nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE PAINE

San Miguel, veinticinco de abril de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, ingeniera comercial, domiciliada en domicilio reservado, para interponer recurso de protección en contra de la Municipalidad de Paine, representada por su alcalde don Rodrigo Contreras Gutiérrez, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la actuaciones ilegales y arbitrarias consistentes en la dictación del Decreto Alcaldicio N°5154 de 2 de septiembre de 2024, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución y cuya reposición fue denegada mediante Decreto Alcaldicio N° 5325 de 12 de septiembre de 2024, por cuanto constituyen una perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías fundamentales consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, a saber: el debido proceso (N°3); igualdad y no discriminación (N°2); el derecho a la integridad física y psíquica (N° 1) y, el derecho de propiedad (N°24).

Expone que se desempeñó como Directora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Paine desde agosto de 2019, y que al tomar conocimiento de una denuncia efectuada por una funcionaria de su dependencia, efectuada en su contra ante la Contraloría Regional Metropolitana, por presunto acoso laboral, solicitó a su superior investigar la existencia de eventuales infracciones administrativas, instruyéndose mediante Decreto Alcaldicio N°908 de 3 de marzo de 2022 una investigación sumaria, la que fue elevada a sumario administrativo mediante Decreto N°4423 de 4 de octubre de 2022.

Relata que el 29 de septiembre de 2022 fue suspendida preventivamente de sus funciones mientras se tramitaba el sumario, medida que se prolongó hasta el 8 de noviembre de 2022 y, sin existir nuevos antecedentes que justificasen, esta cautelar fue repuesta en julio de 2024, cuando se reincorporó a sus funciones después de haber hecho uso de sus licencias médicas por diversos motivos (salud mental, permiso maternal y fractura ósea), acotando que con la segunda suspensión se le privó del 50 % de su remuneración, a contar de septiembre de 2024 hasta enero de 2025.

Indica que mediante la Resolución N°32 de 21 de noviembre de 2022 se le formularon los siguientes cargos -que reproduce- que en síntesis son: 1) Faltar a la obligación prevista en el artículo 58 letra c) de la Ley 18.883. 2) Faltar a la obligación prevista en el artículo 55 letra g) de la Ley 18.883. 3) Faltar a la obligación especial de los jefes de unidades prevista en el artículo 61 letra c) de la Ley 18.883. 4) Faltar a la prohibición consagrada en el artículo 82 letra m) de la Ley 18.883.

En relación a este último cargo, se indica que “..en su condición de Directora de la Dirección de Recursos Humanos incurrió en actos constitutivos de acoso laboral en contra de las funcionarias nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, señalándose las conductas concretas, específicas y determinadas que le atribuyen y las pruebas con que se tienen por acreditadas, que transcribe.

Refiere que por Decreto Alcaldicio N°5154 de 2 de septiembre de 2024 se ordenó su destitución, decisión respecto de la cual dedujo reposición, solicitando dejar sin efecto dicha resolución alcaldicia por “carecer de sustento fáctico y jurídico y, en subsidio, declarar la ineficacia de la resolución impugnada por haberse dictado fuera de los plazos establecidos en el Estatuto Administrativo Municipal y en la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, ordenando mi reincorporación inmediata con todos los derechos y beneficios inherentes a mi función, incluyendo el pago de remuneraciones dejadas de percibir durante el periodo de destitución.”; reposición que fue rechazada mediante Decreto Alcaldicio N°5325 de 12 de septiembre de 2024, el que le fue notificado el 31 de enero de 2025.

Alega que pese que le imputaron diversas infracciones a sus deberes funcionarios, la destitución se fundamentó únicamente en una falta grave a la probidad, derivada de actos calificados como acoso laboral, omitiendo el decreto alcaldicio toda explicación sobre el descarte de las demás infracciones incluidas en la formulación de cargos, lo que importa una falta de motivación y una decisión carente de justificación racional.

Sostiene que las imputaciones formuladas se basan únicamente en comentarios, juicios y afirmaciones infundadas que no fueron corroborados con evidencia documental o testigos imparciales y que, por el contrario, probó que eran injustificadas, y “aún en caso de que hubieran llegado a ser efectivas, no ameritan la aplicación de una medida de máxima gravedad como lo es la destitución”. Agrega que los comentarios atribuidos fueron sacados de contexto y que parte de las conductas reprochadas se enmarcan dentro del “ejercicio legítimo de las atribuciones de dirección y control”, propias de su cargo de directora de Recursos Humanos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° del Estatuto Administrativo Municipal.

Argumenta que la imputación de acoso y maltrato laboral formulada en su contra adolece de una interpretación descontextualizada de los hechos, lo que conlleva una distorsión de su verdadero significado normativo y fáctico. Arguye que la vaguedad e imprecisión de los cargos formulados unido a la insuficiencia probatoria y a la omisión de las circunstancias atenuantes y la falta de proporcionalidad de la sanción evidencian una clara desviación del principio de legalidad y del debido proceso.

Señala que existe una serie de inconsistencias entre los antecedentes del sumario administrativo y lo afirmado en la resolución impugnada, tales como: 1) que no aportó pruebas ni alegaciones eficaces destinadas a controvertir los cargos, lo que en su concepto importa invertir la carga de la prueba, vulnerando el principio de inocencia; 2) el sumario se basa en denuncias carentes de precisión y detalle, sin que permitan configurar de manera inequívoca las conductas de acoso laboral imputadas, dificultando tal falta de especificidad el derecho de defensa; 3) consta en el sumario que aportó numerosas pruebas destinadas a desvirtuar los cargos; 4) la resolución impugnada omite analizar y ponderar dichos elementos exculpatorios, sin justificar su desestimación; 5) la prueba de cargo se basa en declaraciones de los funcionarios denunciantes, lo que resta credibilidad e imparcialidad a sus dichos. Por ello, estima que la resolución impugnada adolece de vicios en su motivación y valoración probatoria.

Refiere que los actos imputados no constituyen acoso laboral de conformidad a la legislación vigente a la época de los hechos, pues “no han sido conductas reiteradas, ni han tenido el propósito de menoscabar la dignidad de los supuestos afectados o de crear un ambiente hostil o intimidatorio, como tampoco, dado su naturaleza, resultan idóneas y eficaces para producir tales resultados.”, realizando sus descargos respecto a las conductas que se le atribuyen: sobrecarga de trabajo; privación de asignación del artículo 45 de la Ley 19.378 a una funcionaria; solicitud de directrices al médico tratante de una funcionaria al regreso de su licencia médica; petición de informes el viernes al término de la jornada; petición de malla curricular de estudios y contactos de ex jefes; no asignación de tareas y falta de directrices; existencia de trabajo atrasado al regreso de vacaciones de una funcionaria; control intenso del trabajo; cambio de funciones y traslado; interacciones con otros miembros del equipo.

Asimismo, alega que la segunda suspensión preventiva aplicada en julio de 2024 carecía de fundamentos nuevos y se tradujo en la reducción del 50% de sus remuneraciones, afectando gravemente su estabilidad económica.

En cuanto a las garantías constitucionales invocadas, afirma que se vulneró su derecho a un justo y racional procedimiento (artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental) por la prolongación excesiva del sumario, la indefensión probatoria y la falta de motivación del acto sancionatorio.

En tal sentido, invoca el “decaimiento del procedimiento”, el que se extendió injustificadamente por más de dos años, contraviniendo los principios de celeridad y eficacia contenidos en la Ley N°19.880 y el Estatuto Administrativo Municipal.

Afirma que se vulneró su derecho a defensa durante la tramitación del sumario, por cuanto se le impidió acceder a medios de prueba relevantes, como correos electrónicos institucionales, los que no pudo obtener por encontrarse suspendida o con licencia médica, imponiéndole cargas económicas excesivas al cobrarle por las copias del expediente, las que además se entregaron en forma tardía.

Sostiene que la falta de motivación de las resoluciones de destitución y de la reposición vulnera su derecho a una resolución fundada; reiterando las contradicciones que existen -en su concepto- entre la prueba rendida en el sumario y los razonamientos de tales resoluciones.

Alega que las resoluciones sancionatorias omiten considerar circunstancias atenuantes que justificarían una sanción menos gravosa, citando dictámenes al efecto.

Cuestiona la falta de proporcionalidad de la medida impuesta, lo que vulnera el principio de proporcionalidad inherente al debido proceso, citando al efecto jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Contraloría General de la República.

Argumenta que en caso de destitución se debe exigir un mayor estándar probatorio que el alcanzado en el sumario administrativo, citando dictámenes al efecto.

Alega, además, la transgresión de la igualdad ante la ley y no discriminación (artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental), al recibir un trato diferenciado respecto de otros funcionarios implicados en hechos similares que no fueron sancionados, y cuyo comportamiento fue tratado con indulgencia por parte de la jefatura.

Asimismo, considera vulnerado su derecho de propiedad (artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental) sobre su cargo, al haber sido privada de él, primero al ser suspendida y luego destituida, sin que se justificara adecuadamente la medida.

De igual modo, estima que se vulneró su derecho a la integridad física y psíquica (artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República), por cuanto la medida de destitución precedida por una suspensión injustificada le ocasionó un grave menoscabo a su salud mental, debiendo acceder a tratamiento psicológico durante su embarazo y aún se encuentra en terapia.

En síntesis, la recurrente impugna el acto de destitución por considerarlo ilegal, arbitrario y desproporcionado, al no haberse acreditado fehacientemente el acoso laboral imputado, ni respetado los principios del debido proceso, de legalidad, y de motivación de los actos administrativos, configurando una afectación múltiple de sus derechos fundamentales.

Por todo lo anterior, pide: a) se declaren infringidas por la recurrida las garantías constitucionales señaladas; b) que, como consecuencia de lo anterior, se adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la tutela de todos los derechos fundamentales amenazados y vulnerados, poniendo fin a los actos ilegales descritos con antelación; c) se ordene a la municipalidad recurrida anular o dejar sin efecto el procedimiento iniciado en su contra, con mención expresa de que se han vulnerado sus derechos fundamentales, restableciéndola en su cargo de directora de Recursos Humanos, con todos los derechos y beneficios inherentes a su función, incluyendo el pago de remuneraciones dejadas de percibir durante el período de suspensión y de destitución y; d) se ordene a la municipalidad recurrida, adoptar todas las medidas tendientes a asegurar el ejercicio de los derechos vulnerados.

Segundo: Que el abogado Pablo Gutiérrez Muñoz en representación de la Municipalidad de Paine al informar el presente recurso, solicita su rechazo.

Sostiene que la destitución de la ex Directora de Recursos Humanos fue el resultado de un procedimiento disciplinario legal, motivado y plenamente fundado en derecho; toda vez que el sumario administrativo fue instruido por autoridad competente, conforme al Reglamento Interno y a la legislación vigente, que permitió establecer de manera fehaciente la responsabilidad administrativa de la funcionaria, específicamente por incurrir en una infracción grave al principio de probidad, sancionada por el artículo 8° de la Constitución Política de la República, la Ley N° 18.575 y el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. En ese contexto, afirma que las denuncias por acoso laboral fueron debidamente acreditadas a través de medios probatorios que constan en más de 800 fojas, descartando cualquier vulneración al debido proceso.

Objeta la coherencia del recurso de protección, señalando que existe una incongruencia entre el acto que la recurrente pretende impugnar y la fundamentación jurídica que ofrece. Mientras en la parte petitoria solicita la nulidad del procedimiento sumarial, en el cuerpo del recurso centra su impugnación en los decretos alcaldicios que dispusieron su destitución, generando con ello una falta de congruencia que afectaría la admisibilidad del recurso.

Además, afirma que la acción constitucional es extemporánea, ya que fue interpuesta fuera de los plazos legales establecidos, tomando como base las fechas en que la recurrente fue notificada de los actos administrativos cuestionados.

Plantea que el recurso de protección no es la vía idónea para revisar el fondo de un sumario administrativo, pues su objetivo no es reemplazar las instancias propias del procedimiento disciplinario, ni convertirse en una instancia revisora del mérito de los actos administrativos. A su juicio, aceptar dicha tesis convertiría esta acción cautelar en una instancia de apelación paralela, desnaturalizando su finalidad.

En esa misma línea, sostiene que no hay ilegalidad ni arbitrariedad en los actos impugnados, toda vez que fueron dictados dentro del marco legal aplicable, respetando los principios de legalidad, competencia, fundamentación y debido proceso.

Defiende la legalidad de la suspensión preventiva aplicada a la recurrente, señalando que fue necesaria para resguardar la objetividad del proceso, permitiendo la declaración libre y espontánea de funcionarios bajo su dependencia.

Respecto de la disminución de remuneraciones durante dicho período, aclara que su fundamento se encuentra en la normativa vigente, y que la estabilidad en el empleo no es un derecho absoluto, sino una expectativa sujeta al cumplimiento de los deberes y prohibiciones funcionarias.

En relación con la duración del procedimiento, argumenta que la extensión del sumario obedeció a razones objetivas y justificadas, tales como la complejidad del caso, la pluralidad de personas involucradas, la dificultad de ubicar a ex funcionarios, y las múltiples licencias médicas presentadas por la sumariada, que totalizaron más de 400 días. Además, hace presente que las restricciones derivadas del proceso electoral impidieron la notificación oportuna del decreto de destitución, conforme a la normativa aplicable a los municipios en periodo de elecciones.

En cuanto a la falta de pronunciamiento de la Contraloría General de la República respecto de las denuncias formuladas por la recurrente, la entidad indica que no consta que ésta haya ejercido dicha instancia en ningún momento del procedimiento, lo que contradice su actual pretensión de denunciar discriminación y trato arbitrario.

En cuanto a las garantías constitucionales invocadas, niega haber vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley, al debido proceso, la propiedad o la integridad psíquica de la recurrente. Señala que todas las etapas del sumario se ajustaron al marco legal, que la sanción aplicada fue la única procedente frente a una falta grave a la probidad administrativa, y que la recurrente tuvo la oportunidad de ejercer su defensa en cada momento del proceso.

Finalmente, recalca que el recurso de protección no constituye el mecanismo adecuado para controvertir la legalidad de un sumario administrativo concluido conforme a derecho, y solicita el rechazo de la acción intentada por carecer de fundamento jurídico y fáctico.

Tercero: Que, por su parte, la Contraloría General de la República, al referirse al procedimiento seguido en la destitución de doña nombre reservado, aclaró que los actos administrativos que afectan al personal municipal, conforme al artículo 53 de la Ley N° 18.695, están exentos del trámite de toma de razón y, en cambio, deben ser registrados en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER Registro Electrónico Municipal).

Refiere, en ese contexto, que la Municipalidad de Paine efectivamente registró electrónicamente el Decreto Alcaldicio N°5.325 de 12 de septiembre de 2024, mediante el cual se aplicó la medida disciplinaria de destitución a la funcionaria, y posteriormente el Registro Exento N° 45.638, de 27 de septiembre de 2024 correspondiente al cese de funciones y su inhabilidad.

Explica que este trámite de registro constituye una mera anotación material, no implica un control preventivo de legalidad del acto, por lo que la validez y eficacia del decreto de destitución no depende del registro, sino de su notificación al afectado; interpretación que ha sido sostenida reiteradamente por la jurisprudencia administrativa del órgano contralor y dictámenes N° 46.174 de 2007 y 21.093 de 2015.

Agrega que revisados sus registros institucionales, no figura presentación alguna realizada por doña nombre reservado durante los años 2024 y 2025 ante la Contraloría General en relación con el sumario administrativo que concluyó con su destitución, lo que descarta que haya hecho uso del mecanismo de control administrativo ante este organismo.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley- o, arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, en suma, la controversia se centra en la calificación de los hechos denunciados ante la insuficiencia de la prueba y la proporcionalidad de la sanción en ausencia de antecedentes disciplinarios previos por parte de la funcionaria destituida.

Sexto: Que realizado un examen de los antecedentes de la causa en el sistema informático, necesario es tener presente las siguientes circunstancias fácticas:

a) la recurrente se desempeñaba como Directora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Paine.

b) que a raíz de un oficio recibido de la Contraloría General de la República dando cuenta de la denuncia por acoso laboral efectuada ante dicho órgano, por parte de una funcionaria municipal en contra de la recurrente, en su calidad de Directora de Recursos Humanos, se inició una investigación sumaria para esclarecer los hechos denunciados.

c) que durante dicha investigación, otras cuatro funcionarias municipales que se desempeñaban bajo la subordinación de la recurrente, realizaron denuncias por acoso laboral en contra de aquella, elevándose la investigación a sumario administrativo mediante el decreto respectivo.

d) que luego de investigar tales denuncias, recibir declaraciones de las denunciantes, denunciada, testigos y documental, el fiscal instructor formuló en contra de la recurrente, en su calidad de directora de Recursos Humanos, los siguientes cargos:

i) Faltar a la obligación prevista en el artículo 58, letra c) de la Ley 18.883: “Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficacia, contribuyendo a materializar los objetivos de la Municipalidad”.

ii) Faltar a la obligación prevista en el artículo 58, letra g) de la Ley 18.883: “Observar estrictamente el principio de la probidad administrativa regulado por la Ley N°18.575 y demás disposiciones especiales.”

iii) Faltar a la obligación especial de los jefes de unidades, prevista en el artículo 61, letra c), de la Ley N°18.883: “Desempeñar sus funciones con ecuanimidad y de acuerdo a instrucciones claras y objetivas de general aplicación, velando permanentemente para que las condiciones de trabajo permitan una actuación eficiente de los funcionarios.”

iv) Faltar a la prohibición establecida en el artículo 82, letra m) de la Ley N° 18.883: “Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo.”

e) Luego de la notificación a la recurrente, de recibir una nueva declaración de ésta, de recibir sus descargos y abrir un término probatorio para recibir los testigos ofrecidos por ella, se dictó la resolución recurrida, Decreto N° 5154/2024 el 2 de septiembre de 2024.

f) Dicho Decreto N° 5154/2024 en su parte resolutiva decide aplicar la medida disciplinaria de Destitución a la Sra. nombre reservado, en el cargo nominado de Directora de la Dirección de Recursos Humanos, “por cuanto los cargos que le fueron formulados se encuentran plenamente acreditados, constituyendo estos una transgresión grave al principio de probidad administrativa, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 144, letra d), en relación con el inciso segundo del artículo 123, ambos de la Ley N°18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.”

g) La recurrente interpuso el recurso administrativo de reposición respecto de la antedicha decisión, que fue rechazado mediante la dictación del Decreto N°5325/2024 de 12 de septiembre de 2024, notificado a la recurrente el 31 de enero de 2025.

Séptimo: Que del análisis de los antecedentes de la causa es posible advertir que la resolución por la cual se impuso la medida de destitución y la del rechazo de la reposición interpuesta a su respecto, fueron dictadas por el órgano competente en el ámbito de sus atribuciones, después de haberse realizado un sumario administrativo en contra de la recurrente por conductas que, en lo global, dicen relación con la vulneración del principio de la probidad administrativa en el ejercicio de su cargo de dirección respecto de cinco funcionarias que desarrollaban sus labores bajo su subordinación; sumario que se llevó a efecto respetando el debido proceso, el derecho a defensa y la fundamentación de las decisiones, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 18.883, que en lo pertinente indica: “Título V. “De la Responsabilidad Administrativa”. Artículo 118: El empleado que infringiere sus obligaciones o deberes funcionarios podrá ser objeto de anotaciones de demérito en su hoja de vida o de medidas disciplinarias.

Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativas cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada, mediante investigación sumaria o sumario administrativo, cuyos procedimientos deberán sujetarse a los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género..”

Octavo: Que respecto al “decaimiento del procedimiento” alegado por la recurrente, fundado en la extensa duración del sumario administrativo, cabe señalar que, si bien la tramitación del proceso sancionatorio excedió los plazos establecidos en la ley, tal circunstancia no es de la eficacia suficiente para restar mérito a dicho sumario, pues dichos plazos no son fatales para la administración, siendo atendibles las explicaciones expuestas en ambas resoluciones al respecto, a saber, que el sumario consta de más de 800 fojas, la existencia de cinco denunciantes, la dificultad de ubicar a ex funcionarios, las licencias médicas de la denunciada (por salud mental, permiso maternal y fractura ósea ) y el impedimento de aplicar la medida disciplinaria de destitución a un funcionario en periodos electorales, sin perjuicio de lo cual, la recurrente pudo ejercer los recursos respectivos para solicitar el cierre del sumario; razones por las cuales tal alegación será desestimada.

De igual modo, durante el sumario administrativo, la recurrente prestó declaración en más de una oportunidad, realizó sus descargos, ofreció prueba, le fueron proveídos en forma oportuna sus escritos, sin que el cobro por las fotocopias -alegado por la recurrente- importe una merma a su derecho de defensa.

No es efectivo que la resolución impugnada solo se pronuncie respecto del quinto cargo formulado, esto es, acoso laboral (artículo 82 letra m) de la Ley N°18.883), pues de la simple lectura tanto del decreto que impuso la medida de destitución como del que rechazó la reposición se observa que dicha medida se aplicó en virtud de los cinco cargos formulados en contra de la recurrente por ser constitutivos de una grave vulneración al principio de la probidad administrativa que debe regir el actuar de un funcionario de la Administración Pública, máxime si su cargo es de jefatura, principio establecido en el artículo 52 de la Ley 18.575.

Es del caso señalar que la resolución recurrida a lo largo de sus veintinueve considerandos se pronuncia respecto de cada cargo formulado, describe los hechos en que se fundan, las normas infringidas en cada caso, realizando un análisis en conjunto, al constituir cada conducta infractora en sí, una grave falta al citado principio de probidad administrativa, explicitándose las razones fácticas, jurídicas y doctrinarias que permitieron dar por establecido el actuar infractor de la recurrente respecto de dichos cargos y que justifican la aplicación de la sanción de mayor gravedad.

De igual modo, en cuanto a la alegación de la recurrente, respecto a la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta atendida la entidad de los hechos, no es posible advertir que la recurrida haya incurrido en arbitrariedad al imponer la sanción de destitución, toda vez que dicha sanción se fundamenta en la prueba rendida en el sumario administrativo instruido a raíz de la denuncia efectuada por cinco funcionarias que estaban bajo la subordinación de la recurrente en su calidad de directora de Recursos Humanos, como se constata en la resolución recurrida; reiterando que dicho sumario se llevó a efecto respetando el debido proceso.

En tal sentido, debe tenerse presente que de conformidad a la normativa vigente, la medida disciplinaria de destitución es la única sanción aplicable tratándose de falta de probidad administrativa y, en particular, además, si se trata de acoso laboral establecido en el artículo 82 letra m) de la Ley 18.883.

En efecto, el inciso segundo del artículo 123 de la Ley N°18.883 señala, en lo pertinente: “La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos: c) infringir lo dispuesto en las letras l) y m) del artículo 82”.

De igual modo, la resolución recurrida no incurre en ilegalidad al no considerar circunstancias atenuantes al momento de aplicar la sanción, ya que por tratarse de conductas constitutivas de falta de probidad administrativa y acoso laboral, expresamente la Ley N°18.883 establece que no procede considerar dicha atenuante, según prescribe su artículo 120: “Los funcionarios podrán ser objeto de las siguientes medidas disciplinarias: d) Destitución”. “..Las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes”. “Se considerara circunstancia atenuante la cooperación eficaz..“ “La circunstancia atenuante prevista en este artículo no se aplicará en los siguientes casos: 1. Cuando solo resultare procedente la medida disciplinaria de destitución, de conformidad a lo establecido en el artículo 123.”, motivos por los cuales no se observa la infracción denunciada.

Por último, encontrándose la resolución recurrida debidamente expedida por la autoridad competente en el ámbito de sus facultades administrativas, fundada, acorde con la normativa aplicable al caso, solo cabe concluir que no existe vulneración al debido proceso y derecho a defensa, como tampoco a las garantías establecidas en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sin que por lo demás exista un mayor desarrollo a su respecto.

Noveno: Que se rechaza la alegación de la recurrida en cuanto a la extemporaneidad del recurso, por cuanto la fecha de notificación del Decreto N° 5325/2024 que rechaza el recurso de reposición administrativa a la recurrente se entiende realizada el 31 de enero de 2025, por lo que la presente acción constitucional fue interpuesta dentro de plazo.

Décimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, menester es señalar que la presente acción constitucional no es la vía idónea para solicitar la revisión de medidas disciplinarias adoptadas en sumarios administrativos, pues el control que se ejerce por esta vía no está destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones realizadas por el órgano administrativo, pues se trata de una acción cautelar de garantías constitucionales y no de revisión administrativa.

Undécimo: Que, en consecuencia, esta Corte advierte que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la recurrida, ni vulneración de los derechos de la recurrente, por lo que la presente acción constitucional no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Municipalidad de Paine.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra Catalán Romero.

N°704-2025 Protección Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los ministros Danilo Quezada Rojas, Celia Catalán Romero y abogado integrante Juan Carlos Silva Aldunate. No firma el abogado integrante señor Silva, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo por encontrarse ausente.