nombre reservado con FISCO DE CHILE- CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO DE CHILE (EN REPRESENTACIÓN DEL RECURRIDO)

San Miguel, treinta y uno de agosto de dos mil veinte.

Vistos:

El 14 de julio de 2020, comparece don Andrés Felipe Cruz González, abogado, en representación de doña nombre reservado, profesora, quien deduce recurso de protección en contra del Fisco de Chile, representado por la presidenta del Consejo de Defensa del Estado doña nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en “la desvinculación de sus funciones como profesora a contrata en la Fuerza Aérea de Chile”, que vulnera las garantías de los numerales 1, 2, 3 inciso 5° y 16, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

La recurrida evacuó el informe solicitado.

Se trajeron los autos en relación.

Y teniendo presente:

Primero: Que el compareciente indica que el 15 de junio de 2020 su representada tomó conocimiento de la comunicación de desvinculación en sus funciones como profesora a contrata en la Fuerza Aérea de Chile a contar del 31 de octubre de 2020. Señala que comenzó a trabajar con el cargo de asesora docente a contrata en la Escuela de Aviación del Capitán Manuel Ávalos Prado de la Fuerza Aérea de Chile, a partir del 9 de febrero de 1999, permaneciendo en dicha repartición hasta el 1 de febrero del año 2014, de manera ininterrumpida, en virtud de su título universitario de profesora. Agrega que a partir del 1 de febrero de 2014 y hasta la fecha, se desempeña como asesora docente en la repartición Brigada Aérea, ubicada en la Base Aérea “Los Cóndores”, Escuela Táctica de Combate, de la comuna y ciudad de Iquique, Región de Tarapacá, en virtud de contratos sucesivos que se han renovado año tras año; su remuneración se paga conforme al sistema de remuneración de la modalidad semanal/mensual establecida en el artículo 174 del DFL 1 de las Fuerzas Armadas. Refiere que la actora contaba con una remuneración conforme a 42 horas de nombramiento, que se desglosa en: remuneración total, $3.517.416; sueldo líquido a pagar, $2.611.365; total haberes imponibles, $2.264.693.

Aduce que su representada se desempeñó en sus funciones por 21 años, siendo siempre calificada en lista 1, que es de mérito en las calificaciones de los miembros de la Fuerzas Armadas, según establece el artículo 76 del DFL N°1 de 1997. Indica que no obstante lo anterior, el 11 de junio del presente año se dictó un acto administrativo, singularizado como CP. D. RR.HH. DM. “R” N°15.090/71/03 Ejemplar 1, Hoja 1, emitido por el Comando de Personal de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, en la comuna de El Bosque, ciudad de Santiago, y firmado por el General de Aviación nombre reservado, Comandante del Comando de Personal, que señala: “Comunico a UD., que la Junta de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata, en su primer periodo de sesiones, luego de un análisis de su desempeño en el presente periodo de calificaciones, acordó bajar la nota del concepto 3 de 5.70 a 5.00, quedando con un promedio general de 5.65 manteniendo su clasificación en lista 1 (uno), y al mismo tiempo, cesar su nombramiento como profesor civil a contar del 01. OCT. 2020”. Asevera que en esta comunicación no se señalan fundamentos de hecho ni de derecho coherentes, para explicar el motivo de la desvinculación. Arguye que la Fuerza Aérea de Chile desvinculará a su representada, fundada en haberle bajado a penas siete décimas a su calificación en un ítem de la evaluación, no obstante que sigue siendo una calificación óptima y de lista 1. Precisa que la rebaja en la evaluación corresponde al punto N°3 del acta respectiva firmada por el Comandante de Escuadrilla Aérea nombre reservado, calificador directo de su representada, en el ítem que corresponde a “amonestaciones”, donde se señala: “25 may 2020. Con esta fecha se deja constancia de su error en la confección del documento que nombra a los profesores militares que debía ser mandado a la división de educación presentando errores y falta de datos en él, lo cual fue indicado por la DIVEDUC una vez recibido, se le insta a ser más precisa y asesorarse mejor antes de dar por lista la información que debe confeccionar”. Explica que la amonestación aplicada fue por el hecho de cometer errores en la elaboración de los actos administrativos de nombramiento (renovación de contratos) del resto de los profesores a contrata, sin embargo, dicha función no está especificada dentro de sus funciones, contenidas en el artículo 132 del “Reglamento de evaluación de los aprendizajes en los cursos de vuelo y en misiones operacionales”, ya que dentro de sus funciones está participar dentro de los procesos de selección de profesores conforme a la función N°10 de dicho artículo, pero no la de elaborar los contratos de profesores, sólo la de seleccionar; de lo que se desprende que la amonestación se encuentra mal aplicada. Agrega que incluso en la hipótesis de estar bien aplicada la amonestación, ésta no significa una disminución importante en su calificación, ya que aún en ese escenario su calificación corresponde a la lista 1, de mérito, careciendo de lógica y justificación la desvinculación.

Hace presente que su representada tuvo un nombramiento con vigencia del 1 de enero del año en curso hasta el 30 de junio del mismo año, y continuó cumpliendo funciones posteriores al 30 de junio, lo que da cuenta de la prórroga tácita del contrato, por lo que carece de lógica la desvinculación en el mes de octubre, ya que el contrato al menos debiese tener una vigencia hasta el día 31 de diciembre del presente año; porque recibió un correo posterior a la comunicación de desvinculación donde se la instaba a aceptar el cargo de asesora docente a partir del 1 de julio de 2020 y con vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2020.

Cita jurisprudencia en relación a las sucesivas contrataciones que derivan en contrato indefinido, concluyendo que un funcionario público a contrata por más de dos años, posterior a la segunda renovación de contrato, adquiere carácter indefinido, obteniendo un derecho indubitado respecto a la estabilidad y permanencia en el empleo público de un funcionario a contrata, lo que deriva de analizar los principios de confianza legítima en el empleo, que se desprende del artículo 89 del Estatuto Administrativo, y en el que tanto la Excma. Corte Suprema, como la Contraloría General de la República, son contestes. Expone que, en este sentido, al ser indefinido el contrato de trabajo de su patrocinada, para ser desvinculada debe ceñirse a las causales señaladas en el artículo 146 de la ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo; lo que no ocurre en la especie. Tampoco existe la destitución, ya que la sanción de amonestación escrita aplicada a su patrocinada no es causal de destitución en virtud del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1997 y el artículo 125 del Estatuto Administrativo.

Añade que lo anterior, ha producido en su representada un estado de angustia y baja anímica, presentando un trastorno del ánimo, en específico “un cuadro de ansiedad generalizada con funciones cognitivas interferidas”, cuyo origen es de tipo laboral y que se ha acrecentado en el último mes debido a su desvinculación, al sentirse desechada por la institución a la que le brindó una vida entera, y siente que su dignidad profesional como docente y sus estudios de postgrado, han sido mancillados.

Expresa que el acto administrativo de comunicación de desvinculación de 11 de junio de 2020 es ilegal, por cuanto es contrario a los artículos 10 y 89 de la ley 18.834, porque debiera a lo menos existir causa justificada para despedir a su representada, situación que no acontece; asimismo se vulnera el artículo 11 de la ley 19.880, por la falta de fundamentación jurídica y de derecho. Por otro lado, se infringe el artículo 76 del DFL N°1 de 1997, porque su representada tuvo una calificación que seguía siendo lista 1, es decir “muy buena”, lo que es contradictorio con un cese de las funciones; y también, se infringe el artículo 1545 del Código Civil, al desconocer la Administración la naturaleza indefinida del contrato de trabajo que liga al funcionario público con la institución a lo menos hasta el 31 de diciembre del año 2020. Por último, se infringe el artículo 146 de la ley 18.834, porque al tener carácter indefinido el contrato y en virtud de la naturaleza supletoria del Estatuto Administrativo en la regulación de los contratos de los profesores civiles de las instituciones armadas, aplicable a su representada en su calidad de “asesora docente”, se infiere que para poner término al contrato es menester fundar el acto administrativo de desvinculación en alguna de las causales de la disposición aludida, lo que no ocurre en la especie.

Por otra parte, aduce que la decisión es arbitraria, porque responde al mero capricho de la autoridad administrativa, toda vez que no contiene el fundamento de derecho que lleva a la desvinculación, que exige el artículo 11 de la ley 19.880, y porque el contrato es de carácter indefinido.

En cuanto a las garantías infringidas señala que el acto ilegal y/o arbitrario vulnera las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 números 1, 2, 3, 16 y 24, esto es, integridad psíquica, igualdad ante la ley, prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, libertad de trabajo y derecho de propiedad. El derecho a igualdad ante la ley, porque el acto recurrido establece una diferencia arbitraria en el igual tratamiento que debe adoptarse para un funcionario público en iguales condiciones. El derecho a la libertad de trabajo, entendiendo por ella la posibilidad de continuar ejerciendo las funciones como asesora docente a contrata de la Fuerza Aérea de Chile. El derecho de propiedad, porque su representada ha trabajado de manera continua e ininterrumpida en calidad funcionaria pública “a contrata” desde el 9 de febrero de 1999 hasta la fecha, es decir su contrato de trabajo fue renovado por 21 veces, al menos, en otras palabras, todo funcionario público tiene derecho a la estabilidad en el empleo, que implica la estabilidad en su permanencia en las funciones. El derecho a la integridad psíquica de su patrocinada, porque ha sufrido daños emocionales, que han derivado en trastornos del ánimo. Finalmente, se vulnera la garantía de prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, toda vez que el Comando de Personal que pronuncia el acto administrativo, emite un pronunciamiento (juzgamiento) en el cual sin establecer un parámetro claro y sin procedimiento racional y justo, toma una decisión antojadiza, carente de lógica, poniendo fin al contrato de trabajo de su representada, sin señalar la causa legal de la desvinculación, comportándose como un tribunal especial, no establecido previamente por el legislador.

Por último, pide que se ordene a la recurrida que deje sin efecto la desvinculación de sus funciones como asesora docente a contrata en la Fuerza Aérea de Chile, de su representada, que la reintegre a sus funciones con el reintegro de sus remuneraciones conforme al nombramiento celebrado el 27 de diciembre de 2019, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: Acto Administrativo N° CP.D.RR.HH.DM. “R” N° 15.090/71/03 Ejemplar 1, Hoja 1, emitido por el Comando de Personal de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, y firmado por el General de Aviación don nombre reservado, Comandante del Comando de Personal, de 11 de junio de 2020; Acta de Calificación, firmada por el Comandante de Escuadrilla Aérea don nombre reservado; liquidación de sueldo de la actora, del mes de abril de 2020; Resolución Administrativa: “Proceso Nombramiento del Personal Docente en la Institución año 2020” numeración: DIV.RR.HH.DIYR. R N°34.006/18; copia del artículo 132 del “Reglamento de evaluación de los aprendizajes en los cursos de vuelo y en misiones operacionales”; certificado médico de la clínica Tarapacá, firmado por la médico nombre reservado, de 9 de julio de 2020; Acto Administrativo de nombramiento de 9 febrero de 1999.

Segundo: Que, evacuando el informe requerido, el 12 de agosto pasado, don nombre reservado, Abogado Procurador Fiscal de San Miguel, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile - Fuerza Aérea de Chile, solicita que se rechace el recurso.

Señala, en primer lugar, el marco normativo del personal a contrata, conforme a lo dispuesto en los artículos 1° del Decreto con Fuerza de Ley (G) N° 1 de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, que contiene disposiciones que regulan la vinculación jurídica entre el Estado y el personal de las Fuerzas Armadas, desde el ingreso a estas instituciones hasta el término de la carrera profesional. Según dispone el artículo 3° del mismo decreto, el Personal a Contrata es aquel que desempeña un empleo de carácter transitorio, cuyo nombramiento se efectúa para satisfacer necesidades institucionales. En el mismo sentido, el artículo 7°, inciso segundo, de la ley 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, establece que los nombramientos, ascensos y retiros de los empleados civiles y personal a contrata se efectuarán por resolución del respectivo Comandante en Jefe Institucional. Añade que este Estatuto contempla las causales de término de la relación institucional con el personal a contrata, en el artículo 254, entre éstas, “el término anticipado del contrato” procede en caso que las funciones de este personal dejen de ser necesarias, que su permanencia sea perjudicial para el servicio o afecte a la disciplina, al orden, a la conveniencia del servicio o su calificación sea insuficiente. También procede en los casos de salud incompatible con el servicio.

Por otra parte, hace presente que el artículo 101 del referido D.F.L. (G) N° 1, de 1997, solamente establece el proceso clasificatorio, y la facultad de las Juntas Clasificatorias de proponer el término anticipado regulado en el artículo 254 del Estatuto, sin que dicha proposición sea vinculante.

Afirma que examinada la situación de la recurrente, en el presente caso no se ha puesto término a su contrata, sino que se trata de la proposición de una medida en el contexto del funcionamiento de las Juntas de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata de la Fuerza Aérea, previstas en el D.F.L. (G) N° 1, de 1997, cuyo artículo 101 permite proponer el término anticipado de un contratado, dentro las particulares normas de funcionamiento de las mismas, las que luego del análisis de los antecedentes del funcionario y de las necesidades del servicio, condujeron a proponer el cese de funciones anticipado de la recurrente. Indica que no se trata de actos desmotivados, por el contrario, el procedimiento empleado por las Juntas de Selección en sus diferentes periodos, las obliga a obtener la información necesaria para formarse un juicio acertado de cada caso que estudien (artículo 104 del citado D.F.L.); por otra parte, el hecho de que la recurrente haya podido expresar en su recurso de reconsideración los argumentos apropiados para su defensa y que dicha Junta haya deliberado sobre el mismo y se haya notificado el resultado de dicha deliberación a la afectada, da cuenta que la determinación de proponer el término anticipado de sus funciones no obedeció a una decisión arbitraria o irreflexiva, sino a una decisión razonada y motivada de un organismo colegiado, advirtiéndose que la recurrente renunció tácitamente, en su proceso de calificaciones, a la posibilidad de deducir en contra de la decisión adoptada por la Junta de Selección el recurso de apelación contemplado en el artículo 106 del señalado Estatuto, el que hubiera sido conocido y resuelto por la Junta de Apelaciones, órgano colegiado distinto a la Junta de Selección e integrado por diferentes miembros, regulado en los artículos 110 y siguientes del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. Expone que la proposición acordada por la mencionada Junta, aún no ha sido aceptada y, por lo tanto, tampoco ha sido materializada por el Comandante del Comando de Personal, correspondiendo tal acuerdo a una mera propuesta que la autoridad, en conformidad a lo dispuesto en el mencionado artículo 101, podrá eventualmente aceptar o rechazar, no siendo vinculante para ella, por tanto, no se ha recurrido contra un acto terminal. Arguye que la facultad de poner término anticipado de una contrata es una facultad discrecional del Director del Personal o Comandante del Comando de Personal, por aplicación del artículo 253 del referido Estatuto.

Argumenta que no resultan aplicables los artículos 89, 125 y 149 del Estatuto Administrativo, invocados por el recurrente, ya que la regulación del Personal a Contrata de las Fuerzas Armadas establecida en el D.F.L. N° 1, de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, Capítulos VI y VII, denominados “De los derechos del personal” y “Otros derechos del personal”, respectivamente, no contempla disposiciones tendientes a garantizar la estabilidad en el empleo, en los términos expresados por el Estatuto Administrativo. Por otra parte, tampoco son aplicables las causales de cesación del cargo contempladas en los artículos 125 y 146 del Estatuto Administrativo al personal a contrata de las Fuerzas Armadas, por cuanto el D.F.L. N° 1 de 1997, en su Capítulo VIII denominado “De la cesación de funciones”, artículo 254 complementado por el 101, regula las causales de cesación de funciones aplicables a este personal. Refiere la naturaleza jurídica del personal a contrata designado como profesor civil, conforme con lo dispuesto en los artículos 3° letra b), 20, 174 y 175 del D.F.L. (G) N° 1 de 1997, y artículos 56 del DNL-350, Reglamento de Educación de las Fuerzas Armadas, que establece que el nombramiento de los profesores civiles se hará por resolución del respectivo Comandante en Jefe Institucional, facultad que se encuentra delegada actualmente en el Comandante del Comando de Personal.

A continuación, indica el marco legal aplicable al proceso de calificaciones del personal a contrata de las Fuerzas Armadas, que es sometido anualmente al proceso de calificaciones, regulado por las normas de la ley 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, y en el D.F.L. (G) N° 1, de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. Al efecto, cita los artículos 24 y 26 de la ley 18.948, que indican que el desempeño del personal se evaluará, anualmente, a través de un sistema de calificaciones que considerará el rendimiento y la capacidad para el ejercicio de sus funciones; y que las Juntas de Selección y Apelación de las Fuerzas Armadas son soberanas en cuanto a las apreciaciones que emitan sobre la idoneidad, eficiencia profesional y condiciones personales de los calificados; y los artículos 75, 97, 101 del D.F.L. (G) N° 1 de 1997, que señalan las atribuciones de las Juntas de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata, en su primer período de sesiones, específicamente el artículo 101, previene como facultad adicional de las Juntas: “…proponer el término anticipado del nombramiento a contrata o su no renovación, como resultado del proceso de calificación y selección”. Añade que el artículo 86 del mismo cuerpo legal, otorga competencia a la autoridad de cada una de las ramas castrenses para regular la materia, estableciendo que las modalidades de detalle para la aplicación de las presentes disposiciones sobre calificación, estarán contenidas en la respectiva reglamentación institucional. Consecuente con ello, el Reglamento del Proceso de Calificaciones y Evaluación del Desempeño del Personal de la Fuerza Aérea de Chile, aprobado por Resolución N° E-0418, de 29 de mayo de 2015, de la Comandancia en Jefe Institucional, establece las disposiciones y procedimiento del sistema de calificaciones. Dicho Reglamento establece los conceptos que debe contener la Apreciación Global, que forma parte de la Hoja de Calificaciones de acuerdo a la categoría funcionaria del personal y grado, considerando cualidades personales, intelectuales, profesionales, de mando, militares y área de desempeño, de conformidad con las exigencias propias que plantea el desempeño en las Fuerzas Armadas y que emanan de la Constitución Política de la República, de la ley 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, del D.F.L. (G) N° 1, de 1997 y el Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Amadas, sin perjuicio de las normas particulares en materia penal establecidas en el Código de Justicia Militar. En consecuencia, asevera que como puede apreciarse de las mencionadas normas legales, el proceso calificatorio del Personal de las Fuerzas Armadas dista de ser arbitrario, ya que existe un respeto irrestricto al principio de contrariedad, de recopilación de antecedentes, contemplando, incluso, una fase recursiva, que busca eliminar cualquier atisbo de arbitrariedad.

Enseguida alude a la naturaleza de las decisiones de las Juntas de Selección de las Fuerzas Armadas, indicando que según el artículo 87 del D.F.L. (G) N° 1, de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, las Juntas de Selección son cuerpos colegiados, que se reúnen, anualmente, para cumplir los cometidos que les asignan la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y el citado Estatuto. Por su parte, el artículo 88 del mismo cuerpo legal, agrega que habrá Juntas de Selección de Oficiales, del Personal del Cuadro Permanente y de Gente de Mar y de Tropa Profesional, de Empleados Civiles y Personal a Contrata, las que se convocarán y constituirán en los períodos que la Institución determine para cada una de ellas. Añade en relación a las decisiones que adoptan dichas Juntas, que de conformidad con el artículo 26 de la ley 18.948, las Juntas de Selección y Apelación de las Fuerzas Armadas son soberanas en cuanto a las apreciaciones que emitan sobre la idoneidad, eficiencia profesional y condiciones personales de los calificados, no correspondiendo a otros organismos ajenos a las respectivas instituciones castrenses la revisión de los fundamentos de sus decisiones. Señala que los Tribunales de Justicia y la Contraloría General de la República han resuelto en este mismo sentido.

Expresa los antecedentes funcionarios de la recurrente, indicando que fue nombrada como Personal a Contrata, Profesor Civil, para desempeñarse como asesora docente en la Escuela de Aviación, a contar del 01 de abril de 1999 y hasta el 31 de diciembre de 1999, mediante Resolución de la Fuerza Aérea de Chile N° (P)-222, de fecha 08 de abril de 1999. Seguidamente, mediante sucesivos nombramientos continuó su contratación como Profesor Civil, y a partir del año 2014 hasta la fecha, se desempeñó en la I-Brigada Aérea, con asiento en la ciudad de Iquique; materializándose su designación por el período comprendido entre el 01 de enero de 2019 y diciembre de 2019, en la Resolución N° 140/821/18, de 27 de noviembre de 2018 del Comando de Personal; por el lapso de 6 meses, con una jornada de 42 horas semanales, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2020, mediante Resolución RA N° 140/419/20, de 13 de abril de 2020 del Comando de Personal; y por Resolución RA N° 140/713/2020, de 12 de junio de 2020, del Comando de Personal, se prorrogaron sus servicios por el período comprendido entre el 01 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, con la misma jornada de 42 horas semanales. No obstante lo anterior, con motivo del proceso de calificaciones correspondiente al período 2019-2020, la recurrente fue notificada el 15 de junio de 2020 del acuerdo adoptado por la Junta de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata de la Fuerza Aérea de Chile, en su primer período de sesiones, en orden a bajar la nota del concepto N° 3 de 5.70 a 5.00, quedando con un promedio general de 5.65, manteniendo su clasificación en lista 1, pero, proponiéndose el término anticipado de su nombramiento a contrata, cesando su designación como Profesor Civil, a contar del 01 de octubre de 2020. Explica que de conformidad con las disposiciones de la ley 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, y del D.F.L. (G) N° 1 de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea de Chile desarrolló el proceso anual de calificaciones correspondiente a los Empleados Civiles y Personal a Contrata del período 2019-2020, proceso en que fue propuesta por su Calificador Directo para ser clasificada en Lista N° 1, con un promedio general de notas de 5.83, tomando conocimiento de dicha calificación mediante carta certificada despachada a su domicilio con fecha 01 de junio de 2020, sin interponer recurso alguno en su contra. A continuación, la Junta de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata, en su primer período de sesiones y luego de un análisis del desempeño de la recurrente acordó bajar la nota del concepto 3 “Cumplimiento del deber” de 5.70 a 5.00, quedando con un promedio general de 5.65, manteniendo su clasificación en lista N° 1; asimismo, acordó proponer el cese de su nombramiento como Profesor Civil, a contar del 01 de octubre de 2020, decisión que le fue comunicada mediante Oficio CP.D.RR.HH.DM N° 15090/71/03, de 11 de junio de 2020, del Comandante del Comando de Personal, al igual que según el artículo 105 del citado D.F.L. (G) N° 1 de 1997, podía presentar recurso de reconsideración en el plazo de 5 días hábiles a contar de dicha notificación. El 17 de junio de 2020, la recurrente presentó un recurso de reconsideración ante la H. Junta de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata, instancia en la que, en su nombre reservado de Sesiones, acordó no acogerlo, manteniendo el acuerdo adoptado en el primer periodo de sesiones, decisión que le fue comunicada mediante el Oficio CP.D.RR.HH.DM "R" N° 116561/189/03, de 02 de julio de 2020, del Comandante del Comando de Personal, informándosele a través de ese documento que según el artículo 106 del D.F.L. (G) N° 1 de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, podía presentar recurso de apelación, en el plazo de 5 días hábiles a contar de la notificación, tomando conocimiento de ello bajo firma, expresando que apelaría a la decisión. Sin perjuicio de lo anterior, la recurrente no ejerció el derecho de apelar, quedando firme y ejecutoriado el acuerdo adoptado.

En este sentido, refiere que el acuerdo adoptado por la Junta de Selección, es una decisión enmarcada en un proceso administrativo especialmente reglado en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, con instancias de impugnación aplicables a dicho procedimiento, el cual resulta independiente a la resolución que en su oportunidad deba asumir el Comandante del Comando de Personal, en orden a aceptar la propuesta de poner término anticipado de las funciones de un funcionario, acto administrativo que a la fecha no ha sido materializado.

En cuanto a la medida disciplinaria impuesta a la recurrente, alude a los artículos 79 y 80, inciso quinto, del D.F.L. (G) N° 1 de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, referidos a la hoja de vida del personal, e indica que en la Hoja de Vida de la recurrente consta una medida disciplinaria de Amonestación, estampada el 25 de mayo de 2020 por su Calificador Directo, en los siguientes términos: “Con esta fecha se deja constancia de su error en la confección del documento que nombra a los profesores militares que debía ser mandado a la División de Educación, presentando errores y falta de datos en él, lo cual fue indicado por la DIVEDUC una vez recibido. Se le insta a ser más precisa y asesorarse mejor antes de dar por lista la información que debe confeccionar”; medida que fue notificada a la afectada el 31 de mayo de 2020, declarándose conforme con ella, sin deducir recursos en contra dicha sanción, quedando firme y ejecutoria, siendo uno de los elementos de juicio que la Junta de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata tuvo a la vista, para adoptar el acuerdo en relación a la situación personal de la funcionaria. Alega la falta de oportunidad de la reclamación de la medida disciplinaria, al pretender impugnar la referida sanción a través de la acción cautelar, lo que constituye un error, dado que el recurso es extemporáneo, y porque al momento de comunicársele la referida medida, la recurrente pudo impugnarla de conformidad con las instancias recursivas contempladas en el Reglamento de Disciplina para las Fuerzas Armadas, DNL-911, específicamente reconsideración y posterior reclamación, establecidas en los artículos 78 y siguientes.

Respecto de la prórroga de la designación como personal a contrata de la recurrente mediante Resolución Exenta RA N° 140/419/2020, de 13 de abril de 2020, señala que la funcionaria aceptó las condiciones, bajo firma, con fecha 31 de diciembre de 2019, mediante suscripción del documento denominado “Declaración de aceptación de cargo”, sin formular reproche alguno, por lo que cualquier reclamo resultaría extemporáneo. Posteriormente, mediante Mensaje Aéreo DIV.RR.HH.DIYR “R” N° 1389/13868/18, de 26 de mayo de 2020, la División de Recursos Humanos del Comando de Personal, solicitó a la Unidad donde presta servicios la funcionaria, la documentación necesaria para tramitar la prórroga de su contrata en el cargo docente por 42 horas semanales, a contar del 01 de julio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020; suscribiendo la recurrente el documento denominado “Declaración de aceptación de cargo”, el 10 de junio de 2020, por el que aceptó las condiciones de la prórroga de su nombramiento para el período comprendido entre el 01 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, materializándose en la Resolución Exenta RA N° 140/713/2020, de 12 de junio de 2020, del Comando de Personal. Por lo anterior, señala que no hubo una prórroga tácita del nombramiento de los servicios de la funcionaria a partir del 01 de julio de 2020, sino mediante la tramitación de un acto administrativo.

En relación a la supuesta contradicción de la fecha de término anticipado propuesta por la Junta de Selección en una época en que la funcionaria se encontraría prestando servicios en la Institución, aclara que el acuerdo adoptado por la Junta de Selección respecto de la recurrente, conforme lo dispuesto en el artículo 101 del DFL “G” N° 1, no es vinculante para la autoridad, sino que únicamente un propuesta que esta última puede aceptar o rechazar.

En cuanto a la aplicación del principio de la confianza legítima en la Administración del Estado, menciona el Dictamen N° 17.783 de 2019 de la Contraloría General de la República, y los Dictámenes Nos. 6.400 de 2018 y 22.766 de 2016, respecto de lo que ha señalado la Contraloría en relación con las atribuciones de la autoridad en materia de no renovación, renovación en condiciones diversas y el término anticipado del nombramiento, esto es, que si de manera constante y reiterada un organismo de la Administración del Estado ha requerido los servicios personales de un funcionario a través de designaciones a contrata, esto hace suponer que salvo que medie una razón plausible, la última designación a contrata que el funcionario sirvió será renovada, ya sea en una contrata anual o por varias parciales que abarquen toda la anualidad siguiente, mientras no exista interrupción entre una designación y la siguiente, expectativa que se genera a partir de la segunda renovación. Indica que en este contexto, la decisión de la autoridad debe efectuarse a través de un acto administrativo, que debe contener la decisión formal adoptada y los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta la decisión, es decir, se debe tratar de una decisión motivada, para lo cual y a modo ejemplar, ese mismo órgano contralor ha considerado como fundamento suficiente la evaluación de la calificación del funcionario, como señala en el Dictamen N° 6.400 de 2018. Arguye que la misma jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República ha señalado que la aplicación del principio de la confianza legítima en este caso, no afecta las facultades que tienen las pertinentes autoridades en torno a las contratas, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el término anticipado de las mismas en caso de existir disposiciones legales que lo permitan. Adicionalmente, el órgano contralor ha estimado que respecto a reclamos por vicios de legalidad del acto administrativo que dispuso la no renovación, la renovación en otros términos o el término anticipado de la contrata, los funcionarios tendrán un plazo de 10 días hábiles para realizar la reclamación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 160 del Estatuto Administrativo y de Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales, que corresponde aplicar supletoriamente al personal que se rige por el D.F.L. (G) N° 1 de 1997, porque éste no contiene disposición alguna que establezca un plazo para deducir las impugnaciones en contra de las decisiones de la autoridad ante ese Ente de Control. Concluye que los nombramientos efectuados a la recurrente sufrieron modificaciones para el año 2020, ya que fueron realizados por períodos de tiempo menor a una anualidad, lo que se determinó de acuerdo a las necesidades educacionales, manteniendo el número de horas asignadas; modificación que fue comunicada a la recurrente, produciéndose en esa oportunidad la instancia para impugnar la legalidad de dichas modificaciones ante la Contraloría General de la República, lo que no hizo, habiendo precluido su derecho para impugnar dicho acto administrativo en sede administrativa. Tampoco interpuso recurso de protección, ni ejerció otras acciones judiciales destinadas a impugnar la decisión de la autoridad en orden a modificar su nombramiento como profesor, dentro de los plazos correspondientes, precluyendo también su derecho a impugnar en sede jurisdiccional las posibles ilegalidades, arbitrariedades o perjuicios que eventualmente le hubieren sido ocasionados.

Alega que no resulta procedente invocar el principio de la confianza legítima respecto de la decisión de la Junta de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata, que en su primer período de sesiones acordó modificar la calificación y lista de clasificación de la recurrente y proponer el cese de su nombramiento como profesor civil a partir del 01 de octubre de 2020, toda vez que dicha decisión se encuentra debidamente fundamentada de acuerdo a las atribuciones que la ley entrega a dicho órgano colegiado, en consideración a que el acto administrativo que disponga el término anticipado del nombramiento del recurrente como personal a contrata aún no se ha dictado.

Sostiene la inexistencia tanto de un acto u omisión arbitrario o ilegal, como de afectación de los derechos fundamentales invocados por la recurrente, pues no se ha amenazado, privado o perturbado sus derechos ni garantías constitucionales. En lo referente a la presunta infracción de la garantía de igualdad ante la ley, señala que no existe infracción alguna, por cuanto el acuerdo y la decisión adoptada por la Junta de Selección fue ejercida de la misma manera que para el resto del Personal a Contrata que se encontraba en similares condiciones que la recurrente, en el marco del proceso de calificaciones. En lo que concierne a la presunta vulneración de la garantía constitucional relacionada con la libertad de trabajo, expresa que no se advierte de qué manera las consecuencias del acuerdo adoptado por la Junta de Selección, en orden a proponer el término anticipado de su contratación, podrían constituir una privación, perturbación o amenaza a su libertad de trabajo, habida consideración que la propuesta de cese de funciones aún no ha sido materializado por la autoridad competente. En cuanto a la presunta infracción del derecho de propiedad, manifiesta que tampoco puede entenderse afectada la propiedad sobre su empleo, puesto que la estabilidad del mismo se encuentra garantizada mientras no concurra alguna de las causales legales de terminación, como ha sido propuesto en el caso de autos. En lo que se refiere al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, señala que no se advierte de qué forma el acuerdo adoptado por la Junta de Selección podría infringir esta garantía, toda vez que de acuerdo al antecedente médico de 09 de julio de 2020, da cuenta que la funcionaria se encuentra en control médico hace aproximadamente 1 año por sufrir cuadros recurrentes de ansiedad generalizada, lo que no permite establecer que su condición médica actual se encontraría motivada por la comunicación de la decisión recurrida. Por último, en lo concerniente a la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, reitera que la Junta de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata es un órgano contemplado en la ley, convocado y conformado para los fines que la misma ley establece, la que en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 101 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, acordó proponer el término anticipado del nombramiento a contrata de la recurrente como resultado del proceso de calificación y selección, el cual fue realizado de conformidad a la ley y a la normativa institucional. En consecuencia, asevera que lo obrado por la Junta de Selección constituye un acto legítimo en el ejercicio de la facultad contemplada en los artículos 26 de la Ley N°18.948 y 97 letra b) del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, sin que exista reparo sobre la legalidad y/o ausencia de razonabilidad de dicha actuación administrativa.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Minuta de Servicios N° 1253/2020, de 21 de julio de 2020, de la recurrente; 2.- copia del documento denominado “Declaración de aceptación de cargo”, de 31 de diciembre de 2019, suscrito por la recurrente; 3.- copia de la Resolución Exenta RA N° 140/419/2020, de 13 de abril de 2020, que designa a contrata a la profesora civil recurrente, para el período 01 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, por 42 horas semanales; 4.- copia del documento denominado “Declaración de aceptación de cargo”, de 10 de junio de 2020, suscrito por la recurrente; 5.- copia de la Resolución Exenta RA N° 140/713/2020, de 12 de junio de 2020, que prorroga contrata a la profesora civil recurrente, para el período 01 de julio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, por 42 horas semanales; 6.- copia de la Hoja de Calificaciones y Hoja de Vida de la recurrente, correspondiente al período 2019-2020, donde consta la sanción disciplinaria impuesta; 7.- copia del comprobante de Correos de Chile número de envío 1176244580673, de la notificación de la calificación anual; 8.- copia del Oficio CP.D.RR.HH.DM. “R” N° 15090/71/03, de 11 de junio de 2020, del Comando de Personal, que notificó el acuerdo de la Junta de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata en su primer período de sesiones a la recurrente; 9.- copia del Recurso de Reconsideración interpuesto el 17 de junio de 2020, por la recurrente ante la Junta del Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata; 10.- copia del Oficio CP.D.RR.HH.DM. “R” N° 16561/189/03, de 02 de julio de 2020, del Comando de Personal, que notificó el acuerdo de la Junta de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata, en orden a rechazar el recurso de reconsideración deducido; 11.- copia de la Liquidación de Remuneraciones de la recurrente, correspondiente al mes de julio de 2020.

Tercero: Que, en primer término, cabe recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, sea en grado de privación, perturbación o amenaza, determinadas garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas de resguardo conducentes a lograr que cese el acto u omisión arbitrario o ilegal, que impida, amague o moleste el ejercicio de tales garantías.

Por consiguiente, constituyen presupuestos indispensables de la acción cautelar de protección la existencia de la acción u omisión reprochada, la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión, que provoque un atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que como se advierte del recurso, lo que se reprocha a la recurrida es el acto administrativo consistente en Ejemplar 1, Hoja 1, CP.D.RR.HH.DM. “R” N°15.090/71/03, de 11 de junio de 2020, del Comandante del Comando de Personal de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, don nombre reservado, que comunica a la recurrente, profesora civil doña nombre reservado 1ª Brigada Aérea, el acuerdo de la Junta de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata en su primer período de sesiones, que señala: “I.- Comunico a UD., que la Junta de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata, en su primer período de sesiones, luego de un análisis de su desempeño en el presente período de calificaciones, acordó bajar la nota del concepto 3 de 5.70 a 5.00, quedando con un promedio general de 5.65, manteniendo su clasificación en lista 1 (uno), y al mismo tiempo, cesar su nombramiento como Profesor Civil a contar del 01.OCT.2020”.

Quinto: Que para dilucidar la controversia, se debe tener presente que la relación laboral existente entre las partes está regulada en la ley 18.948, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, cuyo párrafo 3° del Título II, se refiere a “las calificaciones”. En lo pertinente, el inciso primero del artículo 24(25), dispone: “El desempeño del personal se evaluará, anualmente, a través de un sistema de calificaciones que considerará el rendimiento y la capacidad para el ejercicio de sus funciones, basándose para ello en los conceptos contenidos en las correspondientes hojas de vida”. A su vez, el artículo 26(27), en sus incisos primero a sexto, previene: “En cada Institución se convocarán y constituirán, anualmente, Juntas de Selección, ordinarias o extraordinarias, conformadas por Oficiales, para el conocimiento, estudio y valorización de las calificaciones del personal, elaboración de las listas de clasificación, formación del Escalafón de Complemento y la Lista Anual de retiros y consideración de las solicitudes de reincorporación” (inciso primero); “Estas mismas Juntas podrán establecer bases de selección de aquellos que serán propuestos para el ascenso al grado jerárquico superior u otorgar el respectivo pase de ascenso, cuando corresponda” (inciso segundo); “Se convocarán y constituirán, además, Juntas de Apelación, conformadas por Oficiales Generales o por Oficiales Superiores y Jefes, según corresponda” (inciso tercero); “La Junta de Apelación para Oficiales será presidida por cada Comandante en Jefe y estará conformada exclusivamente por Oficiales Generales de la respectiva Institución” (inciso cuarto); “Las Juntas de Selección y Apelación de las Fuerzas Armadas son soberanas en cuanto a las apreciaciones que emiten sobre la idoneidad, eficiencia profesional y condiciones personales de los calificados, no correspondiendo a otros organismos ajenos a las respectivas instituciones castrenses la revisión de los fundamentos de sus decisiones” (inciso quinto); y “Las sesiones y actas de las Juntas serán secretas” (el inciso sexto). A su turno, el artículo 27(28), previene: “Al término del proceso de calificación, el personal será clasificado, de conformidad con la ley, en Listas que reflejen su capacidad y rendimiento”.

Sexto: Que por su parte, el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1997, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, en su artículo 68 previene: “Para ascender al grado superior, los empleados civiles deberán estar clasificados en Lista N° 1 o 2. Con todo, para alcanzar el grado máximo de su escalafón deberán haber sido clasificados en el último año en Lista N° 1”.

El artículo 75 agrega: “El sistema de calificaciones tendrá por objeto evaluar el desempeño funcionario del personal afecto a este estatuto, de acuerdo con las características de su empleo, el grado jerárquico, su especialidad y exigencias del respectivo cargo.

Las calificaciones servirán de base para resolver la permanencia, la eliminación del servicio o la prórroga del respectivo contrato cuando corresponda, como asimismo, para determinar la procedencia de los ascensos, mandos, destinaciones o comisiones del personal.

Serán elementos básicos del sistema de calificaciones, la hoja de vida, la hoja de calificación y la clasificación del personal”.

A su turno, el artículo 76 establece: “El personal deberá ser clasificado en alguna de las siguientes listas:

a) Lista N° 1 Muy Buena b) Lista N° 2 Normal c) Lista N° 3 Condicional d) Lista N° 4 Deficiente.

El personal clasificado en Lista N° 4 y el clasificado por segunda vez consecutiva en Lista N° 3, que no se encuentre comprendido dentro de las excepciones legales que consagra este Estatuto, deberá necesariamente ser eliminado del servicio”.

Además, el artículo 77 dispone: “El sistema de calificaciones será aplicable a todo el personal, incluido el personal a contrata y el personal a jornal, con excepción de los Oficiales Generales quienes estarán exentos de este proceso…”. El artículo 85 añade “Corresponderá a las Direcciones del Personal o Comando de Personal de cada Institución la responsabilidad del sistema de calificaciones del personal, como asimismo la custodia y archivo de sus hojas de vida y calificaciones durante su permanencia en actividad y hasta cinco años después de su retiro o fallecimiento. Transcurrido este plazo, estos documentos serán archivados en conformidad a las disposiciones que rijan para cada Institución”. Por último, el artículo 101 establece: “Serán atribuciones de las Juntas de Selección de empleados civiles y personal a contrata las contenidas en las letras a), b), c), d) y g) del artículo 97. Asimismo, estas Juntas podrán proponer el término anticipado del nombramiento a contrata o su no renovación, como resultado del proceso de calificación y selección”.

Séptimo: Que de los antecedentes aportados por las partes y la normativa reseñada precedentemente, es posible establecer que:

a).- la resolución impugnada contiene el acuerdo de la Junta de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata, en su primer período de sesiones correspondiente al proceso de calificación 2019-2020, respecto de la actora, de “bajar la nota del concepto 3 de 5.70 a 5.00, quedando con un promedio general de 5.65, manteniendo su clasificación en lista 1 (uno)”, y al mismo tiempo, “cesar su nombramiento como Profesor Civil a contar del 01.OCT.2020”;

b).- el mencionado acuerdo fue comunicado a la recurrente a través del Oficio CP.D.RR.HH.DM “R” N° 15.090/71/03 de 11 de junio de 2020, del Comandante del Comando de Personal de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, del que tomó conocimiento el 15 de junio de 2020;

c).- contra el referido acto administrativo, el 17 de ese mismo mes, la recurrente interpuso reconsideración, según el artículo 105 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, tanto respecto del acuerdo de la Junta de bajar su nota del concepto “cumplimiento del deber”, como del de “cesar su nombramiento”; recurso que fue rechazado por la Junta de Selección y comunicado a la actora el 2 de julio pasado;

d).- el presente recurso de protección se dirige contra la parte del acuerdo de la Junta de Selección, de “cesar su nombramiento como Profesor Civil a contar del 01.OCT.2020”, que corresponde, según explicó la recurrida en su informe, a proponer a la autoridad correspondiente el término anticipado del nombramiento a contrata o su no renovación, a partir del 1 de octubre de 2020, conforme a la atribución que el artículo 101 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, otorga a la mencionada Junta;

e).- el acuerdo adoptado por la Junta de Selección tuvo en consideración “el análisis de su desempeño en el primer período de calificaciones”, que emana de la Hoja de Vida funcionaria de la actora, entre otros, conforme lo dispone el artículo 75 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas;

f).- el acta de notificación a la actora acompañada al recurso, contiene el detalle de las notas y las opiniones de conjunto del calificador directo y superior correspondientes, en el período 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020, lo que es concordante con los antecedentes que registra su Hoja de Vida, acompañada por la recurrida. Las anotaciones son las siguientes:

1.- Apreciación de conjunto de calificador directo: CDE (A) nombre reservado: “La PRC nombre reservado ha demostrado preocupación para con el proceso de adaptación y aprendizaje de los alumnos del Curso Táctico de Combate, usando las herramientas profesionales que su experiencia le otorga para lograr mejores resultados en su desempeño. Ha sabido asesorar de buena manera en la mayoría de las veces en temas específicos de los procesos educacionales de la Escuela Táctica. Debe cuidar su salud para así buscar mayor presencia en la Unidad una vez que se levante la restricción al grupo de riesgo que pertenece, debido al COVID-19”. Propuesta para Lista 1.

2.- Opinión del calificador superior: CDG (A) nombre reservado: “La PRC nombre reservado durante este período de calificación ha demostrado su compromiso con el plan de estudio y programa de vuelo del Curso Táctico de Combate aportando con su conocimiento a los diferentes procesos y requerimientos educacionales. Por otra parte, debe ser más acuciosa en la entrega de la información que saldrá de la unidad sobre todo considerando que ya se sabía cómo efectuar el proceso administrativo de nombramientos de profesores. Destacó su entrega y preocupación para la mejora continua de los procesos educativos de los alumnos”.

3.- Anotaciones relevantes. Amonestación. Fecha 25 de mayo de 2020. “Con esta fecha se deja constancia de su error en la confección del documento que nombra a los profesores militares que debía ser mandado a la División de Educación, presentando errores y falta de datos en él, lo cual fue indicado por la DIVEDUC una vez recibido. Se le insta a ser más precisa y asesorarse mejor antes de dar por lista la información que debe confeccionar”. Esta medida fue notificada personalmente a la recurrente con fecha 31 de mayo de 2020, quien se declaró conforme;

g).- que la actora ha prestado servicios en el cargo de asesora docente a contrata a la Fuerza Aérea de Chile a partir del 9 de febrero de 1999 a la fecha, en virtud de contratos sucesivos que se han renovado año a año. En el proceso de nombramiento para el año 2020, de los profesores civiles que se desempeñan como asesores docentes, la actora conjuntamente con otros profesores fue nombrada desde el 1 de enero al 30 de junio de 2020, cargo que aceptó el 31 de diciembre de 2019; y por resolución de 12 de junio de 2020, se prorrogó su contrata junto a la de otros profesores, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2020, cargo que también aceptó.

Octavo: Que de esta manera, cabe concluir que el acuerdo adoptado por la Junta de Selección de Empleados Civiles y Personal a Contrata, descrito con anterioridad, corresponde a una decisión enmarcada en un proceso administrativo, especialmente reglado en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, con instancias de impugnación. Del mismo modo, se debe concluir que el referido acuerdo es una propuesta no vinculante para la autoridad facultada para determinar el cese en las funciones del personal a contrata por la causal de término anticipado del contrato, causal que en todo caso debe ser fundada de acuerdo con lo previsto en el inciso final del artículo 254 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, de manera que el eventual acto administrativo que pueda asumir el Comandante del Comando de Personal debe ser suficientemente motivado, registrado en la Contraloría General de República e impugnable mediante los recursos administrativos previstos al efecto.

Noveno: Que en este contexto, sin perjuicio de parecer excesiva o carente de fundamentación la recomendación efectuada por la Junta de Selección, considerando especialmente que pese a la imposición de una medida disciplinaria en su contra, en su hoja de vida también registraba felicitaciones durante el mismo período y fue calificada en lista 1 “muy buena”, al configurar sólo una recomendación no vinculante para la autoridad superior, el acuerdo de la Junta de Selección no tiene la idoneidad suficiente para amagar las garantías constitucionales que se denuncian como vulneradas.

A mayor abundamiento, en atención al mérito de los antecedentes aportados por la parte recurrida, de los que aparece que por Resolución Exenta RA N° 140/713/2020 de 12 de junio de 2020, del Comandante del Comando de Personal de la Fuerza Aérea de Chile, se prorrogó el nombramiento de la actora como asesora docente a contrata hasta el 31 de diciembre de 2020, permiten colegir que la propuesta de la Junta de Selección fue desestimada por la autoridad pertinente.

Décimo: Que en estas condiciones, el recurso de protección intentado no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto el 14 de julio de 2020 en representación de doña nombre reservado, contra del Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado.

Redacción de la ministra señora María Catalina González Torres.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

N° 7.080-2020 PROTECCIÓN.