nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGURIDAD PUBLICA DE CHILE

Certifico que se anunció y alegó en la Tercera Sala, por el recurso de protección el abogado señor Joaquín Andrés Contreras Roa. San Miguel, 06 de junio de 2022. Cristián Calderón, relator.

San Miguel, seis de junio de dos mil veintidós.

A los escritos folio N° 48.570 y 48.600: Téngase al abogado señor Pablo Daniel Peñaloza Parra por desistido parcialmente del recurso de protección interpuesto el veintiséis de abril del año en curso, respecto de doña nombre reservado.

Al escrito folio N°48.620: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparecen don Pablo Daniel Peñaloza Parra y Joaquín Andrés Contreras Roa, abogados, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quienes deducen recurso de protección en contra del Departamento de Extranjería y Migración, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, representado por don nombre reservado, por la omisión ilegal y arbitraria en pronunciar resolución exenta que ponga fin al procedimiento administrativo aprobando o rechazando la solicitud de regularización migratoria, realizada con fecha 11 de junio de 2021, vulnerando, a su juicio, la garantía constitucional contemplada en artículo 19 N°2 de la carta fundamental.

Exponen que su representado ingresó al país en calidad de turista, para luego cambiar su condición migratoria a residente temporario, con el propósito de establecerse y desarrollar sus proyectos de vida en Chile. Explican que, en ese contexto, decide regularizar su situación migratoria por medio de solicitud N° 25705589 de 11 de junio de 2021. Sin embargo, a la fecha, el recurrente no ha recibido ninguna respuesta por parte del ente recurrido, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite, por demás, demorado.

Sostienen que la omisión recurrida es ilegal y arbitraria, a la luz de lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, pues, con el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta de solicitud de regularización, se infringen los principios de celeridad y economía procedimental, y se vulnera la igualdad ante la ley.

Piden a esta Corte, que se acoja la acción ordenando al recurrido que se pronuncie sobre la petición, adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, informa por la recurrida doña nombre reservado, abogada del Servicio Nacional de Migraciones, continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando el rechazo de la acción, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Respecto a don nombre reservado, con fecha 13 de septiembre del 2021 (sic) realizó solicitud para regularizar su situación migratoria en virtud del Proceso de Regularización extraordinaria contemplada en el artículo octavo transitorio de la Ley 21.325.

Agrega, que mediante Resolución Exenta N° 21066247 de fecha 11 de junio del 2021 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se acogió a trámite la solicitud de regularización presentada por el señor nombre reservado. En virtud de la misma resolución, se tuvo por desistido todo trámite pendiente en materia migratoria presentada y se otorgó permiso de trabajo mientras la postulación se encuentre pendiente, la que se encuentra actualmente en etapa de tramitación, de lo que deriva que actualmente mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional.

Esgrime que, en virtud de lo anterior, no existen fundamentos normativos que sustenten de manera alguna la pretensión del recurrente en el recurso de marras, ya que no existen antecedentes objetivos de ningún tipo que reflejen un actuar negligente o una conducta omisiva que infrinjan, vulneren o amenacen alguno de los derechos y garantías constitucionales resguardados por la presente acción de amparo, en específico aquel consagrado en el artículo 19 N°7 de nuestra Carta Fundamental, como así pretende el recurrente en el libelo de su presentación.

Argumenta que el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter mundial y el estado de emergencia en el cual se encuentra nuestro país. Por lo tanto, no es posible argüir que el Servicio haya actuado de forma vulneratoria de las garantías fundamentales contenidas y protegidas por la Constitución Política de la República, máxime cuando es pacífico que se le ha dado tramitación legal a la solicitud de regularización extraordinaria, sustanciando la tramitación y dándole curso progresivo, poniendo a disposición del recurrente el respectivo comprobante que acredita su residencia legal en el país y debiendo tenerse presente que la parte recurrente posee la cédula de identidad para extranjeros, la cual, aun en el caso de que se muestre como vencida a la fecha de este informe, se encuentra plenamente vigente en virtud del inciso final del artículo 43 de la Ley 21.325.

Por las citadas razones, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de la autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, solicita el rechazo de la acción, así como también el rechazo a la condena en costas.

Tercero: Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Cuarto: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Quinto: Que, acorde a lo anotado en la parte expositiva precedente, el recurrente tilda de ilegal y arbitraria la omisión del recurrido de pronunciarse acerca de su solicitud de regularización migratoria, y que fuera presentada el 11 de junio de 2021, aduciendo que la autoridad administrativa no se había pronunciado hasta la fecha.

Sexto: Que si bien, en una primera mirada se advierte que la autoridad recurrida ha actuado dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones, no es posible soslayar la dilación evidenciada en los antecedentes en cuanto al pronunciamiento que le ha sido impetrado mediante la solicitud de regularización presentada por el recurrente, sin haber invocado, al informar, una razón justificada para ello, por lo que ha faltado al principio de celeridad que rige a los actos de la Administración, contexto que se traduce en una serie de eventuales perjuicios para el administrado -aquí el actor-, atendido que si bien el estado en trámite de su requerimiento lo habilita para residir legalmente en Chile, solo está en condiciones de ejercer los derechos que la propia normativa señala.

Séptimo: Que, en la forma señalada, la recurrida ha demorado en resolver la solicitud apartándose de los dictados del referido principio de celeridad de los procedimientos administrativos, así como del impulso que debido al mismo le corresponde ejercer, teniendo en cuenta que ha transcurrido en exceso el plazo de seis meses a la fecha, contados desde que el recurrente presentó su solicitud. Con lo anterior, ha resultado conculcado el tenor de lo dispuesto en el artículo 19, número 2, de la Constitución Política de la República, al mantener pendiente la solicitud del recurrente durante un tiempo mayor al plazo general de seis meses estatuido en el artículo 27 de la Ley 19.880 a la Administración, razón por la que se hará lugar al recurso en el sentido que se dirá en lo dispositivo.

Y de conformidad, además, con lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, solo en cuanto se dispone que la autoridad recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda, respecto de la solicitud de regularización extraordinaria presentada por el recurrente, en el plazo de noventa días una vez que la presente sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°7330-2022 Protección