nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

San Miguel, veintisiete de mayo de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, venezolano, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, interpone acción de protección constitucional en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., representada legalmente por nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario de haber rechazado su Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero presentada al amparo de la Ley N°18.156.

Señala que el 26 de diciembre de 2025 solicitó a la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA, a través del portal web de la Administradora de Pensiones Uno, el retiro de fondos previsionales en conformidad a la Ley N°18.156. Agrega que el 4 de febrero de este año, se le informó que: ““…El requerimiento está detenido porque actualmente se está validando la constancia de afiliación IVSS con las autoridades competentes y estamos a la espera de su respuesta para dar continuidad con el trámite…” Queremos contarte que tu solicitud de Retiro de Fondos Técnico Extranjero ha sido detenida, por el siguiente motivo: 1.- Certificado de Institución Previsional emitido por país de origen su duración es sólo de 120 días desde emisión del documento. Y debe encontrarse legalizado, apostillado o validado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile”.

Afirma que ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, sin embargo, se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales, produciendo una retención injustificada de éstos, lo que no resulta razonable. Este actuar arbitrario e ilegal de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada consagrados en la Constitución Política.

Solicita que se reconozca como válido el certificado de afiliación del país de origen suministrado, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo de 5 días o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones, informa que la recurrente no registra presentaciones ante la Superintendencia respecto de solicitudes de devolución de fondos invocando la Ley 18.156.

Sin perjuicio de ello sostiene que la ley N°18.156 que establece beneficios de exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción solo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la ley, por ello, las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, de conformidad con la normativa aplicable en la especie y con la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia.

Indica que de conformidad con el N°8 del artículo 47 de la ley N°20.255; el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980; y el literal i) del artículo 3° del D.F.L.

N°101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, le corresponde a la Superintendencia la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones.

Refiere que es en el ejercicio de dicha facultad legal, que la Superintendencia ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y ha dictado la jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de la ley N°18.156 y, por ende, de la concesión de los beneficios excepcionales que otorga dicho cuerpo legal, de ese modo, su jurisprudencia administrativa ha resuelto que para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero del trabajador este debe aportar un certificado de cobertura otorgado por la embajada o consulado del país de origen, en el cual expresamente se indique que este ha sido extendido en representación de la Autoridad Competente de la Seguridad Social del país que corresponde y que acredite en forma específica que en el caso de que se trata el extranjero ha contado con un seguro durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en el artículo 1° de la Ley 18.156, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad.

Afirma que una declaración jurada no es un documento idóneo para probar el requisito de cobertura previsional fuera de Chile, toda vez que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente. Ello, por cuanto dicha entidad es la única que posee las facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, conforme al ordenamiento jurídico del Estado en el que se haya emitido la certificación.

Argumenta que, conforme a la normativa contenida en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° de la Convención de La Haya sobre la Apostilla, el certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado. Además, dicho documento no señala las coberturas con que cuenta el recurrente, ni permite inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

Explica que mediante el oficio N°12.954, de fecha 17 de julio de 2025, esta Superintendencia, en respuesta a las consultas de AFP CUPRUM S.A. y UNO S.A respecto de la situación de los afiliados de nacionalidad venezolana, tras el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, impartió instrucciones a todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, ratificando el criterio previamente sostenido en cuanto a los requisitos probatorios exigidos para acreditar la cobertura previsional en el extranjero.

Tercero: Que nombre reservado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., evacúa el informe, solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas, puesto que se pretende ejercer por esta vía una acción que no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento y en subsidio, solicita su rechazo por cuanto no ha incurrido en una acción arbitraria o ilegal en lo que dice relación a lo expuesto por el recurrente.

Señala que efectivamente rechazó la solicitud de la recurrente el 10 de enero de 2026 debido a que el certificado de la Institución Previsional emitido por el país de origen tiene una duración sólo de 120 días desde emisión del documento. Y debe encontrarse legalizado, apostillado o validado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Respecto de la vigencia, según el Oficio N°7253 emitido por la Superintendencia de AFP “es necesario precisar que se ha resuelto que cuando el documento de Constancia de Afiliación a una Institución de Seguridad Social en el extranjero, cualquiera sea el país, tiene una validez por 120 días con posterioridad a su firma por el funcionario autorizado y es presentado después de vencido ese plazo, dicho documento no sirve para acreditar que se contó con cobertura durante toda la relación laboral, y a todo evento, requisito de cobertura previsional exigido en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156.”

Según el Oficio N°5376 emitido por la Superintendencia de AFP “Para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.”

Respecto de la apostilla, hace presente que, a contar del 30 de agosto de 2026, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y considerando que Venezuela también es un Estado Parte de dicha convención, se exigió que dicha certificación debía venir apostillada por la autoridad competente venezolana, en concordancia, además, con lo dispuesto en los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto a las declaraciones juradas la Superintendencia de Pensiones ha instruido expresamente que “En cuanto al mérito de las declaraciones juradas que han sido presentadas por los afiliados venezolanos, aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos. Ello, puesto que como se ha explicado latamente, las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156. Lo anterior, toda vez que dicha exigencia recae en una materia propia de la seguridad social, respecto de la cual no tiene valor probatorio la declaración del propio afiliado. Esto, por cuanto la autoridad previsional es la única que posee facultades legales para dar fe sobre dicha circunstancia, por ser propia del ámbito de su competencia”.

Sostiene que el comportamiento de la Administradora de Fondos no ha sido ni ilegal ni arbitrario, sino que ha significado el cumplimiento a sus obligaciones legales.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744.

El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto.

En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Séptimo: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, que no cuenta con una firma autorizada, ni tampoco cumple con el requisito de ser apostillada o legalizada; y una declaración Jurada que emana del propio trabajador y no de la Institución de Seguridad Social, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos en la normativa vigente, para dar cumplimiento a la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, ya que esos documentos no permiten acreditar que la solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Octavo: Que, conforme lo que se viene razonando, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consiste en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de la Ley N°18.156 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias y el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria, lo que hace innecesario entrar a analizar la existencia de vulneración de algún derecho fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A. Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N° 742-2026 Protección