Protección contra la I

78/setenta y ocho San Miguel, treinta de mayo del año dos mil catorce.

Vistos:

A fojas 12, con fecha doce de marzo de dos mil catorce, comparecen don nombre reservado y doña nombre reservado, quienes deducen acción constitucional de protecciónen contra delaIlustre Municipalidad de San Bernardo, representada por su Alcaldesa doña nombre reservado, fundada en que con fecha veintiocho de febrero de dos mil catorce, se les informó del término de su relación laboral de más de 15 y 5 años, respectivamente, acto que señalan atenta contra las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nº 2, 3 y 16 de la carta fundamental, y además de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 19.834 (sic), en tanto los actos de la administración deben ser fundados.

Expresan que se desempeñaron como funcionarios de dicho municipio en calidad de contrata por los años antes señalados, y en el caso de la Sra. nombre reservado, además, antes trabajó varios años a honorarios, y que el 28 de noviembre de 2013 se dictó el Decreto Nº 267 en que se prorrogó la contrata a 70 funcionarios de ese municipio, incluidos los recurrentes, pero solo por dos meses, desde el 1 de enero de 2014 al 28 de febrero del mismo año, siendo lo normal la renovación por un año hasta diciembre, tal cual ocurría hasta antes de esta renovación. Exponen que ellos fueron los únicos funcionarios a quienes no se les renovó la contrata del total de 70 funcionarios, y que la razón que se les dio fue “la falta de necesidad del servicio”, lo que indican es falso dada la importancia de los cargos que desempeñaban: en el caso del Sr. nombre reservado, era encargado del Departamento de Inspecciones y Área de extracción de áridos en la Dirección de Obras, y en cuanto a la Sra. nombre reservado, estaba a cargo de proyectos de inversión e infraestructura en el Departamento de Construcción. Agregan que en cuanto a su desempeño, siempre fueron calificados con nota máxima y registran anotaciones de mérito en sus hojas de vida laboral.

En cuanto al acto recurrido, señalan que no ha existido una comunicación formal del término de la relación laboral, y que las áreas de trabajo donde se desempeñaban se siguen desarrollando, pero que están paralizadas en forma parcial por falta de profesionales expertos en el área. Estiman que el acto es arbitrario, por cuanto no hubo aviso previo de esta decisión, tampoco hubo un procedimiento sumario por faltas disciplinarias o actos contra el municipio. Además, refieren que la Sra. Alcaldesa envió, el 16 de diciembre 2013, un correo electrónico a los funcionarios a contrata que habrá continuidad de sus servicios independiente de su contrata y que deben pedir sus feriados a las correspondientes jefaturas, lo que demuestra que estos recurrentes estaban incluidos en la continuidad, lo que demuestra la arbitrariedad de la medida en su contra.

Por lo expuesto, solicitan se acoja su recurso, se disponga la anulación del acto arbitrario y se ordene la continuación de las labores de los recurrentes hasta el 31 de diciembre de 2014.

Adjuntan a su recurso una copia del Decreto Nº 267, correo electrónico de Sra. Alcaldesa de 16 de diciembre de 2013, certificados de término de relación laboral para ambos recurrentes fechados 3 de marzo de 2014, copia de contrata anterior de la Sra. nombre reservado, y copia de memorando Nº 8 de la Jefatura del Sr. nombre reservado, felicitándolo por cumplimiento de metas.

A fojas 21 se denegó orden de no innovar.

A fojas 51 y siguientes, se agrega informe evacuado por la recurrida, en el cual especifica que el acto recurrido corresponde al Decreto Alcaldicio Nº 147, de 1 de marzo de 2014, que nombra contratas a 67 funcionarios desde esa misma fecha y hasta el 31 de diciembre del mismo año, sin contemplar a los recurrentes. Luego, expresa que en cuanto al Decreto Nº 267 de 28 de noviembre de 2013, su objeto era aplazar las contratas a fin que los funcionarios pudieran hacer uso de su feriado legal, sin perjuicio de la decisión definitiva en relación a la dotación a contrata. Estiman que el acto no es arbitrario ni ilegal, pues se encuentra dentro de las atribuciones de la Sra. Alcaldesa, conforme la normativa de las leyes 18.883, 19.820 y 18.695, añadiendo que el fundamento legal de la decisión municipal es “la llegada del plazo establecido”, por cuanto según el Decreto Nº 267 el vínculo se extendía solo hasta el 28 de febrero de 2014, y que el vínculo de contrata supone una relación a plazo fijo. Luego la decisión de no renovar obedeció a la falta de necesidad de los servicios y la mala evaluación que se hizo de los mismos. Asimismo señala que no es efectivo que las funciones de los recurrentes no puedan ser ejecutadas por terceros profesionales ni que las obras estén paralizadas; en este punto explica que los contratos de ejecución de obras celebrados por el municipio están entregados a una unidad municipal y no a un funcionario especifico, unidad que designa a un funcionario para que desempeñe la función de Inspector Técnico de Obras (ITO) y en caso de ausencia de éste, se designa a otro. Además, en los proyectos que participaban los recurrentes como ITO, ya fueron reemplazados. Igualmente, explica que el sistema de ITO del municipio debió ser revisado en virtud de la entrada en vigencia de la ley 20.703 de 5 de noviembre de 2013 y su aplicación obligatoria en todas las obras públicas, ley que regula los registros nacionales de inspectores técnicos de obras. Luego, en virtud de esta ley, se reestructuró el equipo de ITO, pues según aquella, serán provistos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cumpliendo las mismas funciones que los recurrentes.

En cuanto al desempeño de éstos, expresa que era deficiente; en el caso de la Sra. nombre reservado, participaba del proyecto “Mejoramiento de Parque Colón”, donde hubo inconvenientes que no fueron advertidos, informados ni sancionados, hubo retraso en la entrega de la obra y no se aplicaron multas según las bases de administración, además, el contratista procedió a subcontratar sin tener autorización municipal para ello, y peor aún, se le rebajaron las multas cursadas. Por ello se inició un sumario administrativo que está en curso desde el 19 de marzo de este año, respecto de todos los funcionarios que intervinieron en esa obra. Respecto del Sr. nombre reservado, participaba en el proyecto “Mejoramiento de veredas” de la comuna, obras que no fueron supervisadas con la suficiente rigurosidad técnica, dado que hubo una serie de accidentes de vecinos en las vías por malas terminaciones, materiales de construcción, lo que se advirtió al recurrente en el Oficio interno Nº 286 de 18 de abril de 2013, Nº 590 de 12 de agosto de 2013, y Nº 785 de 15 de octubre de ese mismo año, sin que se hayan implementado medidas de resguardo ni compelido al contratista. En cuanto a su función en el Departamento de Inspección de extracción de áridos, tampoco fue buena, pues omitió información en relación a una solicitud de prórroga de concesión de extracción de áridos. Finaliza este punto, señalando que el actuar de los recurrentes fue objeto de discusión en la Sesión del Honorable Concejo Municipal de 14 de enero de 2014 por su actitud pasiva.

Respecto de la legalidad del acto en cuestión, indica que debe estarse a lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 18.883 en cuanto al carácter de transitorio de los cargos a contrata y su posibilidad de prórroga; también invoca lo dispuesto en los artículos 5 letra f), y artículo 7 de la ley 19.820 y articulo 63 letra c) de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Concluye que es facultativo de la autoridad municipal el poner término al vínculo funcionario por el solo ministerio de la ley, es decir, por la llegada del plazo, o cuando se estime que los servicios dejaron de ser necesarios.Además, aduce que nada impide que se puedan establecer plazos de las contratas que sean inferiores a un año, tal como ocurrió en este caso. Que llegado el plazo se produce el cese de funciones, sin que sea necesario algún tipo de acto administrativo adicional que formalice el término de la contrata, a lo que añade que en todo caso los recurrentes tomaron conocimiento el 28 de febrero de 2014 a través de la encargada de recursos humanos.

Solicita, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.

Adjunta a su informe los Oficios internos referidos en su informe, los Decretos Alcaldicios Nº 267, 147 y 3.942, acta de sesión del Concejo Municipal de 14 de enero de 2014 y correo electrónico de la Dirección de Obras Municipales, también acta Nº 41 y antecedentes relativos a los proyectos en que los recurrentes actuaron como ITO (custodia 69-2014PRO.)

A fojas 70 se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, ha de tenerse en consideración que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio;

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto. En otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se tiene, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza. Enseguida, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, amagando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de un asunto como el que ha sido motivo de la presente acción cautelar.

TERCERO: Que si bien es efectivo que los nombramientos a “contrata”

de funcionarios públicos, tienen como característica primordial su precariedad o transitoriedad, esto solo dice relación con la circunstancia de que están supeditados a la decisión anual de “renovación” de la autoridad administrativa correspondiente y que al no hacerlo, se entiende automáticamente terminada dicha relación laboral, sin que aparezca estrictamente necesaria la dictación de otro acto administrativo adicional o especial (así se indica en el artículo 2 de la ley 18.883, estatuto administrativo de empleados municipales y 153 de la ley 18.884 Estatuto Administrativo de los empleados Públicos).

Sin embargo, la regularidad de la función administrativa y su respeto por la autoridad, tanto frente a quien la ejecuta como ante la comunidad a la cual está destinada a servir, revelan la necesidad de avisar oportunamente la próxima cesación de “funciones a contrata” e indicar sus fundamentos, a fin de que esa decisión no devele arbitrariedad de la autoridad.

CUARTO: Que en el presente caso, no solo no se comunicó a los funcionarios afectados con una mínima anticipación, sino que se aprovechó de una coyuntura particular, el haberse prorrogado el término de la contrata desde el 31 de diciembre de 2013 pero solo hasta el 28 de febrero de 2014 (como los intervinientes reconocen), variándose así el término tradicional o usual de un año que regulaba, (año a año), la relación laboral de los recurrentes con la recurrida que en este caso se había extendido por cinco y quince años de duración respectivamente, con lo que se ha tornado brusco el fin de esa relación laboral y además, claramente desigual frente a otro gran número de funcionarios “a contrata” a los que sí les fue renovada su contrata (67 contratas).

QUINTO: Que tanto el Estatuto Administrativo de Empleados Públicos como el de los Empleados Municipales, reconocen el derecho a estabilidad laboral de los empleados, lo que es propio del “derecho al cargo” y respecto del cual solo puede ser cesado por causa legal y cumplidas las formalidades legales, como se ha reconocido tanto por jurisprudencia de los tribunales como en dictámenes de la Contraloría General de la República.

SEXTO: Que, además, en relación a lo anterior, debe tenerse en consideración lo que establece al respecto la Ley de Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, Ley 19.880, en cuanto a que las decisiones de las autoridades administrativas deben ser siempre fundadas, como se desprende de lo dispuesto por el artículo 16 de esta ley (referido a los principio de transparencia y publicidad), y que “permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en un procedimiento administrativo”. El artículo 41, a su vez, reitera este principio, al determinar que “…la decisión será fundada”.

También debe tenerse presente que la referida ley, establece otros principios que los órganos de la administración deben seguir en sus actos de procedimiento, como son, entre otros: el principio de imparcialidad referido en el artículo 11, en cuanto a que “la administración debe actuar con objetividad”; y el artículo 45, respecto del principio de publicidad indica que “los actos administrativos deben ser notificados a los interesados conteniendo su texto integro”. Y además, al respecto, el artículo 51, establece que “los decretos y resoluciones producirán efectos jurídicos desde su notificación o publicidad”.

SEPTIMO: Que de los fundamentos precedentes, se deriva que en la decisión de la autoridad municipal recurrida, para “no renovar” la contrata a los recurrentes, contenida en el Decreto Alcaldicio N° 147 de 1 de marzo de 2014, incurrió en infracción de los referidos principios de la ley de bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado (ley 19.880) y por tanto, ha sido ilegal dicha decisión, ya que omitió la escrituración previa de sus motivos, como así mismo la comunicación de su contenido y fundamentos a los afectados, discriminándolos en relación al resto de los empleados cuyas contratas fueron renovadas y sin que existiesen antecedentes de demérito en su contra, lo que según la recurrida se ha investigado o se está investigando con posterioridad y respecto de lo cual no han tenido posibilidad de defensa alguna los afectados.

OCTAVO: Que de esta manera, al haber incurrido la recurrida en arbitrariedad e ilegitimidad al no incluir a los recurrentes de autos en el decreto alcaldicio N° 147 de 01 de marzo de 2014, en que de sesenta y nueve o setenta funcionarios en iguales condiciones se les renovó sus contratas solo a sesenta y ocho de ellos hasta el 31 de diciembre de este año y sin que a los omitidos se les hubiese comunicado oportuna y formalmente la decisión de no renovarles sus esas contratas, que por lo demás derivaban de varios años; ni habérseles señalado los motivos o fundamentos de esa medida, se les ha privado sorpresivamente de su fuente laboral. De esta manera, han resultado afectados los recurrentes en la garantía constitucional de igualdad ante la ley, establecida en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

NOVENO: Que habiéndose reconocido infringida una de las causales de vulneración de derechos alegadas por los recurrentes, se omitirá el análisis de las restantes (N° 3 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República), sin perjuicio de que los antecedentes en que se fundan, para el presente caso, tampoco las configuran en concepto de estos sentenciadores.

DECIMO: Que como consecuencia de lo concluido en el motivo octavo, procede acoger al recurso de protección incoado en estos autos a fin de restablecer el imperio del derecho, en favor de los recurrentes.

Y visto ,además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y auto acordado sobre esta materia de la Excma. Corte Suprema, SE ACOGE el recurso de protección deducido en lo principal del escrito de fojas 12 por don nombre reservado y doña nombre reservado en contra de la I. Municipalidad de San Bernardo, representada por su alcaldesa doña nombre reservado y en consecuencia se determina que la recurrida deberá reincorporar en sus contratas a las recurrentes hasta el 31 de diciembre del presente año, dictando el decreto complementario (al Decreto Alcaldicio N° 147 de 1 de marzo de 2014) en que se incluya en la nómina de funcionarios a contrata establecida en el Decreto Alcaldicio N° 147 de 1 de marzo de 2014 a don nombre reservado y doña nombre reservado, debiéndose ordenar el pago de sus remuneraciones correspondientes a partir de esta última fecha.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro José Ismael Contreras Pérez N° 68-2014 – PROT.

Pronunciado por el Ministro de la Cuarta Sala Ministro Sr. José Ismael Contreras Pérez, Fiscal Judicial Sr. nombre reservado y Abogado nombre reservado Sr. Ivo Skoknic Larrazabal.

Se deja constancia que no firman el Sr. nombre reservado Sr. Ivo Skoknic Larrazabal no obstante haber concurrido a la vista de la causa y fallo, por encontrarse ausentes.

San Miguel, treinta de mayo de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.