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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 6941-20184 ene 2019

Protección contra Sociedad Educacional Boston College San Bernardo Ltda

Fecha
4 de enero de 2019
Corte
Corte de Apelaciones de San Miguel
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol N° 6941-2018, sentencia de 4 de enero de 2019

Resumen

Se rechaza la protección contra la Sociedad Educacional Boston College San Bernardo por negar a una alumna salir al baño durante un control: no se acreditó vulneración a la integridad física y psíquica ni acto ilegal o arbitrario.

Texto íntegro

En Santiago, a cuatro de enero de dos mil diecinueve.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece el abogado señor Gabriel Ibarra Gatica en representación de su hija nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Sociedad Educacional Boston College San Bernardo Ltda., representada en calidad de sostenedor por don nombre reservado; de doña nombre reservado, directora del establecimiento educacional; de doña nombre reservado, jefa de UTP del establecimiento educacional, y de doña nombre reservado, profesora de Historia, o en su defecto en contra de cualquier otra autoridad correspondiente a dicha sociedad educacional, por haber ejecutado un acto arbitrario e ilegal en contra de la niña anteriormente individualizada, perturbando y a su vez privándola del legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en la Constitución Política de la República, en especial el artículo 19 N° 1, “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”, en circunstancias de negarle a su hija la salida de la sala de clases para ir al baño cuando informa que presenta una urgencia personal (le llegó su periodo menstrual), todo esto en razón, de que la niña se encontraba rindiendo un control con nota, siendo amenazada por la profesora de retirarle su prueba si desobedecía dicha orden, ridiculizándola frente a su grupo de curso y que fue sometida a un nivel de estrés tal que la misma decide contravenir la orden, e ir al baño para evitar mancharse frente a sus compañeros, siendo posteriormente sancionada con una baja calificación, anotación negativa al libro de clases y además de la negativa de repetir el control en una etapa posterior, según consta en los documentos que se acompañaran en este acto, lo cual fue ratificado por la dirección del establecimiento educacional, vulnerando de esta forma los derechos que se encuentran garantizados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos del Niño, perturbando también el derecho a la educación garantizado en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en sus artículos 2 y 12; Convención Sobre los Derechos del Niño en sus artículos 28 N° 1 y 2, 29 letra a y b, la “Convención Belem do Para”, en sus artículos 4 letra b, c y g, 6 letra b, 7 letra b, f, protegido con la acción del artículo 20 de nuestra carta fundamental.

Expresa el actor que el acto arbitrario e ilegal fue ejecutado con fecha 28 de septiembre de 2018 y ratificado por resolución, vía correo electrónico, de 18 de octubre del presente año, emitida por el Colegio Boston College, en circunstancias que su hija Amara se encontraba rindiendo una prueba correspondiente de la asignatura de Historia, percatándose en ese momento que le comienza a bajar su periodo menstrual, solicitando a la profesora nombre reservado la autorización para ir urgente al baño, a lo cual la misma le contesta que no es posible ya que se encuentra rindiendo una prueba; la niña avergonzada insistió en su solicitud de salir al baño manifestando que se debía a un tema personal, recibiendo nuevamente la negativa por parte de la docente, la cual le señaló a viva voz y frente al grupo de curso que debía controlar esfínter, que ella ya es grande para poder aguantar y que cualquier urgencia que tuviera debía controlarla, provocando las risas y burlas de parte de sus compañeros. En ese instante ingresó a la sala de clases un paradocente a entregar un libro (inspectora), momento en el cual la niña insistió en su solicitud de ir al baño en compañía de la inspectora, ya que su urgencia se debía a que llegó su periodo y no quería mancharse frente a sus compañeros, a lo que la profesora contestó que no estaba permitido por encontrarse rindiendo una prueba. Amara, encontrándose en un estado de total estrés, le indicó a la docente que no podía esperar, por lo que saldría de igual forma al baño, siendo amenazada que si salía de la sala, sería retirada su prueba, pero la niña abandonó la sala de clases a objeto de resolver la situación que le afectaba.

Agrega que Amara le planteó la situación vivida a la jefa de UTP, recibiendo como respuesta que sería conversado con la profesora de la asignatura, siendo posteriormente citada por la jefa de UTP en presencia de la directora del establecimiento, las que les manifiestaron que ella no podía salir de la sala de clases al baño, independiente del motivo que le afectara, que si le llegaba su periodo y se manchaba, no era motivo suficiente para salir, ya que no sería ni la primera ni la última mujer que pasara por una situación similar, por lo que a modo de sanción no se le repetiría la prueba que se encontraba rindiendo.

En razón de lo expresado anteriormente, refiere el recurrente que doña nombre reservado, madre de Amara, solicitó de forma urgente una entrevista con la profesora, siendo informada por parte del establecimiento que no podría ser posible una entrevista hasta dos semanas después, debido a que la misma se encontraba con permiso médico, siendo citada para el día 11 de octubre de 2018 a las 15:30 horas. En la fecha estipulada la madre de Amara concurrió al establecimiento donde fue recibida por la directora, jefa de UTP y profesora de la asignatura, solicitando una explicación del porqué no se le permitió a su hija salir al baño y pidiendo la repetición de la evaluación, ante lo cual recibió como respuesta que el reglamento interno del establecimiento prohíbe a los alumnos salir de la sala durante una evaluación sin excepción alguna.

Añade que la madre de la menor expuso que Amara había sido trasladada de liceo debido a que en el anterior establecimiento había sido víctima de bullying, encontrándose en la actualidad con tratamiento psicológico, por lo que exponer a una adolecente a una situación tan vergonzosa como es la de mancharse en clases no solo le habría impedido concentrarse para rendir la prueba, sino que además le habría provocado un daño irreparable en su persona.

Indica el actor que con fecha 18 de octubre de 2018, la madre de la menor por quien se recurre fue contactada por correo electrónico por doña nombre reservado, jefa de UTP del establecimiento, informándole que no sería realizada nuevamente la evaluación, por cuanto la profesora insistía en que la niña no debía salir de la sala por el motivo que fuese.

En cuanto a las normas jurídicas que invoca el recurrente, señala en su libelo que el procedimiento realizado por los recurridos es ilegal y arbitrario, ya que contravienen las normas de orden público relativas al interés superior del niño, consagradas en el artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República -derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la personas-, vulnerando diversas normas de derechos humanos y principios rectores de la “Convención de los Derechos del Niño” y “Convención Belem do Para”. Añade que no se cumplió con lo establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio Boston College, capítulo VIII Disposiciones Generales, página 18, que señala: “El alumno/a podrá pedir autorización para salir de su clase, siempre que sea por enfermedad o emergencia”. Expresa que estas actuaciones son además arbitrarias, fuera de toda lógica y racionalidad, en el sentido y efecto que la jurisprudencia ha señalado, esto es, un actuar que pugna con la lógica y la recta razón, contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por el principio de la racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad, que constituiría la primera. Indica que una medida como la referida resulta exagerada o excesiva y peca por ello de arbitrariedad, tanto más si se considera que ha sido aplicada contradiciendo su propio reglamento, de esta manera, los actos recurridos constituyen una actuación claramente arbitraria por ser estos contrarios a la razón, meros actos de voluntad carentes de fundamento racional, obedeciendo en definitiva a caprichos en que se ha usado abusivamente de la autoridad escolar distorsionando de esta forma los procedimientos legítimos.

En definitiva, pide el recurrente a esta Corte que acoja el recurso sub iúdice, ordenando que de manera inmediata se capacite al personal docente y paradocente, con énfasis en la vulneración de los derechos del niño; que se modifique tanto el reglamento como protocolo de convivencia escolar, y que se disponga que su hija Amara repita la evaluación de la asignatura de historia.

Segundo: Que, informando el abogado Ismael Olivares Swett, en representación de la Corporación Educacional BC, arguye, en primer término, la extemporaneidad de la acción constitucional deducida, por cuanto la supuesta acción ilegal y arbitraria se produjo el día 28 de septiembre de 2018, es decir, cuarenta y dos días antes de la presentación del recurso de protección objeto de autos. Agrega que la recurrente, a sabiendas de la extemporaneidad, ha intentado soslayarla, señalando una nueva fecha en que se habría producido la supuesta arbitrariedad o ilegalidad que afectaría el derecho a la integridad psicológica de la menor, a saber, el día 18 de octubre de 2018, por haber respondido el colegio Boston College San Bernardo un correo electrónico, informando que no repetirá la prueba de la menor.

En cuanto al fondo, arguye la recurrida que el día 28 de septiembre de 2018, alumnos del segundo medio del Colegio Boston College debían rendir prueba programada del ramo de Historia; una vez terminado el recreo de quince minutos, los alumnos regresaron a su sala, y previo a dar inicio a la prueba, su profesora doña nombre reservado, con la finalidad de evitar interrupciones durante el desarrollo de ésta, dio un tiempo adicional de quince minutos más para que todo el curso pudiera ir al baño. Asimismo, la profesora advirtió que durante el desarrollo de la prueba no se autorizaría ir al baño ni interrupciones durante el desarrollo de la prueba. Una vez transcurridos los quince minutos adicionales autorizados por la profesora, se dio inicio a la prueba de Historia y cuando llevaban aproximadamente treinta minutos de tiempo, la alumna nombre reservado, de 16 años de edad, solicitó autorización para ir al baño, pero esta fue negada por la profesora. Agrega que según indicó la profesora, la alumna volvió a insistir en ir al baño, pero se le reiteró que una vez que finalice el desarrollo de la prueba podría acceder a dicha petición. Expresa que sólo quedaban quince minutos para el término de la hora pedagógica, razón por la cual la docente le señaló a todo el curso que debían controlar su esfínter, sin la intención de dañar la integridad de la alumna como señala su padre, agregando que nadie manifestó comentario ni burla al respecto ya que todos se encontraban concentrados en el desarrollo de la prueba.

Refiere la recurrida que la alumna en ningún momento mencionó que tenía una situación de emergencia, sólo solicitó ir al baño, mientras los demás alumnos estaban concentrados desarrollando su evaluación en silencio. Paralelamente a estos hechos, una paradocente golpeó la puerta para entregar una información solo a la profesora, no ingresando a la sala de clase. Sin embargo y en forma sorpresiva, la alumna nombre reservado se levantó de su puesto insistiendo que quería ir al baño, a lo cual la profesora le señaló en forma expresa que de hacerlo se daría por terminada su prueba ya que ésta se debía efectuar sin interrupción alguna; no obstante, en forma abrupta se paró de su puesto, dejando su prueba para ser retirada por la profesora, abrió la puerta de la sala y se retiró dando un portazo. Agrega que alrededor de diez minutos después de haber salido de la sala de clases, la alumna regresó en compañía de la jefa técnica del nivel doña nombre reservado, quien solicitó antecedentes de lo ocurrido. Una vez entregada la información de la profesora y en conversación con la jefa de UTP del establecimiento educacional y la dirección, se acordó revisar la evaluación entregada por la estudiante y no dar posibilidad de terminar o repetir la prueba por las condiciones favorables en que se había realizado la evaluación. A la luz de los resultados que fueron más bajos de lo esperado, la profesora propuso para todo el curso un trabajo para subir las notas de la prueba que consistió en responder una guía de aprendizaje a trabajar en parejas que reforzaba las unidades evaluadas en la prueba, y la nota obtenida en la guía se promediaría con la nota de la prueba y se obtendría sólo una calificación. Expresa la recurrida que nombre reservado obtuvo una calificación insuficiente de dos coma cinco, debido a que gran parte de su prueba estaba mal respondida y, en la guía, obtuvo una nota de cuatro coma uno, logrando una calificación final de tres coma tres.

Indica a continuación que con fecha 11 de octubre de 2018, la directora doña nombre reservado; la jefa de UTP del establecimiento educacional doña nombre reservado, y doña nombre reservado, se reunieron con la madre de la alumna, doña nombre reservado, oportunidad en que se le explicó lo sucedido el día 28 de septiembre de 2018. Señala la recurrida que la madre de la menor expresó entender el contexto de los hechos, pero sólo pidió la posibilidad de que su hija finalizara la evaluación o que se le repitiera la prueba, es decir, en ningún momento expresó su malestar porque el colegio habría pasado a llevar la integridad psíquica de su hija. En la reunión, el colegio le informó a la apoderada que no era posible repetir la prueba de historia, porque existen protocolos que deben cumplirse en el establecimiento educacional, y porque lo anterior podría ser considerado como un antecedente para que todos los alumnos solicitaran la repetición de la prueba. Sin embargo, frente a la respuesta negativa del colegio, la apoderada insistió y exigió que se considerara lo solicitado porque "se habrían vulnerado los derechos de su hija al negarle el permiso para ir al baño", amenazando que de no repetir la prueba interpondría una demanda civil contra el colegio y los docentes involucrados. No obstante la negativa del establecimiento educacional a repetir la prueba, con la finalidad de favorecer el acercamiento entre la alumna nombre reservado y la profesora nombre reservado, en la entrevista se acordó generar una instancia de mediación entre ambas, actividad que se realizó el día 5 de noviembre de 2018, participando como mediadora la orientadora y consejera educacional del colegio doña nombre reservado, quien evacuó un informe. Respecto a los hechos del día de la prueba de Historia, el informe da cuenta de lo siguiente: “5: Amara explicó que sentía más exigencia de parte de Miss nombre reservado, que al resto del curso. Sintió que no fue bien considerada en ciertos trabajos, y que sus evaluaciones a veces no correspondían; y que se le negó el permiso para ir al baño. 6: Miss nombre reservado explicó el porqué de las evaluaciones, ya que fueron entregadas fuera de plazo. En relación a la exigencia, Profesora reconoce exigirle más a ella ya que es una de sus alumnas que más sabe de Historia y por eso la exigencia, ya que Amara es buen aporte para el curso, por eso siempre la Miss le hace preguntas en clase, porque sabe que ella le responderá correcto. En relación a no dejar ir al baño, Miss nombre reservado explicó que había dado 15 minutos para reforzar la Evaluación, pero que Amara en ningún momento le dijo que era una situación complicada, que de habérselo dicho, le habría otorgado el permiso. 7. Profesora Miss nombre reservado pide disculpas a Amara por haberla hecho sentir mal por la situación. Amara aceptó la disculpas y explicó que en cierta manera ella magnificó la situación, ya que hay otras situaciones que le suceden a ella, que la hacen estar más sensible." Expresa la recurrida que en el punto 10 del informe se detallan los acuerdos voluntarios para solucionar situaciones que los llevó a esta mediación como: a) mejorar la comunicación entre ambas b) Más acercamiento entre ambas c) Amara se compromete a no quedarse callada ante situaciones que la estén aquejando d) Miss nombre reservado ofrece apoyo constante para mejorar la comunicación e) Miss nombre reservado solicita intervención del departamento de Orientación para dar una charla en el curso y poder reforzar habilidades sociales. En el punto 12, ambas concuerdan en no tener que realizar otra sesión. Refiere que, de todo lo anterior, se dejó registro en el libro de clases y firmaron conforme.

A continuación, indica la recurrida en su informe que las acciones y medidas que el colegio adoptó fueron correctas frente a un problema de comunicación entre la profesora y la alumna, quien manifestó en forma libre y voluntaria "estar de acuerdo con los alcances del proceso de mediación", contrariamente a lo que señala su padre.

Concluye señalando que el único objetivo de la acción constitucional intentada es que se repita la prueba de Historia, es decir, si la prueba se hubiese repetido, no habría habido vulneración al artículo 19 N° 1 de la Constitución, situación que no constituye, a juicio de quien informa, una vulneración a la garantía constitucional antes referida.

Tercero: Que, en primer término, es del caso recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando, fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que ha sido motivo de la acción cautelar.

Quinto: Que, en consecuencia, para la procedencia de la acción tutelar deducida se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Sexto: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad en la interposición de la acción cautelar sub iúdice invocada por la recurrida, es menester señalar que el Auto Acordado de 24 de junio del año 1992, de la Excma. Corte Suprema, sobre "Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales", ha regulado el procedimiento aplicable para la tramitación de esta acción cautelar; exigiendo en su numeral primero que ésta debe interponerse "dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento de los mismos, lo que se hará constar de autos".

Séptimo: Que el acto que la recurrente impugna por ser, a su juicio, ilegal y arbitrario, fue realizado “con fecha 28 de septiembre de 2018, acto que fueron [sic] ratificado por resolución vía correo electrónico de fecha 18 de octubre del presente año, emitida por el Colegio Boston College”, según señala textualmente en su escrito recursivo.

Sin embargo, es del caso señalar que los actos ejecutados en cada una de las fechas señaladas son de distinta naturaleza: el primero consistió en la negativa a autorizar a la menor para ir al baño durante una prueba, y el segundo, en la negativa del establecimiento educacional a repetir el referido control. Por consiguiente, no se trata de la ratificación de un mismo acto, como arguye el actor, sino de actuaciones con contenido diverso.

Con todo, y habida consideración de lo que pide el actor en su libelo recursivo -que se capacite al personal docente y paradocente, con énfasis en la vulneración de los derechos del niño; que se modifique tanto el reglamento como protocolo de convivencia escolar, y que se disponga que su hija Amara repita la evaluación de la asignatura de historia-, es dable concluir que el recurrente reclama de una serie de hechos relacionados entre sí que se inician el día 28 de septiembre y que concluyen el día 18 de octubre, por lo que la alegación de la recurrida en orden a la extemporaneidad del recurso en análisis ha de ser desestimada, habida consideración que la acción constitucional sub iúdice fue interpuesta el día 9 de noviembre de 2018, es decir, dentro del plazo de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto, según prevé el Auto Acordado sobre "Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales".

Octavo: Que en cuanto al fondo de la acción deducida, corresponde elucidar si se verifican los requisitos de procedencia de esta medida cautelar, consignados en el basamento quinto, teniendo presente que la acción reprochada por el recurrente es la negativa del establecimiento de repetir la prueba a su hija nombre reservado, quien habría obtenido una deficiente calificación por habérsele negado permiso para ir al baño durante la rendición de una prueba o control. Por consiguiente, corresponde determinar si tal acción ha sido ilegal o arbitraria y si ha habido un atentado directo e inmediato contra la vida y la integridad física y psíquica de la niña, como arguye el actor.

Noveno: Que la ilegalidad y arbitrariedad que atribuye al actuar de la recurrida la funda el recurrente en que sus decisiones no encuentran “norma o fundamento legal” y “contravienen las normas de orden público relativas al Interés Superior del Niño, las que se encuentran consagrada en el artículo 19. Nº 1 de la Constitución Política de la República “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la personas”, vulnerando diversas normas de derechos humanos y principios rectores de la “Convención de los Derechos del Niño”, siendo este el interés superior del niño y “Convención Belem do Para”, como queda claro de la relación de los hechos señalados latamente en el exordio de este escrito. A mayor abundamiento, no se cumplió con lo establecido y que se encuentra en el reglamento de Convivencia Escolar del Colegio Boston College en el capítulo VIII Disposiciones Generales en página N° 18 y señala: “El alumno/a podrá pedir autorización para salir de su clase, siempre que sea por enfermedad o emergencia (…). Pudiendo apreciar en este acto, la arbitrariedad entendida como el ejercicio de poder que recae sobre una niña de 16 años, sin sujeción a norma alguna o distorsionado las normas para adecuarla a la resolución pre-establecida”.

La recurrente, por su parte, informa que la profesora nombre reservado, “con la finalidad de evitar interrupciones durante el desarrollo” de la prueba “dio un tiempo adicional de 15 minutos más para que todo el curso pueda ir al baño”, advirtiendo a todo el curso que “durante el desarrollo de la prueba no se autorizará ir al baño como tampoco alguna interrupción”. Además, refiere que “la alumna en ningún momento mencionó que tenía una situación de emergencia, sólo solicitó ir al baño” y que “en forma sorpresiva, (..) se levanta de su puesto insistiendo que quiere ir al baño, a lo cual la profesora le señala en forma expresa que de hacerlo se dará por terminada su prueba ya que ésta se debe efectuar sin interrupción alguna; no obstante, ella en forma abrupta se para de su puesto, dejando su prueba para ser retirada por la profesora, abre la puerta de la sala y se retira dando un portazo (…)”. .

Por otra parte, según consta en el documento titulado “Informe de Mediación”, que da cuenta de un procedimiento realizado el día 5 de noviembre de 2018, en el que participaron nombre reservado y la profesora nombre reservado, actuando como mediadora doña nombre reservado, se indica que “nombre reservado explicó que sentía más exigencia de parte de Miss nombre reservado, que al resto del curso. Sintió que no fue bien considerada en ciertos trabajos, y que sus evaluaciones a veces no correspondían; y que se le negó el permiso para ir al baño”; “Miss nombre reservado explicó que había dado 15 minutos para reforzar la Evaluación, pero que Amara en ningún momento le dijo que era una situación complicada, que de habérselo dicho, le habría otorgado el permiso”; “Profesora Miss nombre reservado pide disculpas a Amara por haberla hecho sentir mal por la situación. Amara aceptó la disculpas y explicó que en cierta manera ella magnificó la situación, ya que hay otras situaciones que le suceden a ella, que la hacen estar más sensible", y “para finalizar ambas toman acuerdos voluntariamente para solucionar situaciones que los llevó a esta mediación como: a) mejorar la comunicación entre ambas b) Más acercamiento entre ambas c) Amara se compromete a no quedarse callada ante situaciones que la estén aquejando d) Miss nombre reservado ofrece apoyo constante para mejorar la comunicación e) Miss nombre reservado solicita intervención del departamento de Orientación para dar una charla en el curso y poder reforzar habilidades sociales”. Se dejó constancia de lo anterior en el libro de clases, según consta en documentos acompañados.

Décimo: Que de lo expuesto, no se aprecia que alguno de los recurridos haya actuado de manera ilegal o arbitraria, por cuanto de los antecedentes acompañados aparece que la alumna jamás comunicó a la profesora la urgencia para ir al baño, restando aproximadamente quince minutos para concluir la prueba, habiendo dado tiempo suficiente para estos fines antes de iniciarla y habiendo advertido que no se permitiría salir de la sala una vez iniciada la prueba. Así las cosas, la negativa para el permiso en cuestión no fue caprichosa ni contraria a la ley, sino que basada en los antecedentes de que la profesora disponía en ese momento. Por lo demás, la adolescente, en el procedimiento de “mediación”, señala aceptar las disculpas de la profesora y que de algún modo magnificó la situación, sin aportar el recurrente antecedente alguno de que la necesidad de concurrir al baño haya revestido la urgencia que se relata en el libelo recursivo. Asimismo, la niña nombre reservado se comprometió a no quedarse callada en el futuro ante situaciones que la aquejaran, todo lo cual permite concluir que, efectivamente, no comunicó a la profesora que se encontraba ante una situación de urgente, sino que se limitó a solicitar permiso para ir al baño y, ante la negativa, a retirase abruptamente de la sala.

Por consiguiente, tampoco ha sido caprichosa o ilegal la negativa del establecimiento educacional de repetir la prueba en cuestión, ya que, además de lo señalado precedentemente, es menester indicar que, según refiere la recurrida en su informe –cuestión que no fue desvirtuada por el actor en estrado- a la luz de los deficientes resultados obtenidos por todo el curso, la profesora nombre reservado propuso la realización de una guía de aprendizaje en parejas que reforzaba la unidad evaluada en la prueba, promediándose la nota obtenida en ambas evaluaciones. Así, nombre reservado obtuvo una nota de dos coma cinco en la prueba y cuatro coma uno en la guía, promediando, en definitiva, una nota de tres coma tres.

Por lo demás, el establecimiento educacional dio cumplimiento a lo preceptuado en su “Reglamento Interno, Manual de Convivencia Escolar y Protocolos 2018 (vigente entre el 1 de marzo de 2018 y el 28 de febrero de 2019, en especial al aplicar el procedimiento de “mediación” contemplado en el Capítulo XI de dicho reglamento, por lo que buscó las vías adecuadas para resolver la controversia generada, aceptando la menor los resultados de este proceso.

Undécimo: Que, sin perjuicio de que lo razonado anteriormente es suficiente para desestimar la acción constitucional en análisis, resulta pertinente indicar que tampoco se ha acompañado antecedente alguno que permita concluir que las conductas denunciadas hayan conculcado el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la adolescente nombre reservado, como alega el recurrente, conclusión que se ve corroborada por el hecho que la medida que solicita para restablecer el imperio del derecho –y que, por tanto, haría cesar, en su concepto, la vulneración del derecho a la vida y a la integridad física y síquica de la menor- es, principalmente, la repetición de la prueba, no apreciando esta Corte cómo tal medida podría poner fin a la supuesta vulneración de la referida garantía, la cual se habría producido, fundamentalmente, por haberle negado la profesora permiso para ir al baño.

Duodécimo: Que, así las cosas, no se aprecia que las conductas denunciadas sean ilegales ni arbitrarias, como tampoco que se haya vulnerado la garantía consagrada en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que la acción constitucional entablada ha de ser, necesariamente, desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales de 24 de junio de 1992, se rechaza la acción constitucional deducida por don Gabriel Ibarra Gatica, en representación de su hija nombre reservado, en contra de la Sociedad Educacional Boston College San Bernardo Ltda., representada en calidad de sostenedor por don nombre reservado; de doña nombre reservado, directora del establecimiento educacional; de doña nombre reservado, jefa de UTP del establecimiento educacional, y de doña nombre reservado, profesora de historia, o en su defecto en contra de cualquier otra autoridad correspondiente a dicha sociedad educacional.

Redacción del Abogado Integrante señor Adelio Misseroni Raddatz.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 6941-2018 Prot.

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