio de obras por la Dirección de Obras Municipales de San Miguel, pero que, hasta la fecha, no ha obtenido la recepción final, precisamente por irregularidades en la construcción que no ha enmendado, a pesar de sus solicitudes.

Manifiesta que el 1 de julio de este año se percató que los focos que había en la casa de su vecino eran cámaras de grabación que había instalado en el segundo piso de su edificación y que apuntaban directamente a la ventana de su dormitorio, en un grado que permite filmar la intimidad de su cama, y, la otra cámara, apunta a la entrada de su antejardín, pudiendo el recurrido revisar y tomar cuenta de las personas que entran y salen de su propiedad. Agrega que le hizo presente la situación a su vecino, pero no obtuvo respuesta, y que en las fotografías que acompaña se ve, por los destellos de los dispositivos, que graban constantemente.

Alega que la posición de las cámaras afecta directamente sus derechos fundamentales y de su familia, pues apuntan de manera directa hacia su propiedad, en un ángulo de inclinación que permite la observación, grabación o filmación, tanto de día como de noche, del dormitorio principal y del antejardín, por lo que ha perdido su privacidad, lo que constituye un acto arbitrario e ilegal, dado que amenaza, cuando no perturba o priva, su derecho a la vida privada, cuya protección y respeto se encuentra consagrado en la Constitución, en el artículo 19 N° 4°, y también implica una intromisión que ofende la inviolabilidad del hogar, garantía que está protegida en el artículo 19 N° 5° de la carta fundamental.

Por lo anterior, solicita que se acoja la acción constitucional interpuesta, en cuanto a que los recurridos deben retirar las cámaras señaladas en este escrito, haciendo cesar de inmediato el emplazamiento, uso o empleo de estas, localizadas en el segundo piso de la propiedad del recurrido, ubicada en domicilio reservado, que apuntan al dormitorio matrimonial y al antejardín de su propiedad, o cualquier otra dependencia o sector de esta, y de ordenar toda otra medida tendiente al restablecimiento del imperio del derecho, especialmente en cuando al respeto y protección de su vida privada y la de su familia, con costas.

Finalmente, y para fundar sus asertos, acompaña al recurso un set de fotografías que dan cuenta de las cámaras de vigilancia apostadas en el segundo piso del recurrido; set de fotografías de la construcción y muro medianero; certificado de dominio vigente de la propiedad de domicilio reservado; reclamo por ruidos molestos del 7 de julio del 2020, realizado ante la Municipalidad de San Miguel; solicitud de información del 27 de abril del 2020 para el recurrido, don nombre reservado, realizado por el director de obras públicas de San Miguel; respuesta de la Dirección de Obras Municipales de fecha 21 de febrero del 2020, donde se da cuenta de la situación de la construcción del recurrido.

Segundo: Que informa al tenor del recurso don nombre reservado, ingeniero, domiciliado en domicilio reservado, y señala que vive en dicho inmueble junto a su cónyuge y sus tres hijos, y que a principios del año 2019 hicieron una ampliación de su casa que consistió en un segundo piso, y cuenta con permiso vigente de construcción y los respectivos impuestos cancelados.

Expone que el proceso de dicha ampliación se complejizó cuando el recurrente, quien es su vecino colindante en el lado sur, comenzó un hostigamiento hacia él y su familia, a través de agresiones verbales, amenazas, lanzamiento de piedras y huevos a sus vehículos, quebró deliberadamente el parabrisas delantero de uno de sus vehículos y asechó a sus hijos menores de edad.

Manifiesta que han sido varios meses de construcción y el Sr. nombre reservado de manera insistente ha perturbado su vida cotidiana, con un constante acoso verbal, psicológico e, incluso, ha golpeado con un martillo a altas horas de la noche, derribando ladrillos del muro medianero que colinda con su muro del living comedor, y pese a tener el permiso de construcción otorgado por la Ilustre Municipalidad de San Miguel en regla, el recurrente insiste en tomar represalias en contra de una ampliación, que tiene como objetivo dar mayor comodidad a su familia y que se ejecutó de acuerdo con las normativa vigente y recomendaciones de la Municipalidad.

Señala, como prueba de lo anterior, las más de 30 visitas de las autoridades de la Municipalidad y Carabineros, que ya optaron por hacer presencia y retirase del lugar, sabiendo que todo está en regla. Agrega que el recurrente ha hecho reclamos absurdos en contra de un cerco eléctrico que está arriba de la reja y parte de muro, que solo es disuasivo, ya que no está electrificado, y así se pudo corroborar, o llegar a reclamar en más de 10 oportunidades a la empresa Metrogas por un trozo de pavimentación que se levantó por una modificación y arreglo al servicio del recurrido por esta empresa en la vereda frente a su propiedad y que nada tiene que ver con el bienestar del recurrente ni está relacionado con el proceso de ampliación.

Indica que, en razón del aumento de la delincuencia en el sector, instaló cuatro cámaras de seguridad, tres de las cuales están en el frente de la propiedad y una en el costado sur, las que permiten ver solo sectores perimetrales internos de su propiedad y no pasan a llevar la privacidad de los vecinos.

Apunta que lo que existe es un conflicto o dificultad por parte del recurrente de vivir en vecindad, y que el derecho reclamado no es cierto ni indubitado, no existe una garantía constitucional trasgredida ni menos conculcada, pues las cámaras de seguridad abarcan su visión solo al perímetro de su propiedad, nunca ha tenido la intención de trasgredir la vida privada del recurrente, ni menos saber quién entra o sale de su hogar, y tanto las cámaras de seguridad como el cerco eléctrico tienen como primera función un efecto disuasivo, ya que el cerco está sin electricidad y las cámaras no siempre están funcionando o grabando.

Por lo anterior, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Finalmente, acompaña a su informe una foto de la casa en formato PDF, tomada desde el frente del domicilio, y foto en la cual se visualiza el monitoreo de las cámaras que se encuentran en el exterior.

Tercero: Que el recurso de protección del artículo 20 de la Constitución Política, es una acción cautelar extraordinaria, prevista para resguardar urgentemente ciertos derechos y garantías esenciales, enumerados en el mismo precepto, que son afectados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, que importen perturbación, privación o amenaza en su ejercicio legítimo.

Cuarto: Que, atendida la naturaleza y finalidad del recurso, para que se restablezca el imperio del derecho y se asegure la protección del afectado, es necesario que quien lo invoca acredite la existencia de un derecho o garantía que le asista, que se encuentre debidamente determinado y que corresponda a alguno de los referidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Como también es esencial que los hechos arbitrarios o ilegales que se invocan se encuentren comprobados y que ellos hayan producido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos taxativamente en el citado artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Quinto: Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria". A estos efectos es recomendable definir estas expresiones contenidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, para evaluar si el acto recurrido puede ser calificado de tal.

En cuanto a lo ilegal del acto, se debe tener presente que este lo es si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por el mismo (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

La evaluación de legalidad, por tanto, exige contrastar la decisión o el contenido del acto cuestionado con el sistema de normas que integra el derecho nacional, sean del nivel constitucional, legal o infralegal.

En cuanto a la arbitrariedad, cabe entender que un acto es arbitrario en la medida que es contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho.

De acuerdo con la doctrina, un acto es arbitrario cuando es injusto, irracional, desproporcionado, caprichoso, o movido por el favoritismo o la odiosidad (José Luis Cea Egaña, Derecho Constitucional chileno, tomo II, Editorial Universidad Católica de Chile, 2004, p. 633), y carente de fundamento racional o una manifestación del simple capricho del agente (Verdugo, Pfeffer y Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 339).

Sexto: Que, conforme a lo indicado en el libelo recursivo, en lo medular, el recurso se encamina en la afectación denunciada por el recurrente de su derecho a la intimidad o vida privada y a la inviolabilidad del hogar, en razón de dos cámaras de seguridad instaladas por la recurrida que enfocarían y, eventualmente, permitirían captar, imágenes de su domicilio.

Séptimo: Que para el análisis del postulado de protección formulado en autos es útil tener en cuenta que, de lo expuesto por el recurrente y recurrido, son hechos pacíficos los siguientes:

a) nombre reservado habita en el domicilio ubicado en domicilio reservado, mientras que nombre reservado Quinta Transversal Nº 5810, de la misma comuna, vale decir, ambos habitan viviendas contiguas entre sí.

b) El señor nombre reservado mantiene instaladas cuatro cámaras de seguridad en el contorno de su vivienda, dos de las cuales, al menos a la fecha de interposición del recurso de protección, se encontraban ubicadas a la altura del segundo piso de su casa, fachada que colinda con el inmueble del actor. De conformidad con la posición en que se encuentran situadas las referidas cámaras, existe la posibilidad de que una de ellas sea enfocada hacia una de las habitaciones de la vivienda del recurrente, y, la otra, hacia la entrada de su antejardín.

Octavo: Que el asunto sometido a la definición de este tribunal en virtud del arbitrio cautelar en estudio estriba en establecer si la conducta atribuida a la recurrida y reconocida por esta última puede ser tildada de ilegal o arbitraria, con impacto en las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19, números 4° y 5°, del ordenamiento fundamental.

Noveno: Que el artículo 19 de la Constitución Política de la República preceptúa que “La constitución asegura a todas las personas: (...) 4° El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley”.

Cabe recordar, también, que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 reconoce el derecho de las personas a proteger su intimidad, familia, domicilio o reputación de cualquier intromisión ilegítima. Específicamente, su artículo 12 dispone: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

A su turno, la Convención Americana sobre Derechos Humanos alude al derecho a la privacidad en su artículo 11.2 y al efecto señala: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.

Décimo: Que el bien jurídico de la intimidad o privacidad pertenece al grupo de derechos esenciales de la personalidad, por cuyo intermedio se hace posible, además, el ejercicio de otros derechos fundamentales. A su respecto se ha dicho que “es la posición de una persona (o entidad colectiva personal) en virtud de la cual se encuentra libre de intromisiones o difusiones cognoscitivas de hechos que pertenecen a su interioridad corporal y psicológica o a las relaciones que ella mantiene o ha mantenido con otros, por parte de agentes externos que, sobre la base de una valoración media razonable, son ajenos al contenido y finalidad de dicha interioridad o relaciones” (Hernán Corral Talciani, La vida privada y la propia imagen como objetos de disposición negocial. Revista de Derecho, Universidad Católica del Norte, Nº 8, 2001, pp. 159-175). El mismo autor señala que “la privacidad se pierde cuando existe una intromisión que permite tomar conocimiento de hechos personales reservados, o cuando existe una difusión de esos hechos a personas ajenas o a un público indiscriminado”.

Undécimo: Que acorde a lo expuesto en los párrafos que preceden, ciertamente, una privación, perturbación o amenaza al debido respeto y protección de la vida privada o una intromisión, en los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos se asocia, entre otras conductas, a la colocación de aparatos de grabación, filmación o escucha capaces de grabar o reproducir la vida privada de las personas.

Pues bien, la cuestión planteada en estos autos dice relación justamente con cámaras de video de vigilancia instaladas por un particular con fines de resguardo personal. Sin embargo, en este afán, la recurrida ha emplazado dos cámaras de seguridad en un sector de su casa que colinda con la del vecino y que permitiría su direccionamiento hacia un dormitorio y antejardín del actor, con el riesgo de ser filmado, almacenado, y eventualmente difundido, material propio de la vida privada de quien ha recurrido y de su entorno familiar;

Duodécimo: Que, de lo expuesto en estas motivaciones, se desprende que la recurrida, en pos de asegurar su hogar, ha instalado dos cámaras de seguridad que tienen la posibilidad de ser direccionadas hacia la casa vecina habitada por el recurrente y su familia, con el consiguiente atropello a su derecho a mantener su vida privada en la esfera de su derecho a la intimidad, motivo suficiente como para acoger la presente acción de cautela, en los términos que enseguida se puntualizará.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige en la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de don nombre reservado, en cuanto se ordena a este último mantener direccionadas las cámaras de seguridad dentro de los límites de su propiedad, sin dirigirlas hacia el inmueble contiguo habitado por el recurrente, ubicado en Quinta Transversal Nº 5822, comuna de San Miguel, de manera tal que ninguna de ellas pueda captar imágenes de lo que sucede en esa casa vecina.

Redacción del Abogado Integrante señor Adelio Misseroni Raddatz.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 7616-2020 Prot.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señoras María Teresa Letelier Ramírez, María Alejandra Pizarro Soto y el Abogado Integrante señor Adelio Misseroni Raddatz.