Ir al contenido
BuscadorConstitucional

Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 661-201621 jul 2016

Protección contra Consorcio Santa Marta S

Fecha
21 de julio de 2016
Corte
Corte de Apelaciones de San Miguel
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol N° 661-2016, sentencia de 21 de julio de 2016

Resumen

Se rechaza la protección de residentes contra el relleno sanitario: la recurrida se sometió al procedimiento legal y la autoridad aprobó sus medidas paliativas tras el incendio, sin acreditarse olores, ruidos ni vectores persistentes.

Texto íntegro

208/ Doscientos Ocho En Santiago, veintiuno de julio del año dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

1°) A fojas 116 siete residentes de la parcelación Los Cardenales, Sector Valdemosa, comuna de Talagante, Provincia de Talagante, Región Metropolitana, interponen acción de protección en contra del Consorcio Santa Marta S.A., representada por don nombre reservado, por cuanto las operaciones realizadas por el Relleno Santa Marta, a cargo de la recurrida, generan a diario ruidos nocturnos y olores molestos, además de contribuir a la proliferación de vectores en el sector, como moscas y roedores.

Explican que el Relleno se encuentra colindante con la Parcelación Los Cardenales en la que viven, el que durante los años en que ha operado ha sido objeto de sumarios sanitarios, recibiendo numerosas sanciones impuestas por la autoridad sanitaria, en atención a la forma descuidada y negligente en que desarrolla sus actividades.

Indica que el viernes 15 de enero del año en curso ocurrió un deslizamiento y remoción de una masa de residuos de 200.000 toneladas dispuesta en la plataforma superior del relleno, lo que generó que entre el lunes 18 de enero hasta el lunes 25 del mismo mes se produjo un incendio en las instalaciones de la recurrida, y con ello una emergencia sanitaria y ambiental en diversas comunas de la capital.

Agrega que desde la extinción del fuego a la fecha, no han cesado los olores molestos provenientes del relleno, acentuándose en horas de la noche y primeras horas de la mañana, continuando la proliferación de vectores, a lo que se añade la realización de trabajos nocturnos que producen la emisión de ruidos molestos que afectan su descanso y en consecuencia su salud y calidad de vida.

En cuanto a las ilegalidades afirma que además de todos los hechos que la Superintendencia del ramo ha constatado y estimado constitutivos de infracciones ambientales (y que fueran materia de la formulación de cargos de fecha 09 de febrero de 2016); la recurrida emite ruidos molestos al llevar a cabo trabajos en horario nocturno, no realiza un control efectivo de los vectores que genera, y emite intensos olores molestos a diario, junto con lo cual incumple las respectivas normas, condiciones y medidas con que fueran aprobados sus proyectos.

Expresa que lo anterior resulta claro de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) N° 433/2001 Y N° 76/2012 que acompañan y en las que se previó la posibilidad de la emisión de olores molestos, así como de la generación de vectores, contemplando una serie de condiciones y medidas que tendría que adoptar la titular en orden a evitar una afectación ambiental de la calidad de vida de los vecinos del relleno, por lo que al no adoptar la empresa titular dichas medidas, se desentiende de los supuestos normativos bajo los cuales obtuvo la calificación ambiental favorable de sus proyectos, situándose así en el ámbito de la ilegalidad.

Agrega que como fuera consignado en un Informe de Fiscalización Ambiental del año en curso acompañado en el otrosí, la recurrida no proporcionó al fiscalizador de la Superintendencia del Medio Ambiente información alguna sobre los residuos hospitalarios recibidos y dispuestos a la fecha, conducta omisiva y antijurídica de suma gravedad, cuyos efectos se prolongan en el tiempo hasta el día de hoy, toda vez que la empresa todavía no entrega información al respecto.

Alega que la recurrida amenaza y perturba su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica asegurado en el artículo 19 N°1 de la Constitución; así como en los artículos 6 y 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente (concordados con el artículo 5° inciso 20 de nuestra Constitución Política). Ello puesto que las acciones y omisiones ilegales descritas impiden tanto el adecuado ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental y sanitaria que corresponden a las autoridades públicas; como el control que podrían realizar como vecinos de la recurrida, de su nivel de cumplimiento normativo y del consecuente comportamiento en el tiempo de los componentes ambientales impactados con la ejecución de sus proyectos.

Sostienen que las acciones y omisiones ilegales referidas amenazan y perturban, además, el legítimo ejercicio de su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, derecho que cuenta con regulación de rango legal en la Ley N° 19.300, sobre Bases' Generales del Medio Ambiente, habida cuenta, especialmente, de la emisión por la empresa de ruidos molestos al llevar a cabo trabajos en horario nocturno; de la emisión de olores molestos con una frecuencia diaria que llegan a producirles intensos dolores de cabeza (como consta en la Resolución N° 081/2006 acompañada en otrosí, la autoridad sanitaria regional ya advertía de ella y de la necesidad de darle una pronta solución el año 2005); y la falta absoluta de control de los vectores generados durante el proceso de descomposición de los residuos.

Alega, por último, que desconocen si tras el incendio y las altas temperaturas generadas en el relleno durante los días 18 y 25 de enero tienen o no presencia hoy en el medio ambiente sustancias tóxicas como las dioxinas y el furano, que se generan con la combinación de cloro, materia orgánica y fuego, las que presentan una alta persistencia, pasando de un componente ambiental a otro e integrando la cadena trófica, con consecuencias tan graves para la salud y la vida de las personas y animales como el cáncer.

Concluye solicitando se acoja el presente recurso y se adopten todas las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio de derecho y, en definitiva: declarar la ilegalidad de la conducta de la recurrida; ordenar que el relleno opere exclusivamente en horario diurno; disponer que adopte las medidas procedentes en derecho para evitar la emisión de olores molestos y aquellas tendientes a controlar la generación vectores que descienden hasta sus hogares; así mismo, dejar sin efecto las autorizaciones que permiten a la empresa recibir lodos y residuos hospitalarios y condenar a la recurrida al pago de las costas.

2°) A fojas 191 informa la recurrida Consorcio Santa Marta S.A. solicitando el rechazo del recurso por extemporáneo, improcedente y, en todo caso por cuanto no ha incurrido en algún acto u omisión ilegal o arbitrario.

En relación con la extemporaneidad, hace presente que en el recurso se hace referencia a supuestos hechos que se vendrían generando hace años en el Relleno Sanitario Santa Marta sin señalar con precisión aquellos que habrían dado origen al presente recurso. Agrega que sin perjuicio de lo anterior, la recurrida, en el punto 7.c) referido al plazo señala que "Desde el día 25 de enero de 2016 a la fecha de presentación del presente recurso venimos soportando ruidos molestos…” sin embargo, esta fecha aparece recién al finalizar el recurso, y no guarda relación con los hechos descritos en el mismo, los que se refieren siempre en términos generales y aparecen como de antigua data. A mayor abundamiento, e incluso considerando esa fecha como incierta el recurso debe ser también considerado extemporáneo, pues fue interpuesto el día 9 de marzo de 2016, esto es, ya vencido el plazo fatal de 30 días corridos establecido en el artículo 1° del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

En subsidio de lo anterior, alega que el recurso es improcedente haciendo presente que el funcionamiento del Relleno Sanitario se encuentra regulado por la normativa ambiental correspondiente y en especial por su Resolución de Calificación Ambiental N° 433/2001, de la COREMA, que autoriza a sus representados a recepcionar residuos sólidos domiciliarios y asimilables. Asimismo, y al contrario de lo señalado por los recurrentes, mediante Resolución N° 108.103 de 28 de diciembre de 2015 de la Seremi de Salud se autorizó la Recepción y Disposición Final de Residuos Especiales provenientes de Establecimientos de Salud y, mediante Ordinario N° 0631 de fecha 1 de abril de 2011, del Servicio de Evaluación Ambiental se autorizó la recepción de lodos en el Relleno Sanitario.

Agrega que tanto el Relleno Sanitario como la Estación de Transferencia Puerta Sur, corresponden -por su giro- al tipo de instalaciones más fiscalizadas del país. Sólo como referencia, durante el período a cargo de la Autoridad Sanitaria (años 2002 al 2012), ambas instalaciones fueron fiscalizadas a lo menos una vez por semana, sumando durante dicho período más de 500 fiscalizaciones en terreno, ello hasta la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad ambiental en el año 2012. Hace presente que de todas esas fiscalizaciones, muy pocas de ellas dieron inicio a un sumario sanitario, con la consiguiente aplicación de multa. De hecho la última sanción se cursó durante el año 2010, cuyo cargo fue la “falta de señalización en Av. Lo Espejo para acceder a la Estación de Transferencia Puerta Sur”, lo que no dice relación alguna con la operación del Relleno Sanitario, sin que después de esa fecha se hayan cursado nuevas multas.

Sostiene que en cuanto a la contingencia ocurrida en el Relleno Sanitario durante el mes de enero de 2016, que fue de público conocimiento, se decretó prohibición de ingreso por la autoridad sanitaria, justamente para resguardar la vida de las personas. Paralelamente y en forma casi inmediata se constituyó en terreno el Comité Operativo de Emergencia a cargo del Gobernador Provincial de Talagante con reporte directo a la Intendencia Metropolitana, comité que tuvo la misión de coordinar todos los recursos técnicos y humanos disponibles por parte Santa Marta y de todos los organismos de emergencia de la región que estuviesen disponibles, con la finalidad de resolver esta contingencia en el menor tiempo posible. Gracias a ello se logró sofocar el incendio en un plazo de 3 días, declarándose total y oficialmente extinguido el día viernes 22 de enero de 2016, según da cuenta el informe de Emergencia de esa misma fecha emitido por la Gobernación de Santiago.

En cuanto a los incumplimientos que se le imputan, en primer lugar con la supuesta generación de olores, sostiene que existe un plan de control de éstos cuyo procedimiento explica, además, en cumplimiento de la RCA N° 433/2001 semestralmente se realiza un monitoreo de olores en el área de influencia del Relleno Sanitario incluyendo las localidades más cercanas. El último informe realizado en octubre del año 2015, establece que las condiciones de generación de olor se encuentran en el rango leve y en el rango bajo para todos puntos medidos en los rangos de medición diurno y nocturno. Correspondiendo el próximo informe al mes de mayo de 2016.

En relación con la contingencia acaecida durante el mes de enero de este año, expresa que desde el mismo día en que fue extinguido el incendio en el Relleno Sanitario (viernes 22 de enero), se efectuó una cobertura inmediata del sector del frente de trabajo y se efectuó una cobertura temporal en base a polímeros para evitar la generación de olores. Esta actividad, con cobertura total en base a polímeros se ha reforzado con la colocación de material térreo, con más de un 75 % de avance en la zona deslizada.

En lo que dice relación con la generación de ruido indica que en cumplimiento de la RCA 433/2001 se realiza, en forma semestral, un monitoreo de ruidos, con resultados que son entregados a la SMA y donde se puede constatar que para la totalidad de los puntos medidos se cumple con la normativa vigente, tanto para las mediciones que se realizan en la jornada diurna como nocturna.

Sostiene que la jornada nocturna se encuentra exenta de la operación con maquinaria y solamente contempla la operación de un soplador que forma parte de la Planta de Tratamiento de Lixiviados para asegurar su adecuado tratamiento. Este soplador se encuentra instalado dentro del galpón de la Planta de Tratamiento y cuenta además con difusores para disminuir las emisiones de ruido en las celosías de ventilación. En consecuencia, el monitoreo de ruido efectuado da cuenta que el Relleno Sanitario cumple a cabalidad con la normativa vigente en esta materia.

Alega que en lo que dice relación con el Control de Vectores, se ha efectuado con total normalidad desde el inicio de la operación del Relleno Sanitario, con la instalación de un cordón sanitario y con actividades de sanitización y desinsectación de todas las instalaciones mensualmente, el que incluye, adicionalmente, una cobertura diaria de residuos con material de cobertura, cumpliendo cabalmente con las medidas mencionadas en el considerando 7 de la RCA N°433/2001.

Agrega que respecto de este programa de control y a raíz de la emergencia ocurrida el mes de enero, se ha reforzado su ejecución mediante un completo Programa de Control de Vectores que incluye la instalación de un cordón sanitario con revisión semanal; sanitización y desinsectación semanal de todas las instalaciones; aplicación de cobertura temporal en base a polímeros para evitar la proliferación de larvas; y aplicación de material de cobertura.

Asimismo, junto con la ejecución de este Programa de Control de Vectores en el interior del Relleno Sanitario, se ha ejecutado un programa semanal de control de vectores en cada una de las propiedades más cercanas a la ubicación del Relleno Sanitario, incluyendo las zonas habitables y la vacunación de mascotas como medida de prevención; todo lo cual se ha efectuado en coordinación y de común acuerdo con las personas de la comunidad, algunas de las cuales hoy recurren de protección.

Por último respecto de la imputación que Santa Marta no habría entregado al fiscalizador de la SMA información alguna sobre los residuos hospitalarios, lo que "hace presumir que no los posee", ello no es efectivo, toda vez que se cuenta con la autorización correspondiente y el manejo de estos residuos se hace en conformidad a la legislación vigente. A mayor abundamiento, la contingencia ocurrida durante el mes de enero de 2016 no fue en el sector donde se disponen este tipo de residuos, y esa zona no se vio afectada, tal como lo declaró la propia autoridad sanitaria.

En cuanto a la supuesta falta de entrega de información, señala que con fecha 26 de enero de 2016 SANTA MARTA entregó a la SMA toda la información solicitada en la Resolución Exenta N°48 de fecha 19 de enero de 2016, incluyendo en dicho informe la situación detallada de los residuos hospitalarios ingresados a las instalaciones. Específicamente se detalló la cronología de aprobación del proyecto por parte de las autoridades; los plazos de implementación de las instalaciones para la recepción de estos residuos; se entregó un "Plan de Recepción y Disposición Final de Residuos Especiales" que describe todas las acciones de manejo y de prevención; se entregó un detalle con las instalaciones habilitadas; y se entregó la Autorización para el Transporte de Residuos Especiales. Finalmente en el mismo informe se indicó que el total de residuos recepcionados entre el 4 de enero (fecha de inicio del ingreso de este tipo de residuos) y el 18 de enero (fecha en que se inicia el incendio), era de solo 1.700 kilos, lo que equivale a los residuos que podría contener una camioneta cabina simple.

Expresa en cuanto a la vulneración de garantías que alega la recurrente, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho de propiedad respectivamente, que tal como se ha explicado, ello no se producido, de hecho los recurrentes no señalan la forma en que se ha generado este supuesto daño, en qué consiste el mismo y cuáles son los antecedentes con los que cuentan para sostener tales afirmaciones, sino que únicamente señalan supuestas infracciones de Resoluciones dictadas por la autoridad sanitaria, las que como se demostró no son reales. Si lo que pretenden los recurrentes es denunciar infracciones a la RCA o a otras resoluciones administrativas que regulan la actividad, los mecanismos para ello son otros, tales como denuncia a la SMA, sin que sea el recurso de protección la vía adecuada para resolver este tipo de conflictos.

Indica que no existe una cuestión de ilegalidad o arbitrariedad de un acto u omisión, sino que la contraria relata hechos que según señala, constituyen infracciones principalmente a la RCA N° 433/2001, supuestos incumplimientos que deben ser acreditados en la sede que corresponda.

Alega que su representada ha obrado con estricto apego a la legislación vigente, y a lo ordenado por los organismos con competencia ambiental y en relación con las peticiones de los recurrentes, manifiesta que el Relleno Sanitario opera sólo en horario diurno, no se encentra recibiendo lodos, pues así lo ordenó la SMA mediante Resolución N° 126 de fecha 10 de febrero de 2016, de modo tal que el objetivo del presente recurso se encuentra ya cumplido en la práctica, habiendo entonces perdido oportunidad.

Concluye señalando que en la especie no se ha probado afectación alguna, toda vez que la operación del Relleno Sanitario por parte de Santa Marta cumple con la normativa vigente aplicable y con la RCA y resoluciones administrativas que regulan su actividad particular, por lo que el recurso debe ser desestimado, pues, en la especie, no sólo no ha existido acto u omisión ilegal o arbitraria sino que, por el contrario, mi representada se ha ajustado estrictamente a la legalidad vigente y ha actuado conforme a la razón, sin abuso y dentro del marco de exigencias que le ha Impuesto la ley.

3°) Que en relación con la extemporaneidad alegada, si bien en el recurso se hace alusión a actividades que se vendrían generando desde larga data, lo cierto es que la vulneración de garantías que denuncia en la actualidad, las circunscribe a consecuencias derivadas del incendio producido en el vertedero y que habría terminado el 25 de enero del año en curso, tales como malos olores, ruidos molestos y proliferación de vectores, las que se mantendrían hasta la fecha de presentación del recurso el día 09 de marzo de 2016, esto es se trataría de una vulneración que se ha mantenido en el tiempo, de modo que no procede declarar la extemporaneidad de la acción de protección.

4°) Que en relación con la improcedencia del recurso por cuanto el funcionamiento del Relleno Sanitario se encuentra regulado por la normativa ambiental correspondiente y en especial por su Resolución de Calificación Ambiental N° 433/2001, de la COREMA, que autoriza a sus representados a recepcionar residuos sólidos domiciliarios y asimilables y por cuanto mediante Resolución N° 108.103 de 28 de diciembre de 2015 de la Seremi de Salud se autorizó la Recepción y Disposición Final de Residuos Especiales provenientes de Establecimientos de Salud y, mediante Ordinario N° 0631 de fecha 1 de abril de 2011, del Servicio de Evaluación Ambiental se autorizó la recepción de lodos en el Relleno Sanitario, es necesario tener presente que si bien es efectivo que la actividad de que se trata se encuentra regulada por la ley de Medio Ambiente y que cuenta con una resolución de calificación ambiental y las autorizaciones antes referidas, ello no impide que esta Corte revise si la autoridad administrativa ha adoptado los procedimientos para verificar las obligaciones impuestas en la resolución de calificación ambiental para evitar la vulneración de las garantías que se estiman infringidas.

5°) Que a petición de la recurrente y objeto de constatar si la recurrida ha dado cumplimiento a los requerimientos de la autoridad administrativa, luego del incendio producido el 18 de enero del año en curso, se ofició a la Superintendencia del Medio Ambiente, quien informó que se inició un procedimiento sancionatorio instruido contra Consorcio Santa Marta S.A., renovando también las medidas provisionales ordenadas, las cuales están dirigidas a mantener la clausura del relleno. Que mediante Resolución Exenta N°126, de 10 de febrero de 2016, se ordenó a la referida empresa “realizar acciones que impidan la infiltración de los lixiviados que afloran desde la masa de residuos dispuesta en la Quebrada El Boldal. Estas acciones deberán comenzar a materializarse de forma inmediata, una vez notificada la presente resolución. Se deberá reportar semanalmente los resultados de implementación de la medida, debiendo incluir, además fotografías tomadas diariamente, Las fotos se reportarán en formato digital, El primer reporte deberá ser entregado a esta Superintendencia en un plazo de 7 días corridos, contado desde la notificación de la presente resolución".

Agrega que posteriormente, a partir de los reportes enviados por la empresa, las visitas inspectivas al lugar, y el posterior análisis de información, la División de Fiscalización dispuso nuevas medidas -referidas en el oficio- y plazos para su cumplimiento, haciendo presente que dichas medidas a la fecha del informe se encuentran vigentes, y su cumplimiento está siendo verificado por dicha Superintendencia.

6°) Que solicitada como medida para mejor resolver una ampliación de dicho informe, expresa que conforme lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, la empresa, dentro del plazo, presentó con fecha 02 de marzo del año en curso, un programa de cumplimiento, el cual, una vez realizado un período de observaciones del mismo, se terminó por aprobar, con fecha 26 de mayo de 2016, mediante resolución Exenta N°6 Rol F-11-2016. En este se dice que:

“RESUELVO:

II. CORREGIR DE OFICIO el programa de cumplimiento presentado, en los siguientes términos:

e) En el cargo I, al reporte periódico se agrega, como parte del contenido del mismo, la información contenida en la nota al pie de página 37 del programa de cumplimiento. Por otra parte, los Indicadores asociados a las Acciones 2.3, 2.4, 2.5 y 3.2 se entenderán de la siguiente manera:

ACCIÓN INDICADOR 2.3 [(m3 provenientes del Sector 2, Quebrada El Bodal dispuestos en celdas debidamente habilitadas, cumpliendo la menta Ambiental)/(m3 totales contenidos en Sector 2, Quebrada el Bodal)] x 100 2.4 [(m3 proveniente del Sector 3 dispuestos en celdas debidamente habilitadas, cumpliendo la meta del Manejo Ambiental, del Programa de Control de Vectores y de la Cobertura Temporal)/(m3 totales contenidos en Sector 3)] x 100 2.5 [(m3 proveniente del Sector 4 dispuestos en celdas debidamente habilitadas, cumpliendo la meta del Manejo Ambiental, del Programa de Control de Vectores y de la Cobertura Temporal)/(m3 totales contenidos en Sector 4)] x 100 3.2 [(m3 lixiviado tratado)/( m3 lixiviado generado)] x 100 y [(m3 biogás tratado)/(/m3 biogás generado)] x 100 Además, se agrega en la columna Reporte periódico de la acción 2.4, el porcentaje de residuos retirados. Junto con lo anterior, se agrega como Meta para las acciones 2.2 y 2.3 el Plan de Control de Vectores señalado en las Acciones 2.4 y 2.5. Por último, el Plazo de ejecución asociado a la Acción 1.2 se entenderá dentro de los primeros siete días hábiles del año calendario 2017; y se aclara que el plazo indicado en el reporte periódico es de 7 (siete) días hábiles.”

7°) Que de lo que se viene diciendo cabe concluir que la recurrida se sometió al procedimiento legal para los efectos de adoptar las medidas paliativas de los efectos producidos por el incendio en cuestión, propuso la forma de cumplir las exigencias de la autoridad pertinente, la que aprobó lo realizado por ésta, de modo que no existió ilegalidad alguna en el actuar de la recurrida.

8°) Que por otra parte, no existen antecedentes que se hayan aportado en orden a poder constatar la mantención de los malos olores, ruidos molestos o proliferación de vectores, por lo que desde esta perspectiva, tampoco se ha constatado la existencia de una vulneración a las garantías denunciadas como infringidas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza la acción de protección intentada por lo principal de fojas 116.

Se previene que la Ministro señora Catepillán estuvo por rechazar la referida acción constitucional teniendo únicamente presente que resulta extemporáneo al haberse intentado transcurrido el plazo de 30 días a que se refiere el Auto Acordado sobre la materia.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol 661-2016-PROT.

Redacción de la ministro Sra. Dora Mondaca Rosales.

Pronunciada por la Primera Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los Ministros señor Roberto Ignacio Contreras Olivares, señora María Carolina Catepillán Lobos y señora Dora Mondaca Rosales. No firma la Ministra señora Mondaca Rosales, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por estar con permiso de conformidad a lo dispuesto en el art. 347 del Código Orgánico de Tribunales.

En Santiago, a veintiuno de julio del año dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.