nombre reservado con VTR COMUNICACIONES S.P.A.

En San Miguel, a cinco de agosto de dos mil veinte.

Vistos:

En estos autos ingreso Corte N° 6848-2020 Protección comparece don nombre reservado, funcionario municipal, quien recurre de protección contra la empresa VTR Comunicaciones Spa., por haber incurrido en actos ilegales y arbitrarios consistentes en llamados telefónicos constantes y reiterados a todas horas del día, mensajes de texto y correos electrónicos que han vulnerado su derecho a la integridad psíquica que afectan gravemente su derecho a la vida e integridad física y psíquica consagrando en el numeral N° 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Relata que mantendría presuntamente una deuda con la recurrida siendo objeto de los hostigamientos que indica en que se lo compele y ofrece a tomar formas de pago que resultan onerosas o que concurra a sus oficinas a normalizar la deuda.

Refiere que tales acciones se realizan al menos a contar del día 10 de junio del presente, acciones que se han ido acrecentando en el tiempo recibiendo estos contactos, insistiendo en llamar y cobrar deudas de manera innumerable, a diario, lo que perjudica tanto a él como a su grupo familiar, ya que, lo han contactado incluso en su trabajo lo que a su juicio traspasa la razonabilidad material y jurídica; en caso de existir una deuda, están establecidos los canales correspondientes de cobro judicial llegando a no contestar las llamadas que provienen de la empresa. Luego de citar jurisprudencia al efecto, solicita acoger la presente acción constitucional y ordenar a la recurrida VTR Comunicaciones Spa., terminar con el constante acoso telefónico y toda forma de comunicación de la que ha sido objeto para pagar la supuesta obligación adeudada, con expresa condena en costas.

Adjunta copia de correos electrónicos del recurrido (5: 10, 12, 16, 22 Jun / 9 jul) capturas de pantalla de llamadas perdidas (4) y copia de mensajes de texto (7)

Comparece informando al tenor del recurso doña Romina Daniela Husid Perotti, abogada en representación de la recurrida VTR Comunicaciones SpA solicitando el rechazo de la acción intentada en su contra. Indica que el recurrente no niega la existencia de la deuda impaga con su representada y que, efectivamente, se han realizado gestiones de cobranza extrajudicial pero, en cuanto a las llamadas telefónicas de 31 intentos sólo en 3 se logró conexión o contacto con el deudor por lo que estima que no sería una práctica excesiva y reiterada, ya que, tales contactos se produjeron con, al menos, diez días de separación entre una y otra. Explica que el procedimiento de cobranza extrajudicial de deudas adoptado por su representada, se sujeta estrictamente a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Protección del Consumidor, específicamente y en lo que refiere al caso, al inciso cuarto y décimo, de la misma norma, se realiza en días y horas hábiles (de lunes a sábado de 8 a 22 horas); no se le enviaron documentos con la apariencia de escritos judiciales, aquellos cuentan con gráficas y logos de VTR, cumpliendo la única función de informar al cliente moroso sobre la existencia de boletas pendientes de pago, proporcionando en el mismo correo, un acceso directo al botón de pago de dicha boleta para proceder a la regularización de la deuda. Añade que lo anterior se ajusta a lo resuelto jurisprudencialmente por los Tribunales superiores de justicia, por lo que no existe un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él– que afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, lo que es un requisito indispensable o presupuesto básico para que una acción de protección como la que se ha interpuesto pueda prosperar. Agrega que, en cuanto a una supuesta amenaza a la integridad psíquica del actor, éste no señala de manera específica en qué forma esta amenaza se produjo. Si bien señala haber sido víctima de un acoso telefónico persistente no es claro en señalar de qué manera se vería afectada dicha garantía, sino que, únicamente se limita a decir que se le ha perjudicado psicológicamente tanto a él como a su familia al ver o escuchar que se están recibiendo llamadas de cobranza e interrumpiendo incluso sus actividades laborales. En definitiva pide rechazar la acción intentada con costas.

Adjunta a su presentación: 1. Registro de llamadas de cobranza realizadas (31); 2. Registro de SMS enviados (8); 3.Registro de Correos electrónicos enviados (6); 4. Evidencia Correos tipo de cobranza VTR; 5. Boleta impaga mayo 2020; y 6. Boleta impaga junio 2020.

Estando en estado se trajeron los autos en relación:

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio.

Segundo: Del mérito de las alegaciones vertidas en el libelo del actor y, el informe evacuado por la recurrida, es posible determinar que el objeto de esta acción cautelar recae sobre lo que se considera un acto arbitrario e ilegal por la recurrente, el cual consistiría en el trastorno de su vida cotidiana a consecuencias de las reiteradas llamadas telefónicas y el hostigamiento que la recurrida ha ejecutado en su contra al cobrarle extrajudicialmente desde el día 10 de julio una deuda, con el objeto de negociar y, obtener el pago de lo adeudado, afectando su integridad psíquica y, el respeto y protección de su vida privada y honra.

Tercero: Cabe precisar que la acción de cobro extrajudicial de una deuda se encuentra regulada en el artículo 37 de la Ley 19.496, sobre Protección a los Derechos del Consumidor, que se refiere a toda operación de consumo en que se conceda crédito directo al consumidor, cuyo es el caso, el cual dispone, en lo que atañe el objeto del presente recurso, “letra g) entre las modalidades y procedimientos de la cobranza extrajudicial se indicará si el proveedor la realizará directamente o por medio de terceros y, en este último caso, se identificarán los encargados; los horarios en que se efectuará, y la eventual información sobre ella que podrá proporcionarse a terceros de conformidad a la ley Nº 19.628, sobre protección de los datos de carácter personal”, añadiendo en el inciso décimo que “las actuaciones de cobranza extrajudicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación en las que se dé cuenta de la morosidad; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean los que declara hábiles el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, y, en general, conductas que afecten la privacidad del hogar, la convivencia normal de sus miembros ni la situación laboral del deudor”.

Cuarto: Que de conformidad con lo señalado precedentemente, la acción de cobranza extrajudicial constituye un procedimiento legalmente permitido, pero que debe realizarse respetando los límites que señala la normativa legal ya referida, tendientes a proteger la vida personal, familiar y laboral del requerido; en el caso sublite el hostigamiento que denuncia la recurrente no ha sido acreditado en la presente acción cautelar con algún documento serio que lo respalde, solo con la existencia de los llamados telefónicos por parte de la recurrida y del envío de algunos correos; lo anterior ha sido controvertido por la recurrida, quien asevera en su informe y en el alegato de vista de la presente acción cautelar, que las acciones de cobranza extrajudicial han sido realizadas en el marco de la legalidad vigente incluso antes del período de tiempo que señala el recurso.

Quinto: En el caso de autos no es discutido que el recurrente presenta una deuda impaga con la recurrida y, aunque los antecedentes aportados por esta última evidencian varias comunicaciones efectivas de ella hacia al actor, lo cierto es que no todas demuestran una intención de cobro, sino que también las hay a modo de mero aviso de que “su boleta está próxima a vencer” y “hoy vence su boleta”. Habida cuenta de esto último y en cuanto a las llamadas telefónicas, se desprende de lo expuesto por ambas partes que sólo una mínima cuota de ellas fueron atendidas, por lo no es posible corroborar que todas hubieran sido hechas con el objeto de recordar al deudor la existencia de la deuda o instarlo a su pago.

Lo anterior, junto al período de tiempo que abarcan los hechos narrados en el recurso, no permite considerar demostrado un contexto que habilite para calificar tales comunicaciones de abusivas o con aptitud para impactar en la integridad psíquica o entorpecer el normal desenvolvimiento de la vida diaria del señor nombre reservado y su familia en términos tales que pudieran justificar el acogimiento de la acción cautelar aquí ejercida.

Sexto: En consecuencia, al no resultar comprobada la conducta de hostigamiento y de amenaza cuestionada por el actor, no queda más que concluir que el arbitrio de protección en estudio no podrá prosperar, al no haberse constatado ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la recurrida.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra de la empresa VTR Comunicaciones SpA.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra María Teresa Letelier R.

N° 6848-2020-Protección.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señoras María Teresa Letelier Ramírez, María Alejandra Pizarro Soto y Dora Mondaca Rosales.