Protección contra Presidente de La Corporación Municipal de Desarrollo Social y Alcalde Suplente d

En Santiago, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos:

A fojas 27, comparece nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra del Presidente de La Corporación Municipal de Desarrollo Social y Alcalde Suplente de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango, don Marco Jofré Muñoz, incluyendo a su "Jefe de Gabinete" don nombre reservado, diciendo que dichos funcionarios han conculcado sus derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución Política de la República de Chile, en su artículo 19 N° 3, el "derecho al debido proceso"; N° 4, al afectar "su honra", N° 5 al afectar la privacidad de sus comunicaciones y N° 24 relativo al derecho de propiedad.

Expone que el acto ilegal y arbitrario se materializa en la irrupción violenta y por la fuerza en la que hasta el momento de los hechos era su oficina personal, y luego el cierre de la misma, con candado; a propósito de la presentación de su renuncia al cargo de Secretario General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calera de Tango.

Señala que ha desarrollado su carrera profesional, en la comuna de Calera de Tango por más de 12 años a la fecha desde el año 2006, cumpliendo siempre con los más altos estándares de calidad y profesionalismo. Agrega que el año 2015, asumió el desafío de administrar la Corporación Privada Municipal -creada al alero de las normas del Código Civil como persona jurídica de derecho privado- destinada a la administración de la Salud y la Educación en la comuna, ejerciendo no sólo el cargo de Secretario General (gerente), sino que también el de Director de Salud, Abogado Asesor y patrocinante de todos los juicios en los que estuviera involucrada como parte, siendo reconocido como representante legal ante el Ministerio de Educación y Sostenedor de los establecimientos educacionales de la comuna.

Indica que pensó renunciar a su cargo, cuando el Alcalde Titular y Presidente por derecho propio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, don nombre reservado, fue suspendido de sus funciones a raíz de una condena por injurias proferidas contra un ex funcionario municipal, pero don nombre reservado le solicitó mantenerse en el puesto para proteger todo lo bueno que se estaba haciendo, ya que no se sabía quién podría ocupar el cargo de "Alcalde Suplente" y por ello, ocupar el cargo de Presidente de la Corporación. Dice que mediante acuerdo de Concejo Municipal, fue elegido como Alcalde Suplente, don Marco Jofré Muñoz, quien al asumir el cargo, comenzó a dar instrucciones a trabajadores que estaban bajo su supervisión directa, a través de llamados telefónicos y correos electrónicos sin siquiera, hablar con él, teniendo que expresarle que estaba pasando a llevar sus facultades, lo que resultaba incómodo, y en esa reunión le comunicó, que en el mes de Abril de 2018, don nombre reservado, le había autorizado dos permisos para ausentarse fuera del país, para actividades privadas, permisos que iban a ser pagados, ya que donde se encuentre, siempre seguirá trabajando para la Corporación, fiándose de los sistemas electrónicos y digitales que existen. Añade que, a pesar de ello, el recurrido, hizo caso omiso a sus sugerencias, utilizando al Jefe de Gabinete, Jefe de Finanzas y a un supuesto Asesor del Secretario General para dar órdenes a funcionarios de la Corporación y requerir información, especialmente cuando se encontraba fuera del país, los que abusado de su ausencia hostigaban a su personal. Indica que tuvo que tolerar que el Alcalde Suplente, designara a un asesor del Secretario General -es decir un asesor suyo- lo que constituye una vulneración de sus derechos fundamentales como trabajador, ya que le exigió contratarlo -con un sueldo superior a otros Directivos- sin existir ese cargo dentro del organigrama de la CMDS, configurando como en el derecho laboral se conoce una "superposición de cargos" y el denominado asesor, hasta el día de hoy, no ha cumplido con ninguna de las funciones que se le encomendó, y jamás lo ha asesorado.

Agrega que el Alcalde Suplente, convocó a sesiones de Directorio de la Corporación, sin siquiera consultarle al respecto, que en dichas sesiones se hacen imputaciones injuriosas hacia su persona, se sospecha de su honorabilidad por una Concejala y, en donde se han señalado situaciones que le merecen dudas respecto del manejo de la Corporación.

Relata que otro hecho importante y que al final motivó su renuncia al cargo, es el hecho que a través de sus funcionarios se induce a error, al señalar que se pondrá en marcha muy luego la "Farmacia Vecinal de Calera de Tango", instando a inscribirse nuevamente en registros de los cuales desconoce su origen y destino, siendo que ellos como Corporación deben hacerse cargo de ese proyecto.

Refiere que los hechos relatados motivaron su renuncia, la que fue presentada el lunes 26 de Noviembre de 2018, mediante carta que dirigió directamente al Presidente, es decir al Alcalde Suplente don Marco Jofré, en la que manifiesta su molestia por la serie de hechos expuestos y además le comunicó, que dejaría todos los documentos necesarios para asegurar el pago de sueldos y cotizaciones previsionales de todos los trabajadores al día, así como también asegurar pago de aguinaldos y compromisos con los proveedores.

Agrega que comunicó también que dejaría finiquitada de manera legal su renuncia, estableciendo pago en cuotas de su finiquito para no perjudicar la marcha económica de la Corporación, todo enmarcado dentro de las facultades legales y generales de administración, que le fueron delegadas por Decreto Alcaldicio y, que a su vez fueron ratificadas por acuerdo de Directorio. Comunicó también que seguiría cumpliendo con su obligación de atender los juicios, en su calidad de abogado, para dar cuenta de ellos cuando regrese el Alcalde titular, quien es el que le confirió poder para ello. Destaca que en su renuncia informó que en los próximos días coordinaría el retiro de sus efectos personales desde su oficina, para lo cual solicitó que se le dieran las facilidades del caso, ya que esos efectos y documentos, se encuentran respaldados por el secreto profesional, pero haciendo caso omiso de lo solicitado, el recurrido, encomendó a su "Jefe de Gabinete", don nombre reservado, la clausura de su oficina, reventando la chapa de la misma para registrar papeles, cajones y archivadores, fotografiando las especies y documentos, tal como lo relata su secretaria Srta. Nancy González en un correo que le envió. Expone que en su oficina se encuentran efectos personales, documentos legales personales y de clientes que se encuentran amparados por secreto profesional, el que fue vulnerado y violentado sin que hasta la fecha pueda hacer retiro de sus efectos personales y documentación legal.

Indica que los hechos descritos han vulnerado derechos garantizados por la Constitución Política de la República en el artículo 19, N°3, que consagra el debido proceso, ya que lo acontecido configura vías de hecho y ejercicio de la fuerza sin ningún respaldo legal, constituyéndose el recurrido en una verdadera comisión especial, atribuyéndose funciones propias de un juez con competencia penal, pretendido llevar adelante una especie de allanamiento, y fijación fotográfica del lugar de los hechos.

Agrega que se ha vulnerado asimismo el N°4 que protege el derecho a la honra, ya que cuando el alcalde y su personal irrumpen en dependencias de la Corporación y llevan adelante sus vías de hecho, lo hacen a vista y presencia del personal del lugar, y del público alegando que el "abogado se había robado 20 millones" y que vendría la PDI, lo que ha creado alrededor de su persona la imagen de alguien que cometió algún hecho ilícito, denostando su nombre ante la comunidad.

Denuncia como vulnerada la garantía consagrada en el N° 5, relativo a la inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada, ya que la irrupción del personal de la Municipalidad en su oficina conllevó el registro de sus pertenencias y, la fotografía de documentos y comunicaciones de carácter privado, las que están en poder del alcalde recurrido.

Finalmente expone que se vulnera el N° 24 que consagra el derecho de propiedad, ya que sus efectos personales y profesionales que se encuentran en la oficina cerrada por la fuerza están fuera de su alcance y disposición, existiendo documentos referidos a juicios personales, papeles de clientes, objetos y recuerdos que el alcalde suplente recurrido le impide retirar, sin expresión alguna de motivo legal o reglamentario que lo autorice a retener esas especies.

Finaliza su presentación solicitando que se declare como ilegal y arbitraria la acción perpetrada por órdenes e instrucciones del Alcalde Suplente de Calera de Tango, Marco Jofre Muñoz, llevadas a la práctica por su "Jefe de Gabinete" nombre reservado, consistente en la irrupción por la fuerza a su oficina, el registro, grabación y fotografía de papeles y documentos personales y profesionales, tras lo cual procedieron a cerrar y sellar el lugar, al que no se le permite el acceso, todo lo cual ocurrió el día 26 de Noviembre de 2018; disponiendo lo que en derecho proceda a fin que se restablezca el imperio del derecho, con costas.

A fojas 82, informa Marco Jofré Muñoz, ex Alcalde Suplente de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango.

Señala que el recurrente omite señalar en el recurso que el 26 de noviembre de 2018, por decisión del Directorio de la Corporación Municipal fue desvinculado de la Corporación Municipal por faltas a la probidad e incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, y que en dicha circunstancia, habiéndose cometido a funcionarios de la Corporación Municipal para su notificación, el Sr. nombre reservado ante dicho escenario decidió presentar su renuncia al cargo, y acto seguido, asumiendo la calidad de trabajador y empleador a la vez, se finiquitó, otorgándose una indemnización de $64.636.323, extendiendo y firmando cheques de la Corporación Municipal, estando renunciado, y llevándose los documentos bancarios.

Dice que en su condición de Alcalde Suplente de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango, ostenta la calidad de Presidente del Directorio y representante legal de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, la que es una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, constituida el 23 de abril de 1982, la cual se rige por sus Estatutos, por las disposiciones contenidas en el Decreto Ley № 3.063, de 1980 y sus modificaciones, y por las demás disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

Expone que el artículo 16 del Estatuto, referido al Directorio, señala que en su primera sesión después de su elección, designará de entre sus miembros al Secretario y al Tesorero de la Corporación y ese cargo de Secretario corresponde lo ejerza uno de los propios Directores conforme el Estatuto, y es diverso del cargo de Secretario General de la Corporación que sirvió el recurrente. Agrega, asimismo, que conforme al artículo 26 del Estatuto, el Secretario General es un funcionario designado por el Directorio de la corporación y de su exclusiva confianza, el que no forma parte del Directorio y su cargo es remunerado.

Señala que en sesión de Concejo Extraordinario N°203 de 9 de julio de 2018, se procedió a realizar la elección de Alcalde Suplente, en conformidad a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en la que fue elegido en razón de la suspensión del cargo del Sr. nombre reservado, decretada por el Tribunal de Garantía de San Bernardo en resolución de 29 de junio del año 2018, en causa RIT № 4661-2017, RUC N° 1710022629-4, sobre delito de injurias y calumnias por medios de comunicación social y en la mencionada causa al Alcalde Titular Sr. Valenzuela se le impuso una pena corporal y una pena accesoria de suspensión del cargo o empleo público por el plazo de 180 días.

Agrega que en ese contexto, asume la Alcaldía de la Municipalidad de Calera de Tango, y en esa misma condición la de Presidente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social por 180 días, desde julio hasta diciembre de 2018 y ante la negativa del recurrente de informar una serie de requerimientos que se le efectuaron, se comenzó a indagar acerca de las circunstancias de su nombramiento, encontrándose el Decreto Alcaldicio N° 1066/2015 de 27 de mayo de 2015, firmado por doña nombre reservado, en su calidad de Alcaldesa subrogante, en donde se designa al Sr. nombre reservado "... como nuevo representante legal del Alcalde en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calera de Tango, y consecuencialmente como nuevo Secretario General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calera de Tango, a partir del día lunes 01 de Junio de 2015", lo que llama la atención, ya que el artículo 15 del Estatuto de la Corporación señala que esta será administrada por un Directorio compuesto de cuatro miembros y que dos miembros -de los cuatro- los elige el Alcalde, uno de ellos será elegido de una lista que le enviará el Directorio (no es el caso), y el segundo será de libre designación del Alcalde y permanecerá en su cargo mientras no sea removido por éste; y por su parte el artículo 26 del Estatuto señala que el Secretario General de la Corporación es un funcionario designado por el Directorio y será de la exclusiva confianza de este, por lo que no resultaba ajustada al Estatuto la designación del recurrente como Secretario General de la Corporación por parte de la Alcaldesa subrogante, por cuanto su designación corresponde única y exclusivamente al Directorio, y no al Alcalde.

Añade que tampoco se encontraban ajustadas a derecho las facultades que le fueron conferidas de acuerdo con el decreto Alcaldicio antes aludido, ya que se le confieren, en especial, las consagradas en el artículo 21 letra F) de los Estatutos de la Corporación, delegando en él todas las facultades administrativas y económicas, enumerando a continuación las expresadas en la disposición citada, que se refiere a facultades y deberes del Directorio y no del Alcalde.

Agrega que la designación del recurrente se intentó sanear mediante una Sesión extraordinaria de Directorio, y de la cual se tiene testimonio de la escritura pública, Repertorio N° 396/2017, según la cual el 15 de marzo de 2017 se efectúo primera sesión extraordinaria de Directorio de la Corporación Municipal, a la que asiste, el Sr. nombre reservado, en su calidad de Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación, don nombre reservado, en su calidad de Director, doña nombre reservado, en su calidad de Directora, y nombre reservado, en su calidad de Secretario General en la que se trató de la designación del recurrente como Secretario General.

Añade que el 26 de noviembre de 2018, siendo las 9.30 horas, se efectuó una sesión extraordinaria del Directorio de la Corporación en la que se trató:

- El estado de situación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calera de Tango, dándose cuenta de información requerida al Sr. nombre reservado mediante 12 oficios enviados entre el 24 de septiembre y el 13 de noviembre de 2018, ninguno de los cuales fue respondido.

- Informe y revisión de la situación actual del Sr. nombre reservado, en su calidad de Secretario General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calera de Tango: dándose cuenta de anexo de contrato de trabajo, de fecha 1 de junio de 2015, en el que se establece una indemnización a todo evento equivalente a 11 remuneraciones brutas y un anexo de contrato de trabajo, de fecha 1 de diciembre de 2017, en donde se procede a aumentar su sueldo unilateralmente, manifestando su voluntad en ello como trabajador y como empleador.

Indica que en la mencionada sesión extraordinaria de Directorio, tras la exposición de los hechos mencionados, se vota la continuidad laboral del Sr. nombre reservado en su calidad de Secretario General de la Corporación atendida la calidad de funcionario de exclusiva confianza del Directorio, aprobándose en forma unánime su desvinculación. Añade que ese mismo día, alrededor de las 15:38 horas se ingresó carta certificada dirigida al Sr. nombre reservado, de la carta de despido, fundada en la causal del artículo 160 № 1 letra a) del Código del Trabajo, esto es falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones y la causal del artículo 160 № 7, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

Añade que el mismo día 26 de noviembre, alrededor de las 13.30 horas, se procede a citar a la Sra. nombre reservado, Jefa de Administración y Finanzas de la Corporación, a quien se le comunica la decisión del Directorio y se le instruye notificar la carta de despido del Sr. nombre reservado, siendo informado por ésta que el referido había realizado una reunión con el personal de la Corporación y que había anunciado su decisión de renunciar, instruyéndola a notificar al Sr. nombre reservado e ingresar la carta de despido a la página de la Inspección del Trabajo, la que se ingresó vía internet el mismo día pero a las 17:36 en circunstancias que la funcionaria nombre reservado había recibido la instrucción en tal sentido alrededor de las 13.30 horas.

Dicen que alrededor de las 18.00 horas, la funcionaria nombre reservado es citada nuevamente a la Alcaldía para verificar si había dado cumplimiento a las instrucciones relativas a la desvinculación del Sr. nombre reservado, informado esta que no había logrado ubicarlo e indicándole la existencia de un finiquito de trabajo que habría suscrito el señor nombre reservado en calidad de empleador y trabajador, intentado presentar su renuncia como un hecho anterior a la decisión del Directorio, pero existen indicios de que él conoció el texto de la carta de despido, y ante ese escenario el "presenta" su renuncia.

Expone que el recurrente tomó conocimiento de la carta de despido de la que debía ser notificado, redactó una carta renuncia, la que ingresó a las "9 horas" en la Corporación, la que previamente había suscrito ante Notario y luego se auto finiquitó, pagándose la suma de $64.636.323, y solo después de haber efectuado todas estas operaciones funcionarios de la Corporación ingresaron la carta de despido al sistema virtual de la Inspección del Trabajo, para ser más precisos, a las 17:36:34 horas, de manera que todo sugiera que presentó su renuncia con anterioridad al aviso del despido. Indica que el recurrente estando "renunciado", y en consecuencia sin facultades, se finiquita y se paga, firmando los cheques correspondientes a la cuentas bancarias de la Corporación Municipal para concretar el pago de la indemnización, procediendo luego al cobro y depósito en su cuenta personal de dos cheques de la Corporación, que efectuó en horario de funcionamiento ordinario de los bancos, esto es, hasta las 14 horas.

Indica que en el auto finiquito del recurrente del total de $64.636.323, declara haberse pagado con cheque al día la suma de $22.000.000, restando un saldo por concepto de indemnización, por la suma de $42.636.323, cifra que por sí y ante sí declara que se pagará en cinco cuotas iguales y sucesivas $8.527.265, de fecha 31 de diciembre de 2018, 31 de enero, 28 de febrero, 29 de marzo y 30 de abril de 2019, verificándose el cobro de dos cheques de los que se había llevado el recurrente, uno de ellos por $12.000.000 y otro por $10.000.000 y asimismo se pudo verificar que había extendido a su nombre otros cinco cheques, cuatro por $8.527.265 y el quinto por $8.527.263.

Expone que en ese contexto se le pide a la señora nombre reservado que facilite la carpeta del trabajador nombre reservado, percatándose que éste, el 1 de diciembre de 2015 se había auto reajustado en un 4.1% su sueldo, invocando la Ley Nº 20.883 que corresponde al reajuste a los trabajadores del sector público, calidad que no ostenta el Sr. nombre reservado; que el 1 de diciembre de 2016 se reajustó sus remuneraciones en un 3.2% invocando el artículo 1o de la Ley № 20.975, y que corresponde a un reajuste de los trabajadores del sector público, y el día 1 de diciembre de 2017 se auto reajusta su sueldo, esta vez un 2.5% de la remuneración bruta mensual en donde figura un sueldo base de $3.857.049 más un bono especial, mensual, por la suma de $580.311, lo que hace un total de $4.437.360.

Indica que el recurrente dispuso de fondos públicos, generando con ello un grave perjuicio al patrimonio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calera de Tango, de a lo menos $64.636.323, por lo que en ese contexto, y habiendo requerido a la señora nombre reservado las llaves de la oficina del Sr. nombre reservado, la funcionaria manifiesta que este no las ha devuelto, no obstante haber renunciado y retirado del lugar, por lo que se instruye que se proceda a cambiar la chapa de la mencionada con instrucción que de allí no se retire ningún documento o mueble, con la finalidad de salvaguardar el patrimonio fiscal, instruyendo al Jefe de Gabinete señor nombre reservado que realice el cambio de la chapa de la oficina de la Corporación, quien trasladándose hasta la dependencia se entrevista con una funcionaria que le señaló que no podía ingresar a la oficina "por orden del señor nombre reservado", no obstante estar, a esas alturas, renunciado, procediendo el Sr nombre reservado, con ayuda de un maestro, a desarmar el marco de la puerta, sacando la puerta, y el seguro de la chapa, dejando con candado, y entregando las llaves al Presidente de la Corporación, todo ello con la finalidad de resguardar debidamente el patrimonio fiscal en momentos que se había tenido conocimiento que el recurrente se había llevado cheques de la Corporación, siendo necesario evitar que pudiere llevarse otros documentos de propiedad e interés de la Corporación.

Agrega que tratándose de fondos públicos, y conforme lo ha sostenido la Contraloría General de la República, estos se encuentran regidos por el principio de legalidad del gasto, de modo que los desembolsos que se autoricen con cargo a ellos, solo pueden emplearse para los objetivos y situaciones expresamente previstos en el ordenamiento jurídico, por lo que no procedía que el recurrente se fijara una indemnización a todo evento, incluso para el caso que renunciara, y procediera a firmar cheques de la Corporación Municipal, estando ya renunciado, como trabajador para auto finiquitarse y pagarse $64.636.323, como lo hizo, por lo que resultaba necesario implementar medidas urgentes para salvaguardar debidamente el patrimonio fiscal y documentación relativa a la Corporación Municipal de Desarrollo Social que se mantenía en dependencias de una oficina de la Corporación, y cuya llave, se llevó el recurrente.

A fojas 117, informa al tenor del recurso don nombre reservado, ex jefe de gabinete del Alcalde Suplente de la Ilustre Municipalidad de Calera de Tango, don Marco Jofre Muñoz, quien indica que el día 26 de noviembre de 2018, siendo las 9:30 horas, se efectuó una sesión extraordinaria del Directorio de la Corporación en la que se decidió, por votación unánime, la desvinculación laboral del señor nombre reservado por incurrir en causales de falta a la probidad y de incumplimiento de contrato de trabajo, por lo que se procedió a notificar con esa fecha, 26 de noviembre de 2018, la carta de despido, dándose término a la relación contractual regida por el código del trabajo.

Indica que esa tarde personalmente vio en dos ocasiones al recurrente, la primera alrededor de la 13:15 cuando salía de la sucursal del BCI, que se encuentra al costado de la Municipalidad, y luego alrededor de las 14:30 al salir de la Corporación con su vehículo personal con rumbo desconocido y que ese mismo día alrededor de las 18:00 horas, es llamado por el Alcalde, el cual se encontraba junto a la Jefa de Administración y Finanzas de la Corporación de Desarrollo Social de Calera de Tango, doña nombre reservado, la cual informa que no pudo notificar personalmente al señor nombre reservado su despido y además se le informa que el señor nombre reservado se hizo confeccionar 7 cheques por una suma superior a los 64 millones de pesos, aduciendo poderes para finiquitarse, después de renunciar, según versión de él y se le informa al Alcalde que el recurrente se llevó las llaves de la oficina que ocupaba, por lo cual el mismo alcalde, en virtud de su calidad de Presidente de la Corporación, solicita ciertos resguardos para con los bienes de la Corporación: en primer lugar, una denuncia por los posibles delitos que implicarían el giro y cobro de esos cheques; y se le instruye que cambie la chapa de la oficina que antes de su despido usaba el recurrente, es así que solicitó a algunos funcionarios que le ayudaran con esas tareas, concurriendo con un maestro y dos funcionarios más y procediendo a desarmar el marco de la puerta, procurando no romperla, y sacó la puerta y una vez abierta la puerta y sacado el seguro de la chapa se dan cuenta que no es posible dada la hora poder comprar una chapa exactamente igual, por lo cual tomó la decisión de dejar con candado, el cual instala el maestro sin más problemas.

CONSIDERANDO:

1° Que en síntesis, del recurso se lee que el acto que se estima ilegal y arbitrario corresponde a lo que el compareciente denomina “la irrupción violenta y por la fuerza” en la que hasta el momento de los hechos era su oficina personal, y luego el cierre de la misma, con candado, lo que se habría cometido a propósito de la presentación de su renuncia al cargo de Secretario General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calera de Tango.

Se aduce que con la mencionada actuación, se han conculcado sus derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución Política de la República de Chile, en su artículo 19 N° 3, el derecho al debido proceso; N° 4, al afectar su honra, N° 5 al afectar la privacidad de sus comunicaciones y N° 24 relativo al derecho de propiedad; y, en la conclusión, se pide por el recurso que se declare ilegal y arbitraria la acción perpetrada por órdenes e instrucciones del Alcalde Suplente recurrido, llevadas a la práctica por su Jefe de Gabinete, consistente en la irrupción por la fuerza a su oficina, el registro, grabación y fotografía de papeles y documentos personales y profesionales, tras lo cual procedieron a cerrar y sellar el lugar, diciendo que no se le permite el acceso, todo lo cual ocurrió el día 26 de Noviembre de 2018; disponiendo lo que en derecho proceda a fin que se restablezca el imperio del derecho, con costas.

2° Que, por su parte y en resumen, el recurrido Marco Jofré Muñoz reconoció el hecho de haber dado la orden de abrir la puerta que el renunciado Secretario General había dejado con llaves, las que no entregó, como asimismo, admite que ordenó cambiar la chapa de dicha dependencia de la Corporación Municipal, dando la instrucción que de allí no se retirase ningún documento o mueble, con la finalidad de salvaguardar el patrimonio fiscal. Describió que se sacó la puerta con su chapa y que se dejó con candado, entregando las llaves al Presidente de la Corporación y que todo ello se hizo con la finalidad de resguardar debidamente el patrimonio fiscal en momentos que se había tenido conocimiento que el recurrente se había llevado cheques de la Corporación, siendo necesario evitar que pudiere llevarse otros documentos de propiedad e interés de la Corporación.

3° Que, por último, el recurrido nombre reservado, ex jefe de gabinete del Alcalde Suplente, también reconoció que después de decidida la desvinculación laboral del recurrente señor nombre reservado por incurrir en causales de falta a la probidad y de incumplimiento de contrato de trabajo, se informó al Alcalde que el recurrente se llevó las llaves de la oficina que ocupaba, por lo cual el mismo alcalde, en virtud de su calidad de Presidente de la Corporación, solicitó ciertos resguardos para con los bienes de la Corporación: en primer lugar, una denuncia por los posibles delitos que implicarían el giro y cobro de los cheques que el recurrente se autogiró; y se le instruyó a él, para que cambie la chapa de la oficina que antes de su despido usaba el recurrente, lo que hizo con el auxilio de un maestro y dos funcionarios más, procediendo a desarmar el marco de la puerta, procurando no romperla, se sacó la puerta y una vez abierta y sacado el seguro de la chapa se dieron cuenta que no era posible, dada la hora, poder comprar una chapa exactamente igual, por lo cual tomó la decisión de dejar con candado, el cual instala el maestro sin más problemas.

4° Que toda la descripción previa que hace el recurrente en su libelo, en relación a sus facultades, tareas desempeñadas, supuesta intervención del Sr. Alcalde en sus funciones e incluso la determinación de poner término a su contrato de trabajo, extendiéndose él mismo un finiquito y suscribiendo en su favor cheques para el pago del mismo finiquito, así como las alegaciones que en contrario vierte el recurrido, en relación al origen espurio de la designación del recurrente en el cargo que servía, la falta de respuesta a las solicitudes de informe de la autoridad, la auto determinación de remuneraciones, reajustes y pago de finiquito, estando desvinculado de su cargo, son cuestiones ajenas a esta acción constitucional que, en cuanto a su legalidad y/o legitimidad deben ser impugnadas y, en su caso, revisadas por las autoridades competentes y que, a esta acción solo pudieran interesar en cuanto a las motivaciones con que han podido actuar las partes en el hecho concreto.

5° Que no es un hecho discutido que el recurrente desarrollaba una labor de servicio público en una repartición que si bien está constituida como una entidad de derecho privado, evidentemente cumple una función pública, puesto que a ella le fue entregada la administración de los servicios de educación y salud que correspondían a la Municipalidad de Calera de Tango, de donde se sigue que no es posible desconocer la función que compete a dicho organismo.

6° Que, asimismo, las oficinas que integran la Corporación, no tienen la calidad de salones privados ni reservados para aquellos que se desempeñan en ella, por lo que la pretensión del recurrente, en cuanto supone que la dependencia que le fuera entregada para el desarrollo de su función dentro de la Corporación Municipal, haya pasado a formar parte de su patrimonio o que él mantuviera respecto de ella, algún tipo de derecho de privacidad o inviolabilidad que impidiera el acceso de quienes mantienen la gestión y/o administración de esa misma institución, no es admisible.

La oficina asignada al empleado de una institución, sobre todo si se trata de una que cumple un función pública, no asigna un privilegio de privacidad absoluta, sino que a lo sumo, relativa, en términos que le permite usar el espacio para el desarrollo de las tareas para las cuales fue contratado.

Del mismo modo, concluido el vínculo que lo unió con su empleadora, sea porque ésta última lo desvinculó al tomar conocimiento de hechos que estimó constitutivos de falta de probidad, o sea porque el trabajador renunció, no es aceptable que pueda llevarse las llaves de la oficina, dejándola cerrada y aun pretender que esta permanezca en dicho estado hasta el minuto que estime conveniente conforme a sus propios intereses, no solo porque se trata de una dependencia de una Corporación que es dueña de sus instalaciones, sino que, porque aquella debe seguir funcionando en forma normal, sin el despedido o renunciado Secretario General y, naturalmente con otra persona que debe tomar su lugar y que requerirá, como es natural, no solo el espacio físico, sino que el conocimiento del estado de la gestión y las tareas propias que llevaba el retirado empleado, porque atento a la función que cumple la Corporación, resulta imprescindible la continuidad en la gestión para el correcto funcionamiento de aquella, lo que obviamente supone el conocimiento de las tareas desarrolladas y las dejadas pendientes por el empleado saliente y esto, naturalmente implica el acceso a la información contenida en los documentos de la Corporación.

7° Que, asimismo, sin entrar a analizar la facultad o autorización que pudiera tener el recurrente para llevar juicios propios y atender clientes ajenos a las tareas propias de aquellas que debía cumplir para la Corporación Municipal, no se advierte por qué motivo pudiera estar habilitado para mantener en la oficina asignada por la señalada Corporación, papeles o antecedentes que no dijeran relación con su trabajo para aquélla.

Sobre este punto, el recurrente acompaña una resolución recaída en un amparo profesional ante el Colegio de Abogados, el que le fue acogido sólo en cuanto se declararon transgredidos sus derechos al impedirle sacar desde la oficina que ocupaba en la Corporación, los antecedentes de sus clientes. Claramente la resolución destaca que se trata de la oficina que él “ocupaba”, buena forma de describir el único derecho que le asistía respecto de ella, con el necesario agregado que la ocupación era en tanto fuera empleado de la Corporación, calidad que hoy no tiene y que tampoco tenía al “momento de los hechos” como dice en su libelo. Pero volviendo al asunto de los documentos de sus clientes, sucede que tanto no está demostrado que tuviera autorización para mantener allí documentos que no fueran propios del trabajo que hacía para la Corporación, como tampoco demostró que existieran tales antecedentes, por lo que mal podría concluirse que pudiera existir alguna afectación a derecho alguno en relación a dichos supuestos antecedentes.

8° Que, por otra parte, lo que el recurrente califica en su libelo de “irrupción violenta y por la fuerza”, no aparece tal, ya que no se irrumpió, sino que el comisionado se constituyó en la oficina y se encontró con que aquella estaba cerrada, siendo informado por la Secretaria -seguramente la misma que informó al recurrente-, que éste se había llevado las llaves dejando órdenes de no abrir ni sacar nada.

Hubo fuerza, en el sentido que debió ejercerse aquella sobre la puerta para poder abrirla, derivado esto último, de la conducta desplegada por el mismo recurrente, quien decidió dejarla cerrada con llaves, llevándose las llaves, a pesar que ya no mantenía vínculo con la Corporación por haber renunciado él mismo (sin perjuicio del despido que aduce la recurrida) y todavía decide dejar órdenes a la Secretaria, pero ocurre que ya no tenía facultad para ello.

El recurrente, dispuso de tiempo suficiente para redactar y firmar su propio finiquito e incluso de extender cheques para su pago, según él explica en su libelo, para no alterar el normal funcionamiento de la Corporación en el cumplimiento de sus obligaciones, pero debe entenderse que no tuvo tiempo suficiente para sacar sus especies personales, las que según se lee a fs. 13, habría autorizado a la Secretaria para sacar.

9° Que, en definitiva, establecido como está, que la oficina que ocupaba el recurrente integra el edificio de la Corporación Municipal de Calera de Tango, que presta una función pública; y, que para el momento en que se decidió descerrajar la chapa e instalar un candado en su lugar, el recurrente ya no mantenía vínculo alguno con la señalada Corporación, no es factible sostener que existiera un derecho indubitado del referido, respecto de la ocupación de la oficina de que se trata, de modo que por esta sola circunstancia, el recurso debe ser rechazado.

10° Que, asimismo, proceder a la apertura y cierre por medio de un candado, de la oficina que había dejado cerrada con llaves, un funcionario ya desvinculado de la Corporación Municipal, no aparece como un acto ilegal en sí mismo y tampoco resulta arbitrario, si se tiene además, en consideración tanto la necesidad que tenía la entidad mencionada de seguir funcionando, como el temor manifestado por la recurrida ante el hecho de haberse llevado el recurrente unos cheques que giró a su nombre estando ya concluido su vínculo con la Corporación.

11° Que, por último, el único antecedente que hay en el proceso acerca de la supuesta vulneración de otros derechos que describe el recurrente, es un mail que le habría mandado la Secretaria de la Corporación el día 27 de noviembre, donde además de describir el acceso e instalación del candado, afirma que el Sr. nombre reservado “con su celular fotografía su escritorio, los muebles, documentos, abre cajones y los fotografía” y que le solicita a ella misma que vigile y controle el procedimiento para que nadie saque nada, además de enfatizar cuando se retiró, que nadie podía abrir la puerta ni sacar nada de la oficina.

De tan sucinta descripción no es posible extraer que haya existido violación de intimidad, como tampoco a la privacidad en las comunicaciones, porque aparece que el recurrido nombre reservado habría fotografiado el estado general de la oficina, no que haya estado sacando copias de documentos concretos.

Finalmente, en cuanto se dice que el referido le preguntó a la Secretaria si acaso ella no sabía que el recurrente se había robado 25 millones, tal descripción no aparece suficiente para entender violado el derecho a la honra, sin perjuicio de los derechos que pueda ejercer el recurrente en la sede respectiva, si estima que fuera el caso.

12° Que, por las razones esgrimidas, el recurso será rechazado y teniendo en consideración que no existe derecho indubitado, que no existe evidencia concreta de hechos que puedan ser calificados de ilegales y/o arbitrarios y que tampoco aparece que haya podido producirse privación, perturbación o amenaza de algún derecho garantizado constitucionalmente, se impondrá al recurrente el pago de las costas de esta acción.

Y visto además, lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, se rechaza, con costas, el deducido a fs. 27, por nombre reservado.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó la Ministra Sra. Carolina Vásquez Acevedo.

Rol 7506-2018 Prot.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los ministros señor Carlos Farías Pino, señora Carolina Vásquez Acevedo y señora Claudia Lazen Manzur.