nombre reservado con POLICÍA DE INVESTIGACIONES

Santiago, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve.

Vistos:

Con fecha 4 de diciembre pasado, comparece don nombre reservado, Subprefecto de la Policía de Investigaciones de Chile, cédula de identidad N° RUT reservado, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Héctor Espinoza Valenzuela, por estimar conculcados los derechos fundamentales consagrados en los números 2, 16, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, al haber rechazado la Junta de Apelaciones, por unanimidad, el arbitrio mediante el cual pretendía impugnar la calificación en Lista 4, Mala, de eliminación, correspondiente al proceso calificatorio 2018 de la institución a la que pertenece, que comprende el período entre el uno de agosto del año 2017 y el 31 de julio del 2018, pidiendo en definitiva “se ordene invalidar el procedimiento administrativo que ha dispuesto su desvinculación.”

Fundando el recurso refiere que el 2 de enero del año 1992 ingresó a la Escuela de Investigaciones Policiales, egresando de la misma en el mes de diciembre del año 1993, comenzando a cumplir labores como Oficial Policial en el grado de Detective desde el mes de enero del año 1994, ostentando en la actualidad el grado de Subprefecto.

Indica que el proceso calificatorio se encuentra regulado por el Decreto 28, del 06 de mayo de 1981, del Ministerio de Defensa, que aprueba el Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, en el cual se establece que todo el personal deberá ser calificado y clasificado anualmente por el período comprendido entre el 01 de agosto y el 31 de julio del año siguiente, lo que queda registrado en la Hoja de Vida Anual de cada funcionario, el que es un documento Reservado, destinado a registrar la actuación y desempeño profesional de cada miembro de la Institución, dentro del período calificatorio correspondiente y que el conocimiento, estudio y valorización de las calificaciones del personal de Planta, está a cargo de Juntas Calificadoras Zonales, una Junta Calificadora de Altas reparticiones y una Junta de Oficiales Superiores y Jefes, existiendo también una Junta de Apelaciones a la que le corresponde conocer y resolver el recurso de apelación que se interponga en contra de la calificación y clasificación que efectúen las Juntas Calificadoras.

Expone que con fecha 28 de septiembre del 2018, fue notificado de la decisión de la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes mediante cédula N° 2284, de incluirlo en Lista 4, de eliminación, con nota 5.17, cuyo fundamento fue la medida disciplinaria impuesta de un día de permanencia en el cuartel, aplicada mediante Resolución Exenta (R ) N° 115-2017/9-2018, de fecha 01 de febrero de 2018, de la Subdirección Administrativa de la institución, por la comisión de la falta contemplada en el Reglamento de Disciplina del Personal, Título II, artículo 6°, numeral 2°, contra el Sistema Jerárquico y el Compañerismo, letra b), esto es, la negligencia o el descuido en el cumplimiento de las disposiciones superiores, y el numeral 3° Contra el Buen Servicio, letra a), no cumplir con el debido interés y resolución los deberes funcionarios, registrando una anotación de demérito, el 12 de abril de 2018, por la falta de prolijidad al momento de informar al mando problemas presentados por un funcionario de su dotación, provocando en la superioridad una interpretación errada de la realidad, debiendo enviarse una providencia para aclarar los hechos dados a conocer.

Señala que la conducta por la cual se le sancionó no puede ni debe ser considerada como grave y ello es razonable, primero, porque no existe en el ordenamiento que los rige - Reglamento de Disciplina, ni el de Calificaciones o el Estatuto del Personal- una norma que establezca claramente cuáles conductas son graves.

En este sentido, expone que resulta útil recurrir a los criterios utilizados por el mando institucional en otros procesos internos que señala, que deja claro que para el Alto Mando institucional, las conductas funcionarias que son graves, son aquellas que atentan contra la ética policial, la probidad funcionaria, los derechos humanos y la ley de drogas, son contrarias a la doctrina, ética y el honor policial, ya que ni siquiera son susceptibles de ser eliminadas del registro de sanciones.

Indica que en este caso presentó dentro del plazo reglamentario un recurso de apelación ante la Junta de Apelaciones de la decisión de la Junta de Oficiales Superiores y Jefes, notificada a esta parte con fecha 09 de noviembre de 2018, que indica: Se notifica la Cédula N° 46, del 05 de noviembre de 2018, de la Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, que luego de conocer, estudiar y evaluar su Informe de Calificación, Cédula de Notificación, Hoja de Vida Anual y Recurso de Apelación (interpuesto en contra de la calificación y clasificación decidida por la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes), por unanimidad de sus integrantes, resolvió que:

- En relación a la rebaja de los diversos factores, es importante indicar que de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Calificaciones, Decreto N° 28, del 06.MAY. 1981, corresponde a las Juntas Calificadoras el conocimiento, estudio y valorización de los antecedentes registrados en el período calificatorio, de acuerdo a los diversos factores evaluados, razón por la cual, la manera en que se ponderan los hechos constituye una atribución privativa del órgano calificador.

- Respecto al argumento que los hechos que originaron la medida disciplinaria, no ocurrieron en el presente período calificatorio, cabe indicar que el artículo 4° del Reglamento de Calificaciones, señala que: "En la calificación deberá considerarse la actuación que haya tenido el funcionario sólo durante el período a que ella se refiere, sin embargo, las faltas administrativas, establecidas mediante Sumario Administrativo o Investigación Sumaria, sólo podrán considerarse para la calificación, cuando exista resolución firme debidamente notificada al afectado", lo cual ocurrió en el presente caso, dado que la Resolución de Término N° 107-2017/9-2018, le fue notificada con fecha 19 de febrero de 2018.

- Por otra parte y en relación a los antecedentes registrados en su Hoja de Vida Anual, y que a su juicio le son favorables, como Evaluaciones Mensuales y anotaciones de Mérito, se hace presente que forman parte de las diversas anotaciones que las Juntas Calificadoras ponderan en el ejercicio de sus funciones, agregando que no se observa de qué manera dichos registros pudiesen influir de manera determinante en su calificación, considerando que los hechos que dieron origen a la medida disciplinaria de "UN DÍA DE PERMANENCIA EN EL CUARTEL" y a la "ANOTACIÓN DE DEMERITO", son considerados determinantes, tal como lo señala la Cédula de Notificación de fecha 20 de septiembre de 2018.

- Por lo señalado anteriormente, la Junta de Apelaciones coincide con el criterio utilizado por la Junta de Oficiales Superiores y Jefes, en lo que respecta a la evaluación de su desempeño y resolvió por unanimidad de sus integrantes RECHAZAR el Recurso interpuesto, quedando definitivamente calificado (a) con nota 5,17 y clasificado en Lista 4, Mala.

Alega que si bien la apreciación de la conducta funcionaria es propia de la labor que cumplen las Juntas Calificatorias, esta función exclusiva y excluyente no puede significar adoptar decisiones discrecionales, ni menos seleccionar cuáles antecedentes serán sometidos a análisis y cuáles no, ya que no se han considerado en su evaluación todos los antecedentes que obran en su Hoja de Vida Anual y sólo se limitó a indicar que el proceso calificatorio y el procedimiento disciplinario persiguen finalidades distintas, por lo que el primero no es la instancia para impugnar procesos disciplinarios afinados pudiendo imponérsele un castigo y a la vez verse disminuida su calificación, y añade, en cuanto a sus evaluaciones mensuales que contienen antecedentes favorables, éstas son sólo de carácter informativo y son parte de diversos datos que examinan las Juntas, que no limitan sus facultades para evaluar el comportamiento laboral de un servidor.

Señala que la Junta Calificadora no se hizo cargo de sus alegaciones, estimando ellas pretendían revisar un proceso disciplinario, lo que no es efectivo, puesto que sólo se remitió a contextualizar aspectos relacionados con su conducta del año 2016, por la que se originó su única sanción. Asimismo, no logra apreciar qué quiso decir la autoridad al indicar que se puede imponer un castigo y a la vez disminuir su calificación.

Agrega que la modificación de las rebajas de las notas asignadas para ciertos factores fue vulneratoria de derechos elementales, ya que para el Factor 1 "Espíritu de Cuerpo", la Junta bajó la nota propuesta de 6 a 3 limitándose a decir que la rebaja se producía por la actitud y conducta que se observa en la medida disciplinaria y anotación desfavorable, demostrando con ello la pretendida falta al compromiso con la misión, objetivos y doctrina institucional a pesar de haber sido calificado por su jefe directo con nota 6, lo que le parece antojadizo y arbitrario, lo que también ocurrió con los Factores 2, 6, 8 y 17 denominados "Disciplina", “Ética Profesional”, “Criterio” y “Responsabilidad de mando” y , en el que bajó la Nota propuesta por su calificador en virtud a la medida disciplinaria y a la anotación de demérito ya señaladas.

Hace presente que el artículo 37 del Reglamento de Calificaciones, establece que revisada y determinada la calificación definitiva del funcionario las Juntas efectuarán la clasificación que le corresponda, y los que obtengan nota inferior a 4 en alguno de los factores señalados son calificados en Lista 4 Mala, de eliminación, de ahí la particular circunstancia que el promedio de las Notas no tenga importancia, y sea más relevante tener en los factores decisivos una nota desfavorable.

Alega que la determinación de las Juntas de calificaciones y de Apelaciones, y con ello el proceso calificatorio en su conjunto, adolece de actuaciones arbitrarias e ilegítimas, que conculcan el legítimo ejercicio de sus derechos, afectando las garantías consagradas en la Carta Fundamental en el artículo 19 N° 2° "Igualdad ante la ley"; N° 16° "La libertad de trabajo y su protección", y N° 24° "El derecho de propiedad en sus diversas especies". Sobre esto indica que la calificación impugnada es ilegal porque carece de razonabilidad y fundamentos suficientes, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley, al ser recurrente discriminado arbitrariamente en comparación a otros empleados que han sido evaluados considerando todos sus antecedentes.

Añade que de la ilegalidad y arbitrariedad se sigue directo e inmediato atentado al derecho consagrado en Art 19 N° 24 de la Constitución, que reconoce a todas las personas, relativo a la propiedad sobre los intereses anexos a su empleo, prerrogativa ésta que, la judicatura está en el deber de preservar. Es de recordar en este plano que la estabilidad en el empleo constituye un bien resguardado por el derecho y que pertenece al orden público económico, que forma parte del patrimonio personal, del patrimonio social y del patrimonio pecuniario del sujeto. Asimismo, el acto administrativo adoptado lo que ha hecho es vulnerar flagrantemente su libertad de trabajo entendiendo por cual la posibilidad de continuar ejerciendo mis funciones como personal de la institución recurrida.

Pide, en definitiva, se declare que se han vulnerado los derechos fundamentales cuya protección busca por esta vía y se adopten las medidas de resguardo necesarias para el restablecimiento del imperio de aquéllos, con costas.

Acompañó al recurso los siguientes documentos:

1.- Acta de notificación de fecha 28 de septiembre del año 2018, de la determinación adoptada por la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes, resolviendo incluirme en Lista 4, con Nota 5.17.

2.- Acta de notificación de fecha 09 de noviembre del año 2018, del contenido de la Cédula № 46, de la Junta de Apelaciones que rechaza el recurso interpuesto quedando clasificado en Lista 4, Mala, haciéndose efectivo el alejamiento de la Institución conforme a los plazos establecidos en el artículo № 66, del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile.

Informando la institución recurrida alega, en primer término, la improcedencia de la acción de protección, ya que de la sola lectura del libelo de autos se colige que el recurrente pretende que esta Corte de Apelaciones le ordene celebrar una nueva sesión calificatoria, en la que se excluyan antecedentes de su Hoja de Vida, cuestión que, como puede advertirse, es absolutamente ajena a la finalidad propia del recurso de protección, atendida su naturaleza cautelar y, en ningún caso, puede constituir la instancia idónea para formular cuestionamientos sobre una interpretación jurídica, o la correcta aplicación de las normas, y/o la tramitación del procedimiento administrativo efectuada conforme a la ley, como se pretende en la especie.

Expone que el recurrente, al impugnar lo resuelto por la Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes y luego por la Junta de Apelaciones, ha planteado una controversia respecto de las atribuciones de los referidos órganos colegiados, competencias establecidas en el Decreto Supremo N° 28, de fecha 6 de mayo de 1981, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, asunto que, por su naturaleza, es ajeno a la finalidad propia de esta acción cautelar.

En cuanto al fondo, y acerca de la supuesta arbitrariedad en que habría incurrido la Policía de Investigaciones de Chile al considerar, dentro del proceso calificatorio, la medida disciplinaria y la anotación de demérito aplicada, señala que conforme al artículo 4 del citado Decreto N° 28, de 1981, "En la calificación, deberá considerarse la actuación que haya tenido el funcionario sólo durante el período a que ella se refiere. Sin embargo, las faltas administrativas, establecidas mediante Sumario Administrativo o Investigación Sumaria, sólo podrán considerarse para la calificación, cuando exista resolución firme debidamente notificada al afectado. En ningún caso un mismo hecho podrá considerarse en más de un proceso calificatorio. El mismo procedimiento se seguirá en las sanciones aplicadas sin Sumario o Investigación Sumaria." Hace presente que la Policía de Investigaciones de Chile dio estricto cumplimiento a la ley, calificando al funcionario conforme a su reglamento, esto es, sólo consideró las sanciones administrativas una vez que se encontraban afinadas y notificadas, conforme al mandato legal. Asimismo, sostiene, la Junta Calificadora ha cumplido sus funciones con independencia y autonomía para apreciar el comportamiento funcionario, el que ha sido ponderado cualitativa y cuantitativamente, debiendo tenerse presente que el cúmulo de anotaciones, tanto positivas como negativas, son datos que revisten un carácter meramente informativo y conforman una parte de los antecedentes que permiten calificar la carrera funcionaria, sin alterar la independencia y autonomía del órgano calificador.

Agrega que, según lo previsto en el artículo 13 del reseñado Decreto Supremo N° 28, de 1981, una sanción constituye un antecedente del que se deja constancia en la Hoja de Vida Anual, debiendo recordarse, acorde con lo señalado en su artículo 8°, inciso primero, que la calificación se basará en los conceptos contenidos en esa hoja, por lo que es posible inferir que la medida que se reclama formaba parte de los datos que correspondía fueran ponderados en la evaluación del interesado, conforme lo ha señalado la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 30.266, de fecha 22 de abril de 2016.

Expone que una de las características que distingue a la Policía de Investigaciones de Chile, como integrante de las Fuerzas de Orden, es su estructura jerarquizada y estrictamente disciplinada, que se explica en razón de la naturaleza y objetivo de sus funciones. Estas particularidades propias del Servicio, dadas por el legislador, se ven refrendadas en el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, aprobado mediante el D.F.L. N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, que conforma una relación estatutaria entre el personal de la Policía de Investigaciones de Chile y el Estado.

Agrega que el recurrente fue calificado y clasificado, durante toda su carrera funcionaria, con arreglo al procedimiento establecido en los artículos 53 a 67 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, y en el Reglamento de Calificaciones de la misma Institución, aprobado por el ya aludido Decreto Supremo N° 28, de 1981, del Ministerio de Defensa Nacional.

Dicho procedimiento se encuentra reglado y permite al afectado hacer valer sus planteamientos en las diversas instancias contempladas al efecto, las cuales tienen por finalidad garantizar una adecuada defensa, con miras a configurar un debido proceso, de manera que respecto de ellos no caben otros trámites que los previstos en la referida normativa.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 55 del Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones y en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 28, de 1981, la calificación es la evaluación de la labor anual desarrollada por cada funcionario, en el ejercicio de su cargo o empleo. La evaluación comprende tanto el desempeño en el trabajo, como las condiciones personales del funcionario, evidenciadas en el transcurso del período a calificar. La clasificación corresponde a la lista de selección que acuerda la Junta respecto de un funcionario. Las listas en que pueden clasificarse a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile son las siguientes: Lista 1, de Mérito; Lista 2, Buena; Lista 3, Regular; y Lista 4, Mala.

A su vez, el citado Decreto Supremo previene, en su artículo 81, que la calificación se realizará basada en los conceptos contenidos en la Hoja de Vida Anual del funcionario y demás antecedentes que se estimen útiles al efecto, agregando en su artículo 35 que en el conocimiento, estudio y valoración de las calificaciones, que corresponde a las Juntas Calificadoras, se deben analizar: a) las calificaciones; b) los recursos de reclamación que se hayan presentado; y c) los antecedentes que lleguen a su conocimiento o que hayan solicitado especialmente.

Finalmente, hace presente que el régimen estatutario que se aplica al personal de la Policía de Investigaciones de Chile es de carácter legal, ya que es la ley la que regula la situación de los funcionarios y señala la forma cómo nace y se extingue su relación con el Estado, razón por la cual el presente sistema no tiene origen ni naturaleza convencional, ni tampoco importa una sanción, ya que es el legislador quien determina por completo los derechos y obligaciones que son efectos de esa relación, por lo que, a la luz de las disposiciones legales señaladas precedentemente y lo dictaminado por la Contraloría General de la República, las actuaciones en esta materia se ajustaron estrictamente a la normativa que las rige, especialmente al Reglamento de Calificaciones del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, resolviendo la Institución conforme a derecho.

Respecto a las facultades cuestionadas, expresa que son de naturaleza discrecional y que se conciben precisamente como la potestad de obrar libremente por la Administración sin que su conducta esté previamente determinada por la regla de derecho. Esta discrecionalidad se configura cuando la ley o el reglamento dejan a la Administración un poder libre de apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse, en la medida en que esa decisión se haya dictado razonablemente.

En relación a la insuficiente motivación de los actos administrativos emitidos en este proceso calificatorio reclamados por el recurrente, indica que no se advierte acontezca tal circunstancia. En efecto, las resoluciones dictadas en el presente caso indican los fundamentos de hecho y de derecho que justifican la decisión.

Concluye señalando que, en este caso, la Policía de Investigaciones de Chile dio estricto cumplimiento a la ley y a su Reglamento de Calificaciones, calificando al funcionario conforme a esta normativa. Asimismo, señala que estos órganos colegiados han ejercido en forma racional y objetiva sus potestades al apreciar el comportamiento funcionario, dentro del periodo calificatorio correspondiente, el que ha sido ponderado cualitativa y cuantitativamente, debiendo tenerse presente que los antecedentes consignados en su hoja de vida se reflejan en cada factor evaluado, conformando un cúmulo de antecedentes que permitieron calificar la carrera funcionaria, sin alterar la autonomía del órgano calificador.

La parte recurrida acompañó a su informe los siguientes documentos:

- Informe de Calificación N° 2284, del Subprefecto nombre reservado, periodo 01.AGO.017 al 31.AGO.018.

- Hoja de Vida Anual Sr. nombre reservado, Hojas Nros. 2018/01 a la 2018/22.

- Recurso de Reclamación interpuesto por el Subprefecto nombre reservado ante la Honorable Junta Calificadora de Oficiales Superiores y Jefes.

- Notificación de Calificación y Clasificación de lo resuelto por la Honorable Junta de Oficiales Superiores y Jefes, de fecha 21.SEP.2018.

- Acta de Notificación de fecha 28.SEP.2018.

- Recurso de Apelación de fecha 05.OCT.2018, interpuesto por el Subprefecto nombre reservado, ante la Honorable Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones de Chile.

- Notificación de Calificación y Clasificación de lo resuelto por la Honorable Junta de Apelaciones, de fecha 05.NOV.2018.

- Acta de Notificación de fecha 09.NOV.2018.

Encontrándose la causa en estado, el veintitrés de enero último se ordenó traer estos autos en relación, procediéndose a su vista en la audiencia del doce de febrero pasado.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección es una acción de carácter cautelar que tiene por objeto resguardar los derechos fundamentales señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a un acto u omisión arbitrario y/o ilegal de agentes determinados que provoque su conculcación, suficiente para provocar la actividad jurisdiccional que se traducirá en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de aquéllos y dispensar protección a la persona agraviada. De este modo, si no se comprueba la existencia de un acto u omisión arbitrarios y/o ilegales, resulta innecesario entrar a analizar los demás supuestos.

En cuanto a la cuestión previa de la oportunidad, se requiere sea interpuesto dentro del plazo fatal de treinta días, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos, condición que en la especie se cumple a cabalidad por cuanto el acto contra el cual se recurre, le fue notificado al recurrente el 5 de noviembre del año pasado, en tanto que el recurso se interpone el 4 de diciembre último.

También supone la existencia previa de los derechos que se dicen vulnerados, en el carácter de indubitados, porque esta no es la vía para declararlos, y la posibilidad concreta de que el tribunal aún pueda actuar extraordinariamente y por vía de emergencia para su pronta y eficaz tutela, es decir, es necesario que la acción no haya perdido oportunidad.

Por último, valga considerar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política, el presente arbitrio para reclamar la protección de los derechos fundamentales que indica, es “…sin perjuicio de otros derechos…”, esto es, su ejercicio no obsta a otras acciones que pueda hacer valer el recurrente, en la sede y en el procedimiento que señale la ley.

Segundo: Que, dicho lo anterior, procede analizar el recurso deducido en orden a verificar, en primer lugar, la existencia de un acto arbitrario e ilegal como se denuncia. El recurrente lo hace consistir en la decisión adoptada por la Junta de Apelaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, de desestimar su recurso de apelación deducido en contra de la calificación con nota 5.17 efectuada por la Junta de Oficiales Superiores y Jefes, lo que importó su inclusión en Lista 4, Mala.

Tercero: Que tal decisión fue adoptada por el órgano calificador establecido al efecto, en uso de sus atribuciones privativas, de conformidad con lo dispuesto en la ley, lo que permite descartar la ilegalidad en su actuar, como se pasa a demostrar.

En efecto, según lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto Ley N°2.460, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, ésta es “una Institución Policial de carácter profesional, técnico y científico,...cuyo personal estará sometido a un régimen jerárquico y disciplinario estricto.” A su turno, y en el mismo sentido, el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, en su artículo 1° prescribe que “El Personal de Policía de Investigaciones de Chile…es esencialmente profesional, jerarquizado, obediente y no deliberante, y estará sometido al Reglamento de Disciplina respectivo.” El artículo 54 de este cuerpo legal faculta la dictación de un reglamento que contenga las normas de calificación (Decreto Supremo N° 28, de 1981, de Defensa), y el artículo 141 de aquel Decreto con Fuerza de Ley, autoriza, también, la potestad reglamentaria para normar lo disciplinario (Decreto 40, de 1981, de Defensa).

En lo tocante a lo planteado por el recurso, el Decreto Supremo N°28, de 1981, del Ministerio de Defensa Nacional, el artículo 1° dispone que “Todo el personal de la Policía de Investigaciones de Chile deberá ser calificado y clasificado anualmente en conformidad con las normas del presente Reglamento…” El artículo 2° señala que la calificación es la evaluación de la labor anual desarrollada por cada funcionario, en el ejercicio de su cargo o empleo, la que comprenderá tanto el desempeño en el trabajo, como las condiciones personales del funcionario evidenciadas en el transcurso del período a calificar, que corresponde, atentos a lo señalado por el artículo 3°, al lapso entre el 1° de agosto y el 31 de julio del año siguiente, y se efectuará de acuerdo a los conceptos contenidos en la correspondiente Hoja de Vida Anual y demás antecedentes que se estimen útiles al efecto (artículo 8°) y considerará los factores de Espíritu de Cuerpo, disciplina, reserva funcionaria, aptitud de mando, respeto a la dignidad humana, ética profesional, capacidad funcionaria, criterio, iniciativa, conducta privada, cooperación, sociabilidad, condición física, asistencia y puntualidad ( artículo 6°), factores que están definidos en el artículo 16 del referido Decreto.

En lo pertinente a los factores discutidos por el presente arbitrio, el artículo 16 del Decreto Supremo 28, de 1981, de Defensa, define:

“1.-ESPIRITU DE CUERPO: Es la actitud y conducta que evidencia el funcionario frente al cumplimiento de la misión, objetivos y doctrina institucional y concepto del deber. Evalúa el grado de identificación que demuestra con la Institución y compromiso con la promesa de servicio, Código de Ética Profesional e imagen de la Policía de Investigaciones de Chile.”

“2.-DISCIPLINA: Es el conocimiento y observancia de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, como asimismo el cumplimiento de las instrucciones superiores que demuestra el funcionario.”

“6.-ETICA PROFESIONAL: Es la observancia y promoción permanente de los preceptos y valores contenidos en el Código de Ética Profesional.”

“8.-CRITERIO: Es la cordura, tino o acierto profesional que el funcionario evidencia al juzgar o discernir la procedencia, oportunidad, efectos y trascendencia de sus decisiones o actuaciones.”

“17.-RESPONSABILIDAD DEL MANDO: Es la capacidad de resolver, determinar o decidir en forma oportuna, eficiente y eficaz la mejor alternativa de solución frente a un problema o situación, con apego a la reglamentación institucional y plena responsabilidad de su efecto posterior.”

Y el artículo 17 del mismo cuerpo normativo, dispone que cada factor se pondera con una nota en la escala de 1 al 7, correspondiendo la nota 3 REGULAR: “Cuando el calificado posee la cualidad definida en el factor, en el grado insuficiente.”

De otra parte, el inciso segundo del artículo 4° del citado Decreto Supremo, ordena que las faltas administrativa , establecidas mediante Sumario Administrativo o Investigación Sumaria, sólo podrán considerarse para la calificación, cuando exista resolución firme debidamente notificada al afectado.

Finalmente, cabe señalar que lo atingente al órgano calificador y su constitución no ha sido cuestionado por el recurso.

De lo anteriormente expuesto se colige, como antes se adelantó, que el recurrente fue calificado por el órgano competente señalado por la ley, en uso de sus atribuciones privativas y de acuerdo con la normativa y el procedimiento aplicable al caso.

Cuarto: Que en lo concerniente al reproche de arbitrariedad, útil resulta establecer los siguientes hechos que se desprenden del mérito de los documentos acompañados al proceso, debidamente apreciados de conformidad con las reglas de la sana crítica, a saber:

a.-Mediante Resolución Exenta (R) N°115-2017/9 de 1 de febrero de 2018, se confirmó la medida disciplinaria de “un día de permanencia en el cuartel”, por haberse comprobado su responsabilidad administrativa en los siguientes hechos: “…al haber tomado conocimiento en forma telefónica y posteriormente por escrito de los hechos vertidos en la Minuta (R) N°3 de fecha 14.OCT.016, del Administrador de los Centros Recreacionales “La Baita” y “Peumayén”, mediante la cual se informan situaciones de faltas administrativas que realizó el Asistente Policial nombre reservado, cuando éste se desempeñaba en el Centro Recreacional Peumayén, tales como autorizar a su pareja a manejar el vehículo fiscal C-4865, en el cual trasladaba a sus hijos hasta el colegio y posteriormente los iba a buscar, no estando facultada ni autorizada por la Jefatura de Bienestar.

b.-Al tomar cocimiento, también, “…vía telefónica y posterior por escrito de la Evaluación Mensual del mes de Octubre del año 2016 del Asistente Policial nombre reservado, donde el actual administrador de los Centros Recreacionales “La Baita” y “Peumayén”, Subcomisario (A/C) HORGE nombre reservado, da cuenta de hechos constitutivos de faltas administrativas, al haber manifestado que el comedor que se encontraba en la cabaña siete, utilizada por él y su familia, era de su propiedad, no logrando presentar documentación que permitiera aseverar su dominio.”

c.-Al intervenir “…para que la evaluación del mes de octubre de 2016, del Asistente Policial nombre reservado, sea cambiada para que las señaladas actuaciones no sean consideradas en dicho período.”

d.-Se consideró, también, lo anotado “…por la Jefa de Bienestar, de su puño y letra en la Minuta (R) N°3, que dispone “archivo, previa resolución”, instrucciones que le fueron dadas para que adoptara en su condición de Jefe del Departamento de Viviendas y Centros Recreacionales, lo que administrativamente correspondiera, estableciéndose que no realizó ninguna diligencia, procedimiento en forma interna a su archivo, siendo estas faltas ejecutadas por el Asistente Policial ya individualizado.

Estos hechos, en su oportunidad, se estimaron constitutivos de las faltas contempladas en el Reglamento de Disciplina del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, Título II, artículo 6°, numeral 2° Contra el Sistema Jerárquico y el Compañerismo, letra b) La negligencia o descuido en el cumplimiento de las disposiciones superiores, y en el numeral 3° Contra el Buen Servicio, letra a) No cumplir con el debido interés y resolución los deberes funcionarios.

e.-La Resolución de Término N°107-2017/9-2018, le fue notificada al recurrente el 19 de febrero de 2018.

f.-el 12 de abril de 2018, se estampa una anotación de demérito en su Hoja de Vida, por la falta de prolijidad al momento de informar al mando problemas presentados por otro funcionario de su dotación, provocando en la superioridad una interpretación errada de la realidad, debiendo enviarse una providencia para aclarar los hechos dados a conocer.

Quinto: Que al desestimar la apelación de que se trata, el órgano calificador –Junta de Apelaciones- la sustentó, en cuanto a su motivación, en lo siguiente: en cuanto a la rebaja de los factores de evaluación, efectuada por la respectiva Junta de Calificadora, y de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo 28, de 1981, de Defensa, sostuvo que la ponderación de los hechos que los constituyen corresponde a una atribución privativa del órgano calificador. En cuanto a la alegación del apelante de que los hechos que originaron la medida disciplinaria aplicada no habrían ocurrido durante el período calificatorio, dicha Junta estuvo a lo que dispone el artículo 4° del citado Decreto Supremo, citado en el considerando cuarto precedente, dado que la Resolución de Término le fue notificada al recurrente dentro del lapso de revisión de su conducta de que se trata. Por último, y en lo que respecta a los antecedentes anotados en su Hoja de Vida, indica que fueron considerados, tanto las anotaciones meritorias como la medida disciplinaria que registra y la anotación de demérito, considerándose estas últimas como determinantes en su calificación. Por ello coincidieron con el criterio utilizado por la Junta de Oficiales Superiores y Jefes, en lo que dice relación con la evaluación del desempeño del recurrente y resolvió por unanimidad de sus integrantes rechazar el recurso de apelación, quedando aquél definitivamente calificado con nota 5.17 y clasificado en Lista 4, Mala.

Valga considerar que la Junta de Oficiales Superiores y Jefes, en su oportunidad, bajó la nota de los factores 1 (Espíritu de Cuerpo), 2 (Disciplina), 6 (Ética Profesional), 8 (Criterio) y 17 (Responsabilidad de Mando), en atención a lo consignado en su Hoja de Vida, ponderándolos con la puntuación 3, por quedar demostrada la falta de compromiso con la misión, objetivos y con la doctrina institucional (factor 1), la inobservancia de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes como el cumplimiento de instrucciones superiores (factor 2), insuficiencia en la observancia y promoción permanente de los preceptos y valores contenidos en el Código de Ética Profesional (factor 6), insuficiencia en su desempeño profesional al juzgar o discernir la trascendencia de sus decisiones o actuaciones (factor 8), e insuficiencia en su capacidad de resolver, determinar, decidir en forma oportuna, eficiente y eficaz la mejor alternativa de solución frente a un problema o situación con apego a la Reglamentación Institucional y plena responsabilidad de sus efectos posteriores (factor 17).

Sexto: Que, de lo antes apuntado, resulta evidente que existe apego a la legalidad y tampoco se trata de un acto arbitrario, carente de toda razonabilidad; por el contrario, aparece debidamente razonado según lo consignado en el basamento precedente sin que corresponda a esta Magistratura entrar a revisar el mérito de la calificación efectuada por la parte recurrida, por exceder de los márgenes de la presente acción constitucional, en cuanto a su naturaleza y finalidad.

Séptimo: Que, al no comprobarse la existencia de un acto arbitrario ni ilegal, fundamento del recurso deducido, resulta inoficioso entrar a analizar la presunta conculcación de derechos fundamentales y fuerza a su necesario rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado, en todas sus partes.

Acordada contra el voto del Fiscal Judicial (i), Señor Jaime Salas Astrain, quien estuvo por acoger el presente recurso, sobre la base de las siguientes consideraciones:

Primero: Que se ha invocado como una de las garantías vulneradas a causa del acto recurrido la contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución, esto es, el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Sobre el particular, entonces, es posible concluir que el recurrente detenta una especie de derecho de dominio sobre un bien incorporal, como lo es su cargo público, cuya subsistencia se encuentra estrictamente sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, desde que, conforme al artículo 7 de la Constitución, los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

Segundo: Que los funcionarios dependientes de la Policía de Investigaciones de Chile, como todos los agentes del Estado, se encuentran sujetos a responsabilidad disciplinaria, ya que ésta –precisamente- constituye el mecanismo para velar por la observancia del principio de probidad administrativa que constituye uno de los presupuestos legales de los cuales pende la subsistencia del derecho incorporal que detenta todo funcionario público sobre su cargo.

Tercero: Que, en el caso que nos ocupa, la Policía de Investigaciones de Chile haciendo uso de los mecanismos internos que le reconoce el Decreto del Ministerio de Defensa de N°28 de 6 de mayo de 1981 procedió a eliminar de entre sus filas al recurrente mediante el proceso calificatorio 2018. Tal acto importó una valoración negativa -“mala”- del funcionario policial a consecuencia de dos episodios consignados en su hoja vida de los cuales subyace la decisión de los órganos involucrados de activar la responsabilidad disciplinaria del funcionario a causa -precisamente- de aquellos episodios.

Cuarto: Que, si bien es cierto, el proceso calificatorio antes mencionado se encuentra regulado por una normativa especial – el Decreto N°28 de 1981 ya aludido- ésta no es más que una concreción de la potestad reglamentaria entregada por la Constitución al Presidente de la República la que, en caso alguno, puede anteponerse a la ley porque, de lo contrario, se quebrantaría el principio de jerarquía normativa. En tal contexto, el acto calificatorio impugnado se encuentra sujeto a las reglas generales de validez de los actos jurídicos administrativos por así establecerlo expresamente el artículo 1° inciso 2° de la ley N°18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que también hace aplicable estas disposiciones legales a las fuerzas armadas y a las fuerzas de orden y seguridad públicas.

Quinto: Que, en opinión del disidente, el proceso calificatorio del Subprefecto nombre reservado no satisface la exigencia del artículo 11 bis de la ley N°18.575 en cuanto establece que la función pública se ejercerá con transparencia de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en el ejercicio de ella. Así, al no haberse fundamentado por los órganos calificadores en forma concluyente al amparo del principio de proporcionalidad, la razón por la cual a un funcionario con 26 años de servicio en la institución le fueron rebajadas varias calificaciones de los rubros a considerar al extremo de eliminarlo de la Policía, se vulneró de manera ilegal, el derecho de propiedad que el Subprefecto nombre reservado tiene sobre su cargo.

Redacción de la Ministra señora Sylvia Pizarro Barahona y, de la disidencia, su autor.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°7464-2018 Prot.

Pronunciada por los ministros señor Roberto Contreras Olivares, señora Sylvia Pizarro Barahona y el señor Jaime Salas Astrain.