nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

CERTIFICO: Que se anunció, escuchó relación y alegó contra el recurso el postulante de la Corporación de Asistencia Judicial señor nombre reservado. San Miguel, 8 de junio de 2022. Mauricio Vergara Toro, Relator. (Hora de inicio 09:29 am. - hora de término 09:39 am).

San Miguel, ocho de junio de dos mil veintidós.

Proveyendo escrito folio 49477:

A lo principal: Téngase presente.

Al otrosí: A sus antecedentes.

Proveyendo escrito folio 49478: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Gabriel Halpern Mager, quien recurre de protección en favor de Righaly nombre reservado, de nacionalidad venezolana, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, continuador legal del Departamento de Extranjería y Migración, por no emitir pronunciamiento sobre su solicitud de regularización migratoria realizada el 24 de mayo de 2021; omisión arbitraria e ilegal que conculca la garantía fundamental de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente ingresó al país solicitando en tiempo y forma su Regularización Extraordinaria, con fecha 24 de mayo de 2021.

Afirma que, no obstante el largo tiempo transcurrido, su solicitud no ha sido concedida, pese a que, según la parte recurrente, cumple con todos los requisitos para ello.

Señala que en virtud de lo anterior no cuenta con un visado y documento de identidad vigente que les permita desarrollar su vida como constitucionalmente tiene derecho, en circunstancias que han transcurrido largamente los plazos legales en los que debió haber obtenido respuesta por parte de la autoridad.

Expresa que el acto recurrido tiene efectos permanentes, por lo cual la presente acción constitucional ha sido ejercida dentro de plazo. Sostiene que la omisión es arbitraria e ilegal toda vez que a la fecha de interposición de su recurso habían transcurrido casi un año sin que la autoridad administrativa se pronunciara sobre la solicitud formulada, actuar que infringe lo dispuesto en los artículos 4, 7, 8, 24, 27 y 64 de la ley 19.880.

Solicita que se acoja el presente recurso ordenando al recurrido pronunciarse hasta obtener efectivamente su cédula de identidad, con expresa condena en costas.

Segundo: Que informó al tenor del recurso Stephanie Pinto González, abogada del Servicio Nacional de Migraciones solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes por no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Indica que la recurrente nombre reservado solicitó regularizar su situación migratoria en virtud del Proceso de Regularización contemplado en el artículo 8° transitorio de la Ley 21.325, de esta manera mediante Resolución Exenta N° 21041833 de 24 de mayo de 2021 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se acogió a trámite la solicitud de regularización presentada por la extranjera.

Añade que en virtud de la misma resolución, se la tuvo por desistida de todo trámite pendiente en materia migratoria, y se otorgó permiso de trabajo mientras la postulación se encuentre en trámite.

Señala que el plazo establecido en la ley N°19.880, para dar resolución a un procedimiento administrativo, no corresponde a uno fatal para la Administración, según la jurisprudencia que cita, aclarando que la solicitud de regularización de la extranjera recurrente sigue la misma tramitación legal y reglamentaria que cualquier otro extranjero, no existiendo ninguna diferencia arbitraria ni ilegal, ya que se le ha dado curso progresivo, y se ha puesto a disposición de la actora el respectivo comprobante que acredita su residencia legal en el país.

Refiere que el artículo 38 de la Ley 21.325 expresamente señala que todos los extranjeros que ostenten un certificado de residencia en trámite vigente, como es en el caso de marras, son libres para entrar y salir del país, sin limitaciones, aun cuando el permiso de residencia que posea actualmente haya perdido su vigencia. Agregan que en virtud del artículo 45 de la Ley 21.325, los extranjeros residentes en Chile pueden acreditar su situación regular en el país si es que éstos poseen una cédula de identidad vigente.

Plantea que en tal contexto, no existe actualmente un acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de La República, y no existe por tanto perturbación alguna a los derechos del extranjero, toda vez que la solicitud del recurrente se encuentra actualmente en tramitación.

Solicita a esta Corte rechazar el recurso incoado con costas de la contraria.

Tercero: Que para analizar el asunto planteado por la presente vía, resulta conveniente consignar que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Cuarto: Que, por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario –o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Quinto: Que, acorde a lo anotado en la parte expositiva precedente, el recurrente tilda de ilegal y arbitraria la omisión del recurrido de pronunciarse acerca de su solicitud de regularización, y que fuera presentada el 24 de agosto de 2021, aduciendo que la autoridad administrativa no se había pronunciado hasta la fecha.

Sexto: Que si bien, en una primera mirada se advierte que la autoridad recurrida ha actuado dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones, no es posible soslayar la dilación evidenciada en los antecedentes en cuanto al pronunciamiento que le ha sido impetrado mediante la solicitud de regularización migratoria presentada por la recurrente, sin haber invocado, al informar, una razón justificada para ello, por lo que ha faltado al principio de celeridad que rige a los actos de la Administración, contexto que se traduce en una serie de eventuales perjuicios para el administrado –aquí la actora-, atendido que si bien el estado en trámite de su requerimiento lo habilita para residir legalmente en Chile, solo está en condiciones de ejercer los derechos que la propia normativa señala.

Séptimo: Que, en la forma señalada, la recurrida ha demorado en resolver la solicitud apartándose de los dictados del referido principio de celeridad de los procedimientos administrativos, así como del impulso que debido al mismo le corresponde ejercer, teniendo en cuenta que ha transcurrido 9 meses a la fecha, contados desde que el recurrente presentó su solicitud. Con lo anterior, ha resultado conculcado el tenor de lo dispuesto en el artículo 19, número 2, de la Constitución Política de la República, al mantener pendiente la solicitud del recurrente durante un tiempo ostensiblemente mayor al plazo general de seis meses estatuido en el artículo 27 de la Ley 19.880 a la Administración, razón por la que se hará lugar al recurso en el sentido que se dirá en lo dispositivo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de Righaly nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones, solo en cuanto se dispone que ésta repartición deberá emitir pronunciamiento definitivo sobre la solicitud planteada, dentro del plazo de sesenta días corridos contados desde que esta sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° 7206-2022 Protección.