nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE

En Santiago, a dieciocho de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 14 doña nombre reservado, vendedora, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR 18 DE SEPTIEMBRE o C.C.A.F. , cuyo representante legal es su Gerente General don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, con el objeto que se ponga término a la privación y perturbación ilegal y arbitraria cometida por la recurrida, al amenazar la legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de forma íntegra, por lo que afecta la esencia de las garantías previstas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que es trabajadora de la empresa Imperial, la que producto de la relación laboral debe pagar mensualmente su remuneración. Sin embargo, el 6 de noviembre de 2018 recibió correo electrónico de su empleador informando que a contar de la remuneración de dicho mes se realizaría el descuento de sus créditos vigentes en Cajas de Compensación, según detalla, al consultar en recursos humanos se le indicó que tal descuento se producía por instrucciones recibidas de la recurrida.

Refiere que es efectivo que hace más de 10 años solicitó un crédito a la recurrida, por una suma cercana al millón de pesos. Específicamente, dicho crédito le fue otorgado en el año 2007, mientras prestaba servicios al mismo empleador, para el cual luego dejó de trabajar, hasta el momento actual en que fue contratada nuevamente.

Afirma que la deuda se encuentra prescrita y se pretende su cobro extrajudicial a través de descuentos ilegales, directos, sin aviso o notificación previa, señala que la recurrida se ampara en la Ley N° 18.833, sobre Cajas de Compensación.

Sostiene que la recurrida, al contar con un título (pagaré), que carece de mérito ejecutivo, al no haber ejercido ninguna otra acción ordinaria -también prescrita- ha optado por actuar presuntamente amparada en la Ley N° 18.833 y ordenar un descuento mensual por planilla, directo, sin fundamento legal.

Alega como conculcadas las garantías contempladas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Asevera que existe un ejercicio abusivo por parte de la recurrida de la facultad establecida en el artículo 22 de la Ley N° 18.833. Al efecto, indica que no ha informado ni acreditado los antecedentes que puedan sostener un descuento de una deuda de hace más de 10 años, afectando uno de los principios esenciales del derecho, cual es el de la certeza jurídica. Cita en apoyo de sus alegaciones los fallos de la Excma. Corte Suprema en los autos ROL 37.889-2017, 68.700-2016, y de esta Corte, ROL 897-2018.

Solicita se acoja su arbitrio, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, en especial, se ordene a la recurrida abstenerse de realizar por sí u ordenar que se realicen por terceros, como su actual empleador, descuentos de sus remuneraciones, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1) correo electrónico de su empleador, a fojas 5 y 2) contrato de trabajo, a fojas 6.

Segundo: Que, a fojas 64, informa don Matías Zoroquiain Vélez, abogado, en representación convencional de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre.

En primer término, alega la extemporaneidad de la presente acción constitucional. Indica que la actora se limita a informar a esta Corte, muy vagamente, sobre la contratación de un crédito de dinero con dicha Corporación, sin precisar las condiciones en que aquel le fue otorgado ni los pagos que ha efectuado a su respecto.

Explica que la señora nombre reservado, solicitó a la C.C.A.F. un crédito por $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos), el día 16 de marzo de 2007, en su condición de trabajadora dependiente de la empresa afiliada FERRETERÍA IMPERIAL LIMITADA, RUT RUT reservado, pagadero en 30 cuotas de $70.139, operación registrada bajo el folio 1340048950.

Que, de acuerdo a sus antecedentes, la deudora ha efectuado los pagos de que da cuenta la tabla que pormenorizadamente reproduce en su informe a fojas 65.

Explica que el 14 de junio de 2007 la deudora efectuó un abono a la deuda por $529.454, que trajo como consecuencia, de acuerdo a la normativa que regula la materia, la modificación del valor de cada una de las cuotas en que se divide el crédito, las que a contar de esa fecha disminuyeron a $46.175 cada una.

Señala que es relevante destacar que en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, dio cumplimiento a su obligación de pagar la cuota comprometida a esta C.C.A.F., mediante el descuento que en esa oportunidad efectuó su empleadora IMPERIAL S.A., RUT RUT reservado, misma que ahora le ha informado que se retomará la recaudación de las cuotas que la actora adeuda a esta C.C.A.F., mediante el descuento del valor nominal de aquellas, en las remuneraciones de la señora nombre reservado.

En este punto, invoca lo resuelto en causa ROL 79591-2017 de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Que, por su parte, hace presente igualmente que respecto de las cuotas impagas no ha operado modo de extinguir alguno, por lo que las obligaciones provenientes del contrato de crédito permanecen absolutamente vigentes. En este sentido, descarta categóricamente la idea expuesta por la recurrente en orden a que la deuda se encontraría extinguida por “prescripción.

Agrega que en el propio pagaré suscrito por la actora –agregado a fojas 62- contiene la siguiente cláusula, que aporta a graficar el hecho que el cobro de la deuda se ajusta a lo pactado por las partes, según el artículo 1545 del Código Civil: 10 “El deudor otorga mandato y faculta a su actual empleador y a sus futuros empleadores, para descontar de sus remuneraciones el monto de las cuotas convenidas para el servicio de la deuda”.

Por otra parte, señala a la actora que en virtud del cobro de las cuotas crédito realizado mediante la remisión de planillas a su empleadora, el descuento se limita a recaudar el valor nominal de las cuotas pactadas, sin que se cobre mediante el citado mecanismo los recargos provenientes de la mora. Así entonces, recaudada la última cuota de los créditos de la forma señalada, se registrará como pagado el crédito, y se extinguirán las obligaciones del deudor para con la Caja, y extinguida la obligación principal, se extinguirán las que le acceden.

Cita al efecto el fallo dictado en la causa ROL 28.477-2018 por la Excma. Corte Suprema que confirmó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en el ingreso ROL 64.095–2018.

Asimismo, solicita se tenga presente los fallos dictados por la Excma. Corte Suprema en las causas ROL 16.679-2017, 15.032-2016 y 18.404-2015.

Solicita rechazar el presente recurso de protección.

Acompaña los siguientes documentos: 1) copia del expediente de la operación de crédito celebrada entre la actora y la CCAF 18 de septiembre a fojas 58.

Tercero: Que, el denominado recurso de protección es entendido como una acción destinada a cautelar ciertos derechos fundamentales frente a menoscabos derivados de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en las que pueden incurrir autoridades o particulares. Se ha considerado entonces que dicha acción cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. A saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho fundamental; c) que ese derecho esté señalado como objeto de tutela en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y d) que conforme el auto acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación del Recurso de Protección, el mismo debe ser interpuesto dentro del plazo fatal de 30 días corridos desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de los mismo, lo que se hará constar en autos. Tales lineamientos deben ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Magistratura.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales resulta ser una acción de naturaleza cautelar, como ya se ha dicho, destinada a poner rápido remedio a la conculcación de garantías fundamentales cuya existencia sea indubitada, cuando no exista otra vía idónea para ello. En el caso de marras la materia a que hace referencia la acción cautelar, es la existencia de una deuda contractual entre la recurrente y la recurrida, lo que es propio de la competencia de tribunales civiles, los cuales deberán pronunciarse respecto de su existencia o eventual extinción por vía de prescripción u otro, no siendo la presente la sede idónea para la declaración de prescripción de acciones como pretende la actora.

Quinto: Que, que conforme se ha referido, la presente no resulta ser la vía idónea para la alegación pretendida por la recurrente y a mayor abundamiento, no es la prescripción extintiva una alegación referida a un derecho indubitado, ni menos que pueda ser declarada en esta sede, sin perjuicio de otros derechos que puedan alegarse en las sedes judiciales que corresponda, por lo que este recurso debe ser necesariamente rechazado como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, sin costas.

Se previene que el abogado integrante señor Castro estuvo por rechazar el presente recurso de protección, teniendo únicamente presente que el mismo ha sido interpuesto en forma extemporánea, toda vez que de los antecedente aportados fluye que con fecha 12 de septiembre de 2016, se efectuó a la recurrente el primero de 4 descuentos mensuales en sus remuneraciones, lo que evidentemente no puede desconocer y, en consecuencia, desde ese acto debe contarse el plazo que establece el auto acordado de la Excma. Corte Suprema para interponer la presente acción, a saber, 30 días corridos, resultando en consecuencia transcurrido con largueza el mismo y por ende extemporánea la acción intentada.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Carlos Castro Vargas Rol Nº 7475-2018 Protección.

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los Ministros Sr. Diego Simpértigue Limare, Sra. Liliana Mera Muñoz y Abogado Integrante Sr. Carlos Castro Vargas.

Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante Sr. Carlos Castro Vargas no obstante haber concurrido a la vista de la causa y fallo, por encontrarse ausente.