nombre reservado con I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR

San Miguel, veintidós de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

PRIMERO: Que los señores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, JULLIETH BARRANCO VILLAMIZAR, ISIDORA nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, cuyas profesiones u oficios no señalan, todos domiciliados en “Borde del Río Mapocho”, sector Pelvin, comuna de Peñaflor, recurren de protección en contra del ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR, don Nibaldo Meza Garfia, de quien no indican profesión u oficio, domiciliado en domicilio reservado, conforme se lee del cuerpo del recurso, o, como se dice en el petitorio del mismo, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR, representada por su Alcalde precedentemente nombrado, a fin de que se reestablezca el imperio del derecho, ordenando al(a) recurrido(a) dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 278, que dispone la demolición total de los inmuebles que señala, acto que los demandantes de protección califican de ilegal y/o arbitrario, con el que se conculca el legítimo ejercicio por “la comunidad recurrente” de los derechos y garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N°s 3 inciso 5, 5, 6, 8, 10, 11 y 24 de la Constitución Política de la República y en los preceptos contenidos en los Tratados Internacionales ratificados por Chile que citan.

Exponen al respecto, que en noviembre de 2019, “un grupo de nueve familias (7 niños incluidos)”, en busca de una solución habitacional, se asentaron a orillas del río Mapocho en el sector denominado Pelvín, conformando la comunidad “Guardianes del Río”, cuya personalidad jurídica -según aseveran- está en tramitación bajo la figura “ONG Coordinadora por la defensa de los ríos libres”, que reúne a distintas comunidades.

Afirman que dicho lugar era un basural ilegal y por lo mismo, foco de infecciones y contaminación de las aguas del río. Añaden que viven en el sector y desde esa fecha han desarrollado trabajos de limpieza y cuidado del río, además de realizar actividades culturales y educativas en la “Escuela Libre Feliz Mi Raíz.” También que permanentemente imparten talleres a los niños y niñas, e implementado huertas verticales y espacios recreativos para ellos. Sostienen que todos los habitantes comparten una visión espiritual basada en un estilo de vida ancestral, cuya visión de la naturaleza está guiada por el respeto del río y la tierra como elementos sagrados, ocupándose “en síntesis, del desarrollo del principio de la permacultura”, cuya definición proporcionan.

Adicionan que el 13 de febrero (no señalan el año) hubo 4 focos de incendio afectando 4 casas de la comunidad, los que se mantuvieron activos hasta el día 21 de febrero, activándose en esa fecha un nuevo foco que afectó viviendas de vecinos externos a la comunidad, quienes perdieron sus casas.

Explican que en ese contexto, se acercaron al Municipio en busca de ayuda para estas familias y a fin de que éste asumiera la responsabilidad de cuidado que tiene sobre la ribera del río. Sin embargo, ante la nula respuesta del Alcalde, los vecinos contrataron maquinaria para realizar un corta-fuego, que impidió el avance de las llamas.

Agregan que el edil no sólo se negó a prestarles ayuda, sino que los amenazó verbalmente con demoler la totalidad de las casas que componen la comunidad. Así, el 27 de febrero, funcionarios municipales, acompañados de Carabineros, los notificaron del decreto Alcaldicio que por esta vía impugnan.

Aseguran que dicha medida es arbitraria e ilegal, pues desconoce las garantías constitucionales de la comunidad y los pactos internacionales ratificados por Chile, que por disposición legal otorgan a los afectados un plazo para presentar una reposición, por lo que estando pendiente dicho término, no es posible la ejecución inmediata del referido decreto.

Relatan que junto a la presente acción constitucional, la comunidad usó su derecho a reponer de dicha medida. Sin embargo, encontrándose pendiente de resolución dicho arbitrio, el 2 de marzo comenzó la demolición de dos casas con maquinaria de la Municipalidad. Acto que como se ha dicho, los demandantes de protección consideran ilegal y arbitrario, además de constitutivo de una violación flagrante a la legislación vigente, contraviniendo una serie de garantías constitucionales reconocidas internacionalmente, que justificaría plenamente esta acción cautelar.

Expresan que los desplazamientos forzosos importan graves trasgresiones a una serie de derechos humanos internacionalmente reconocidos, como los derechos a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad de la persona, a la seguridad del hogar, a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes y a la libertad de circulación.

Luego y en cuanto a los derechos y garantías constitucionales afectadas por el acto impugnado y la forma como ello se produce, afirman que el Decreto Alcaldicio impugnado transgrede el artículo 19 N° 3 inciso 5 de la Constitución Política de la República, pues no considera que la facultad de ordenar el lanzamiento desde una propiedad debe ser expedida por un Tribunal de la República, con competencia en asuntos civiles, atribución que no corresponde a una municipalidad. Sustentan que también se infringe el Artículo 19 N° 5 del texto constitucional, desde que el Decreto Alcaldicio reprochado amenaza la inviolabilidad del hogar de las 9 familias que habitan en el lugar. Asimismo, sostienen que se afecta el derecho contenido en el artículo 19 N° 6 de la Carta Fundamental, por cuanto el desalojo forzoso afecta sus creencias y su vínculo con el espacio que consideran sagrado. Manifiestan que, además, con el referido decreto se contraría el artículo 19 N° 8 del texto político, pues desconoce las labores de cuidado de la naturaleza y de recuperación de espacios que la comunidad ha realizado por más de 3 años. Del mismo modo, aseguran que el acto reprochado violenta el artículo 19 N° 10 de la Constitución Política de la República, que establece el derecho a la Educación, toda vez que los 7 niños miembros de la comunidad, estudian en la escuela libre que han logrado construir. Continúan aduciendo que el referido decreto conculca el artículo 19 N° 11, pues los padres se ven afectados de poder elegir el lugar en que sus hijos realizarán sus estudios, ya que la demolición incluye la escuela que -según señalan-, fue fundada para educar a sus hijos. Por último, dicen que también se conculca el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, ya que con la demolición y desalojo los recurrentes perderán sus casas, enseres y demás pertenencias.

Por lo expuesto y tras reseñar los preceptos contenidos en los tratados internacionales ratificados por Chile que estiman vulnerados con el Decreto Alcaldicio de que se trata y citar alguna jurisprudencia al respecto, solicitan como se ha dicho, se reestablezca el imperio del derecho, “ordenando a la recurrida dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 278 que ordena la demolición total de los inmuebles que indica, a la espera de lo que resuelva la Ilustrísima Corte respecto del presente recurso.”

SEGUNDO: Que por su parte, la Ilustre Municipalidad de Peñaflor, a través de su abogado, don Víctor Jesam Torres, evacúa el informe que le fuera requerido, solicitando el rechazo del recurso, con costas, por ser manifiestamente infundado.

Expone al efecto, como cuestión previa, que los recurrentes carecen de legitimación activa, pues se individualizan falsamente como domiciliados en “domicilio reservado”. Sin embargo, ello no es efectivo, ya que según asegura, los demandantes de protección tienen domicilio, residencia y morada en un lugar distinto al que respectivamente se indica en el libelo recursivo, proporcionando el que efectivamente les corresponde. Atendido lo referido, sostiene que los demandantes de protección carecen de legitimidad activa para solicitar se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio en cuestión, ni se han infringido sus derechos fundamentales por la actuación municipal.

De otro lado, asegura que la acción constitucional cautelar deducida, no es la vía idónea para impugnar el decreto alcaldicio que ordena la demolición cuestionada, toda vez que la vía procesal útil para aquello está contenida en el artículo 154 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que transcribe. Norma según la cual el propietario del inmueble afectado con la resolución impugnada, puede reclamar ante la justicia ordinaria dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar de la fecha de su notificación, sin perjuicio de la reposición a que alude el artículo 152 del mismo cuerpo legal, que podrá siempre deducirse. En apoyo de su tesis cita jurisprudencia reciente de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Concluye al respecto, que el recurso en análisis debe ser rechazado con costas, porque la normativa que regula la materia permite a los alcaldes ordenar la demolición de inmuebles en determinadas circunstancias, contemplando un procedimiento específico y procesalmente idóneo para atacar el acto administrativo que así lo ordena.

Añade que el acto administrativo recurrido no es arbitrario ni ilegal, sino que se encuentra ajustado a derecho, está debidamente fundado y ha sido dictado por la autoridad competente, por lo que puede producir los efectos para los que ha sido dictado.

Luego, reproduce las normas pertinentes del “dominio público”, refiriendo al efecto el artículo 589 del Código Civil, como también los artículos 590 y 595 del mismo texto normativo. Del mismo modo, entrega el concepto de rio proporcionado por la Real Academia de la Lengua Española y reproduce el Decreto Supremo 609 de 1979, del Ministerio de Tierras y Colonización, actual de Bienes Nacionales, que en lo pertinente prescribe: “4. Para los efectos de determinar cuáles son los terrenos que constituyen cauces de ríos, lagos y esteros, los organismos que deberán actuar en estos casos, considerarán las normas siguientes, sin perjuicio de las demás de orden técnico que deban aplicarse:

a) Se considerará lecho o álveo de río, lago o estero, la porción de tierra por la que permanentemente corren las aguas.

b) Se considerará cauce de río, lago o estero la superficie que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces periódicas ordinarias.

c) Se considerarán creces extraordinarias, aquellas de rara ocurrencia y que se deban a causas no comunes, producidas sin regularidad, durante períodos, en general, mayores de cinco años.

Los terrenos ocupados y desocupados alternativamente en estas creces extraordinarias, no se considerarán cauce de ríos, lagos y esteros y, por tanto, pertenecen a los propietarios riberanos.”

Por último, cita el artículo 599 del Código Civil que dispone: “nadie podrá construir, sino por permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales y demás lugares de propiedad nacional." Concluye de las disposiciones legales precitadas, que el río Mapocho es un bien nacional de uso público, que en tal calidad es de dominio público y por lo tanto del Estado de Chile. Añade que el modo de adquirir el dominio de esos bienes por el Estado es la ley, sin requerir algún título ni inscripción registral, como sí lo requieren los bienes privados, “quedando prohibida la construcción, sin autorización especial de la autoridad competente, en dichos bienes, como lo es el Río Mapocho.”

También sostiene que el artículo 5 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece en su letra c) que “para el cumplimiento de sus facultades, estas entidades tendrán la atribución de “administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna, salvo que, en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, la administración de estos últimos corresponda a otros órganos de la Administración del Estado”.

Adiciona tras reproducir los artículos 1 y 2 del DFL 340 de 1960 sobre concesión marítima, que no siendo el Río Mapocho navegable por buques de más de 100 toneladas, no se encuentra sujeto al control, fiscalización y supervigilancia de la Subsecretaría de Marina. Por lo que toda la extensión de dicho río, dentro de los límites territoriales de la comuna, está bajo la administración de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor.

En otro orden de ideas, manifiesta que el artículo 97 del DFL 850 de 1998, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 15.840 de 1964 y del DFL número 260 (sic) de 1969, del Ministerio de Obras Públicas, prohíbe la construcción de casas para viviendas y formar poblaciones en suelos periódicamente inundables.

Refiere que por su parte, la Ordenanza Local del Plan Intercomunal de Santiago, en su capítulo 8.2, denominado “Áreas de Alto Riesgo para los Asentamientos Humanos”, establece que en determinados territorios el emplazamiento de asientos humanos se debe restringir en forma parcial o total, incluyendo dentro de éstos las llamadas “Áreas de Alto Riesgo Natural por Inundación”, considerando en esta categoría los cauces pertenecientes a la hoya hidrográfica de los ríos, esteros y quebradas y las áreas ribereñas que son ocupadas por las aguas cuando ocurren fenómenos de aluvión, avenidas o crecidas fuertes.

También reseña el DS N° 609 de Tierras y Colonización de 31 de Agosto de 1978, que junto al Código de aguas norma la delimitación de las riberas de los cauces de los ríos, lagos, esteros o quebradas de la manera que expresa.

Sostiene que en consecuencia, atendida la calidad o condición de río del Mapocho, su incuestionable administración municipal y lo estatuido en las normas precitadas como en las demás que regulan el uso de suelo permitido en el DFL 850 de 1998 y lo prescrito en la Ordenanza Local del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, es incuestionable que en el señalado río no puede erigirse construcción alguna que esté destinada a la “permanencia prolongada de personas en ella, la concentración de aquellas sin posibilidad de evacuación expedita y/o que interfieran el libre curso de las aguas, por tratarse de suelos periódicamente inundables.”

Explica que la Ley General de Urbanismo y Construcciones, aprobada por Decreto N° 458 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 1976, contempla la facultad alcaldicia de demoler obras en las distintas hipótesis descritas en el artículo 148, lo que el alcalde puede decretar a petición del Director de Obras, quien debe emitir un informe fundado en el que se constate la concurrencia de una o más de dichas hipótesis, lo que precisamente ocurre en este caso. Adiciona, que recibido por la máxima autoridad edilicia el informe de la Dirección de Obras Municipales, en el que se consigna que las construcciones edificadas en un sector del río Mapocho, no se ajustan a la normativa vigente, no dan garantías de seguridad ni salubridad, amenazan ruina, se encuentran emplazadas en un bien nacional de uso público y no cuentan con autorización; además, que se han hecho instalaciones eléctricas precarias en pleno sector de bosque nativo, ciertamente de acuerdo a la prudencia y el sentido común, llevan necesariamente al edil a actuar de la forma prescrita en el aludido artículo 148 de la referida Ley. Siendo en tal caso imperativo ordenar la demolición total de las construcciones, por encontrarse en las hipótesis contempladas en el precitado artículo 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Máxime atendido lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y 3° letra c) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, conforme al cual corresponde al municipio, en el ámbito de su territorio, aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización en la forma que determinen las leyes.

Indica que el decreto alcaldicio impugnado se suma a otros de la misma naturaleza, que son la manifestación de la obligación de administrar los bienes nacionales de uso público, cuales son el Decreto N° 302, de fecha 08 de marzo de 2021, que crea la Reserva Natural Municipal, en un polígono de un área de aproximadamente 96 hectáreas del río Mapocho en Peñaflor; el Decreto N°2252, de fecha 21 de diciembre de 2021, que establece la ordenanza local de la Reserva Natural Municipal creada por el acto administrativo anterior; y el Decreto N°109, de fecha 8 de febrero de 2023, que establece la ordenanza local del Humedal Urbano “El Trapiche”, de una superficie de 339 hectáreas de superficie, reconocido como tal por el Ministerio del Medio Ambiente.

Precisa que son los actores los que han actuado fuera de la ley y la Constitución, ya que reconocen que, ilegalmente, se han “asentado” a orillas del río Mapocho, y cuestiona las aseveraciones de los recurrentes en tanto se atribuyen resultados del trabajo municipal y de otras instituciones en el combate a incendios forestales y al sostener que habrían interpuesto un recurso de reposición que no ha sido resuelto, pues sólo doña nombre reservado interpuso el 3 de marzo de 2023 dicho arbitrio, el cual fue rechazado, de manera que el decreto está ejecutoriado.

En relación con la facultad de demoler inmediatamente, afirma que el artículo 156 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones así lo permite, añadiendo que en mayo de 2022, los recurrentes fueron fiscalizados por funcionarios de la Dirección de Obras Municipales, otorgándoseles un plazo de 120 días, ampliado por 30 días más, para que ellos mismos, desmantelaran las construcciones irregulares.

Manifiesta que, respecto de cada uno de los derechos que se alegan como vulnerados, no se verifica aquella situación, puesto que los recurrentes no pueden demostrar dominio sobre las construcciones ilegalmente emplazadas en un bien nacional de uso público, como tampoco que tengan domicilio, residencia y morada en dicho lugar. Así las cosas, no pueden acreditar que se vulnere alguno de los otros derechos que aquellos señalan.

Atendido lo referido, preceptos legales que cita y por los demás argumentos que vierte en su Informe, solicita lo más arriba indicado.

TERCERO: Que como cuestión previa, se hace necesario señalar que la autoridad recurrida cuestionó la legitimación activa de los recurrentes, por domiciliarse en un lugar distinto de aquel donde se emplazan los bienes ordenados demoler y carecer de derechos sobre los mismos.

CUARTO: Que al respecto, del examen de los antecedentes no es posible vislumbrar indicio alguno del que se infiera o suponga que los recurrentes se domicilian en un lugar distinto del señalado por ellos en el libelo recursivo, motivo por el que se desestimará la alegación de falta de legitimidad activa de los recurrentes planteada por la entidad recurrida.

QUINTO: Que en cuanto al fondo y a fin de dilucidar el asunto sometido a la decisión de esta Corte, cabe señalar que, como es sabido, la acción de protección contenida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, debe ser ejercida ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales que provoquen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías a que dicha norma se refiere, para que en su caso, se adopten las providencias necesarias en el restablecimiento del imperio del derecho, asegurándose la debida protección del perjudicado. De lo que se sigue, que se trata de un procedimiento extraordinario, de emergencia, cuyo objetivo es remediar pronta y eficazmente los efectos lesivos de un actuar ostensiblemente contrario al ordenamiento jurídico o carente de fundamento o caprichoso, reparándose así el amago provocado a derechos o prerrogativas derivadas de situaciones ciertas y definidas y, por ello, con resguardo constitucional preferente. Todo ello sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los Tribunales correspondientes.

SEXTO: Que atendido lo anterior, es preciso determinar si ha existido de parte del recurrido un acto ilegal o arbitrario que amenace, perturbe o prive a los reclamantes de protección del legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías establecidos en la Constitución Política de la República, especialmente en este caso, aquellos contemplados en los N°s 3 inciso 5, 5, 6, 8, 10, 11 y 24 del artículo 19 de la carta fundamental.

SEPTIMO: Que al efecto, los demandantes de protección allegaron a la causa los siguientes documentos:

1.- Decreto Alcaldicio N° 278, de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor;

2.- cartas de aviso de desalojo y demolición; y, 3.- recurso de reposición interpuesto respecto del decreto Alcaldicio que motiva esta acción.

OCTAVO: Que a su vez, el demandado de protección aparejó a los antecedentes:

1.- Decreto Alcaldicio número 302, de fecha 8 de marzo de 2021, que crea la Reserva Natural Municipal, en un polígono de un área de aproximadamente 96 hectáreas del río Mapocho en Peñaflor y Decreto Alcaldicio número 981 de 31 de mayo de 2021, que modifica parcialmente el acto administrativo anterior (en vértices del polígono).

2.- Decreto Alcaldicio número 2252, de fecha 21 de diciembre de 2021, que establece la ordenanza local de la Reserva Natural Municipal creada por el acto administrativo indicado en el número anterior;

3.- Decreto Alcaldicio número 109, de 8 de febrero de 2023, que establece la ordenanza local del Humedal Urbano “El Trapiche”, de una superficie de 339 hectáreas de superficie, reconocido como tal por el Ministerio del Medio Ambiente, mediante la resolución número 1001, de 10 de noviembre de 2021;

4.- Decreto Alcaldicio número 278, de 23 de febrero de 2023, que ordena la demolición total de las construcciones irregulares que se indican en dicho acto administrativo;

5.- Comprobante de ingreso del recurso de reposición de doña nombre reservado en la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor, con fecha 3 de marzo de 2023;

6.- Decreto Alcaldicio número 373, de fecha 16 de marzo de 2023, que rechaza la reposición interpuesta por doña nombre reservado en contra del decreto Alcaldicio número 278, de fecha 23 de febrero de 2023.

NOVENO: Que apreciados los referidos elementos de convicción en su conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica, unidos a los dichos de los recurrentes y del recurrido, tanto en sus respectivas presentaciones como ante estrados, es inconcuso que no existe discusión, cuestionamiento ni controversia entre éstos en cuanto a que los demandantes de protección se instalaron en el borde poniente o ribera del Río Mapocho en busca de una solución habitacional. Asimismo, que con motivo de una fiscalización realizada por la Dirección de Obras Municipales (DOM) y la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad (DIMAS), se constató la existencia de ocupantes y construcciones irregulares en el borde río y red de humedales. Sector que de acuerdo a la normativa vigente conforme al Plan Regulador Metropolitano de Santiago y su Ordenanza, se denomina “área silvoagropecuaria exclusiva, con riesgo de inundación y prohibición de edificar”, la que como se ha dicho, corresponde a un área de prohibición de edificar y de asentamientos humanos.

También es claro, que con motivo de ello se ordenó a tales ocupantes abandonar el lugar, otorgándoseles primero un plazo de 30 días y posteriormente de otros 120 días para tal propósito. Término que sin embargo transcurrió sin que los aludidos ocupantes cumplieran dicho mandato.

De igual modo, es indiscutible que por Ordinario N° 67 de 23 de febrero de este año, la señora Directora de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor, informó al señor Alcalde acerca de la referida fiscalización, solicitando la demolición de las aludidas construcciones.

Por último, es un hecho irredargüible que dichas obras no cuentan con permiso de edificación y tampoco hay constancia de la existencia de alguna autorización o permiso de edificación en dicho inmueble.

Se agrega a lo referido, que por Decreto Alcaldicio N° 278 de 23 de Febrero de este año, la máxima autoridad edilicia de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor, ordenó la demolición total de todas las edificaciones irregulares emplazadas en el bien nacional de uso público borde poniente del Río Mapocho, al Sur con deslinde de propiedad privada de don nombre reservado, al Norte con límite comunal, al Oriente con borde Río Mapocho, y al poniente con camino de servidumbre.

DECIMO: Que de lo expuesto en los anteriores considerandos, es inequívoco que el referido Decreto Alcaldicio N° 278 de 23 de Febrero del año en curso, dictado por el señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor, es precisamente el acto que los recurrentes denuncian como ilegal y arbitrario, con el que se vulnerarían los derechos con resguardo constitucional de los demandantes de protección.

DECIMO PRIMERO: Que sin embargo, de la simple lectura de dicho decreto es manifiesto que se encuentra suficiente y adecuadamente fundado, lo que desvanece la condición de arbitrario que se le atribuye.

A su vez, del claro tenor del mismo y conforme lo estatuyen los preceptos legales señalados en el referido Decreto, esto es, la Ley 18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administración del Estado; la Ley, 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones; el Decreto N° 458 de 1075 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones; el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, sus modificaciones y ordenanza; el Decreto Alcaldicio N° 302 de 8 de marzo de 2021 que Crea la Reserva Natural Municipal de Peñaflor en el lugar que indica; el Decreto Alcaldicio N° 2252 de 21 de diciembre de 2021 que aprueba la Ordenanza Municipal sobre la Protección y Conservación de la Reserva Natural Municipal de Peñaflor; el Decreto Alcaldicio N° 199 de 8 de febrero de 2023, que aprueba la Ordenanza sobre la Protección de Humedales Urbanos en la Comuna de Peñaflor; y la Resolución Exenta N° 1001 de 10 de septiembre de 2021 del Ministerio de Medioambiente, que reconoce el humedal urbano “El Trapiche”, es evidente que el Decreto Alcaldicio reprochado, se ajusta cabalmente a los preceptos legales que regulan la materia, y contrariamente a lo sostenido por los recurrentes, es incuestionable que el señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor, actuó dentro del ámbito de su competencia, en el ejercicio de las facultades y obligaciones que el legislador le ha otorgado. Lo que ciertamente impide calificar el decreto cuestionado de ilegal.

DECIMO SEGUNDO: Que en consecuencia, no apareciendo del mérito de los antecedentes ningún otro elemento de convicción que contraríe lo concluido en lo que antecede, forzoso es colegir que en este caso, el recurrido no ha incurrido en un acto ilegal ni arbitrario, lo que impide estimar concurrente el presupuesto sine que non para la procedencia de la acción constitucional cautelar deducida. Lo que necesariamente conduce a desestimar el presente recurso.

DECIMO TERCERO: Que de otro lado y a mayor abundamiento, del examen de los antecedentes se verifica, que no existe indicio alguno que permita dar por acreditada la titularidad de los recurrentes de alguno de los derechos que dicen amagados con el actuar del recurrido.

DECIMO CUARTO: Que por consiguiente, teniendo presente que el ejercicio de esta acción constitucional cautelar exige la existencia de un derecho indubitado de quien recurre. Situación que en el asunto en análisis no es posible dar por acreditada, necesariamente conduce a desestimar esta acción.

Por lo expuesto en los anteriores razonamientos y, vistos, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia SE RECHAZA, el recurso de protección deducido por los señores nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Jullieth Barranco Villamizar, Isidora nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor, don Nibaldo Meza Garfia, conforme se lee del cuerpo del recurso, o, como se dice en el petitorio del mismo, en contra de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor, representada por su alcalde precedentemente nombrado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Espina.

N° 649-2023-Protección.

Pronunciada por la cuarta sala de esta Corte, integrada por las Ministros María Soledad Espina Otero, Alejandra Pizarro Soto y el abogado integrante Santiago Albornoz Pollmann, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.