SERVICIOS CHILE RENTAL SPA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE TALAGANTE

Santiago, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece don Ricardo Rojas Menares, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación, como mandatario judicial, de Servicios Chile Rental Spa., representada a su vez por don nombre reservado, de su mismo domicilio, recurre de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Talagante, representada por don nombre reservado, en su calidad de Inspector Provincial del Trabajo, ambos con domicilio en domicilio reservado.

La recurrente funda su pretensión cautelar en la dictación de la Resolución Nº779, de 21 de septiembre de 2018, por el Inspector Provincial del Trabajo referido, que le fuera notificada el 2 de octubre pasado. Afirma que el mérito de tal Resolución constituye un acto ilegal y arbitrario, al no haber dado curso a la reconsideración de multa presentada por su parte el 19 de junio del año en curso, respecto de la Resolución de Multa Nº1621/18/23, notificada el 7 de mayo de 2018, por considerarla extemporánea, al no haberse presentado dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación.

Agrega que tal proceder de la recurrida le ha producido una privación y/o perturbación de la garantía constitucional contemplada en el artículo 19, números 2 y 3, de la Constitución Política de la República, por cuanto, al desconocer la autoridad recurrida en toda su extensión el plazo legal expresamente dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo y, también, en el artículo 25 de la Ley N°19.880, le ha dado un trato arbitrario.

Explica que su parte solicitó administrativamente la reconsideración de la multa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 511 del Código del Trabajo, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 512 del mismo Código, tal petición debe presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la multa administrativa, lo que así ocurrió en la especie, pues fue notificada el 7 de mayo de 2018 y la reconsideración de la misma fue presentada ante la Inspección Provincial del Trabajo el 19 de junio de 2018, es decir, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la multa.

Indica el recurrente que el artículo 512 del Código del Trabajo, no señala expresamente si el plazo en cuestión es de días hábiles o corridos, pero la Excma. Corte Suprema ha zanjado que se trata de un plazo de días hábiles, entendiéndose como inhábiles los sábados, domingos y feriados. Agregó que lo anterior responde a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19.880.

Añade que la jurisprudencia citada se ajusta a las normas legales y principios que protegen el derecho a defensa que tienen las personas, respecto de los actos emanados de los órganos de la Administración del Estado; más aún, si se considera que la Dirección del Trabajo atiende por medio de sus agencias provinciales de lunes a viernes y sólo hasta las 14:00 horas, por lo que la interpretación que la Dirección del Trabajo realiza reduce los plazos para ejercer el derecho a defensa efectiva que por ley tienen los recurrentes. Igualmente, indica que el excepcionar a los actos de la Dirección del Trabajo de las normas aplicables a todos los organismos administrativos por lo dispuesto en la Ley N° 19.880, no tiene asidero jurídico y, considerando lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, así como los principios y reglas de interpretación, no procedía que la Dirección Provincial del Trabajo, efectuase interpretaciones contradictorias a los mismos, teniendo presente para ello lo dispuesto en el artículo 19 del Código Civil.

Concluye señalando que la recurrida incurrió en un acto arbitrario e ilegal, al sostener que la presentación de reconsideración de multa incoada por su parte fue presentada extemporáneamente, trasgrede la norma constitucional del artículo 19, Nºs 2 y 3, de la Constitución Política de la República, que garantiza a las personas la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, atendido que se le ha negado un derecho, cuyo legítimo ejercicio lo protege y garantiza la ley.

Previa cita de las normas legales pertinentes, solicita declarar que la recurrida ha incurrido en actos ilegales y/o arbitrarios, que han provocado una privación y/o perturbación de la garantía constitucional contenida en el numeral 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la República; restablecer los derechos de la recurrente y disponer que se deje sin efecto la Resolución Ordinaria Nº 779, notificada con fecha 2 de octubre de 2018, por medio de la cual se declara extemporánea la reconsideración de multa administrativa incoada por su parte; todo con expresa condena en costas.

La recurrida, Inspección Provincial del Trabajo-Talagante, informando, expone, primeramente, que la acción de protección interpuesta es improcedente, por cuanto el recurso de protección no puede ser utilizado como un sustituto jurisdiccional de todo procedimiento judicial específico que exista, más aún, si se pretende reemplazar procedimientos concebidos como precisos, urgentes y específicos para la defensa de los derechos que se pretenden afectados, lo que ocurre en este caso, ya que se interpuso en contra de una resolución administrativa respecto de la cual la ley establece procedimientos específicos de impugnación de conformidad al artículo 53 y siguientes de la Ley Nº19.880, por la vía administrativa, o en sede judicial, reclamando directamente en contra del Ordinario Nº366, mediante la acción dispuesta en el artículo 512 del Código del Trabajo; habida consideración, además, de lo dispuesto en los artículos 420 letra e), 503, 504 y 512 del Código del Trabajo, sobre la posibilidad de reclamar judicialmente de las resoluciones pronunciadas por la Dirección del Trabajo, sea por aplicación de multa administrativa o de la que se pronuncie acerca de una reconsideración administrativa de multa.

En segundo término, alega que la actuación de la Inspección Provincial del Trabajo de Talagante se encuentra exenta de toda ilegalidad y arbitrariedad, al haberse dictado el Ordinario Nº779 dentro de la competencia que la ley le confiere y previa ponderación de la normativa aplicable.

Expone que la acción de protección no es la vía idónea para reclamar resoluciones dictadas por la autoridad administrativa en materia laboral, sino que debe intentarse ante el tribunal competente, en lugar de recurrir al Tribunal de Alzada, y que debe considerarse que la supuesta amenaza, perturbación o privación de las garantías establecidas en el artículo 19 Nº 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República no es patente.

Agrega que la discusión se conforma por el supuesto vacío legal del artículo 512 del Código del Trabajo y, si ante el mismo, corresponde aplicar la norma del artículo 50 del Código Civil, o bien, la norma dispuesta en el artículo 25 de la Ley N°19.880, y para ambos casos -la multa administrativa y la resolución de reconsideración- el legislador ha dispuesto un procedimiento judicial de reclamación, en los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo.

Expresa, también, que el 7 de mayo de 2018 se notificó a la recurrente la aplicación de la multa administrativa laboral N°1621.18.23 y el 19 de junio de 2018, la empresa presentó en la Inspección del Trabajo pertinente la solicitud de reconsideración. A continuación –prosigue-, el 6 de junio pasado, el Inspector del Trabajo actuante, según lo dispuesto en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, rechazó la solicitud de reconsideración de multa administrativa, por haberse presentado ésta fuera del plazo legal de 30 días corridos, contados desde la notificación de la multa.

Argumentó, en cuanto a la forma de cómputo de los plazos, que en el Código del Trabajo, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil. Afirma que, por ello, no resulta posible aplicar el artículo 25 de la Ley N°19.880, pues no existe vacío que permita la utilización supletoria de dicha ley, la que no es aplicable al procedimiento de multa administrativa establecido en el Código del Trabajo.

Finalmente, indica que el criterio de la Dirección del Trabajo obedece a una instrucción-interpretación emanada de la Contraloría General de la República, a través del dictamen N°17.344, del 10 de marzo de 2014, confirmando la tesis señalada mediante el Dictamen Nº64.985, de fecha 20 de noviembre de 2009, que confirma que el criterio respecto del plazo de 30 días para reclamar de las multas administrativas que establece el artículo 512 del Código del Trabajo es de días corridos.

En virtud de lo anterior, manifestó que no existió un acto arbitrario e ilegal, teniendo presente que se entiende por ilegal aquel acto que se aparta de la normativa legal destinado a regirlo y por arbitrario aquel acto que es inmotivado, carente de fundamento razonable, que parece ser fruto del mero capricho, y el Ordinario N° 779 dictado el Inspector Provincial del Trabajo Talagante carece de ilegalidad, pues fue a raíz de una multa administrativa, sujeta a lo dispuesto en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y en el artículo 505 del Código del Trabajo y artículo 1º del DFL Nº2 del año 1967, y tampoco afectó de ninguna forma la garantía establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política.

Por los argumentos señalados, solicita el rechazo del recurso interpuesto, con costas.

A fojas 43, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I. EN CUANTO A LA ALEGACIÓN DE IMPROCEDENCIA DEL RECURSO:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales estatuido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, perturbe o amenace ese ejercicio;

Segundo: Que atendida la especial naturaleza del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite la existencia de un derecho actual que le favorezca, que esté claramente establecido y determinado y que corresponda a uno de aquellos a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental;

Tercero: Que para desestimar la alegación de improcedencia del recurso de protección, resulta bastante recordar que, conforme a la norma constitucional en comento, éste puede deducirse sin perjuicio de otras acciones que pueda ejercer la parte afectada por el acto administrativo. Por consiguiente, lo argüido por la recurrida a este respecto no puede prosperar;

II. EN CUANTO AL FONDO:

Cuarto: Que según es sabido, para el acogimiento de un recurso de protección es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, estén comprobados y, que sean esos hechos los que produzcan perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura y que son los enumerados taxativamente en el artículo 20 antes citado;

Quinto: Que por la presente acción cautelar, Servicios Chile Rental SpA se dirige en contra de la decisión de la Inspección Provincial del Trabajo de Talagante –la que tilda de ilegal y arbitraria- por la que no dio curso a la solicitud de reconsideración administrativa que su parte dedujo respecto de una multa que le fuera aplicada por dicha institución, en atención a haber sido presentada en forma extemporánea;

Sexto: Que la Inspección Provincial del Trabajo de recurrida informa que su proceder se ajustó a la competencia que la ley le confiere y previa ponderación de la normativa aplicable. Explica que la multa aludida en el recurso fue notificada a la recurrente 7 de mayo del actual, quien presentó su solicitud de reconsideración el 19 de junio siguiente, esto es, fuera de los treinta días exigidos por el legislador, los que han de contarse como días corridos, por las razones ya reseñadas en lo expositivo y en cuyo mérito se dictó el Ordinario N° 779, de 21 de septiembre de 2018, declarando inadmisible la solicitud de reconsideración administrativa por haber sido ésta presentada fuera de plazo;

Séptimo: Que, según lo ha reconocido la jurisprudencia reiterada de los tribunales superiores, el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante la Inspección del Trabajo se compone de días hábiles, no corridos, como lo sostiene la recurrida, entendiéndose por inhábiles los días sábado, domingo y festivos. A modo ejemplar, puede citarse las sentencias de la Excma. Corte Suprema N° 3537-2012, N° 704-2015, N° 4015-2015, 18.432-2016; Rol 16.942-2016; Rol 17.522-2016; Rol 16.288-2016, N° 46.541-2016 y N° 20.569-2018, así como las de esta Corte de Apelaciones N° 3086-2016, N° 5965-2017 y N° 3203-2018.

En efecto, se trata de un recurso presentado en la etapa administrativa, de manera que, al no existir norma expresa que establezca lo contrario en el Código del Trabajo, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo en los términos apuntados en el párrafo precedente. Al existir un plazo “especial” como es el contenido en la Ley N° 19.880 respecto a los procedimientos administrativos, éste prima por sobre las normas de carácter general comprendidas en el Código Civil;

Octavo: Que constituye un hecho no controvertido que la resolución de la multa impugnada fue notificada a la recurrente con fecha 7 de mayo de 2018 y que el recurso de reconsideración fue presentado el 19 de junio del actual, al trigésimo día hábil desde aquella notificación, por lo tanto dentro de plazo legal;

Noveno: Que, en consecuencia, la actuación de la recurrida constituye un acto ilegal pues por ella se negó a tramitar un recurso presentado dentro de plazo, afectando la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el numeral 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que, al desconocer la autoridad recurrida el término en toda su extensión, ha dado un trato discriminatorio a la recurrente de autos, actuar que afecta, del mismo modo, el principio de legalidad que vincula a toda autoridad.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación de Recursos de Protección, se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por Servicios Chile Rental SpA en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Talagante, y se deja en consecuencia sin efecto el Ordinario N° 779 de 21 de septiembre de 2018, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por la parte recurrente respecto de la Resolución de Multa N° 1621/18/23-1 de 27 de abril de 2018.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Redactada por la ministra Alejandra Pizarro.

Rol 6533-2018 Protección.- .