Protección contra Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo

San Miguel, veinticuatro de abril de dos mil veinticinco.

Al escrito folio N°23 y 24: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado y, domicilio laboral en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, representada legalmente por don nombre reservado, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la acción que estima arbitraria e ilegal consistente en la Resolución S/Nº de 10 de febrero de 2025, dictada por el ex Director de Salud y actual Secretario General de la recurrida, señor nombre reservado, en virtud de la cual, siendo Subdirectora del nombre reservado CESFAM Doctor Raúl Cuevas Palma, se dispone su traslado al nombre reservado CESFAM Confraternidad, lo que considera vulnera sus derechos cautelados en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Considera que dicho acto administrativo es arbitrario e ilegal, al no estar debidamente motivado ni contar con fundamentos suficientes, afectando sus derechos fundamentales. Señala que la resolución no identifica claramente a la afectada, no indica los motivos de hecho ni de derecho del traslado, omite señalar sus nuevas funciones y no individualiza al funcionario notificador, lo que impide conocer los reales fundamentos de la medida y ejercer adecuadamente su defensa.

Relata que ha sido víctima de acoso laboral, hostigamiento, amenazas y humillaciones constantes por parte del dirigente sindical nombre reservado, quien desde que fue designada subdirectora comenzó una campaña de deslegitimación en su contra. Indica que esta situación se intensificó tras la elección del nuevo Director del nombre reservado, nombre reservado, con quien la recurrente mantuvo una relación profesional directa. Sostiene que fue blanco de ataques por parte de sectores sindicales que apoyaban a otro candidato a la dirección, generando un ambiente de trabajo hostil y conflictivo.

Asegura que las agresiones verbales, marginaciones y campañas de desprestigio fueron reiteradas e ignoradas por sus superiores. Como prueba del ambiente laboral adverso, acompañó denuncia presentada ante la Dirección del Trabajo el 30 de octubre de 2024, y una Resolución de Calificación de la ACHS de enero de 2025, que identificó factores de riesgo psicosocial en su lugar de trabajo y recomendó su reubicación para cesar la exposición.

Cuestiona que se haya optado por su traslado y no el del supuesto agresor, señalando que ello constituye una represalia por haber realizado denuncias y por la tensión con el dirigente sindical. Indica que el traslado no responde a una necesidad institucional legítima, sino a una decisión arbitraria destinada a aislarla y menoscabar su carrera profesional.

Enfatiza que su designación como subdirectora, aunque no formalizada por concurso, se materializó mediante asignación interna por el Director del nombre reservado, y que venía ejerciendo tales funciones desde el 1 de diciembre de 2023.

Alega que el traslado afecta sus ingresos y condiciones laborales, además de truncar su desarrollo profesional. Refiere también a afecciones a su salud mental derivadas del conflicto laboral, actualmente bajo tratamiento médico por trastorno de adaptación.

A juicio de la actora, la decisión impugnada vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, particularmente en sus numerales 1 (integridad psíquica), 2 (igualdad ante la ley) y 24 (derecho de propiedad sobre sus condiciones laborales). Considera que ha sido discriminada sin una justificación razonable respecto de otros funcionarios, que ha sido privada injustamente del cargo que desempeñaba y que se ha afectado gravemente su bienestar emocional y estabilidad laboral.

Agrega, a folio 11, que el 19 de marzo de 2025 mientras se encontraba con licencia médica por una enfermedad profesional diagnosticada como síndrome adaptativo, fue contactada telefónicamente por el Departamento de Gestión de Personas de la Corporación, solicitándosele que acudiera a la institución para firmar un anexo de contrato. En ningún momento se le adelantó el contenido del documento que debía firmar. Una vez en el lugar, se le informó que dicho anexo correspondía a un traslado de funciones al nombre reservado CESFAM Confraternidad, y se le indicó que si no lo firmaba, no podría continuar desempeñándose en su cargo actual. Frente a esta situación, decidió no suscribir el documento y se retiró del recinto visiblemente afectada emocionalmente.

Indica que este hecho revela una grave afectación a sus derechos fundamentales, especialmente considerando su condición médica al momento de la citación. La conducta de presionar a una funcionaria con licencia médica a firmar un documento contractual bajo amenaza de desvinculación vulnera su derecho a la integridad psíquica. El acto de exigir la firma sin informar debidamente sobre su contenido y en un contexto de especial fragilidad emocional constituye una conducta arbitraria e improcedente por parte del empleador.

Pide, en definitiva se declare que la actuación de la recurrida es una vulneración de los derechos fundamentales indicados; se ordene la restitución de su cargo de subdirectora o en su defecto, el reconocimiento del cargo y condiciones que permitan a la recurrente ejercer su labor conforme a su rango y con la adecuada compensación económica; se suspendan provisionalmente los efectos del traslado; se declare la ilegalidad y nulidad de la resolución que dispuso su traslado; se notifique a la recurrente del término del sumario administrativo Nº Resolución Nº 1089/2024, 07 de octubre de 2024, instruido por el ex Director de Salud y actual Secretario General de la Corporación contra el señor nombre reservado; que se tomen las medidas de resguardo para proteger a la recurrente trasladando al señor nombre reservado, en tanto se resuelve su situación judicial y administrativa; se condene expresamente en costas a la recurrida; y lo que esta Corte estime en justicia y derecho.

Segundo: Que informa al tenor del recurso el abogado Daniel Castillo Seda, solicitando su rechazo, con costas.

Señala que la recurrente pretende vincular su traslado a supuestas situaciones de acoso laboral y violencia psicológica de las que habría sido víctima por parte del psicólogo nombre reservado, sin aportar evidencia concreta que vincule esos hechos con la resolución impugnada, emitida el 10 de febrero de 2025. La única denuncia acreditada fue presentada ante la Dirección del Trabajo el 30 de octubre de 2024, en la cual se refiere a un solo hecho ocurrido el 24 de octubre del mismo año.

Enfatiza que la recurrente no tiene titularidad sobre el cargo de Subdirectora que alega detentar, ya que fue contratada como nutricionista, como consta en su contrato suscrito el 1 de octubre de 2015. La asignación de funciones de subdirección en el nombre reservado CESFAM Doctor Raúl Cuevas Palma fue parte de una distribución interna determinada por el Director del centro y, por tanto, no constituye un nombramiento formal ni da lugar a derechos adquiridos sobre dicha función. En consecuencia, el traslado dispuesto no constituye una alteración indebida de su situación funcionaria, y se encuentra amparado en las facultades del empleador conforme al artículo 12 del Código del Trabajo y a la normativa vigente aplicable a funcionarios de salud municipal.

Además, la resolución de calificación de la ACHS de enero de 2025, que la recurrente invoca como respaldo de su posición, establece expresamente que frente a situaciones de hostilidad en el ambiente de trabajo, el empleador puede optar por readecuar funciones o trasladar al trabajador expuesto al agente de riesgo, lo cual valida el actuar de la Corporación. Agrega que no se ha demostrado que el traslado haya implicado menoscabo, afectación de su estabilidad laboral o merma de sus condiciones contractuales. La afectación alegada por la recurrente en cuanto a remuneraciones tampoco se verifica, ya que su cargo de planta como nutricionista no contempla asignaciones por ejercer funciones de Subdirectora, función que no está formalmente contemplada en el organigrama de la institución.

En cuanto a las garantías constitucionales que la recurrente estima vulneradas, rechaza que exista afectación a la integridad psíquica, ya que los documentos aportados refieren a afecciones anteriores a la dictación de la resolución de traslado. Tampoco se ha configurado una vulneración a la igualdad ante la ley, puesto que no se acredita la existencia de funcionarios en situación comparable que hayan recibido un trato diferente. La recurrente no identifica casos específicos ni aporta pruebas al respecto. Sobre el derecho de propiedad, señala que no ha existido privación de ningún derecho patrimonial, dado que no se le ha privado de su cargo de nutricionista ni se ha producido una disminución de sus derechos adquiridos.

Concluye que no es la vía idónea para resolver controversias de esta naturaleza. Lo que la recurrente discute no es un acto arbitrario o ilegal manifiesto que afecte derechos fundamentales consolidados, sino decisiones de gestión administrativa que, de estimarse impropias o dañinas, deben impugnarse por las vías correspondientes, como lo establece el Código del Trabajo en su artículo 12, mediante reclamación ante la Inspección del Trabajo. La acción constitucional de protección no puede convertirse en una instancia revisora de fondo de medidas de organización interna del empleador, adoptadas dentro del marco de la legalidad.

En definitiva, solicita el rechazo del recurso, por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos que justifiquen una intervención de esta naturaleza.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que corresponde precisar que, el acto que por esta vía se estima ilegal y arbitrario consiste en la decisión de la recurrida, comunicada a través de una carta de 10 de febrero de 2025, firmada por nombre reservado, en virtud de la cual se dispone el traslado de la actora al nombre reservado CESFAM Confraternidad.

Quinto: Que, del tenor de la misiva cuestionada, aparece que ésta solo da cuenta de una simple comunicación, por la cual se le informa a la recurrente su traslado al nombre reservado CESFAM Confraternidad a partir de ese mismo día, para allí desempeñar sus funciones habituales, sin que la misiva señale antecedentes o razones por las cuales fue adoptada tal decisión.

Sexto: Que, como se advierte, no consta la existencia de algún acto administrativo en el cual se hayan consignado las razones que llevaron a la recurrida a disponer el traslado referido, ni tampoco que este hubiese sido aceptado o consentido por la recurrente.

Lo anterior es relevante por cuanto el traslado de que se trata importa no solo un cambio en las condiciones referidas al lugar en donde debía prestar sus servicios la recurrente, sino también una modificación sustancial en las labores de ella, que a la fecha desempeñaba la calidad de Subdirectora del establecimiento en donde laboraba. Así las cosas la decisión se torna arbitraria, al carecer de una razón o fundamento que la explique o de motivos que la justifiquen, lo cual constituye un requisito básico de razonabilidad necesario para legitimar dicho obrar, siendo pertinente recordar que la actuación de la Administración debe adecuarse a los mandatos del ordenamiento jurídico, entre los cuales se encuentra el requisito de manifestar las justificaciones que sirven de base a las decisiones adoptadas, tal como se desprende de los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, aplicables supletoriamente a esta materia.

Séptimo: Que, del tenor de lo expuesto, resulta que la decisión adoptada por la recurrida -al carecer de fundamento- resulta arbitraria y, por extensión, ilegal, afectándose así la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, pues nos encontramos ante un trato arbitrario o injustificado respecto de la recurrente, por lo que forzosamente se ha de concluir que se acogerá este recurso en los términos en los que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción constitucional deducida por nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, solo en cuanto se dispone que la recurrida debe dejar sin efecto el traslado comunicado a la recurrente y que es objeto de la presente acción.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Rol N°726-2025 Protección