Protección contra recurso

Certifico: Que alegó en la audiencia del día de hoy el abogado Guillermo Caro, en contra del recurso. Alejandra Soto Nilo, relatora.

En Santiago, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, profesor de religión, quien deduce recurso de protección en contra de Liceo Comercial de Puente Alto y la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, por los hechos que pasa a exponer.

Refiere que presta servicios para el Liceo recurrido y que el 28 de diciembre de 2018 se le informó por parte del Director del mismo, que sería desvinculado a partir del mes de marzo de 2017, indicando que tal decisión constituye una represalia en su contra, puesto que durante el año escolar presentó “una constancia de vulneración de derechos fundamentales ante la Inspección del Trabajo” y en razón de que también presentó un primer recurso de protección ante esta Corte del cual se desistió.

Indica que el proceder de la recurrida pone término a su fuente laboral y desarrollo profesional docente bajo la figura de un contrato de trabajo a plazo fijo, el cual tendría la intención de continuar.

Añade que las dificultades con su empleador tienen su origen en ciertos problemas que tuvo en el ámbito de la convivencia escolar y en un contexto de maltrato psicológico hacia el recurrente, puesto que el Director del establecimiento le habría manifestado que su presencia le resultaba desagradable y que no quería seguir trabajando con él.

Expresa que en reuniones de docentes de 23 y 27 de diciembre pasado, se le comunicó, o se dio a entender por parte de la recurrida, que todo el plantel del Liceo continuaría trabajando durante el año 2018 y que en definitiva fue el único profesor desvinculado.

Manifiesta que su despido se habría justificado en que obtuvo malas evaluaciones durante el año, pero que éstas nunca le fueron exhibidas y que su asignatura nunca fue tratada con seriedad académica, puesto que sus horas de clase eran destinadas a otras actividades.

Explica que en su momento se desistió del anterior recurso de protección presentado debido a constantes presiones del Director de Área de Educación, la Coordinadora de Religión, la Corporación recurrida y el Director del colegio, y que se encuentran comprometidos recursos públicos que no pueden usarse para represalias.

Finalmente solicita que se dé continuidad a su trabajo bajo las mismas condiciones vigentes en el mismo Liceo o en otra institución de la Corporación Municipal previo acuerdo con la jefatura. En su defecto requiere que se le otorgue una indemnización calculando sus remuneraciones y se le garantice sus sustento por el tiempo que le queda para encontrar trabajo.

Solicita que se acoja el presente arbitrio ordenando la entrega de los medicamentos y terapia paliativa del dolor del que ha sido beneficiaria, con costas.

SEGUNDO: Que informa al tenor del recurso don Guillermo Caro Molina, abogado, en representación de ambas recurridas explicando que la Corporación Municipal de Puente Alto administra y representa al establecimiento educacional.

Alega en primer término la inadmisibilidad del recurso de marras, en atención a que el recurrente pretende atacar mediante una acción constitucional el término de una relación laboral del artículo 168 del Código del Trabajo y en razón de que del libelo no se advierte la transgresión de garantía constitucional alguna, ni tampoco las ha señalado el recurrente.

Añade que no puede calificarse de arbitrario el proceder del empleador, cuando éste ejerce las prerrogativas que emanan de su poder de dirección, mucho menos cuando se trata en la especie de una relación laboral a plazo fijo, en la cual éste se cumplió.

En lo que dice relación con el fondo, manifiesta que el recurrente ingresó a la dotación de educación mediante suscripción de un contrato a plazo fijo que expira el 28 de febrero de 2018, de manera que el 28 de diciembre del año pasado se ratificó al recurrente el término de la relación laboral por vencimiento del término convenido, aclarando que el actor no tiene carácter de empleado titular de conformidad a lo establecido en el artículo 25 del Estatuto Docente.

Señala que según lo dispuesto en el artículo 36 del mismo Estatuto, los únicos funcionarios que tienen derecho a la estabilidad del empleo son los docentes titulares, y que el artículo 72 del mismo expresamente contempla como causal de expiración de la relación laboral de un docente el término del período por el cual se efectuó el contrato.

Argumenta que no es efectivo que el recurrente haya sido el único despedido por la referida causal, tal como demuestra el respectivo certificado de la Jefa de Gestión de Personas que acompaña y que no obstante lo ya expuesto, el Director del establecimiento recurrido ha manifestado que el recurrente tiene a su haber reclamos de apoderados y alumnos del Liceo por acoso y lenguaje impropio.

Sostiene que las recurridas no han incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna, y requiere que la presente acción sea rechazada con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando por intermedio de un acto arbitrario o ilegal se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Carta Fundamental.

CUARTO: Que para su procedencia, la acción de protección requiere de la concurrencia de ciertos requisitos, esto es: a) existencia de un acto o una omisión ilegal y arbitraria; b) que el acto cuestionado viole, perturbe o amenace garantías constitucionales; c) que quién lo interpone esté en ejercicio de un derecho indubitado; y d) que la acción constitucional se dirija en contra de quién ha conculcado el referido derecho dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

QUINTO: Que del análisis de lo expuesto a esta Corte aparece que la relación laboral que unía al actor con la recurrida habría sido convenida a plazo fijo, cuyo vencimiento se fijó para el 28 de febrero próximo, sin que se encontrara discutido que se comunicó oportunamente al recurrente el término de dicho contrato.

De dichos antecedentes no se advierte la existencia de ilegalidad o arbitrariedad de ningún tipo que deba ser solucionada por esta vía y no hay tampoco dato alguno sobre la ocurrencia de un hecho que pueda constituir represalia u otro evento que pueda calificarse de ilegal o arbitrario en los hechos denunciados.

SEXTO: Que sin perjuicio de lo señalado, sucede que el recurrente no ha denunciado afectación de garantía constitucional alguna, la que tampoco puede ser esgrimida por esta Corte, lo que conlleva que dicha exigencia del recurso no pueda ser analizada.

Al respecto, debe tenerse presente que según los motivos del recurso y el petitorio del mismo, lo que el recurrente pretende es que sea mantenido su trabajo, o bien, ser indemnizado, en circunstancias que la primera petición excede al amparo que prodiga el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que no protege el derecho a trabajar y; en cuanto a la segunda pretensión, aquella no es propia de la presente acción constitucional sino que de un juicio declarativo.

SÉPTIMO: Que de conformidad a lo señalado, por no verificarse ninguna de las exigencias propias del recurso deducido, este será rechazado.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política, SE RECHAZA el recurso de protección deducido don nombre reservado, profesor de religión, en contra del Liceo Comercial de Puente Alto y la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores de Puente Alto, sin costas por haber tenido el recurrente motivo plausible para litigar.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Nº 70-2018 PRO.