nombre reservado con AFP PLANVITAL S.A.

San Miguel, veintisiete de mayo de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Elier Suárez Lugo, abogado, en representación de nombre reservado, venezolano, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario de haber rechazado su Solicitud de Retiro de Fondos para Extranjero presentada al amparo de la Ley N°18.156.

Señala que el 26 de enero de 2026 ingresó a través del portal web de la Administradora de Pensiones Plan Vital S.A., la solicitud de retiro de fondos previsionales, acompañando la documentación pertinente.

Refiere que el 2 de febrero del mismo año, recibió un correo electrónico por medio del cual se le indicó que su solicitud fue rechazada, debido a que el certificado de seguro social del Instituto Venezolano de Seguros Sociales no se encontraba apostillado ni legalizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Afirma que cumplió con los requisitos solicitados, salvo que por un caso fortuito no pudo cumplir con la apostilla de la constancia que acredita su afiliación al sistema venezolano, debido a la situación consular de Venezuela en Chile. No obstante, menciona que la constancia de afiliación de seguro social se encuentra vigente, emana de un organismo público y es verificable en la página web del Instituto mencionado.

Sostiene que el el rechazo de la solicitud carece de motivación suficiente y se funda en una interpretación restrictiva y formalista de los requisitos legales, en contravención del principio de juridicidad consagrado en el artículo 6° de la Constitución Política, y del artículo 11 de la Ley N°19.880, que exige que todo acto administrativo esté debidamente motivado y fundado en derecho. Y, además vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada.

Alude que en razón a la omisión patente de la AFP PLAN VITAL S.A. creó una alternativa Técnico-Jurídica que consistió en efectuar la verificación de los antecedentes plasmados en el portal digital de Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en el que se puede evidenciar la verificación del certificado de cotizaciones frente al vista de un ministro de fe o notario público el cual logra de primera mano garantizar la veracidad de los datos allí contenidos.

Argumenta que, desde una perspectiva jurídica y social, mientras el sistema de la Asociaciones de Fondos de Pensiones y la Superintendencia que regula la materia previsional, continúen operando bajo la lógica del mercado y subordinando los derechos del trabajador a intereses económicos, su diseño será incompatible con los valores y obligaciones que impone el principio Pro-Operario. El actuar de las AFP al oponerse, negar y/o rechazar el ejercicio de los derechos provisionales de los trabajadores, representa una vulneración directa a los principios fundamentales del derecho del trabajo, particularmente al Principio Protector el cual establece que, en caso de duda sobre interpretación de normas, debe preferirse aquella más favorable al trabajador.

Arguye que la Ley N°18.156 no impone el requisito de que los documentos se encuentren legalizados o apostillados y si el legislados hubiere pretendido incorporar más limitaciones o excepciones para el retiro de los fondos de pensión, lo hubiese establecido expresamente en la norma.

Solicita que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud, y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que nombre reservado, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., evacúa el informe, solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Informa que el 26 de enero, la recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales al amparo de la Ley 18.156 y la Administradora comunicó el rechazo el 2 de febrero de 2026 por la documentación acompañada consistente en “Constancia Electrónica de Cotizaciones y una “Declaración bajo de juramento”.

Afirma que conforme al Oficio Ordinario N°12.954 emitido el 15 de julio de 2025 por la Superintendencia de Pensiones, que responde a una consulta realizada por distintas administradoras de fondos, el Oficio señala que para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la ley 18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que efectivamente contó con cobertura por todos los riesgos exigidos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada, según las normas del Convenio de la Haya y el Código de Procedimiento Civil.

El mismo oficio continúa señalando la ineficacia de la constancia electrónica y declaraciones juradas indicando que, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero las certificaciones electrónicas que no hayan sido legalizadas o apostilladas ni contengan mención específica de los riesgos cubiertos. Asimismo, se establece que las declaraciones juradas del afiliado, incluso si están notariadas o apostilladas, no tienen valor probatorio suficiente para efectos previsionales, ya que, no emanan de la autoridad previsional competente del país de origen.

Cabe señalar que la Ley 18.156 es una norma de excepción y por tanto debe ser interpretada de forma restrictiva, aplicándose solo en el supuesto de que se cumplan todas las exigencias copulativas que establece. Esto es el cumplimiento de todos los requisitos copulativos exigidos por la Ley 18.156 y el Compendio de normas de la Superintendencia de Pensiones que son tres: a) Que detenten la calidad de "técnicos", a lo menos. b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y c) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Argumenta que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos previsionales no fue ilegal ni arbitraria y se funda en las normas legales que regulan la materia y especialmente en las normas administrativas impartidas por la Superintendencia de Pensiones. La aplicación de estas normas no es facultativa sino obligatoria para la Administradora de Fondos Plan Vital. Por otra parte, este rechazo no implica la pérdida del derecho a la solicitud de la devolución.

Hace referencia a que el recurso de protección no es la vía adecuada para conocer y resolver este asunto, puesto que existen otras vías ordinarias específicas fijadas por el legislador y la autoridad regulatoria para canalizar este tipo de solicitudes.

Tercero: Que, al tenor de lo solicitado, la Superintendencia de Pensiones, informa que el recurrente no registra presentaciones ante la Superintendencia respecto de solicitudes de devolución de fondos invocando la Ley 18.156 Sin perjuicio de ello sostiene que la ley N°18.156 que establece beneficios de exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales, es un régimen de excepción solo aplicable a trabajadores dependientes extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que además den cumplimiento a los requisitos copulativos indicados en el artículo 1° de la ley, por ello, las Administradoras de Fondos de Pensiones sólo pueden acceder a las solicitudes de los trabajadores extranjeros para obtener la devolución de sus cotizaciones previsionales o la exención de cotizar en el Sistema de Pensiones del D.L. N°3.500, de 1980, siempre y cuando los solicitantes acrediten haber cumplido los requisitos establecidos en las letras a) y b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156, de conformidad con la normativa aplicable en la especie y con la sistemática jurisprudencia administrativa de la Superintendencia.

Indica que de conformidad con el N°8 del artículo 47 de la ley N°20.255; el N°3 del artículo 94 del D.L. N°3.500, de 1980; y el literal i) del artículo 3° del D.F.L.

N°101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, le corresponde a la Superintendencia la interpretación administrativa de las normas del Sistema de Pensiones.

Refiere que es en el ejercicio de dicha facultad legal, que la Superintendencia ha emitido una serie de disposiciones, contenidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, y ha dictado la jurisprudencia administrativa para la correcta aplicación de la ley N°18.156 y, por ende, de la concesión de los beneficios excepcionales que otorga dicho cuerpo legal, de ese modo, su jurisprudencia administrativa ha resuelto que para acreditar el requisito de cobertura previsional en el extranjero del trabajador este debe aportar un certificado de cobertura otorgado por la embajada o consulado del país de origen, en el cual expresamente se indique que este ha sido extendido en representación de la Autoridad Competente de la Seguridad Social del país que corresponde y que acredite en forma específica que en el caso de que se trata el extranjero ha contado con un seguro durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile, con la protección para todos los riesgos indicados en el artículo 1° de la Ley 18.156, esto es, vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad.

Agrega que, en el caso de autos, acreditar el requisito de cobertura antes mencionado, el recurrente acompañó a su recurso de protección un certificado electrónico denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones”. Asimismo, dicho certificado emanado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales aportado por el recurrente no sirve para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero, ya que no se encuentra firmado por quien emite el documento, ni apostillado o legalizado. Además, dicho documento no señala las coberturas con que cuenta el recurrente, ni permite inferir un determinado período de cobertura, sino que se limita a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano.

Explica que mediante el oficio N°12.954, de fecha 17 de julio de 2025, esta Superintendencia, en respuesta a las consultas de AFP CUPRUM S.A. y UNO S.A respecto de la situación de los afiliados de nacionalidad venezolana, tras el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, impartió instrucciones a todas las Administradoras de Fondos de Pensiones, ratificando el criterio que tanto la Constancia Electrónica de Cotizaciones extendida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, así como, la declaración suscrita por el trabajador extranjero, no son documentos idóneo para acreditar el cumplimiento del citado requisito de cobertura previsional en el extranjero.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la leyó arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que la Ley N°18.156 establece una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N°16.744.

El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Sexto: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto.

En particular, mediante el Oficio Ord. N°13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Séptimo: Que, examinados los antecedentes presentados por el recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. En efecto, presentó una Constancia Electrónica de Cotizaciones, que no cuenta con una firma autorizada, ni tampoco cumple con el requisito de ser apostillada o legalizada; y una declaración Jurada que emana del propio trabajador y no de la Institución de Seguridad Social, lo que constituye un incumplimiento de los requisitos en la normativa vigente, para dar cumplimiento a la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, ya que esos documentos no permiten acreditar que la solicitante durante todo el tiempo que trabajó en Chile se encontraba cubierto por un sistema de seguridad social extranjero que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Octavo: Que, conforme lo que se viene razonando, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha por la parte recurrente consiste en decisiones adoptadas por la Administradora de Fondos de Pensiones en cumplimiento de la Ley N°18.156 y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, en el marco de sus facultades legales de fiscalización y regulación del sistema previsional. Tales instrucciones resultan vinculantes para las entidades fiscalizadas, entre ellas las AFP, de modo que estas se encuentran obligadas a ajustarse estrictamente a lo que dicha autoridad administrativa determine en el ejercicio de sus competencias.

En consecuencia, el proceder de la AFP recurrida se encuentra debidamente respaldado en normas administrativas obligatorias y el cumplimiento de tales directrices constituye un ejercicio legítimo de su función, lo que excluye la posibilidad de calificar su actuación como ilegal o arbitraria, lo que hace innecesario entrar a analizar la existencia de vulneración de algún derecho fundamental.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PLANVITAL S.A. Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N° 715-2026 Protección