nombre reservado CONTRA nombre reservado

En Santiago, a diecisiete de enero de dos mil diecinueve.

Vistos:

A fojas 4, recurre de protección don nombre reservado, Director Honorario del nombre reservado de La Granja - nombre reservado - La Pintana, en contra de dicho nombre reservado, representado por su Superintendente Juan Guillermo Aravena Cea, por la actuación arbitraria e ilegal consistente en aplicar “una orden de alejamiento y resguardo hacia la contadora de la institución, donde se le prohíbe estar en las dependencias donde ella pueda estar expuesta, por el bienestar, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de la trabajadora en mención”.

Señala que esta sanción es consecuencia de un procedimiento viciado e ilegítimo, al haberse violentado en su tramitación las garantías constitucionales del debido proceso, igualdad ante la ley e igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, además de ser juzgado por comisiones especiales, al no haber tenido la posibilidad de comparecer ante organismo disciplinario alguno, sin conocer las razones de esta sanción, sin un debido proceso, sin ninguna posibilidad de defensa para entregar sus aclaraciones y descargos.

Expone en relación a los hechos que es bombero voluntario del nombre reservado recurrido y actual miembro del Honorable Directorio General de éste, siendo superintendente hasta el año 2017.

Sostiene que con fecha 12 de Octubre pasado, recibió en su domicilio carta certificada en la que se le comunica una “orden de alejamiento y resguardo hacia la trabajadora señalada", firmada por don Juan Aravena Cea, Superintendente y don nombre reservado, Secretario General, “indicando la Resolución de Denuncia por acoso laboral y hostigamiento ante la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), según Ley Nº 16.744, supuestamente en contra del recurrente, presentada por doña nombre reservado.” ( sic)

Afirma que esta determinación es una medida arbitraria, autoritaria, caprichosa, unilateral, tomada por el Superintendente Juan Aravena Cea, quien no cuenta con las atribuciones pertinentes y no está reglamentada en el Estatuto y Reglamento vigente.

Señala que no ha sido consultado ni citado para aclarar la supuesta acusación de acoso laboral, por lo que no ha tomado conocimiento de los hechos, ni de la normativa infraccionada del Estatuto y Reglamento vigente, tampoco ha podido entregar antecedentes para aclarar dicha supuesta denuncia.

Explica que en dicha orden de alejamiento se le comunica, además, que “se prohíbe estar en las dependencias donde ella pueda estar expuesta, por el bienestar, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de la trabajadora en mención", lo que corresponde a una arbitrariedad, contraria a las normas del debido proceso, ya que no es posible castigar un hecho, por parte de esa autoridad administrativa, ya que dicha orden sólo puede ser determinada por un Juez, mediante un debido proceso.

Añade que dicha orden se ha enviado por correo electrónico, a todos los integrantes del Directorio de las distintas compañías y personal rentado, denigrando la imagen y el prestigio como autoridad anterior, que estuvo a cargo del nombre reservado hasta el mes de Diciembre de 2017, afectando de esta forma, gravemente a la parte recurrente.

Expone que durante todos los años como superintendente estuvo a cargo de aproximadamente 20 trabajadores rentados en promedio, tiempo durante el cual nunca tuvo alguna denuncia de acoso laboral y hostigamiento u otro tipo de denuncia, debido a que mantuvo un trato de respeto con todas las personas contratadas.

Señala que entre las trabajadoras contratados por la Institución se encuentra la contadora, doña nombre reservado y desde que el recurrente dejó el cargo de Superintendente, el 31 de diciembre de 2017, no ha tenido ningún contacto, ni personal, ni telefónico, ni por correo electrónico, ni por redes sociales, es decir, ninguna comunicación con la señora nombre reservado.

Expone la relación laboral que mantuvo con la denunciante durante su gestión como superintendente, la que destaca siempre fue cordial y amistosa por lo que le resulta sorprendente el motivo de la supuesta denuncia y, de existir aquélla, por su anterior condición de jefatura del nombre reservado, ante la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), esta institución debió contactarlo y entrevistarlo para escuchar su versión de los hechos, y no emitir una resolución, solamente escuchando la versión de la trabajadora.

Indica que solicitó los antecedentes a la institución de bomberos, sin respuesta y luego solicitó ante la Asociación Chilena de Seguridad una reunión con los responsables de dicha entidad, quienes le informaron que recibieron la denuncia de la trabajadora, que la autoridad del nombre reservado se negó a entregar información respecto a aquélla, por lo cual, procedieron a acogerla, atender a la trabajadora, e informar el resultado del proceso de investigación al nombre reservado. Según lo informado por la institución ACHS, ante estas denuncias de acoso laboral, en ningún caso se solicita "orden de alejamiento", ya que esta disposición no está dentro de sus facultades legales, por lo cual, esta versión resulta contraria a lo afirmado en su carta por el Superintendente Juan Aravena Cea.

Analiza la procedencia del recurso de protección y hace presente que el acto respecto del que se recurre es ilegal, en razón de que no se señala la norma infringida del Estatuto y Reglamento vigente, lo cual es totalmente contraria a las normas de derecho positivo vigentes en la institución, en razón de que si no existiera normativa vulnerada, lógicamente esta falta no existiría y el acto en comento es también arbitrario, en razón que se opone a justicia en razón de que no existen antecedentes que fundamenten el actuar del recurrido y se traduce en una amenaza de verse expuesto en su calidad de Bombero a la privación y perturbación de sus derechos, al impedirle durante un tiempo indeterminado, el poder participar en las actividades y en sus funciones como bombero voluntario y, además de ello, en poder participar de las reuniones de Directorio General, tanto ordinarias como extraordinarias, donde tiene derecho a voz y voto.

Indica que además se perturba el principio de igualdad, la igual protección de la ley en el uso de sus derechos, la honra de la persona y por último la acción que se reclama trae consigo la imposibilidad total de poder ejercer su derecho a defensa en el corto plazo, en razón de no existir una institución disciplinaria vigente en el nombre reservado, que pueda juzgar y sancionar la posible infracción reglamentaria.

Concluye que el acto denunciado vulnera el derecho de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos del articulo 19 Nº 3 de la Carta Fundamental, el derecho a la protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia establecido en el artículo 19 Nº 4 del mismo cuerpo constitucional.

Solicita se deje sin efecto la sanción de orden de alejamiento, dispuesta por el Superintendente Juan Aravena Cea, de la cual desconoce a la fecha los fundamentos de la misma, por cuanto no fue informado el recurrente de la normativa infraccionada del Estatuto y Reglamento, sin que hubiera existido ni el más mínimo atisbo de un debido proceso disciplinario, denostándolo e impidiéndole el libre ejercicio de sus derechos como miembro del nombre reservado de La Granja - nombre reservado - La Pintana y como miembro del Directorio General.

Pide asimismo se elimine de la hoja de vida del recurrente la sanción impuesta y se ordene de inmediato alzar la sanción de modo que se le permita al recurrente ejercer libremente sus derechos como miembro de la Institución recurrida, sin perjuicio de las medidas que esta Corte considere pertinentes a fin de restablecer el imperio del Derecho y asegurar su debida protección.

A fojas 36, informan al tenor del recurso los abogados señores Raúl Hernán Román Gaete y Rubén Antonio Urrutia Vázquez, en representación del nombre reservado, señalando que la institución recurrida no ha impuesto al recurrente ninguna sanción como la reclamada.

Reconocen que se envió al recurrente dos Cartas Oficios Ns: 268 y 297 ambos del año 2018, una vez que se tomó conocimiento a través de una resolución que remitió la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), referente a un acoso laboral que afecta a una trabajadora dependiente, considerando la obligación que establece el N° 1 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental.

Indican que no existe ninguna sanción en la hoja de vida del recurrente y tampoco se le ha prohibido ejercer libremente sus derechos como Director a Honorarios. Aclara que puede asistir a todas las reuniones y asambleas pero se le solicitó no tener contacto con la trabajadora que ha sido afectada por acoso laboral, de esa forma se le pidió que se mantuviera alejado de las dependencias donde ella estuviera.

Aclaran que no puede haber sido sancionado si aún no comienza la investigación por el denuncio interpuesto en su contra ante la ACHS.

Exponen que se dispuso la misiva en cumplimiento de la resolución evacuada por la Asociación Chilena de Seguridad, en la cual se informa que la señora nombre reservado ha sido objeto de acoso laboral. De esta forma la resolución en su parte resolutiva señala: "Detectado el agente de riesgo: LIDERAZGO DISFUNCIONAL A TRAVÉS DE ESTILO AUTOCRÁTICO, el empleador tiene la obligación de: según lo establecido en las circulares № 3.241 y № 3.298, re- adecuar puesto de trabajo o cambiar al trabajador de dicho puesto con la finalidad de cesar la exposición al agente causante de la enfermedad profesional. Se indica implementar las medidas señaladas en Carta de Recomendaciones y el Trabajador debe seguir su tratamiento en agencia ACHS de su región. Se deberá privilegiar la indicación de medidas que tengan por finalidad modificar las condiciones de riesgo causantes de la enfermedad profesional. Calificación realizada”.

Exponen que una vez conocida esta parte resolutiva de ese acto administrativo, el nombre reservado actuando a través de su representante Superintendente y Secretario, cumplen con acatar lo dispositivo en dicha resolución y a fin de salvar que se afecte nuevamente a la trabajadora por los hechos reclamados, se dispuso mediante la misiva reclamada la prohibición del denunciado de asistir a lugares donde se encontrara la trabajadora. A fin de iniciar una investigación interna, esta misma misiva inicial fue complementada con el envío de una segunda carta, Oficio № 297, en la cual se informa al recurrente lo dispuesto por el nombre reservado.

Refieren que el nombre reservado no desconoce que en los Estatutos y Reglamento no está señalado la forma de proceder ante un denuncio por acoso laboral, pero aun así, el recurrente no da crédito a los derechos constitucionales que protegen al trabajador sobre este tipo de situaciones que no tienen precedente alguno, y que estos derechos que rechazan los abusos laborales están plenamente vigentes sobre el hecho reclamado por doña nombre reservado. Asimismo, el recurrente omite pronunciarse sobre los hechos que tuvo presente la Asociación Chilena de Seguridad para enviar dicha resolución en atención a la denuncia presentada.

Manifiestan, que existe toda una normativa legal y constitucional respecto al acoso laboral, a saber: la Constitución Política de la República, artículo 19, número 1º que establece el "Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas"; la Ley № 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, artículo 52º, que instruye el Principio de Probidad Administrativa, es decir, la obligación de observar una conducta funcionaría intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, ya que las conductas constitutivas de acoso representan una infracción a este principio; la Ley № 20.005, que tipifica y sanciona el acoso sexual e incorpora esta preceptiva para toda relación de trabajo, sea pública o privada, modificando el Estatuto Administrativo, el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales y el Código de Trabajo; la Ley № 20.607, que tipifica el acoso laboral y modifica el Estatuto Administrativo, el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales y también el Código del Trabajo, sancionando las prácticas de acoso laboral. Citando el artículos 2 y 5 del Código del Trabajo y la Ley № 18.834, Estatuto Administrativo, que prohíbe a todo/a funcionario/a realizar cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios, y que se considerará como una acción de este tipo el acoso sexual (Artículo 84 letra L) y realizar todo acto calificado como acoso laboral (Artículo 84 letra M).

Afirman que el nombre reservado antes de enviar las misivas números 268 y 297, ambas de 2018, al señor nombre reservado, por el presunto acoso laboral, tuvo presente que al empleador le asiste distintos tipos de responsabilidades sobre su actuar ante situaciones que han sido advertidas, y que para el caso en concreto, ésta fue en atención a la derivación de una resolución de la Asociación Chilena de Seguridad la que en su parte dispositiva advierte el acoso laboral cometido a una trabajadora y por tanto le son aplicables perfectamente las disposiciones del Código Laboral sobre las materias de acoso laboral, y que al respecto, la trabajadora puede en su justo derecho amparase en las normas protectoras del Código de Trabajo, por haberse trasgredido uno de sus derechos fundamentales contemplado en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental.

Aclaran que se instruirá que se realice la debida investigación con la finalidad de tener certeza plena de los hechos objeto de la denuncia y que para iniciar este cometido se dispuso primeramente prohibir al recurrente tener contacto con la trabajadora, pero que en ningún caso es una sanción. Por cuanto, aún no se inicia un proceso investigativo.

Refieren, luego de analizar la normativa ya señalada, que el ordenamiento jurídico protege la integridad síquica del trabajador y que por tanto se le debe proteger de una situación de acoso o de ambiente hostil. Así, además, queda establecido al ser incluidas estas normas dentro del ámbito de aplicación del procedimiento de tutela de derechos fundamentales según el artículo 485 del Código del Trabajo, y que este procedimiento puede ser impetrado en dos oportunidades durante la relación de trabajo y una vez concluida ésta. Es decir esta figura se encuentra plenamente regulada.

Consideran que es su deber ante una situación de acoso laboral, sea que el procedimiento este o no regulado en los Estatutos y Reglamento internos pues hay otras normas en otros cuerpos legales y constitucionales que se deben tener presente, propiciar y garantizar las condiciones adecuadas para los trabajadores, favoreciendo de esa forma un clima de respeto y libre de todo tipo de discriminación. No pueden aceptarse conductas que vulneren la dignidad de la persona como ha sido afectada la señora nombre reservado, por cuanto este acoso laboral debe entenderse como cualquier manifestación de una conducta abusiva.

Reiteran que el nombre reservado envió las misivas a fin de informar la iniciación de un proceso investigativo y solicitar como medida preventiva no acercase a la denunciante, en aplicación directa del orden constitucional sobre de cómo deben darse las relaciones laborales al interior de toda organización, con lo cual queda establecida la existencia de la obligación legal del empleador de otorgar al trabajador un trato acorde con su dignidad humana, elemento de la naturaleza que debe entenderse incorporado al contrato de trabajo y conjuntamente con ello se ha concluido que en la empresa deben respetarse la totalidad de las garantías y derechos individuales establecidos en el orden constitucional.

Estiman que el hecho de poner en conocimiento del recurrente la resolución y la disposición de una medida preventiva, no ha contravenido ninguna disposición legal y menos constitucional.

Añaden que la calidad de bombero del recurrente no ha sufrido ninguna alteración respecto a las dignidades bomberiles y, asimismo, no se han vulnerado las normas del debido proceso ni la igualdad ante la ley, toda vez que no existe sanción interna contra el recurrente, ya que aún no se inicia la investigación por los hechos denunciados por acoso laboral, es decir no se ha procedido de forma arbitraria y menos ilegal.

Aclaran en relación al respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y su familia que los tratamientos que se deben dar sobre este tipo de situaciones pueden ser de conocimiento interno a través del Tribunal de Disciplina de carácter Institucional y, en contrario, es el mismo recurrente quien ha dado cabida a la publicidad de tales disyuntivas mediante la presente acción constitucional.

Refieren con respecto a la presunción de inocencia del afectado y de un debido proceso que no existe prueba alguna que indique que al recurrente se le ha dado trato de "culpable", toda vez que el nombre reservado, da estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico de nuestro país, a la reglamentación interna vigente y de las disposiciones legales aplicables, por cuanto, es de conocimiento del nombre reservado, que nadie puede ser juzgado sino que de conformidad con la ritualidad previamente establecida.

Arguyen que de la sola lectura de las cartas se puede apreciar que no existe vulneración alguna, sino por el contrario, el nombre reservado se ha mantenido con total neutralidad y actualmente se está en la recopilación de los antecedentes lo cual también fue informado al recurrente a quien también se le solicitó su colaboración en este proceso.

Reiteran que no existe otro acto u omisión que haya sido reclamado como vulnerario de sus derechos fundamentales, toda vez que lo que se pretende por el recurrente es hacer creer que no se le permitió hacer una debida defensa, y, como ya se indicó, este proceso investigativo tiene su etapa previa la cual es dejar en conocimiento personal de la investigación que se generará en el transcurso de los próximos días.

Concluyen que los sustentos del recurso no han sido demostrados de forma indubitada y no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario que conlleve una vulneración actual o potencial de algún derecho del recurrente por lo que solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

A fojas 93, se agrega el informe requerido a la Asociación Chilena de Seguridad, por intermedio del abogado don Patricio Castillo Barrios, quien da cuenta, en lo pertinente, que la trabajadora dependiente de la entidad afiliada nombre reservado, ingresó a sus dependencia médicas el 6 de junio de 2018, para estudio de enfermedad profesional de salud mental; que una vez finalizadas las atenciones y tratamientos médicos pertinentes el comité calificador de enfermedades profesionales declaró como de origen laboral la patología de la paciente.

Agrega que, en virtud de las facultades legales y reglamentarias vigentes, así como lo instruido por la Superintendencia de Seguridad Social, se emitió, el 5 de julio de 2018, una Resolución de Calificación N° 607577905072018, la cual fue notificada a la trabajadora y a su entidad empleadora, dándoles a conocer que la patología motivo de consulta es de origen laboral.

Se trajeron los autos en relación Considerando Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que el recurrente refiere que se han amagado los derechos garantizados en el numeral 2, 3 y 4 del artículo 19 de la Carta fundamental, esto es, la igualdad ante la ley, a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y; el derecho a la protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia.

Tercero: Que la doctrina y la jurisprudencia han señalado que la acción u omisión es ilegal si se ha dictado o ejecutado en contravención a las normas que integran el ordenamiento jurídico chileno, esto es, no autorizado por él (si se trata de una acción) o exigido por el mismo (si se trata de una omisión).

Por lo que de acuerdo a lo antes expuesto, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque algunas de las situaciones o consecuencias que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales preexistentes, protegidas por la norma antes citada.

Cuarto: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal es la prohibición que pesa sobre el recurrente de acercarse a una trabajadora del nombre reservado.

Quinto: Que de los antecedentes aportados por ambas partes y por la Asociación Chilena de Seguridad, apreciados de acuerdo con la sana crítica es posible establecer los siguientes hechos:

a) Doña nombre reservado, trabajadora dependiente de la recurrida, efectuó una denuncia por acoso laboral ante la Asociación Chilena de Seguridad.

b) Dicha entidad, calificó la enfermedad profesional de la trabajadora, como de origen laboral mediante Resolución de Calificación N° 607577905072018.

c) Como consecuencia de dicha calificación, la recurrida dispuso mediante oficios N° 268 y 297 del año 2018 respecto del recurrente, señor nombre reservado, la prohibición de “estar en las dependencias donde ella pueda estar expuesta, por el bienestar, el derecho a la vida, integridad física y psíquica de la trabajadora en cuestión.” Asimismo le comunicó que ha dispuesto una investigación interna a efectos de establecer la veracidad de los hechos materia de la denuncia, toda vez que no hay certeza de los mismos.

Sexto: Que, conforme lo expuesto en forma precedente, aparece que la prohibición de acercamiento de que se trata, no es una sanción sino una medida que impuso el empleador al recurrente, como consecuencia del informe de Resolución de la Asociación Chilena de Seguridad, que califica como de origen laboral la enfermedad de doña nombre reservado y que dispuso: “Como medida precautoria y preventiva el nombre reservado deben disponer que el agente causante de la enfermedad profesional no pueda acercarse al espacio físico del denunciante en sus horarios laborales”.

Séptimo: Que, en consecuencia, la prohibición que pesa sobre el recurrente de acercarse a la trabajadora en sus horarios laborales, no constituye un acto arbitrario e ilegal; por el contrario, como ha quedado expuesto, encuentra su fundamento en la citada resolución de la Asociación Chilena de Seguridad y ha sido dispuesta con el único interés de velar por el resguardo de los derechos laborales de la mencionada trabajadora.

Octavo: Que en atención a lo razonado y, por haberse constatado en el presente caso la inexistencia del elemento esencial para la procedencia de un recurso de protección, este es, un acto o una omisión ilegal o arbitraria, resulta innecesario analizar la presunta violación de las garantías constitucionales denunciadas.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida por don nombre reservado en contra del nombre reservado de La Granja - nombre reservado.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó la ministro señora Claudia Lazen Manzur.

Rol 6890-2018 PROT