Protección contra Canal 13 S

En Santiago, a cinco de abril de dos mil diecinueve.

Al escrito folio 16976: A sus antecedentes.

Vistos A fojas 1, comparece doña nombre reservado, quien recurre de protección en contra de Canal 13 S.A. por los actos arbitrarios e ilegales consistentes en la emisión de dos reportajes sobre narcotraficantes en donde muestran imágenes de su domicilio y de su hijo mayor de edad, vulnerando con ello los derechos garantizados por la Constitución Política de la Republica.

Sostiene que el día domingo 11 de noviembre del 2018, se emitió un reportaje en canal 13 sobre los narcotraficantes de la población legua emergencia, donde informaron que se habían desplazado a poblaciones aledañas como "La mussa", "madeco" y "nombre reservado", en la cual vive con su familia, mostrando imágenes del frontis de su casa, donde se puede apreciar su auto y un camión de trabajo de su cónyuge, además de fotos de su hijo de 20 años, insinuando que trafica drogas y que su casa se utiliza para dicho fin.

Hace presente que su hijo de 20 años se llama nombre reservado, quien hace aproximadamente un año “se metió en el mundo de las drogas, comenzó a consumir y a cambiar su personalidad completamente,” (sic) lo que ha traído problemas a toda su familia, su esposo y sus otros dos hijos, Kira Canales de 23 años y nombre reservado de 15 años.

Indica que producto de su adicción, se ha puesto agresivo y en varias oportunidades han llamado a carabineros para que lo saquen de la casa, les ha causado problemas sociales y económicos estando toda la familia con tratamientos psicológicos en el consultorio, además Bryan ha tenido diversos problemas como sobredosis, le debe dinero a mucha gente, que pide para consumir, siendo buscado en la misma casa para que pague sus deudas, como consecuencia de lo cual, lo apuñalaron en la cara y ha participado en riñas.

Agrega que su hijo Bryan entregó su auto- que adquirió producto de su trabajo antes de su problema con las drogas- a un tercero que desconoce, por una suma irrisoria sin realizar la transferencia del mismo, porque se encuentra en prenda y con crédito a nombre de su hija mayor que la mantiene en Dicom.

Refiere que producto de la drogadicción y mal comportamiento, existen lapsus de tiempo en los que no saben de su hijo ni de lo que hace, debido a lo cual cuando se emitió el reportaje, concurrió a la 50ª Comisaría de San Joaquín para averiguar si había alguna causa pendiente, donde les informaron que no mantienen ninguna investigación vigente o causa a nombre de ningún integrante de su familia.

Expone que el domingo 2 de diciembre pasado, se emitió una segunda parte de dicho reportaje en donde muestran y nombran su casa como una de narcotraficantes, además de nombrar sus autos, como los que usan los narcotraficantes, para traficar y hacer diversos negocios, mostrando nuevamente imágenes del frontis de su casa ubicada en domicilio reservado, de sus dos autos y muestran su nombre (nombre reservado) como la madre del líder de la supuesta banda de "Los pájaros", señalando que el padre de dicho líder posee tres autos, tiene un hermano menor y una hermana mayor, la cual tiene a su nombre un auto, el cual supuestamente también utilizan para dichos negocios.

Dice desconocer si su hijo pertenece o no a dicha banda, sin embargo puede dar fe que no tiene dinero, no tiene droga en su casa y que hace mucho tiempo tiene un problema grave de drogas y su familia no tiene nada que ver con aquello, siendo injusto que los muestren en un programa que ven millones de personas como una familia de narcotraficantes, poniendo en tela de juicio su integridad y valores.

Afirma que luego de este segundo reportaje concurrió nuevamente a Carabineros y a la Fiscalía de San Miguel, donde no hay registro de ninguna causa respecto de su familia y en relación a Bryan sólo aparece una, RIT 15732-17, y por la cual está con firma semanal, una riña y un consumo de marihuana en vía pública, lo que no justifica el reportaje por narcotráfico.

Agrega que luego de ser emitido el programa, Carabineros fue en busca de su hijo en dos oportunidades, por una multa de transito pendiente y por la causa ya referida donde se encuentra firmando y en la que fue detenido y dejado en libertad el día 29 de noviembre pasado, manteniendo la medida cautelar, por lo que no existe motivo para que lo sigan buscando.

Pide a las autoridades competentes que limpien su imagen y la de su familia, que, salvo su hijo Bryan, nada tiene que ver con drogas, delincuencia, ni bandas de ningún tipo.

Hace presente que los vehículos han sido adquiridos con mucho sacrificio y trabajo de años y esta situación ha ocasionado un daño emocional en todo el núcleo familiar, su hija mayor perdió su trabajo debido a estos reportajes, su hijo menor dejó de asistir al colegio debido al bullying ocasionado por estos dichos y todos sus amigos más cercanos tienen miedo visitarlos por un posible allanamiento.

A fojas 39, comparece don nombre reservado, en representación de Canal 13 S.A., informando al tenor del recurso, quien solicita el rechazo del mismo en atención que la fecha de emisión del reportaje que señala la recurrente es inexacta y en consecuencia no existiendo el supuesto factico del recurso, este debe ser desestimado.

Precisa que el reportaje fue emitido los días 13 de noviembre y 2 de diciembre, ambos de 2018, encontrándose los videos disponibles en la página del canal recurrido y en YouTube.

Señala que la recurrente expone una versión de los hechos que no se ajusta a la realidad y por ello precisa el origen del reportaje cuestionado señalando que en la comuna de San Joaquín existe una organización de vecinos denominada "Poblaciones Unidas 2018", que agrupa a una serie de vecinos "nacidos y criados" en dicha Comuna, que han ido perdiendo paulatinamente sus barrios debido a las bandas de traficantes y drogadictos que se han tomado las calles y áreas públicas de las poblaciones Mussa, Madeco Mademsa y nombre reservado, en medio de constantes balaceras. Denuncian que ni la Policía, ni el Ministerio Público, ni el Gobierno han conseguido resultados y que la crisis de la delincuencia se agudiza día a día.

Explica que con fecha 24 de agosto de 2018, "Poblaciones Unidas 2018" hizo llegar un correo electrónico a diferentes medios de prensa, y autoridades como Ministerio Público, Subsecretaría de Prevención del Delito, y distintos Parlamentarios, con un archivo que daba cuenta de una serie de hechos constatados por los vecinos relacionados al tráfico y consumo de drogas en sus poblaciones, aportando antecedentes concretos e imágenes de la denominada "Banda Los Pájaros", subidas a internet por sus mismos integrantes, donde aparecen portando armas y ostentando altas sumas de dinero en efectivo.

Agrega que dicho correo electrónico fue respondido, con copia a todos los destinatarios, con fecha 28 de agosto de 2018 por doña nombre reservado, secretaria del Fiscal Regional Sur, indicando que se está realizando una investigación penal sobre tales hechos por la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado y Antinarcóticos.

Afirma que con tales antecedentes, Canal 13 realizó dos notas que tocan el tema de la delincuencia en la Población "La Legua" de la Comuna de San Joaquín, la primera nota a la que la recurrente hace referencia, se emitió el día martes 13 de noviembre de 2018. Se trata de una nota informativa de prensa en donde se da cuenta de un ataque sufrido por el Comisario de la 50° Comisaría de Carabineros de San Joaquín, Mayor nombre reservado, hecho por el cual el Gobierno presentó una querella criminal ante los Tribunales de Justicia, a través del propio Ministro del Interior sr. nombre reservado, que aparece en el reportaje.

Indica que en esa nota se informó a la ciudadanía que dos semanas antes, el mismo Comisario Osses, había otorgado una entrevista a Teletrece para conversar respecto de un reportaje acerca de bandas de traficantes de drogas que emigraron de la población La Legua a los barrios aledaños: Población Mussa, Población Madeco Mademsa y Población nombre reservado, todas ellas de la comuna de San Joaquín.

Refiere que dicho reportaje se basaba en las denuncias de un grupo de vecinos de dichos barrios, quienes cansados de la falta de respuesta de las autoridades a sus denuncias (Ministerio Público, Carabineros, Municipalidad, Gobierno Central, etc.), decidieron realizar su propia investigación y por su propia iniciativa lograron recopilar múltiples antecedentes de la denominada banda "Los Pájaros", que traficaría drogas en dicho sector, antecedentes que nuevamente hicieron llegar a las diferentes autoridades, sin recibir tampoco solución al problema.

Aclara que, en esa primera nota del 13 de noviembre de 2018, además de contar el ataque en contra del Comisario, se anunció la realización del reportaje sin entregar ningún tipo de antecedente acerca de las personas denunciadas por los vecinos afectados; no se dan nombres, ni apodos, ni direcciones, ni patentes de vehículos, ni nada que pudiera identificar a alguno de los supuestos miembros de la banda a la que los vecinos denuncian.

Explica que las fotografías que hicieron llegar los vecinos y que se emitieron en dicha nota, fueron sometidas a un tratamiento de post-producción audiovisual, borrando cada uno de los rostros de los individuos que allí aparecen resguardando su identidad y presunción de inocencia. Las calles que se muestran en dicha nota corresponden a los distintos pasajes, avenidas o vías de las poblaciones, las imágenes fueron grabadas en la vía pública sin apuntar directamente a ninguna dirección en específico, como erradamente señala la recurrente.

Agrega que la segunda nota fue emitida el día domingo 02 de diciembre de 2018, bajo el nombre de "Vecinos investigan a Narcos". En dicho reportaje cuentan la historia de un grupo de vecinos de las poblaciones Mussa, Madeco Mademsa y nombre reservado en la comuna de San Joaquín, quienes se unieron para denunciar la realidad que los afecta. Aseguran que desde el año 2016 un grupo de traficantes, literalmente, se apoderó de sus barrios. Contactaron a Teletrece para acusar que dicha situación la habían denunciado en reiteradas ocasiones ante distintas autoridades (Ministerio Público, Carabineros, Municipalidad, Gobierno Central, etc.), sin recibir respuestas ni soluciones por lo que decidieron realizar su propia investigación, plasmando en una carpeta digital (Archivo PDF) distintos antecedentes identificando a los supuestos miembros de la banda y su modo de operar, adjuntando nombres, fotografías, direcciones, automóviles, etc.

Señalan que dicha carpeta digital la hicieron llegar al equipo de reportajes de Teletrece, donde se le sometió a un tratamiento de post-producción audiovisual para borrar los rostros de los denunciados, apellidos, números de cédula nacional de identidad, direcciones, patentes y demás antecedentes que pudieran revelar las identidades de los denunciados, manteniendo así para el público televidente la presunción de inocencia de los mismos.

Añade que el equipo periodístico visitó los lugares que indicaba la denuncia de los vecinos, pudiendo comprobar y registrando en imágenes, que en los alrededores efectivamente se venden y consumen drogas a plena luz del día y hasta altas horas de la madrugada tal como se exhibió en el reportaje. No obstante, en ningún momento del reportaje, como indica la denunciante, se identifica con nombre completo ni fotografías a su hijo ni se menciona que ella, nombre reservado, sería la madre, así como tampoco se entrega información de los nombres o identidades de los miembros de su familia.

Destaca que luego de la emisión del reportaje, se recibió en Canal 13 una carta de 3 de diciembre de 2018, del Fiscal Regional Sur sr. nombre reservado, en la cual indica que en dicha Fiscalía se efectúa desde el mes de julio de 2018 una investigación a la banda "los Pájaros", a cargo del Fiscal Jefe de Crimen Organizado y Antinarcóticos, don Cristian Galdames C. y unidades especializadas de la PDI. En dicha nota, el Fiscal Regional Sur indica también, entre otras cosas, que el Fiscal a cargo de dicha investigación no se iba a referir a la misma debido a que había importantes diligencias en curso que podían afectar el buen resultado de la indagatoria.

En cuanto al fondo señala, en primer término, que el recurso de protección ha perdido oportunidad, ya que tal como se indicó al comienzo, el nombre reservado 13 que la recurrente cuestiona, fueron emitidos con fecha 13 de noviembre y 2 de diciembre de 2018, por lo que no existe materialmente posibilidad de que el órgano Jurisdiccional pueda adoptar ninguna medida de protección o cautela, en atención a la naturaleza eminentemente cautelar de la acción de protección constitucional.

En segundo lugar refiere que no existe acto arbitrario o ilegal, ya que Canal 13 ejerce lícitamente la libertad de informar sin censura previa, de cualquier forma y por cualquier medio, consagrada en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas:

"....la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado".

Hace presente que Canal 13, en la realización del programa "Teletrece", y en todos los demás programas que realiza y emite, actúa amparado en la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma, y por cualquier medio, consagrada en el art. 19, N° 12 de la Constitución Política de la República, en el artículo 13 del pacto de San nombre reservado Rica, y 1° de la Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, tratándose por tanto de una actuación lícita, amparada por el ordenamiento jurídico y hacerlo, atiende un interés general, porque, en tiempos de gran preocupación ciudadana por el aumento de hechos delictivos y abusivos, se presentan al público hechos de suma gravedad y alto interés público o general, como los del reportaje: Poblaciones enteras que han perdido su tranquilidad debido al aumento de la delincuencia y especialmente del narcotráfico y consumo de drogas.

De los antecedentes del reportaje, queda en evidencia que los hechos que en él se informan, son claramente hechos de interés público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30, letras a), b), e) y f) de la Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, pues dice relación con la falta de resultados en la persecución de la delincuencia en el sector, por parte del Ministerio Público y las Policías, las imágenes de los integrantes de la Banda "los Pájaros" fueron subidas a redes sociales de internet abiertas al público por sus mismos integrantes, en donde se puede apreciar que aparecen con armas de fuego y ostentando dinero en efectivo, y pueden ser vistas por cualquier persona y se trata de delitos ya que el propio Fiscal Regional Sur sr. nombre reservado, señaló por escrito que los hechos están siendo investigados por el Fiscal Cristian Galdames, Jefe de la Unidad de Crimen Organizado y Antinarcóticos, y por unidades especializadas de la PDI.

Manifiesta que la recurrente desconoce la libertad editorial que impera en Chile; cuestiona el "cómo" o "la forma" en se dan a conocer los hechos del reportaje, planteando su discrepancia con la valoración de los hechos que se muestran en el reportaje, situación respecto de la cual ha existido un pronunciamiento en los tribunales superiores, citando dos fallos al respecto y concluyendo que tal como ya se ha indicado previamente, es parte esencial de la libertad de emitir opinión e información.

Añade que la doctrina y los autores son también es claros en la amplitud que tiene el derecho de opinar e informar libremente, reseña al profesor Humberto Nogueira Alcalá, en su obra "El derecho a la libertad de opinión e información y sus límites".

Expone como tercer punto que el recurso de protección y la petición de eliminar la información, no es la vía idónea al efecto, toda vez que la vía adecuada de quien se siente afectado por una información desfavorable, que no es de su agrado, o que considerada injustificadamente errónea u ofensiva, no es la eliminación de la información, sino que otra herramienta específica: El derecho de aclaración y de rectificación, pública y gratuita, contemplado en el Título V de la ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, consagrada en los artículos 16 y siguientes de la referida Ley Orgánica y la recurrente no ha hecho uso de esta herramienta legal específica y adecuada hasta la fecha.

En seguida indica, que no existe acto ilegal o arbitrario porque no es efectivo que se pueda identificar al hijo de la recurrente, pues su rostro y apellidos fueron difuminados, no es efectivo que se puedan identificar los vehículos de la recurrente, pues las placas patentes fueron difuminadas, no es efectivo que se pueda identificar la casa de la recurrente, pues no se muestra ninguna numeración ni calle en específico, sino que son tomas generales desde la calle.

Arguye que no se han afectado las garantías constitucionales que insinúa la recurrente, sin perjuicio de no señalar expresamente ninguna garantía constitucional que se le haya afectado, ya que el reportaje en caso alguno afecta la vida privada ni la honra de nadie, por cuanto se trata de hechos veraces, y concretamente de eventuales delitos que investiga el Ministerio Público, los cuales quedan fuera del concepto de vida privada y del concepto de honra.

Como nueva alegación arguye que en caso de colisión de garantías, prima la libertad de información, cuando existe trascendencia pública en el contenido de la información y en el caso de autos, no se ha imputado ningún hecho falso, sino que por el contrario se trata de hechos esencialmente veraces, que reviste a la información de un contenido de alto interés o trascendencia pública que justifica su difusión y conocimiento por parte de la ciudadanía, tesis sido avalada por esta misma Iltma. Corte de Apelaciones y por la Corte Suprema, citando fallos al efecto.

Añade por último que no hay relación de causalidad entre el programa de Canal 13 y la supuesta afectación al honor del recurrente, ya que cualquier afectación al honor que pueda haber experimentado la recurrente, tiene como causa los actos delictuales y de transgresión al ordenamiento jurídico de su hijo, que aparece vinculado al tráfico y consumo de drogas y porte de armas de fuego, tal como él mismo se encarga de difundirlo por redes sociales abiertas al público y en consecuencia, mal podría ser Canal 13 el causante de cualquier afectación, pues sólo se limita a exponer los hechos que preocupan a la autoridad y a la sociedad.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que si bien la recurrente no indica expresamente qué garantía constitucional estima amagada, de su relato se desprende, que es aquel derecho garantizado en el numeral 4° del artículo 19 de la Carta fundamental, esto es, el derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia.

Tercero: Que la doctrina y la jurisprudencia han señalado que la acción u omisión es ilegal si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por él (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

Por lo que de acuerdo a lo antes expuesto, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque algunas de las situaciones o consecuencias que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales preexistentes, protegidas por la norma antes citada.

Cuarto: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal es la emisión de dos notas periodísticas referidas a la delincuencia en la población Legua, donde mostrarían imágenes del frontis de la casa de la recurrente, su auto y camión de trabajo de su cónyuge y fotos de su hijo de 20 años de edad.

Quinto: Que la libertad de expresión no sólo comprende el derecho individual de emitir y manifestar el pensamiento y las opiniones, sino que se extiende al derecho a la información por parte de las personas que viven en un Estado democrático. Desde esta perspectiva, la libertad de expresión no es sólo un derecho individual, sino que se erige en un derecho social sobre el que descansan las bases mismas de la convivencia democrática, pues sin ella se inhibe la crítica social y se favorece la autocensura.

Es así, que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha resaltado de manera sistemática la trascendencia que reviste para el Estado democrático de Derecho el garantizar eficazmente la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, tal y como lo dispone el numeral 12° de la Constitución Política de la República (Corte Suprema, Roles Nos. 6785-2013, 34.129-2017 y 12.443-2018).

Por su parte, el artículo 1° de la Ley N° 19.733, Sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, establece que “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas (...).”

De este modo, cualquier restricción, sanción o limitación que se imponga a la libertad de expresión, debe ser interpretada de manera restrictiva, y que -como principio general- se debe preferir el establecimiento de las responsabilidades ulteriores por los eventuales abusos que se cometan en su ejercicio, ya sea en el ámbito penal respondiendo por la perpetración de eventuales delitos, como en sede civil por la comisión de ilícitos civiles.

Sexto: Que uno de los derechos fundamentales que suele entrar en conflicto con la libertad de expresión y de información lo constituye el derecho a la protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, precisamente invocado en estos autos.

Séptimo: Que, en la especie el recurrido se ha limitado -como consecuencia de la denuncia de un grupo de vecinos de las poblaciones Mussa, Madeco Mademsa y nombre reservado- a recopilar antecedentes con el objeto de elaborar un programa de televisión dedicado a la investigación de supuestas bandas de traficantes de droga, que estarían siendo conocidas por el Ministerio Público.

Se trata de la develación de un hecho de relevancia pública, prevaleciendo la libertad de información por sobre el derecho al honor, en atención al derecho que tiene la ciudadanía de conocer aquellos hechos y conductas de relevancia pública de la información, que está dada por la importancia o trascendencia pública de los hechos en sí.

En consecuencia, la injerencia en el ámbito del honor ajeno encuentra su justificación en la causa de interés público, en la relevancia pública del asunto; precisamente porque, en tales casos, el derecho lesionado (honra ajena) aparece como un valor menor frente al derecho de la sociedad a formarse opinión sobre la denuncia de hechos que podrían tener el carácter de delictuales.

Octavo: Que, el acto que por esta vía se impugna no es ilegal, desde que constituye el ejercicio legítimo de un derecho garantizado en la Carta Fundamental; y tampoco es arbitrario, por cuanto la exhibición del reportaje busca denunciar la ausencia de respuestas por parte de los vecinos respecto de diversas autoridades, Ministerio Público, Carabineros de Chile, Municipalidad, Gobierno Central, etc.

Así las cosas, la restricción que se pretende, constituye una censura previa al legítimo ejercicio de la libertad de expresión y de información, aserto que, como consecuencia de las reflexiones que preceden, determinan que la presente acción cautelar deba ser necesariamente rechazada.

Por estos fundamentos y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de Canal 13 S.A.

Regístrese y devuélvase.

Redacción de la ministro señora Lazen.

Rol 7487-2018 PROT.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los ministros señor Carlos Farías Pino, señora Claudia Lazen Manzur y la Fiscal Judicial señora nombre reservado. No firma la ministro señora Lazen, no obstante que concurrió a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con permiso de conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.