Protección contra Ilustre Municipalidad de La Cisterna

San Miguel, veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: nombre reservado, chilena, comerciante, cédula de identidad N° RUT reservado domiciliada en domicilio reservado, Región Metropolitana, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de La Cisterna, fundada en la dictación del Decreto Alcaldicio N°651, de 31 de enero de 2025, por medio del cual se declaró la caducidad y desenrolamiento definitivo de su permiso comercial y de ocupación de bien nacional de uso público correspondiente a la feria libre N°2-13003, medida que, a su juicio, constituye un acto arbitrario e ilegal que vulnera sus garantías constitucionales contempladas en los numerales 2°, 3° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, tiene 52 años, de los cuales cerca de cuarenta ha trabajado en las ferias libres. Expone, además, que desde hace aproximadamente 8 años es dirigenta de las ferias libres de La Cisterna, desarrollando su actividad laboral desde hace muchos años en las ferias Brisas del Maipo, San Ramón y Lo Ovalle, y hoy es la presidenta del Sindicato denominado Sindicato de trabajadores independientes de ferias libres de La Cisterna “Luchan por sus derechos”, ya que siempre ha sentido que aunque sea comerciante de feria libre, merece el respeto como cualquier otro trabajo, y ha tenido un liderazgo para buscar mejoras en las condiciones de trabajo de sus colegas comerciantes, lo que le ha traído ciertos inconvenientes con las autoridades de turno (alcalde y concejales), ya que no siempre están dispuestos a atenderlos o escuchar sus legítimas demandas.

Refiere que con fecha 28 de enero de 2025, concurrió como todos los años en esa fecha a realizar el pago de su patente de feria libre y del correspondiente permiso de ocupación de bien nacional de uso público, pero no pudo realizar el pago de las obligaciones porque de acuerdo con lo que le informó el funcionario su patente había sido bloqueada del sistema, sin previo aviso ni notificación alguna.

Se dirigió a conversar con el jefe de patentes comerciales, nombre reservado, quien tampoco le pudo dar una respuesta clara, pero le mencionó que el bloqueo de su patente se debería a una denuncia realizada por un ex concejal de la comuna de La Cisterna, Marcelo Luna, que en un concejo municipal del mes de septiembre del año 2024 había solicitado al alcalde caducar su patente.

Es así como el 31 de enero tras insistir para tener una respuesta, le entregan una copia del Decreto Alcaldicio N°651 de fecha 31 de enero de 2025 en el que se procede a caducar y desenrolar definitivamente su permiso comercial y de ocupación de bien nacional de uso público de feria libre, estableciéndose como motivo de este “infracciones graves Ordenanza Ferias Libres”, lo que le sorprendió porque jamás ha sido multada, o sancionada por algún incumplimiento en sus deberes como comerciante, calificando el acto como injustificado, arbitrario y desproporcionado, con lo cual la dejan sin posibilidad de trabajar por razones políticas.

Refiere que en el decreto por el cual se recurre, además de otras normas legales, se hace mención a dos memoranda, la N° 48 de fecha 12 de noviembre de 2024 del funcionario nombre reservado al departamento de Rentas y la N° 233 de 21 de enero del año 2025 de la Dirección de Inspección Municipal que contendrían acusaciones que nunca le notificaron.

Indica que dicho Decreto recurrido señala que con fecha 9 de septiembre de 2024 Marcelo Luna, en su calidad de concejal en ejercicio, informa al Director de Seguridad Ciudadana e Inspección que el día 7 de septiembre de 2024, él con otros funcionarios habrían sido agredidos verbalmente por la recurrente y que habría insultado y agredido verbalmente a través del uso de un megáfono a los transeúntes que estaban con las autoridades y candidatos en cuestión y que ello importaba infracciones a la Ordenanza de Ferias Libres ya que está prohibido observar mala conducta respecto del público general, causándole molestias y también seta prohibida la instalación de equipos de sonido, alto parlantes y cualquier otro medio de amplificación cuando ello signifique una molestia para el público.

Agrega el decreto que respecto de este punto la Ordenanza de Ferias Libres señala que “los funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública e Inspección determinarán si los medios de amplificación utilizados representan una molestia para el público y acto seguido señala el mismo decreto “Que la dirección anteriormente señalada informa al Alcalde mediante el memorándum N° 233 de fecha 21 de enero de 2025 que los hechos ocurridos y los medios utilizados significaron una molestia para el público general y para las autoridades que se encontraban presentes lo que configura una infracción a las prohibiciones de la ordenanza”

Continúa relatando que el decreto después indica que “Lo que se informó por Marcelo Luna, lo informado al Sr. Alcalde por el Departamento mediante memorándum N° 233 de fecha 21 de enero de 2025 se considera una evidente agresión de manera verbal y física a los denunciantes de los hechos.” Y en el considerando siguiente dice que “además existe otra denuncia emitida por un funcionario municipal a este Departamento mediante Memorándum N° 48 de fecha 12.11.2024, donde la patentada habría agredido verbalmente al funcionario en cuestión, solicitándole a gritos que se fuera de la feria…” Por todo ello es que ese decreto determina que existió infracción de lo dispuesto en el artículo 24 letra a) y h) de la Ordenanza que son infracciones graves y por lo tanto le caducan la patente.

Expresa que descarta absolutamente haber ofendido, agredido verbalmente o actuado de manera violenta contra alguien ya que la habrían denunciado alguna vez a Carabineros, como ha ocurrido antes, o la habrían sancionado o multado, como ocurre cuando los comerciantes cometen infracciones y los denuncian ante el Juzgado de Policía local, o ante la justicia ordinaria como ocurrió con otro patentado el año 2021.

Estima injusta la caducación de su patente comercial y su permiso sin que haya siquiera existido un debido proceso en el que se le hubieran notificado las infracciones que supuestamente habría cometido y sus respectivas sanciones.

Señala que esto es una persecución política en su contra porque además de ser dirigente sindical de las ferias libres durante años, donde jamás tuvo problemas con el alcalde anterior Santiago Rebolledo quien estuvo desde el año 2004 al 2021, ella es de una vereda opuesta al actual alcalde y concejal Marcelo Luna quien pidió expresamente que le caducaran su patente en un concejo Municipal, ya que nunca accedió a participar políticamente con él.

En cuanto a las garantías constitucionales presuntamente vulneradas, argumenta: 1) Derecho de igualdad ante la ley artículo 19 N°2 Constitución Política de la República: Alega haber sido discriminada arbitrariamente al tener un trato distinto al de otros comerciantes de ferias libres y que en este caso concreto estaría siendo víctima por razones político electorales ya que le quitan su permiso y patente a instancias de un ex concejal de la comuna de La Cisterna; 2) Derecho a la igualdad y debido proceso artículo 19 N°3 Constitución Política de la República: Sostiene que fue sancionada sin formulación de cargos, sin procedimiento contradictorio ni oportunidad de defensa. Denuncia que el municipio actuó como una “comisión especial”, prohibida por el inciso quinto del mismo numeral, al atribuirse facultades sancionatorias con efectos punitivos, sin base legal ni procedimiento formal; y 3) Derecho de propiedad artículo 19 N°24 Constitución Política de la República: Afirma que la patente comercial y el permiso de ocupación constituyen derechos patrimoniales adquiridos legítimamente, cuya extinción arbitraria importa una privación ilegítima de su fuente laboral.

Por todo lo anterior, solicita se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°651 de 31 de enero de 2025 y todos los actos administrativos posteriores que supongan su validez, reestableciendo el imperio del derecho, restituyéndole su permiso y patente comercial en los mismos términos anteriores, otorgándole un plazo razonable para el pago de derechos municipales exentos de multas e intereses; o bien, se acoja el recurso en los términos que esta Corte estime ajustados a derecho, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que la Ilustre Municipalidad De La Cisterna evacúa informe y solicita el rechazo del recurso deducido.

Señala que el principio del debido proceso no está amparado por el recurso de protección conforme al artículo 20 del mismo texto, pero que aun así la Municipalidad no lo infringió, ya que solamente habría cumplido con la ley que le es aplicable. Que la facultad que utilizó esta conferida por la ley que regula el comportamiento del comerciante sancionado.

Indica que se constató que la recurrente no cumplió con el estatuto que lo regulaba, cometió infracciones, y fue sancionada. Señala que el mismo decreto consigna los actos cometidos y tanto lo indicado por el concejal Marcelo Luna como también otra denuncia del que se da cuenta en el Memorándum N° 48, donde una persona distinta de la recurrente habría agredido verbalmente al funcionario que hace la denuncia, solicitándole a gritos que se fuera de la feria, lo que es un trato violento hacia esa persona y esa acción se encuentra respaldada en un registro audiovisual, que acompaña.

Refiere que el Decreto Alcaldicio N°651 se dictó en virtud de la Ordenanza Municipal de Ferias Libres, y que su artículo 20 N°2, califica como infracción grave la agresión verbal o física a cualquier persona al interior del puesto, a los funcionarios del departamento de inspección; además ella tendría la denuncia previa de agresión y los artículos 24 letras a) y h), que permitirían la caducidad inmediata de permisos en tales casos.

Sostiene que el Decreto Alcaldicio N° 651 de 2025 no configura un acto de los que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política y que este señala los antecedentes y los preceptos aplicables al hecho, de modo que no puede objetarse a título de falta de fundamento de este.

Indica también que la conducta de la Municipalidad es legal, y no es arbitraria porque ello implica algo carente de razón y en este caso la conducta de la Municipalidad estuvo motivada. Que el hecho corresponde a agresiones a un funcionario municipal que se encuentra en medio de una feria libre de la comuna, en la cual de improviso unos comerciantes lo agreden.

Indica que tampoco se afectó el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental ya que ha existido igualdad ante la ley porque a los otros comerciantes que tuvieron la misma actitud se les ha tratado igual y a los que no se les sanciona es porque no han cometido este tipo de actos.

Finalmente, expresa que tampoco se vio afectada la garantía contemplada en el articulo 19 N° 24 de la Constitución porque no es posible señalar que un comerciante de feria libre de la comuna es dueño de su derecho de patente y de permiso de ocupación de un bien nacional de uso público en una feria libre de la comuna y que el mismo es intangible pese a vulnerar el estatuto que regula su desempeño comercial y le impone sanciones.

Señala por tanto que no hay un acto u omisión ilegal que infrinja alguna garantía constitucional por lo que solicita el rechazo del recurso con costas.

TERCERO: Que, como cuestión previa y antes de entrar al fondo del recurso planteado, es necesario dejar consignado que la acción cautelar intentada ha de entenderse en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, como un arbitrio constitucional del que todo afectado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que conculquen el legítimo ejercicio de alguna de las garantías o derechos que dicha Carta protege, puede valerse, con el objeto de que se adopten de inmediato las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y para asegurar la debida protección del afectado y ello es, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

CUARTO: Que, como ha sostenido en diversos fallos la acción de protección constitucional procede al existir un acto u omisión arbitrario o ilegal, esto es, carente de fundamento racional o contrario a la ley, siendo ésta la condición básica sin la cual aquélla no puede prosperar. Otro requisito exigido para su procedencia, verificado el primer presupuesto, estriba en una conculcación de determinados derechos fundamentales que se busca proteger por esta vía, suficiente para provocar la actividad jurisdiccional, que se traducirá en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio y a dispensar protección a la persona agraviada.

QUINTO: Que en el caso debatido el acto contra el cual se deduce la acción cautelar es el Decreto Alcaldicio Nº651 de 31 de enero de 2025, por medio del cual la Ilustre Municipalidad de La Cisterna procedió a: caducar y desenrolar, definitivamente, el permiso municipal y de ocupación de bien nacional de uso público de feria libre de la recurrente, el que tuvo como sustento, aparte de los Dictámenes que se mencionan en él y ciertos cuerpos normativos, -entre los cuales se cita la Ordenanza de Ferias Libres de la comuna- los Memorándum Nº233 de 21 de enero de 2025 de la Dirección de Inspección Municipal hacia el Alcalde y N.º 48 de 12 de noviembre de 2024, del funcionario nombre reservado al Departamento de Rentas Municipales.

Así las cosas el Memorándum Nº233, dirigido al Alcalde por el Jefe del Departamento Inspección Municipal, da cuenta de denuncia efectuada por un concejal en ejercicio por agresiones verbales proferidas por la recurrente y se pide por este concejal que “se adopten todas las medidas correspondientes, según la jurisprudencia y la ordenanza municipal, espero que se le caduque la patente, para tener un precedente de buena conducta. También quiero señalar que esta persona no solamente me gritoneo a mí, sino que también insultó e injurió a más autoridades y candidatos.”, a continuación de este documento se incorpora una denuncia de 9 de septiembre de 2024 de un concejal dirigida al Director de Seguridad Ciudadana a Inspección por hechos ocurridos el 7 de septiembre de 2024, en el que se menciona a la recurrente, dando cuenta que habría sido objeto de insultos.

Por su parte el Memorándum Nº 48, dirigido desde el Gabinete a Patentes Comerciales y en él se da cuenta por don nombre reservado de hechos ocurridos el día 13 de octubre del 2024, donde señala que mientras se encontraba ejerciendo funciones en la Feria Lo Ovalle habría sido agredido por una persona distinta a la recurrente, quien lo habría conminado a hacer abandono del lugar.

Al revisar un documento denominado “declaración jurada” de 17 de marzo de 2025, acompañado por la recurrida, y por ende, dada su fecha, no incorporado a ninguno de los documentos antes citados, se relata por un funcionario del Gabinete de Alcaldía de la Municipalidad de La Cisterna, don nombre reservado, hechos ocurrido el 13 de octubre de 2024 mientras desempeñaba labores municipales en la Feria de Lo Ovalle, y que dice haber observado los hechos expuestos en el documento anterior. Señaló que “intentó conversar con la recurrente y otra persona, buscando mediar en la situación, sin embargo, mantuvieron estos la misma postura hostil. Y por último mientras conversaba con el funcionario nombre reservado en un costado de la feria, nuevamente se acercó nombre reservado, quien lo increpó diciendo: “No te acerques más acá, yo soy una perra”, repitiendo esta frase en tres ocasiones”

En el Decreto Alcaldicio objeto del recurso se citan las siguientes disposiciones de la Ordenanza de Ferias Libres. En el apartado II el artículo 20 se señala que son infracciones consideradas graves: “Faltar el titular, ayudante autorizado o cualquier persona al interior del puesto de palabra, el respeto ya sea de manera verbal o física (lo que constituye agresión) a los funcionarios del Departamento de Inspección, Departamento de Patentes Comerciales, funcionarios municipales en general Carabineros de Chile y Público en General.”.

Luego en el apartado III se menciona el artículo 24º letra a) de la referida Ordenanza que expresa “serán causales de caducidad la sanción de una o más faltas graves será causal de caducidad inmediata, tanto del permiso como patente de feria del titular de un puesto, ayudante autorizado o cualquier persona al interior del puesto de feria libre sin ulterior recurso.”, igualmente se cita el artículo 24 letra h) que dice “serán causales de caducidad incurrir en conductas o actitudes abusivas o agredir de hecho o de palabra a otro comerciante o transeúnte”.

SEXTO: Que del examen de los documentos que se acompañaron en estos autos por la parte recurrida y que constituyen los antecedentes que sirven de fundamento al Decreto Alcaldicio Nº651 en comento, es posible observar que no hay antecedente alguno en esta causa de que se hubiese puesto en conocimiento de la recurrente la denuncia formulada en su contra, la cual tampoco fue formulada ante el Juzgado de Policía Local de la comuna para los efectos legales pertinentes, en particular atención a lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ordenanza Municipal de Ferias Libres de la comuna de La Cisterna, limitándose el referido decreto a citar las siguientes normas de la Ordenanza General de Ferias Libres: el artículo 20 que indica cuáles son las infracciones graves, el artículo 24 letra a) que señala como causal de caducidad la sanción de una o más faltas graves, para luego citar también el artículo 24 letra h) que nuevamente se refiere a las causales de caducidad como incurrir en conductas abusivas o agredir de hecho o de palabra a otro comerciante o transeúnte, para concluir en el apartado IV del Decreto Alcaldicio que se cometió una infracción grave establecida en el artículo 20, lo que “procedería a la caducación de su patente comercial ya individualizada”.

SEPTIMO: Que de la revisión de las normas citadas en el Decreto Alcaldicio, el artículo 20 es citado sin especificar cuál numeral es el que aplica para el caso de que se trata, debiendo entenderse que alude al numeral 2, por lo que transcribe de ese artículo; en cuanto al artículo 24 se citan dos letras la a) y la h); se cita el Memorándum N° 48 donde solo constan los hechos del denunciante y es necesario consignar que no obstante, según la autoridad, tratarse de una infracción grave la atribuida a la recurrente, incumplió con el artículo 26 de la misma Ordenanza Municipal de Ferias Libres de la Cisterna, en el sentido de denunciar ante el Juzgado de Policía Local de la Cisterna la infracción grave que le atribuyó a doña nombre reservado, para que dentro de un procedimiento judicial reglado, pudiese éste ejercer los derechos que le asisten, como defenderse, rendir prueba e impugnar la sanción, si fuere el caso.

OCTAVO: Que la conducta de la recurrida de notificar a la afectada de la caducidad de la patente municipal para ejercer sus labores en una feria libre de la comuna de La Cisterna, el mismo día que vencía el plazo para pagar el nuevo permiso, sin haber puesto en su conocimiento dicha sanción con anterioridad y, por ende, sin permitirle dar explicaciones o efectuar descargos y sin conocer los fundamentos de la medida adoptada que está contenida, por lo demás, en un Decreto Alcaldicio que coincidentemente era de la misma fecha en que se presentó el interesado a pagar la patente municipal, esto es, fechada el 31 de enero de 2025, permite estimar que la decisión adoptada lesionó el estándar de un proceso sancionador debidamente fundado para la recurrente. A mayor abundamiento, el Decreto Alcaldicio Nº651, atendido los defectos de que adolece, aparece desprovisto de fundamento racional para justificar la medida adoptada en él, en directa contravención a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 19.880 que establece que las resoluciones de la administración deben ser fundadas y deben indicar expresamente los motivos que sustentan la decisión.

NOVENO: Que en el contexto antes descrito la actuación de la recurrida resulta caprichosa, al carecer de fundamento que permita entender por qué procedió a caducar y desenrolar, definitivamente, el permiso municipal y de ocupación de bien nacional de uso público de feria libre de la recurrente, atendidas todas las observaciones y reparos que se hacen a este decreto en el basamento sexto de este fallo, lo que se traduce, en definitiva, que el acto administrativo carezca de fundamentación, a su vez, no de cumplimento a lo dispuesto en la Ley 19.880.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de La Cisterna sólo en cuanto se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio Nº651 de 31 de enero de 2025, debiendo la Municipalidad fundar su actuación como se ha señalado en la presente resolución y otorgar a la recurrente de la patente municipal y el permiso de ocupación de bien nacional de uso público bajo el Rol 2-13003, en los mismos términos que se venía haciendo, otorgándole un plazo para pagar los derechos correspondientes.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad Protección 690-2025 Pronunciada por la Cuarta Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los ministros señor Roberto Contreras Olivares, señora Celia Catalán Romero y el abogado integrante señor Francisco Cruz Fuenzalida.

Se deja constancia que no firman no obstante que concurrieron a la vista y posterior acuerdo de la causa, la ministra señora Catalán, por encontrarse con permiso de conformidad al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales y el señor nombre reservado, por no integrar sala el día de hoy.