nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

San Miguel, dos de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, ingeniero químico, nacional de Venezuela, interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazó de la solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjero, notificado el 6 de enero de 2026.

Expone que el 23 de diciembre de 2025 presentó ante AFP ProVida, mediante el portal web correspondiente, la solicitud N°1246 de retiro de fondos como técnico extranjero, conforme a la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que indica.

Señala que el 6 de enero de 2026 fue informado por la administradora recurrida que “El requerimiento está detenido porque actualmente se está validando la constancia de afiliación IVSS con las autoridades competentes y estamos a la espera de su respuesta para dar continuidad con el trámite”. Refiere que dicha paralización carece de fundamento legal, pues la documentación acompañada acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley N°18.156.

Indica que acompañó título universitario, certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debidamente legalizado, contratos de trabajo con su respectivo anexo previsional, y demás antecedentes de respaldo. Sostiene que, con dichos documentos, acreditó su calidad de técnico extranjero, su afiliación a un régimen previsional fuera de Chile y la voluntad contractual de mantener dicha afiliación.

Afirma que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad de la Ley N°18.156, consistente en permitir al trabajador extranjero disponer de sus ahorros previsionales cuando cumple los requisitos legales. Sostiene que la AFP exige información adicional que ya fue suministrada desde el inicio, empleando formalidades redundantes y paralizando injustificadamente el trámite.

En cuanto a las garantías vulneradas, invoca la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, señalando que se le ha dado un trato desigual respecto de otros solicitantes que, en circunstancias equivalentes, han obtenido respuestas favorables. Añade que la validación exigida por la AFP no se encuentra contemplada en la Ley N°18.156 y ha interrumpido indebidamente el proceso de devolución de fondos previsionales.

Asimismo, invoca el derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución, afirmando que los fondos previsionales cuya devolución solicita son de su propiedad y que la actuación de la AFP importa una retención injustificada de dichos recursos. Agrega que la conducta de la administradora constituye una mala práctica que debe ser corregida, por afectar derechos y garantías de orden legal y constitucional.

Solicita ordenar que se reconozca como válido el certificado de afiliación del país de origen acompañado, disponer que la recurrida emita un nuevo pronunciamiento conforme a derecho dentro del plazo de cinco días o el que esta Corte estime pertinente, y adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Acompaña notificación que informa el estado de la solicitud, cédula de identidad, comprobante de solicitud de retiro de fondos, título universitario, certificado de afiliación al IVSS, contrato de trabajo y boleta de servicios.

Segundo: Que Ana María Herrera Brummer, abogada, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacúa informe, solicitando su rechazo en todas sus partes, con costas, por estimar que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio y, en subsidio, porque su representada no ha incurrido en acto ilegal ni arbitrario, sino que ha actuado conforme a la ley y a la normativa del Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones.

Sostiene, en primer término, que existe duplicidad de recursos de protección, pues con anterioridad al ingreso de la presente acción el recurrente ya habría deducido recurso de protección en contra de ProVida por los mismos hechos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 16 de enero de 2026, el que ingresó bajo Rol N°1375-2026 y fue declarado inadmisible el 20 de enero de 2026. Afirma que ello justifica el rechazo del recurso para evitar fallos contradictorios y por existir cosa juzgada.

Luego, alega la improcedencia de la acción de protección, señalando que la materia discutida no corresponde a una tutela cautelar ni versa sobre un derecho indubitado, sino sobre una controversia relativa al cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156. Por ello, sostiene que la pretensión requiere un procedimiento de lato conocimiento y no puede resolverse por esta vía constitucional de urgencia.

En cuanto a los hechos, reconoce que nombre reservado solicitó la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, conforme a la Ley N°18.156, y que AFP ProVida rechazó dicha solicitud. Explica que el rechazo se fundó en que, para acreditar la cobertura previsional en el país de origen, no basta un documento genérico ni una cartola de cotizaciones, sino que se requiere certificación específica de la autoridad previsional competente, debidamente legalizada o apostillada, que acredite que el trabajador contó efectivamente con protección por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Agrega que el recurrente acompañó una constancia electrónica de cotizaciones sin firma y una declaración jurada, documentos que, según las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, no son idóneos para acreditar el requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Señala que las constancias electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no se encuentran legalizadas o apostilladas, que no indican coberturas específicas ni permiten determinar el período de cobertura, no acreditan debidamente la cobertura previsional extranjera.

Respecto de la apostilla, sostiene que desde la entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y siendo Venezuela Estado Parte, la certificación previsional debe venir apostillada por la autoridad competente venezolana, conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Añade que, antes del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, la constancia de afiliación al IVSS emitida por la delegación consular venezolana era útil para acreditar el requisito, pero que la documentación acompañada en este caso no cumple con las exigencias formales y sustantivas vigentes.

En cuanto a las declaraciones juradas, afirma que la Superintendencia de Pensiones ha instruido que no constituyen medios idóneos, aun cuando hayan sido otorgadas ante notario chileno y cuenten con apostilla, porque la certificación debe emanar de la autoridad previsional competente del país respectivo. Sostiene que la declaración del propio afiliado carece de valor probatorio suficiente en materias de seguridad social, por tratarse de una cuestión propia de la competencia de la autoridad previsional extranjera.

Agrega que los contratos de trabajo acompañados, de 8 de noviembre de 2019, 8 de octubre de 2022 y 18 de abril de 2022, no contienen la voluntad del recurrente de mantener afiliación en un régimen previsional extranjero, y que dicha manifestación recién aparece en anexos posteriores de 24 de abril de 2025, 20 de marzo de 2022 y 17 de abril de 2025. Sostiene que, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, la voluntad de mantener afiliación previsional extranjera debe constar oportunamente y no puede formularse de manera extemporánea o contradictoria con la cotización en Chile.

Asimismo, señala que el recurrente cuenta con cédula de identidad chilena, residencia permanente y sería propietario de un inmueble en Chile, circunstancias que, conforme a oficios de la Superintendencia de Pensiones, no garantizan su retorno al país de origen y generan riesgo de que, pese al retiro de fondos previsionales, en el futuro su pensión deba ser cubierta con fondos fiscales.

En cuanto al derecho, expone que el sistema previsional del Decreto Ley N°3.500 tiene por finalidad financiar prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia, y que las AFP se encuentran impedidas de otorgar beneficios distintos de aquellos expresamente previstos por la ley. Señala que la devolución anticipada de fondos previsionales constituye una excepción estricta, regulada por la Ley N°18.156, que exige cumplir copulativamente la calidad de técnico, la afiliación a un régimen previsional extranjero con cobertura suficiente y la manifestación contractual de voluntad de mantener dicha afiliación.

Tercero: Que, nombre reservado, Jefe de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Superintendencia de Pensiones, señala que nombre reservado no registra presentaciones ante dicho organismo respecto de los hechos que motivan la acción cautelar. Luego, expone que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales constituyen un régimen excepcional, aplicable solo a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que cumplan copulativamente los requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156.

Respecto del caso concreto, informa que el recurrente acompañó una declaración jurada suscrita ante notario de Santiago, de 23 de abril de 2025, en la que manifestó encontrarse afiliado y cubierto por el sistema de seguridad social venezolano, a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Sin embargo, sostiene que dicho documento no es idóneo para probar la exigencia legal, porque la certificación sobre cobertura previsional extranjera debe emanar de la autoridad previsional competente del país respectivo, y no de una declaración del propio trabajador.

Asimismo, indica que el recurrente acompañó una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida el 17 de abril de 2025 por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Al respecto, señala que dicho documento no acredita la cobertura previsional exigida, porque no indica las coberturas concretas con que cuenta el recurrente ni permite inferir un período determinado de cobertura, limitándose a mencionar de manera genérica las prestaciones del sistema previsional venezolano. Agrega que tampoco se encuentra firmado por quien lo emite ni apostillado o legalizado conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y al Convenio de la Apostilla.

Finalmente, informa que mediante Oficio N°12.954, de 17 de julio de 2025, la Superintendencia impartió instrucciones a todas las Administradoras de Fondos de Pensiones respecto de afiliados venezolanos, ratificando que las certificaciones electrónicas emitidas por la autoridad previsional venezolana que no estén firmadas ni apostilladas o legalizadas no sirven como medio de prueba para acreditar la cobertura previsional extranjera.

Concluye que no cuenta con antecedentes que permitan establecer que el recurrente cumple las exigencias de la Ley N°18.156 para acceder a la devolución de fondos previsionales, y solicita tener por cumplido lo ordenado.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley-o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que el asunto que se somete al conocimiento de esta Corte, de conformidad con lo que se denuncia en la acción constitucional intentada, dice relación con el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de la parte recurrente.

Sexto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, y en su artículo 7° permite la devolución de los fondos previsionales si se cumplen los requisitos del artículo 1°, en particular acreditar afiliación a un sistema extranjero que cubra riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que el contrato contemple su voluntad de mantener dicha afiliación.

Séptimo: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto.

En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Octavo: Que conforme lo expresado, se concluye que la documentación aportada, consistente en una Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no tiene firma ni apostilla, no cumpliendo con las exigencias legales establecidas.

Noveno: Que, conforme lo que se viene razonando, no se advierte en la actuación de la recurrida la existencia de un acto ilegal o arbitrario, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por el recurrente.

Por otra parte, los actos cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consisten en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias. En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria. Por el contrario, el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, sin que se advierta afectación alguna de derechos fundamentales que pueda ser amparada por esta vía, motivos por los cuales la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°739-2026 Protección