nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

San Miguel, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

A los folios 9 y 10: Téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que nombre reservado, profesora, interpone acción constitucional de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado, representada por su Alcalde Felipe Muñoz Heredia, por la dictación del Decreto Alcaldicio N°3106, de 2 de octubre de 2025, que dispuso su destitución del cargo de docente, acto que califica de ilegal y arbitrario, perturbando sus garantías fundamentales establecidas en los numerales 2, 3, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Detalla que es profesora de Educación General Básica, licenciada en Educación y con postítulo en Matemáticas, y que se ha desempeñado por más de 30 años en el ámbito educativo, 11 de ellos en el servicio público, actualmente en el Liceo Bicentenario de Excelencia Paul Harris de Padre Hurtado, manteniendo durante toda su carrera una conducta intachable, sin sanciones ni observaciones previas.

Refiere que durante el año 2022 sufrió un grave deterioro de su salud física y mental, con un cuadro de cefaleas crónicas, olvidos persistentes, estrés y agotamiento emocional, por lo que fue derivada al neurólogo, quien le practicó un escáner cerebral el 13 de febrero de 2023 cuyo resultado indicó una ligera ampliación del espacio subaracnoideo, hallazgo que le generó un profundo temor a padecer una enfermedad progresiva. Añade que, por el impacto emocional del diagnóstico, fue derivada a atención de salud mental con un especialista en psiquiatría, quien le prescribió licencias médicas para su tratamiento, encontrándose durante ese periodo profundamente afectada en su estado anímico.

Indica que, en ese contexto, aceptó la invitación de su ahijada para realizar un breve viaje fuera del país, entre el 10 y el 29 de abril de 2023, con el propósito de mejorar su bienestar emocional y aliviar el cuadro de estrés y agotamiento que la aquejaba, lo que califica como una acción terapéutica y no como un viaje de placer. Enfatiza que no actuó con mala fe ni con intención de defraudar al sistema, sino movida por un estado de vulnerabilidad y desconocimiento, creyendo erróneamente que la única consecuencia posible sería el rechazo de la licencia médica, sin dimensionar que su salida del país pudiera tener implicancias disciplinarias.

Expone que, no obstante lo anterior, la Municipalidad interpretó su salida del país como una falta grave al principio de probidad administrativa e instruyó en su contra el sumario administrativo ordenado por Decreto Alcaldicio N°2019/2025, que culminó con la aplicación de la medida disciplinaria de destitución mediante el Decreto Alcaldicio N°3106, de 2 de octubre de 2025, respecto del cual dedujo recurso de reposición.

En cuanto al derecho, denuncia que el acto impugnado es ilegal por falta de competencia, toda vez que fiscalizar el uso de una licencia médica, determinar su validez y sancionar su supuesto mal uso sería una facultad privativa y exclusiva de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, conforme al Decreto N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, y de la respectiva institución de salud previsional, de modo que la Municipalidad, al dictar una sanción disciplinaria sobre una materia ajena a su competencia, habría actuado fuera de los márgenes de la ley, vulnerando el principio de legalidad de los artículos 6 y 7 de la Constitución.

Alega que el acto es arbitrario por la desproporcionalidad de la sanción, pues la decisión de aplicar la medida más gravosa se adoptó sin ponderar debidamente su trayectoria intachable de más de 30 años ni la naturaleza terapéutica del viaje, tratándose, a lo sumo, de una falta menor, con lo que se habría vulnerado la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución y el principio de proporcionalidad que rige el derecho administrativo sancionador. Añade que la suma de estas ilegalidades y arbitrariedades vulnera además el debido proceso del artículo 19 N°3 y su libertad de trabajo y su protección del artículo 19 N°16.

Argumenta que no se configura la causal de destitución, toda vez que el artículo 125 de la Ley N°18.834 exige que los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, siendo sus causales taxativas, sin que en la especie se haya determinado la existencia de una infracción encuadrable en alguna de sus letras ni se hayan expresado los razonamientos lógicos y jurídicos que permitan concluir una vulneración grave a dicho principio.

Concluye que la conducta reprochada corresponde a una actividad realizada fuera de su horario laboral, encontrándose con licencia médica y sin que exista prueba de su mal uso, por lo que no sería posible estimar configurada una falta grave a la probidad por actuaciones ocurridas en un contexto privado.

Solicita que, acogiéndose la acción, se deje sin efecto la sanción de destitución contenida en el Decreto Alcaldicio N°3106 y se disponga su absolución o, en subsidio, la aplicación de una sanción administrativa proporcional, ordenándose su reincorporación y el pago de las remuneraciones no percibidas desde la destitución hasta su efectiva reincorporación, con costas.

Segundo: Que informa al tenor del recurso Jorge Roa Kruger, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado, solicitando su rechazo, con costas.

Sostiene, como cuestión previa, que la acción de protección no constituye la vía idónea para impugnar la sanción impuesta en un sumario administrativo, atendida su naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, destinada a restablecer el imperio del derecho sin sustituir los procedimientos ordinarios ni operar como vía de impugnación de actos administrativos complejos que exigen debate probatorio. Agrega que existen mecanismos legales específicos para impugnar la decisión, cuya preeminencia excluiría la idoneidad del recurso, tales como el reclamo de ilegalidad municipal del artículo 151 de la Ley N°18.695, las presentaciones ante la Contraloría General de la República, la acción de nulidad de derecho público, las impugnaciones contempladas en el propio procedimiento sumarial e, incluso, una acción laboral por aplicación supletoria del Código del Trabajo, además de encontrarse pendiente de resolución, al deducirse la acción, el recurso de reposición respectivo.

Relata que el sumario administrativo se inició mediante Decreto Alcaldicio N°2019, de 29 de mayo de 2025, a partir del Oficio N°E82804/2025 de la Contraloría General de la República, que individualizó a funcionarios del Departamento de Educación que registraban salidas al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas, ordenando iniciar los procesos disciplinarios que correspondieran.

Indica que, practicadas las diligencias, se constató que la recurrente, encontrándose con licencia médica que prescribía reposo por treinta días entre el 5 de abril y el 4 de mayo de 2023, en pleno periodo lectivo, salió del país con posterioridad al otorgamiento de la licencia y permaneció en el extranjero durante la mayor parte de ella, y que, citada a declarar en calidad de inculpada, reconoció expresamente su salida del país con fines personales y recreacionales, señalando que se trataba de una invitación de su ahijada y que no tenía conocimiento de que podía pedir un permiso sin goce de remuneraciones.

Explica que, formulados los cargos, notificados y evacuados los descargos con acompañamiento de antecedentes médicos, la fiscal instructora propuso la medida de destitución contemplada en el artículo 72 letra b) del Estatuto Docente, en relación con el artículo 52 de la Ley N°18.575, por infracción grave al principio de probidad, la que fue aprobada por el Alcalde mediante el Decreto Alcaldicio N°3106, posteriormente confirmada al rechazarse el recurso de reposición por Decreto N°3410, de 7 de noviembre de 2025.

Argumenta que los docentes de establecimientos educacionales municipales solo pueden hacer uso de su feriado legal en los periodos de receso escolar, de modo que aceptar y ejecutar un viaje recreacional en pleno periodo lectivo, valiéndose para ello de una licencia médica, desnaturaliza el beneficio estatutario, cuya finalidad exclusiva es la recuperación de la salud, y produce un perjuicio directo al erario, al percibirse la remuneración íntegra con cargo a fondos públicos sin cumplimiento efectivo de funciones ni observancia del reposo.

Sostiene que ello constituye una infracción grave al principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 8° de la Constitución y desarrollado en los artículos 52 y 54 de la Ley N°18.575 y 61 letra g) de la Ley N°18.834, invocando jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República conforme a la cual infringir el reposo durante una licencia médica constituye una falta grave a la probidad sancionada con destitución, sin que proceda la ponderación de atenuantes cuando el ordenamiento asigna una sanción expresa.

Añade que la calificación de la falta como grave y la consecuente destitución constituyen una decisión legalmente obligada, y que el artículo 125 de la Ley N°18.834 contiene, además de casos ejemplificados, una cláusula general que habilita la destitución cuando los hechos vulneran gravemente la probidad, siendo de carácter enunciativo y no taxativo, a lo que se suma que el artículo 72 letra b) del Estatuto Docente autoriza el término de la relación laboral por destitución cuando los hechos constituyan falta grave a la probidad, sin exigir su encuadre en causales adicionales.

Sostiene, asimismo, que no se verifica vulneración de garantía constitucional alguna. Asevera que no se vulnera la igualdad ante la ley, pues este principio exige que infracciones equivalentes reciban idéntica respuesta sancionatoria, de modo que no aplicar la sanción legalmente prevista otorgaría a la recurrente un trato privilegiado respecto de quienes ajustan su conducta al ordenamiento.

Afirma que tampoco se vulnera el debido proceso, ya que la funcionaria fue informada de cargos claros, se le confirió la oportunidad de presentar descargos, acompañar prueba y solicitar diligencias, tramitándose el procedimiento por un fiscal instructor distinto de la autoridad llamada a resolver, sin que el rechazo de sus alegaciones configure una afectación del derecho a defensa.

Agrega que el control sanitario que ejercen la COMPIN y la Superintendencia de Seguridad Social, relativo a la validez clínica y previsional de la licencia, es independiente de la potestad disciplinaria de la Administración para sancionar conductas funcionarias incompatibles con el reposo, y que la licencia en comento fue, además, rechazada.

Por último, aduce que no se vulnera el derecho de propiedad, toda vez que el cargo público no constituye una propiedad absoluta, sino una situación jurídica estatutaria sujeta a la potestad disciplinaria, que se pierde legítima y obligatoriamente cuando el funcionario transgrede gravemente un deber funcionario.

Concluye que la decisión no deriva de discrecionalidad, sino del cumplimiento de un mandato legal imperativo frente a una falta grave a la probidad, ajustándose a los artículos 6°, 7° y 8° de la Constitución, 54 de la Ley N°18.575 y 111 de la Ley N°18.834, sin que exista ilegalidad ni arbitrariedad.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal –contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él–, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que por la presente vía se denuncia como ilegal y arbitrario el actuar de la recurrida, consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N°3106, de 2 de octubre de 2025, que dispuso su destitución del cargo de docente, sustentada en la circunstancia de haber la recurrente viajado fuera del país mientras se encontraba haciendo uso de una licencia médica.

Quinto: Que, según se desprende de los antecedentes acompañados, con fecha 29 de mayo de 2025 la Contraloría General de la República, a través del Oficio N°E82804/2025 remitió a la Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado una nómina de funcionarios que habrían salido o permanecido en el extranjero durante el uso de licencias médicas, entre los que se contaba la recurrente, lo que motivó la instrucción de un sumario administrativo. En dicho procedimiento se formularon cargos, la actora evacuó sus descargos y prestó declaración, reconociendo el viaje efectuado y explicando que recibió dicha invitación de su ahijada. Tramitado el procedimiento, se dictó el Decreto Exento N°31066, de 2 de octubre de 2025, que aplicó la sanción de destitución, decisión que fue confirmada al rechazarse el recurso de reposición mediante el Decreto Exento N°3410, de 7 de noviembre de 2025, ambos acompañados en la causa.

Sexto: Que esta Corte advierte que la recurrida actuó dentro del ámbito de sus atribuciones, en cumplimiento de instrucciones emanadas de la Contraloría General de la República y en ejercicio de la potestad disciplinaria que le confiere la Ley N°18.883, tramitando un procedimiento sumarial que respetó las garantías básicas del debido proceso, permitiendo a la actora tomar conocimiento de los cargos, formular descargos, prestar declaración y deducir el recurso de reposición que la ley le franquea.

Séptimo: Que tampoco se advierte arbitrariedad en la decisión recurrida, toda vez que ella se encuentra fundada en antecedentes objetivos recabados en el sumario y estimó constitutiva de una infracción gravísima al principio de probidad, en cuanto dicha conducta impidió el ejercicio de las facultades de fiscalización del reposo médico por parte del órgano competente. La determinación adoptada responde, por tanto, a una ponderación razonada de los antecedentes del caso concreto y no a un acto caprichoso o carente de fundamentación.

Octavo: Que, por otra parte, la acción de protección no constituye la vía idónea para revisar materias propias del mérito de un procedimiento administrativo disciplinario, tales como la ponderación de la prueba rendida en el sumario o la proporcionalidad de la sanción aplicada, según ha resuelto reiteradamente la Excma. Corte Suprema, entre otras, en la sentencia Rol N°52.153-2025, sin que además conste que la recurrente haya agotado la instancia de reclamación que contempla el artículo 138 inciso final de la Ley N°18.883 ante el propio organismo contralor.

Noveno: Que, en consecuencia, no verificándose en la especie la concurrencia de un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas, el recurso de protección no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°669-2026 Protección