Protección contra éste el abogado Felipe Moreira Díaz

Dejo constancia que alegó por el recurso el abogado Homero Caldera Calderón y en contra de éste el abogado Felipe Moreira Díaz. En Santiago, a 11 de marzo de 2019.

En Santiago, a once de marzo de dos mil diecinueve.

Al folio 13227: Téngase presente.

Vistos:

PRIMERO: Que a fojas 9 comparece don Homero Caldera Calderón, abogado, en representación de Inversiones Mario Gonzalo Muñoz Cerda E.I.R.L., ambos con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, en su calidad de Inspector Provincial del Trabajo Cordillera, fundado en que mediante Ordinario N° 514/2018 de 26 de octubre de 2018, rechazó por extemporánea la solicitud de reconsideración administrativa.

Indica que de acuerdo al plazo fijado en el artículo 512 del Código del Trabajo, con fecha 20 de septiembre de 2018, ingresó solicitud de recurso administrativo, solicitando que la multa impuesta fuese sustituida por capacitación, pero el recurrido, en su calidad de Inspector Provincial del Trabajo Cordillera, dictó el Ordinario N° 514/2018 con fecha 26 de octubre, por medio del cual declaró inadmisible la referida solicitud por haberse presentado en forma extemporánea.

Indica que existen sentencias dictadas por la Excma. Corte Suprema (Roles 809-2014; 8.384-2014; 18.414-2015; 16.288-2016; y Rol 6.956-2017), que expresan que el lapso de treinta días fijado por el artículo 512 del Código del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la entidad recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose por inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Expresa que el fundamento de dichos fallos es que se trata de un recurso entablado en la etapa administrativa, de suerte que por no mediar norma expresa que ordene lo contrario, recibe aplicación supletoria el artículo 25 de la ley N° 19.880 de 2003, que determina el cómputo de los plazos en el procedimiento administrativo, y prescribe que éstos son de días hábiles, y que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos, toda vez que al existir una modalidad de contabilidad de los términos "especial", como aquella contenida en la ley N° 19.880 respecto de los procedimientos administrativos, ésta prima por sobre la regla común comprendida en el Código Civil Agrega que es un hecho no controvertido que la Multa N° 8121/2018/25​1, fue notificada a su parte el 3 de agosto y que el recurso de reconsideración fue promovido el 2 de septiembre último, y por lo tanto el mismo se formuló dentro del término consignado en el artículo 512 del Código aludido.

Expone que por lo indicado, el Ordinario N° 514/2018 de fecha 26 de octubre de 2018, constituye un acto ilegal porque no admitió a tramitación un recurso instaurado dentro de plazo legal, afectando la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2, de la Carta Fundamental, dando un trato discriminatorio a su parte.

Finaliza su presentación solicitando que se deje sin efecto el Ordinario N° 514/2018 de 26 de octubre de 2018, debiendo la institución recurrida someter a tramitación el recurso de reconsideración planteado contra la Resolución de Multa N° 8121/2018/25-1, con costas.

Acompañó a su presentación los siguientes documentos:

1. Solicitud de reconsideración Administrativa de Multa N° 8121/2018/25-1 ingresada el 20 de septiembre de 2018.

2. Ordinario N° 514/2018 de fecha 26 de octubre de 2018, emanado de don nombre reservado, que rechaza la Solicitud de Reconsideración Administrativa de Multa.

SEGUNDO: Que a fojas 31 informa al tenor del recurso, don Miguel Palma González, abogado, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, solicitando su rechazo, con costas.

En primer lugar plantea la improcedencia de la acción interpuesta atendida la naturaleza del acto recurrido, por cuanto el recurso de protección no puede transformarse en un "sustituto procesal" de los procedimientos específicos contemplados en la ley -procedimiento de reconsideración administrativa y reclamación judicial de multas- como medios de impugnación en contra de la resolución recurrida, por lo que el recurso de autos es improcedente, por cuanto se ha interpuesto contra una resolución administrativa, respecto de la cual la ley establece procedimientos específicos de impugnación, tanto en sede administrativa como en sede judicial, los que describe.

En segundo término, y en subsidio de la alegación anterior, plantea la improcedencia del recurso por la falta de los requisitos constitucionales para su interposición atendida que la actuación de su representada se encuentra exenta de toda ilegalidad y arbitrariedad, al haberse dictado el Ordinario № 627 dentro de la competencia que la ley le confiere y previa ponderación de la normativa aplicable.

En subsidio de lo anterior procede a informar los hechos que han dado lugar a la interposición del recurso de autos, indicando que el 11 de mayo de 2018, se activó una fiscalización respecto de la recurrente atendido que un trabajador denunció estar realizando jornada de turnos de 4 por 4 y no haber recibido la remuneración del mes de abril, por lo que en base a los antecedentes recabados, el 13 de julio se cursa la multa N° 8121/18/25-1, notificándola el 3 de agosto, cuyo hecho infraccional fue “No exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo, necesaria para efectuar las labores de fiscalización, según el siguiente detalle: contratos individuales de trabajo, mas anexo, comprobantes de remuneraciones, control de asistencia, libro, licencias médicas, pactos de horas extras, reglamento interno, y su entrega, derecho a saber y procedimiento de trabajo seguro. Respecto de todo los trabajadores de la empresa. Periodo laboral 01/2018 A 06/2018.”

Agrega que el día 20 de septiembre de 2018, la empresa presentó reconsideración administrativa, sin embargo esta presentación no cumplió con el requisito de admisibilidad previsto en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, esto es, ser presentada dentro del plazo de 30 días de notificada.

Expone que la doctrina vigente de ese Servicio (al momento de emitirse la resolución recurrida) en materia de contabilizar el plazo para presentar una solicitud de reconsideración de multa administrativa es de 30 días corridos contados desde la notificación de la resolución que la aplicó.

Indica que los derechos fundamentales en los que se fundamenta el recurso en ningún caso se ven afectados por la dictación del Ordinario mencionado, toda vez que en virtud de la Circular N° 73 de 08/06/2010 de la Dirección del Trabajo, y según lo resuelto por la Contraloría General de la República en Dictamen N° 064985 de 20 de noviembre de 2009, el plazo que prevé el artículo 512 del Código del Trabajo es de 30 días corridos.

Agrega que con fecha 16 de octubre de 2018, la Contraloría General de la República, emitió el Dictamen N° 25.891, que dispone que: “De ello se sigue que resulta procedente complementar el citado artículo 512 con el inciso primero del artículo 25 de la ley № 19.880, acorde con el cual los plazos de días son de días hábiles, siendo inhábiles los sábados, los domingos y los festivos.

En consecuencia, cabe entender que el plazo previsto por el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles administrativos.

Reconsidérense los dictámenes №s. 64.985, de 2009; 85.946, de 2013, y 17.344, de 2014, como asimismo todo otro en contrario." La recurrida precisa que el mencionado Dictamen es posterior a la fecha de emisión del Ordinario N° 514, de 26 de octubre de 2018, que fundamenta la interposición de este recurso, cuestión relevante, ya que, al momento de emitir el ordinario recurrido, la Dirección del Trabajo debía seguir aplicando la doctrina vigente.

Expone que la recurrente sólo se limita a explicar en su presentación que su parte estaría efectuando un trato discriminatorio al momento de computar el plazo para presentar la reconsideración administrativa, vulnerando el N°2 del artículo 19, cuestión que no es efectiva, sin que se pueda divisar como podría verse conculcada esta garantía constitucional con el Ordinario recurrido, máxime, que aquel se genera en el contexto de la obligación de cumplir con la ley, sin perjuicio que la fiscalización se realizó, dentro de un procedimiento ajustado a derecho y en virtud de facultades expresamente conferidas por la ley, por lo que finaliza su informe solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña a su informe los siguientes documentos:

1. Copia de Ordinario № 514, de 26 de octubre de 2018, que declara la inadmisibilidad de la solicitud de reconsideración administrativa;

2. Resoluciones de multa N°8121/18/25 de 13 de julio de 2018, y el respectivo registro de notificación emitida por la Dirección del Trabajo; y, 3. Solicitud de Reconsideración Administrativa de la multa N° 8121/18/25, presentado por la empresa recurrente con fecha 20 de septiembre de 2018.

TERCERO: Que, para que proceda el recurso de protección se requiere que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional;

CUARTO: Que el acto que se califica como ilegal o arbitrario corresponde a la dictación del Ordinario N° 514, de 26 de octubre de 2018 emanado de la Inspección Provincial del Trabajo, el cual declaró inadmisible la solicitud de reconsideración de multa, presentada por el recurrente con fecha 20 de septiembre de 2018, en contra de la resolución de multa N° 8121/18/25, por haber sido presentada fuera de plazo.

QUINTO: Que, corresponde a estos sentenciadores, dilucidar si la reconsideración presentada por la recurrente ha resultado o no extemporánea conforme a los argumentos referidos por esta o, en su caso, si está bien rechazada por la autoridad, dado que se presentó fuera del plazo legal y consecuencialmente, si ha existido por parte de la recurrida una actuación arbitraria o ilegal y, por último, si aquella afecta la garantía constitucional invocada.

SEXTO: Que como lo ha resuelto reiteradamente la Excma. Corte Suprema, en los autos Roles N° 18414-2015 y 6956-2017, entre otros, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Ello se explica, según el máximo Tribunal, porque se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, toda vez que al existir un plazo “especial” como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil.

SEPTIMO: Que lo anterior también ha sido sostenido por Contraloría General de la República, en dictamen de 16 de octubre de 2018 –data anterior a la dictación del Ordinario N°514, acto cuestionado en la presente acción constitucional- en el que se concluye que el plazo del artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles administrativos, contexto en el que la reconsideración administrativa a la que concierne la presente acción cautelar fue presentada en tiempo.

OCTAVO: Que, atendido lo anteriormente expuesto, resulta ilegal la declaración de inadmisibilidad dictada por la recurrida, desde que la reconsideración en cuestión fue presentada en forma oportuna, vulnerando con ello la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, toda vez que se ha reducido respecto del actor el plazo que la ley contempla para la interposición del recurso de reconsideración.

NOVENO: Que la alegación formulada por la recurrida en su informe, relativa a que el recurso de protección no puede transformarse en un sustituto procesal en los casos en que la ley ha previsto un procedimiento especial, carece de pertinencia toda vez que este remedio procesal no descarta la viabilidad de otros arbitrios procesales posibles de ser ejercidos por el interesado.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Inversiones Mario Gonzalo Muñoz Cerda E.I.R.L., dejándose sin efecto la Resolución Ordinario N° 514, de 26 de octubre de 2018, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el actor respecto de la Resolución de Multa N° 8121/2018/25-1.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº 7219-2018 PRO Pronunciada por la Quinta Sala de la I. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señora María Teresa Letelier Ramírez, señora Adriana Sottovia Giménez y señora María Alejandra Pizarro Soto.