JUNTA DE VECINOS QUINCANQUE BAJO CON nombre reservado

En Santiago, a veintidós de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos:

Primero: Que a fojas 40 comparecen los abogados Diego Lillo Goffreri y Victoria Belemmi Baeza, en representación de la Junta de Vecinos Quincanque Bajo, representada por su presidente, don nombre reservado, quienes recurren de protección en contra del señor nombre reservado, operador de una Planta Chancadora y Procesadora de Áridos, por las acciones ilegales y arbitrarias que los perturba en el ejercicio de su derecho a la integridad física y psíquica, los que están consagrados en los numerales 1° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República y perturban y amenazan el ejercicio del derecho de propiedad de los vecinos de Quincanque Bajo.

Señalan que en el año 2015 comenzó a operar una Planta Chancadora y Procesadora de Áridos en Quincanque, localidad ubicada a la altura del kilómetro 22 de la Ruta G668, de la comuna de San Pedro, Melipilla, planta que es operada por recurrido, la que desde su instalación ha provocado problemas para la comunidad aledaña, especialmente debido a que la actividad realizada genera gran cantidad de polvo en suspensión y sedimentable, además de emitir ruidos constantes producto de la selección y chancado del material que extrae desde el río.

Indican que la comunidad de Quincanque Bajo es rural y está compuesta en su mayoría por adultos mayores, quienes escogieron vivir en ese lugar por las condiciones de tranquilidad imperantes, pero que se han visto alteradas por el ruido y el polvo que emana de la actividad, tanto del seleccionado y chancado de áridos, como por el tránsito de camiones en cualquier horario y sin condiciones adecuadas de abatimiento del material particulado.

Afirman que la planta aludida ha funcionado de forma manifiestamente irregular, ya que consta que el 26 de enero de 2017, la SEREMI de Salud, mediante Resolución Exenta N°363, que resolvió una denuncia presentada por la presidenta de la Junta de Vecinos recurrente, aplicó una multa de 10 U.T.M. al recurrido y le dio un plazo de 20 días para subsanar varias infracciones que tienen que ver con emisiones de polvo y ruido.

Exponen que la actividad del recurrido fue autorizada por patente provisoria, mediante Decreto Alcaldicio N°911 de 7 de junio de 2017, la que tenía como fecha de vencimiento el 7 de junio de 2018, sin posibilidad de ser prorrogada; a su vez, consta que el 19 de mayo del mismo año, el recurrido pagó el trámite de Calificación Industrial ante la Seremi de Salud para la obtención de dicha patente provisoria, trámite que hasta la fecha no ha sido completado, por lo que el día 7 de junio de 2018 la patente provisoria caducó y, consecuentemente, con fecha 7 de septiembre de 2018 la Municipalidad emitió una orden de clausura de la Planta mediante Decreto alcaldicio N°1993.

Manifiestan que, pese a lo anterior, la planta siguió funcionando y ante las consultas de los vecinos, el inspector municipal informó que la clausura solo había operado respecto de la planta chancadora y no así de la seleccionadora, y que el Director de Obras Municipales había autorizado su funcionamiento; sin embargo, mediante solicitud de acceso a información pública al Director de Obras Municipales, éste señaló que no existe ningún tipo de instrucción que autorice el funcionamiento de la planta seleccionadora.

Destacan que con fecha 17 de octubre pasado, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos al recurrido por infracción a la Norma de Emisión de Ruidos del DS N°38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente, lo que confirma la permanente irregularidad con que hasta hoy funciona la planta aludida.

Señalan que la actividad desarrollada opera con infracción a las normas respectivas del Código Sanitario, según consta en la resolución 0363 de 2017 de la Seremi de Salud y con infracción a las normas de emisión de ruido según consta en la formulación de cargos de la Superintendencia de Medio Ambiente.

Explican que los hechos descritos vulneran los derechos de los vecinos recurrentes garantizados en el artículo 19 N°1 y N°24 de la Constitución Política de la República, ya que la comunidad que representan ha tenido que soportar ruidos constantes, lo que resultan insoportables dada la avanzada edad de la mayoría de sus miembros y lo mismo sucede respecto del polvo, que ha obligado a los vecinos a respirar un aire de mala calidad incluso en los confines de su propiedad, no pudiendo escapar de esa situación y, en los casos de las viviendas más cercanas a la planta ha significado incluso pérdida de la capacidad productiva agrícola de los predios, puesto que el polvo al depositarse en el suelo y las plantas las seca y las contamina haciendo perder cosechas completas.

Indican que a los vecinos del sector se les ha perturbado las facultades de uso y goce de sus propiedades, puesto que los ha convertido en sujetos pasivos de emisiones que el recurrido les ha hecho soportar sin que exista ningún título que lo habilite para hacerlo y, por otro lado, han significado una perturbación en la facultad de goce de la propiedad puesto que se encuentran limitados de utilizar sus predios con otros fines como por ejemplo agrícolas, debido a que afectan las cualidades naturales de los mismos.

Refieren que, asimismo, se amenaza el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas en particular por el ruido que emite la planta recurrida y las consecuencias negativas que aquello acarrea para la salud, no siendo exigible a los ciudadanos soportar cargas ambientales tales como las emisiones de ruidos, solo por la existencia de una fiscalización que resulta insuficiente para remediar el panorama de exposición constante al ruido.

Piden en definitiva se ordene el cierre inmediato de la actividad de la Planta Chancadora y Procesadora de Áridos recurrida, por carecer ésta de las autorizaciones necesarias para su operación.

Acompañan:

1. Mandato Judicial otorgado por la Junta de Vecinos Quincanque Bajo a los abogados recurrentes.

2. Decreto Alcaldicio N°1993 de la Municipalidad de San Pedro, de 7 de septiembre de 2018., que clausura la planta del recurrido.

3. Decreto Alcaldicio N°911 de 7 de junio de 2017, que concede patente provisoria a la planta del recurrido.

4. Informe de la Directora de Administración y Finanzas de la Municipalidad de San Pedro, en que constan las fechas de vigencia de las patentes concedidas al recurrido.

5. Formulación de cargos de la Superintendencia de Medio Ambiente al recurrido por infracción a norma de emisión de ruidos de fecha 17 de octubre de 2018.

6. Resolución N°0363 de 26 de enero de 2017 de la Seremi de Salud, que sanciona al recurrido por una serie de infracciones a normas sanitarias y de condiciones de trabajo.

7. Respuesta de Solicitud de acceso a la información pública del Director de Obras Municipales don nombre reservado en que consta la inexistencia de autorizaciones vigentes para el funcionamiento de la planta seleccionadora de áridos del recurrido.

8. Correo electrónico de 24 de octubre de 2018 que notifica de la respuesta de Solicitud de acceso a la información pública al abogado Diego Lillo.

Segundo: Que a fojas 101 informando el recurrido don nombre reservado, alega, en primer término, la improcedencia del recurso de protección, habida consideración a la existencia de otras herramientas jurídicas que operan en la materia con antelación a este medio, y, en segundo término, señala que el recurso es extemporáneo.

Con respecto a la primera alegación, indica que la Superintendencia del Medio Ambiente es la encargada de ejecutar, organizar y coordinar la fiscalización y seguimiento de los instrumentos de gestión ambiental, contemplados en la Ley; como también constatar las infracciones e imponer las sanciones que corresponda y en consecuencia de conformidad a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley Orgánica de ese organismo, le corresponde exclusivamente a ésta el ejercicio de la potestad sancionadora respecto del incumplimiento de las normas de emisión, en su caso.

Añade que frente a un procedimiento determinado, al presunto infractor le asiste el derecho, dentro del plazo de 10 días, de solicitar un programa de cumplimiento de las normas supuestamente infringidas, suspendiéndose el procedimiento de sanción, aprobado que este programa fuera por la superintendencia del medio ambiente.

Explica que en el caso de autos, se abrió un procedimiento sancionatorio con el rol D-93-2018, en el cual el 17 de octubre de 2018 se dio inicio a la instrucción de procedimiento, en la que se le formuló cargos en su calidad de titular de la planta chancadora y procesadora de áridos, como consecuencia de una infracción por la obtención de un nivel de ruido superior a un decibel en zona rural y luego, el 23 de octubre presentó una solicitud de extensión de plazo, concediéndole 7 días.

Afirma que el día 30 de octubre de 2018, se celebró una reunión de asistencia al cumplimiento, con la comparecencia de nombre reservado, en su calidad de representante de la empresa y se presentó el programa de cumplimiento el 14 de noviembre de 2018, programa que fue derivado para su evaluación y su posterior aprobación o rechazo.

Aclara que finalmente el 26 de diciembre pasado, se presentó ante la Superintendencia del Medio Ambiente un programa de cumplimiento refundido, con las observaciones de la misma superintendencia, acompañándose una serie de documentos y en definitiva, se aprobó dicho programa de cumplimiento, con correcciones dispuestas de oficio, lo que derivó en la suspensión del procedimiento administrativo, ordenándoseme presentar un programa de cumplimiento que incluya las correcciones de oficio señaladas, lo que se cumplió.

Concluye que habiendo dado cumplimiento a lo prevenido, tanto en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente como en el proceso sancionatorio de ésta, el presente recurso de protección es improcedente, ya que es la Superintendencia la destinada a la evaluación, fiscalización y determinación del cumplimiento de las normas medioambientales, siendo el recurso o acción pertinente, el reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental y no por la vía de un recurso de protección, el que sólo podría tener cabida en el evento que si se dispusiese la clausura de la planta, éste informante continuara con las labores.

En relación a la extemporaneidad señala que la Sra. nombre reservado, en el año 2016, interpuso recurso de protección en su contra, ingreso Corte N° 2160/2016 y en aquella oportunidad pedía el restablecimiento del derecho a vivir en un ambiente sano y libre de toda contaminación, expresando que aquello había sido vulnerado por la instalación de una planta extractora y excavadora de áridos, (la misma materia de este recurso) agregando que no se contaba con permiso de la Seremi de Salud, de la Dirección de Aguas, ni patente municipal y la ocurrencia de un desvío de las aguas del río Maipo.

Manifiesta que la Junta de Vecinos recurrente ha estado permanentemente observando y efectuando gestiones respecto de la referida planta, estando en pleno conocimiento de su situación administrativa, de modo que el informe solicitado a la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de San Pedro, no es más que una excusa formal para justificar su tardío accionar.

En cuanto al fondo refiere que el reclamo de la recurrente, ahora en representación de una Junta de Vecinos, no difiere en mucho del contenido en causa rol 2160-2016 de esta misma Corte y que fue desechado por extemporáneo, reiterando que la vía de acción que cabe en la materia es un recurso de ilegalidad.

Insiste en haber dado cumplimiento a los planes establecidos por la Superintendencia del Medio Ambiente, ente rector en la materia, y es sólo aquella quien puede calificar los hechos, esto es, si se trasgreden las normas ambientales o no.

Acompaña: Resolución exenta № 4/ Rol D-093-2018, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que aprueba el programa de cumplimiento presentado por nombre reservado, y suspende procedimiento administrativo sancionatorio rol D-093-2018.

Pide se tenga a la vista la causa sobre recurso de protección, seguida ante esta misma Corte, caratulada "nombre reservado con nombre reservado", rol I. C. 2160-2016. Como se pide Tercero: Que a fojas 66 informa al tenor del recurso doña nombre reservado, por la I. Municipalidad de San Pedro, y señala que efectivamente don nombre reservado, se encuentra tramitando ante ese Municipio una Patente Definitiva para el funcionamiento de una "Planta Chancadora de Áridos", ubicada en la Localidad de Quincanque.

Explica que conforme a la naturaleza de dicha actividad económica, calificada como molesta por la Seremi de Salud Metropolitana, se le ha solicitado al señor nombre reservado, todos y cada uno de los antecedentes que la legislación vigente contempla para los efectos de otorgar una patente para este tipo de actividad, con especial mención de lo que exige el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, Código Sanitario y Ley General de Urbanismo y Construcciones y añade que a la fecha de su informe, aún no se recepciona el informe sanitario, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 del Código Sanitario y que le fuera debidamente solicitado al señor nombre reservado con fecha 19 de Marzo de 2018, haciendo presente que, mientras no se cuente con dicho informe, no es posible otorgar la patente definitiva, ello por el tipo de actividad que pretende realizar.

Añade que el recurrido contó con patente provisoria por el plazo de un año, la que conforme a nuestra legislación, no admite prorroga, por lo que expiró el 7 de Junio del año 2018, de modo que no cuenta con patente alguna que autorice la mencionada actividad, ordenando la clausura de la "Planta Chancadora de Áridos", pero no obstante lo anterior, el recurrido si cuenta con patente para planta "Extracción de Piedra, Arena y Arcilla, venta de Materiales", lo que lo autoriza sólo a dichas actividades.

Acompaña 1. Certificado de Información sobre factibilidad tramite de patente N°01/2018, de 19 de marzo de 2018 2. Carta de 9 de febrero de 2018 del recurrido, donde presenta antecedentes para factibilidad de patente Definitiva.

3. Plan de manejo de recuperación de suelos 4. Estudio de transporte 5. Certificado N°005013 de 2 de Noviembre de 2017, de la Seremi de Salud, en donde certifica la actividad de planta de extracción y procesamiento de Áridos como molesta.

6. Certificado de información sobre factibilidad tramite patente provisoria N°01/2017, de 6 de Junio de 2017 7. Carta de fecha 07 de Febrero de 2017, de la Dirección de Obras Municipales, en donde adjunta informe técnico y normativa respecto al requerimiento realizado.

8. Carta de 17 de enero de 2017, de doña nombre reservado, Arquitecto, en donde solicita pronunciamiento para autorizar actividad de chancado de áridos en sector Quincanque.

9. Carta de 11 de Julio de 2016, del señor nombre reservado, en donde solicita indicar el conducto regular para obtención de certificado.

10. Certificado de factibilidad trámite de patente, de fecha 12 de Julio de 2016, de la Dirección de Obras Municipales.

11. Memorándum N°227 de fecha 05 de Septiembre de 2018, que ordena confeccionar Decreto Alcaldicio que ordena la clausura de la planta chancadora de áridos.

12. Memorándum N° 009 de encargada de Rentas y Patentes a Sra. Juez del Juzgado de Policía Local de San Pedro, de fecha 24 de Septiembre de 2018.

13. Decreto de Alcaldía de 7 de Junio de 2017, en la que se autoriza "Planta Chancadora de Áridos", patente provisoria por un año.

Cuarto: Que informa al tenor del recurso don nombre reservado, Superintendente del Medio Ambiente (S) y señala que esa Superintendencia recibió, con fecha 14 de junio de 2016, denuncia de nombre reservado, en representación de la Junta de Vecinos de la Localidad de Quincanque Bajo, en contra de nombre reservado, por la operación de la Planta (ID 795-2016), donde indica que dicha operación generaría contaminación ambiental acústica y la emisión de polvo silicoso, lo cual estaría afectando a las viviendas vecinas y actividades productivas agrícolas de pequeños y medianos productores del sector.

Agrega que frente a esta denuncia la SMA adoptó dos decisiones vinculadas a las dos fuentes contaminantes denunciadas, a saber, la contaminación por silicoso y la contaminación por emisión de ruidos, refiriendo que el 20 de julio de 2016, se dictó el Of. Ord. D.S. C. N°1419, por medio del cual se informó a la denunciante que, en lo que se refiere a la emisión de polvo silicoso, no existe instrumento de gestión ambiental cuya fiscalización recaiga en la SMA, por lo cual los antecedentes fueron derivados a la SEREMI de Salud y en relación a la denuncia de ruidos molestos, se señaló que la SMA tomó conocimiento de los hechos, y que se registró la denuncia con el ID 795-2016 para su tramitación.

Afirma que el 14 de diciembre de 2016, la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA realizó una Solicitud de Actividad de Fiscalización Ambiental, por la cual pidió a la División de Fiscalización de la SMA, realizar una actividad de medición de ruidos en la Planta, que se efectuó el 5 de octubre de 2016, con el fin de verificar el cumplimiento del D.S. N°38/2011 del MMA y tal como da cuenta en el reporte técnico de la actividad, adjunto al Acta de Inspección Ambiental levantada en la actividad de fiscalización, la medición realizada en el receptor №1, ubicado en antejardín de vivienda externa, en horario diurno, registró una excedencia de 2 dBA, sobre el límite establecido y en razón de aquello se dictó la Res. Ex. №l/ROL D-093-2018, mediante la cual se le formuló cargos por "obtención, con fecha 22 de septiembre de 2016, de nivel de presión sonora de 61 dB(A), en horario diurno, condición externa, medido en receptor sensible, ubicado en Zona Rural, conforme a lo indicado en Tabla 2 de la Formulación de Cargos" y se le dio el carácter de interesado a la Junta de Vecinos Quincanque Bajo en dicho proceso y añade que el cargo levantado fue calificado provisionalmente como leve, en conformidad al artículo 36 N°3 de la LOSMA.

Indica que el 14 de noviembre, luego de haberse aprobado una ampliación del plazo para la presentación de Programa de Cumplimiento (PDC), la denunciada lo presentó, en conformidad al artículo 42 de la LOSMA, donde se proponen un conjunto de 6 acciones que describe y refiere que el referido programa esta siendo analizado por la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA, con el fin de verificar que cumpla con los criterios de aprobación que son contemplados en el D.S. N°30/2012 del Ministerio del Medio Ambiente y en el caso de ser aprobado, el procedimiento sancionatorio se suspenderá mientras el PDC sea ejecutado, pero de no aprobarse el PDC, el procedimiento sancionatorio se reanudará, procediendo a realizar las diligencias de prueba que sean necesarias para la posterior dictación del Dictamen por parte de la fiscal instructora.

Agrega que han recibido, con fecha 22 de mayo de 2018, una nueva denuncia presentada por la Junta de Vecinos Quincanque Bajo, en contra de nombre reservado (ID 213-XIII-2018), la que en este caso se refiere a una supuesta la elusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por parte de la denunciada. En la denuncia se describe nuevamente las emisiones de ruido y material particulado que estaría generando la actividad y a raíz de aquello, el 25 de mayo de 2018, se remitió a la denunciante el Of. Ord. №1320, mediante el cual se le informó que la denuncia había sido registrada en el sistema y que su contenido sería analizado en conformidad a las competencias de la SMA.

Expone que el día 29 de junio de 2018, se envió al alcalde de la Ilustre Municipalidad de San Pedro, el Of. Ord. N°1610, mediante el cual se le solicita remitir el permiso de extracción de áridos otorgado, asociado al sector de Quincanque, comuna de San Pedro, junto con las autorizaciones anteriores y el respectivo control volumétrico y patente municipal, lo que fue remitido el 9 de octubre de 2018, acompañando los antecedentes requeridos y junto con dichos antecedentes acompañó la Res. N°1.993, del 7 de septiembre de 2018, mediante la cual se resolvió la "[...] clausura de la Planta Chancadora de Áridos que figura a nombre de Don nombre reservado".

Concluye que los antecedentes que fundan el recurso de protección deducido se refiere a estos mismos hechos respecto de los cuales la SMA ha recibido en el año 2016 la denuncia ID 795-2016 que fue contestada al denunciante informándole que la SMA no contaba con competencias para fiscalizar la emisión de polvo silicoso, por lo cual se habían remitido los antecedentes a la SEREMI de Salud. En relación con la emisión de ruidos molestos, se informó que la denuncia había sido recibida y que había gatillado una investigación.

Actualmente dicho procedimiento sancionatorio se encuentra en una etapa de evaluación del PDC presentado y junto con lo anterior, la SMA se encuentra investigando una segunda denuncia.

Adjunta a su informe:

1. antecedentes del procedimiento sancionatorio iniciado en contra de don nombre reservado, que se encuentran disponibles en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, en el link: http://snifa.sma.gob.cl/v2/5ancionatorio/Ficha/1798 2. antecedentes asociados a las denuncias ID 213-XIII-2018 e ID 795-2016.

Quinto: Que doña nombre reservado, Secretaria Regional Ministerial de Salud remite copia de sumario sanitario N° 4232-2016 iniciado en contra de nombre reservado en virtud del cual se le condeno al pago de una multa de 10 UTM por sentencia de 26.01.2017.

Asimismo, a fojas 112 informa que en razón de las deficiencias detectadas en el Sumario Sanitario antes referido, se fijó en Sentencia N°363 de 26 de Enero de 2017, un plazo de 20 días para subsanarlas, motivo por el cual funcionaria fiscalizadora del organismo que representa concurrió a dependencias del sumariado a constatar la adopción de las medidas correctivas y en dicha visita se evidenció que no se había dado cumplimiento a las identificadas irregularidades (según consta en Acta de Inspección Folio N° 1813189, cuya copia acompaña), lo que dio origen a nuevo Sumario Sanitario N° 1813EXP91, en virtud del cual se condenó al infractor a pagar multa de 100 U.T.M., según se desprende de la sentencia N°181371 de 27 de Julio de 2018 (cuya copia se adjunta); ésta no se encuentra a firme, debido a que el Sr. nombre reservado interpuso recurso de reposición administrativo, que se encuentra pendiente de fallo.

En relación a las autorizaciones para el funcionamiento de cualquier actividad económica asociada a la instalación, ampliación o traslado de industrias y conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Código Sanitario, es la SEREMI de Salud de la Región respectiva la Institución competente para informar favorable o desfavorablemente el desarrollo de las referidas actividades, previa solicitud del interesado, haciendo presente que sin el informe previo de esta Autoridad Sanitaria, no se le otorgará patente definitiva en la Municipalidad respectiva para el giro de instalación, ampliación o traslado de industrias.

En cuanto a la improcedencia del recurso de protección:

Sexto: Que la parte recurrida alega la improcedencia del recurso de protección porque, estima, existen otras herramientas jurídicas que operan en la materia, como el recurso de inaplicabilidad y que el tribunal competente es el del medioambiente porque es la Superintendencia la encargada de ejecutar, organizar y coordinar la fiscalización y seguimiento de los instrumentos de gestión ambiental Que, al respecto, la abundante jurisprudencia ya ha manifestado que, aunque el ordenamiento jurídico otorgue otros recursos o acciones especiales para la resolución de determinadas situaciones, cuando el acto u omisión estimados ilegal o arbitrarios afecte, además, alguna de las garantías señaladas en el artículo 20 de la Constitución, es plenamente procedente esta acción. Por consiguiente el recurso de protección no es incompatible con el ejercicio de otras acciones que dispone el ordenamiento positivo, porque puede justamente ejercerse sin perjuicio de otros derechos.

Por ello, dicha alegación no puede prosperar.

Séptimo: Que, además, el recurrido alegó la extemporaneidad del recurso de protección, porque ya se interpuso por doña nombre reservado en el año 2016 en esta misma Corte un recurso de protección por iguales hechos relacionados con la planta extractora y excavadora de áridos.

Que, preciso es establecer, como ha sido resuelto invariablemente por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores, que siendo de efectos permanentes en el tiempo el daño ambiental y acústico que se denuncia, los que se prolongan hasta la fecha al decir de los recurrentes, tal acción no precluye mientras los efectos contaminante continúen produciéndose, de tal manera que el presente arbitrio constitucional no resulta extemporáneo, y por ello la alegación que se examina será rechazada.

En cuanto al fondo:

Octavo: Que para que proceda el recurso de protección se requiere que efectivamente se haya realizado un acto o incurrido en una omisión, con carácter de arbitrario o contrario a la ley que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho del recurrente que se encuentra garantizado y amparado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Por consiguiente, la norma constitucional ampara el legítimo ejercicio de ciertos derechos y garantías cuando son amagados por actos de terceros.

Que no escapa a esta Corte precisar que, al contrario de lo afirmado por el recurrido, quien avizora solo al tribunal ambiental como competente para conocer de problemas o discusiones ambientales, el sistema procesal ambiental regulado por la Ley 20.600, contempla solo dos procedimientos, el de reclamación ante el tribunal ambiental y el procedimiento por daño ambiental (artículos 36 a 41), lo que está en concordancia con los organismos creados por la Ley 19.300 para resolver los problemas del medio ambiente, y son el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medioambiente (SMA), y todas las resoluciones recaídas en un proceso de evaluación ambiental, o las administrativas de otros servicios, como ser, municipalidades, Seremi de Salud, etc., son vinculantes para la administración del Estado, y por ello es que la Corte Suprema ha dicho que “En atención entonces a la trascendencia de sus decisiones en el ámbito administrativo, la recurrida queda sujeta al control jurisdiccional por la vía de la presente acción cautelar si en ellos se incurriera en ilegalidad al pronunciarse sobre un determinado proyecto de impacto ambiental, como sucede si sus resoluciones no se ajustan a la ley, o se resuelve en forma arbitraria” (Rol N° 1219-2009, fallo 22 de junio de 2009).

Por ende, en el presente caso, no se trata de resolver aspectos técnicos entregados por la ley a especialistas, sino de verificar que los actos denunciados en sede de protección no trasgredan garantías amparadas por la Constitución.

Noveno: Que, del contexto del recurso aparece que el reclamo de la junta de vecinos recurrente dice relación con la emisión de polvo en suspensión y sedimentable que proviene del funcionamiento irregular de una planta chancadora y procesadora de áridos, producto de la selección y chancado del material que se extrae desde el río, lo que además produce ruidos constantes, y también el tránsito de camiones en cualquier horario y sin las condiciones adecuadas que abastece el material particulado.

Se expone que dicho acto es ilegal o arbitrario y atenta contra las garantías constitucionales del derecho a la vida y de la propiedad de todos los recurrentes que forman la junta de vecinos Quincanque Bajo, que es una comunidad rural integrada en su mayoría por personas de la tercera edad, que deben soportar ruidos constantes y un polvo que contamina el aire y la tierra, viéndose afectado también la producción agrícola de sus predios, porque el polvo al depositarse en el suelo, seca las plantas y las contamina, con pérdida completa de cosechas, lo que ha afectado el derecho de propiedad al no poder usar y gozar de sus tierras, por la pérdida de la capacidad productiva de las mismas.

Décimo: Que para resolver adecuadamente la acción constitucional que se examina, es necesario señalar que conforme al mérito de los autos, son hechos indesmentibles los siguientes:

1.- Que por Decreto N°1993, de 7 de septiembre de 2018, el alcalde la municipalidad de San Pedro, nombre reservado, clausuró la planta chancadora de áridos, que figura a nombre del recurrido, debido a que había caducado su patente provisoria, que venció el 7 de junio de 2018, y no admitía prórroga.

2.- Que la directora de administración y finanzas de ese municipio informó en septiembre de 2017 que el giro está a nombre de Diego Lillo y la autorización es para extracción de piedras, arena y arcilla y venta de materiales, con patente comercial provisoria.

3.- Que la Superintendencia del Medio Ambiente, informó que por resolución Exenta N°1 Rol D-093-2018, del 17 de octubre de 2018, le formuló cargos al recurrido, que figura como titular de la planta chancadora y procesadora de áridos, por infracción al artículo 35 H, de la LO-Sala, debido al incumplimiento de las normas de emisión, ya que el 22 de septiembre de 2016 se obtuvo un nivel de presión sonora de 61 db (a) en horario diurno, condición externa, medido en receptor sensible, según tabla N° 2 de la formulación de cargo, sancionado con amonestación por escrito o con multa de hasta mil unidades tributarias anuales, conforme a la letra c) del artículo 39 de ese cuerpo legal, esto es la LO-SMA, y en la formulación de cargos se le hace presente al infractor que puede presentar un programa de cumplimiento a la norma ambiental infringida, lo que en definitiva este último hizo y a la fecha se encuentra pendiente para su análisis por parte del organismo administrativo, conforme a las normas de integridad y eficacia, indicándosele que aun existen siete medidas sugeridas por la Superintendencia del Medio Ambiente que no han sido cumplidas por lo que se le otorga un plazo de 60 días para que sean cumplidas.

4.- Que la Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región Metropolitana informó con fecha 8 de marzo de 2019, que respecto al recurrido se le detectaron deficiencias en la planta de la que es titular, por lo que se procedió en su contra a un sumario sanitario Rol 4232-2016, dictándose sentencia en enero de 2017, y se le dieron veinte días para subsanar las irregularidades, pero posteriormente un fiscalizador de ese servicio fue a la planta y constató que no se habían dado cumplimiento a las irregularidades que motivó ese sumario, por lo que se inició un nuevo sumario sanitario Rol 1813 Exp. 91, por el que se condenó a nombre reservado a pagar una multa de cien unidades tributarias mensuales, habiendo el afectado interpuesto una reposición administrativa que aun no ha sido resuelta. Y se señala en ese informe que conforme al artículo 83 del Código Sanitario la Seremi de Salud es la competente para informar favorable o desfavorablemente el desarrollo de las actividades de la planta del recurrido, y que sin el informe previo la municipalidad no puede otorgar la patente definitiva, y a la fecha no se ha evacuado ese informe favorable.

Undécimo: Que, tal como se ha expuesto en la reflexión octava, la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, faculta a los municipios para dsictar decretos que dispongan la clausura de una actividad económica, y precisamente fue lo que ocurrió con la planta chancadora y extractora de áridos del recurrido. Así también el artículo 83 del Código Sanitario, entrega la facultad a la autoridad del servicio de salud para que emita un pronunciamiento favorable o desfavorable al municipio respectivo para el otorgamiento de una patente definitiva, y que en el caso del recurrido aun no obtiene tal pronunciamiento y por consiguiente una patente definitiva que lo habilite a hacer funcionar su planta. Que por último la Ley 20.417, Ley Orgánica del Medio Ambiente, le entrega a la Superintendencia del Medio Ambiente, vigilar y disponer sanciones cuando no se respeten los niveles máximos permitidos para una presión sonora, situación que afectó al recurrido a quien se le infraccionó preciosamente porque dicha planta emitía niveles de superiores al permitido.

Como ya se ha dicho, todas las situaciones referidas precedentemente están dentro de las acciones y determinaciones de aquellos servicios que son vinculantes para la administración del Estado, mas sus decisiones no impiden el control jurisdiccional en sede de protección si se han transgredido garantías constitucionales.

Duodécimo: Que las fuentes contaminantes denunciadas en el recurso, esto es la contaminación por emanaciones de polvo silicoso, y la contaminación acústica por ruidos, fue la que motivó la aplicación de la multa que le aplicó la Seremi de Salud a la planta del recurrido, por irregularidades de emisiones de polvo y ruido; y asimismo, la formulación de cargos que la Superintendencia del Medio Ambiente le formuló al mismo recurrido se debió a la infracción a la norma de emisión de ruidos. A todo lo anteriormente expuesto, debe añadirse que a contar del 7 de junio de 2018, al caducar su permiso provisorio, la planta de chancao y extracción de áridos, ya no contaba con ningún permiso para su funcionamiento, lo que desde luego permite concluir una contumacia en el actuar del dueño de la planta el señor nombre reservado.

Décimo tercero: Que, en consecuencia, de todo lo expuesto esta Corte concluye que, desde un punto de vista formal, esto es, frente a los requerimientos de las autoridades administrativas, no ha dado cumplimiento con la normativa que regula su actividad económica y ello trajo como consecuencia que se generaran las fuentes contaminantes denunciadas en el recurso.

A todo lo dicho, debe citarse lo establecido en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 144 de 1961, del Ministerio de Salud, en cuanto señala las normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza, disponiendo que los gases, vapores, humos y polvos, como ocurre en el presente caso, emanaciones o contaminantes de cualquier naturaleza, producidas en cualquier establecimiento o lugar de trabajo, deberán captarse o eliminarse en forma tal que no causen peligro, daños o molestias al vecindario, y es claro que precisamente la planta chancadora y procesadora de áridos con su funcionamiento irregular y sin los permisos de las autoridades administrativas, les generó a los recurrentes y comunidad aledaña contaminación de sus casas y predios agrícolas, por el polvo silicoso que se genera, y una contaminación ambiental acústica por el funcionamiento de la misma, más aun si para el acopio y transporte de ese tipo de material aumenta los ruidos molestos por el tránsito de camiones a toda hora, todo lo cual, de mantenerse, tornaría arbitrario tal conducta, en la medida que el denunciado se escuda en el cumplimiento de normas administrativas, a las que ya esta Corte se ha referido, más aun si se considera que los recurrentes deben soportar día a día esas fuentes contaminantes, impactando ello en su calidad de vida, con afectación a su integridad psíquica, además de que debido al polvo contaminante que ha dañado las tierras agrícolas de los recurrentes, también se ve afectado el uso y el goce de esos terrenos, vulnerándose de este modo las garantías constitucionales de los N°s 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, con costas, el recurso de protección interpuesto por los abogados Diego Lillo Gofreri y Victoria Belemmi Baeza, en representación de la Junta de Vecinos Quincanque Bajo, contra nombre reservado, titular de la Planta Chancadora y Procesadora de Áridos, ubicada en Quincanque, localidad ubicada a la altura del KM 22 de Ruta G668, de la comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, al costado del Rio Maipo, por haberse infringido las garantías constitucionales denunciadas, sólo en cuanto se dispone el CESE INMEDIATO de toda actividad que involucre o importe el funcionamiento de la referida planta, de la cual es titular el recurrido, hasta en tanto no se obtengan las autorizaciones y permisos ante los entes administrativos correspondientes, para su funcionamiento normal y ajustado a derecho .

Todo ello, sin perjuicio de los demás derechos que le puedan asistir a los afectados.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Luis Sepúlveda Coronado.

Rol 7243-2018 PROT.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros señora Ana Cienfuegos Barros y señor Luis Sepúlveda Coronado y Abogado Integrante señor Ignacio Castillo Val.

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