nombre reservado con nombre reservado

San Miguel, treinta y uno de julio de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece nombre reservado, empleado, y recurre de protección en contra del nombre reservado, acusando una vulneración a su respecto de la garantía constitucional del debido proceso contemplada en el artículo 19, número 3, inciso quinto, de la carta fundamental, causada por el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al haber dejado sin efecto lo resuelto en segunda instancia por la 1ª Sala del Consejo Superior de Disciplina del referido cuerpo, ratificando lo resuelto por el Consejo Superior de Disciplina de la Séptima Compañía de Bomberos, “Bomba Austria”.

Explica –en síntesis- que, a raíz de una discusión que sostuvo por WhatsApp con otro miembro de la Compañía, en la que ambos se descalificaron y faltaron el respeto recíprocamente, se presentó un informe suscrito por el director de la Compañía, razón por la que fue citado al Consejo de Disciplina de Compañía, el cual determinó sancionarlo con la separación de las filas por 181 días, según lo prescrito en el artículo 87, número 5, del Reglamento General del nombre reservado; determinación frente a la que su parte recurrió de nulidad conforme al inciso segundo del artículo 97 de dicho Reglamento. El recurso –prosigue quien recurre- fue revisado por la Sala 1 del Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, la que decidió acoger su recurso, rebajando la sanción impuesta a 180 días de suspensión de las actividades de bombero.

Sin embargo –añade el escrito de protección-, el 27 de febrero del actual, treinta y cuatro días después de la resolución de la apelación, el Director de la Séptima Compañía solicitó la revisión de esa determinación de rebaja de sanción dictamen que rebajó la sanción interpuesta en primera instancia apelación y, sin explicación alguna, ello fue acogido el 2 de junio de pasado, resolviéndose dejar sin efecto lo resuelto en segunda instancia por la Sala 1 del Consejo Superior de Disciplina y, junto con ello, ratificar lo resuelto en primera instancia por el Consejo Superior de Disciplina de la Compañía, esto es la separación de su persona del nombre reservado por 181 días.

Afirma el actor que lo anterior constituye una mala interpretación de la normativa del Reglamento General, toda vez que no cabe una nueva “revisión” de una resolución dictada en segunda instancia por el Consejo Superior de Disciplina del Cuerpo en Sala, atendido que conforme al artículo 82 N° 1 del Reglamento, el Pleno sólo podrá conocer de las apelaciones interpuestas en contra de las resoluciones de primera instancia dictadas por las salas del Consejo Superior, no las de segunda instancia, como sucedió en su caso; a lo que se suma –sostiene- que todo ello se hizo, además, sobrepasando totalmente el plazo reglamentario de treinta días señalado en el artículo 95 del referido ordenamiento, lo mismo que el plazo de diez días corridos para resolver indicado en su artículo 97, debido a que en la especie el recurso del Director de la Séptima Compañía fue visto el 3 de junio último.

El actor de protección acompañó a su libelo la siguiente documentación:

1.- Copia del Reglamento General del nombre reservado.

2.- Copia de informe presentado en oficio 464/1, de 18 de noviembre de 2019.

3.- Copia de oficio 523/1, Resolución del Consejo de Disciplina, de 22 de diciembre de 2019.

4.- Copia de recurso de nulidad, de 3 de enero de 2020.

5.- Copia de citación al Consejo Superior de Disciplina, Sala 1, de 14 de enero de 2020, Oficio 35/2020.

6.- Copia de resolución del Consejo Superior de Disciplina, Sala 1, de 24 de enero de 2020, oficio 74/2019.

7.- Copia de solicitud de revisión de dictamen, de 27 de febrero de 2020, Oficio 38/01.

8.- Copia de citación al Pleno del Consejo Superior de Disciplina, de 13 de mayo de 2020, oficio 347/2020.

9.- Copia de resolución de Pleno del Consejo Superior de Disciplina, de 3 de junio de 2020, oficio 417/2020.

Informando al tenor del recurso, el nombre reservado solicitó el rechazo de la acción constitucional dirigida en su contra, con costas. Al efecto, expone –en lo central- que la decisión de la Sala 1 del Consejo Superior de Disciplina, que modificó la sanción originalmente impuesta al recurrente, tomó en consideración: la gravedad del hecho consistente en que dos bomberos se agredan verbalmente en redes sociales de las que participan todos los miembros de su Compañía; la existencia de una orden verbal emitida por la oficialidad de la Compañía mandando a terminar dicha discusión, lo que fue ignorado por los bomberos sancionados y; en tercer lugar, las trayectorias de los involucrados, cuyo desempeño no se había visto perjudicado por sus conflictos personales. Más tarde –prosigue-, el 27 de febrero de 2020, fue presentado un recurso de apelación por parte de la Séptima Compañía de Bomberos en contra de esa resolución de la Sala 1, pero dada la imposibilidad de mantener reuniones presenciales por la emergencia sanitaria, el conocimiento de esta apelación por el Pleno del Consejo Superior de Disciplina fue postergado para los días 20 de mayo y 2 de junio, ambos del presente año, sesiones en las que se decidió, por cuatro votos a favor y tres en contra, acoger el recurso de apelación en virtud del artículo 36, letra c, de los Estatutos del Cuerpo, norma que lo permite en caso de haberse incurrido, probadamente, en un vicio de forma, que en ese caso radicaría en la falta de fundamento normativo o reglamentario en la que incurrió la resolución de la Sala 1 del Consejo, apoyada en una mera apreciación de la conducta intachable, sin apreciar el historial de bombero del recurrente, obviando en su razonamiento si se cumplió o no con los deberes entre bomberos, como el de velar por la convivencia, ventilar los asuntos de manera respetuosa, y el mutuo respeto entre sus pares. Señala que se estimó que este vicio sólo era subsanable mediante el recurso de apelación, dejando sin efecto la resolución que rebajaba la sanción y confirmando la sanción inicial impuesta por la Séptima Compañía.

El informe de la recurrida termina asegurando que los argumentos esgrimidos por el recurrente no constituyen actuar ilegal o arbitrario, puesto que su parte se atuvo al procedimiento regulado en el Reglamento General del nombre reservado.

La recurrida acompañó a su informe los siguientes documentos:

1.- Copia de citaciones a don nombre reservado para deponer sobre lo denunciado.

2.- Copia de acta de la Sala 1 del Consejo Superior de Disciplina, de 22 de enero de 2020.

3.- Copia de acta del Pleno del Consejo Superior de Disciplina, de 20 de mayo de 2020.

4.- Copia de Acta del Pleno del Consejo Superior de Disciplina, de 2 de junio de 2020.

5.- Copia de informe emitido en contra de don nombre reservado.

6.- Copia de Estatutos del nombre reservado.

7.- Copia del Reglamento de la Séptima Compañía nombre reservado.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

1º) El recurso de protección de garantías constitucionales estatuido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye, jurídicamente, una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas inmediatas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión, arbitrario o ilegal, que impida, perturbe o amenace ese ejercicio;

2º) En síntesis, la acción cautelar enderezada por don nombre reservado se basa en la invalidación por parte de la recurrida de una decisión de segundo grado que había morigerado la sanción que le había sido aplicada, determinación seguida de una resolución que la reemplaza, manteniendo el castigo original. En el petitorio de su libelo, el actor expresa que ataca ese proceso sancionatorio realizado por el Pleno del Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado. A su turno, la recurrida refuta el basamento del recurso señalando –en lo medular- que su proceder se apegó a la normativa que la rige, en la que está expresamente permitido el conocimiento de un asunto por vía de apelación, en caso que la resolución a la que concierna presenta un defecto de forma, como es la falta de fundamentación que se verificó en la especie;

3º) Para resolver el presente arbitrio de protección es útil consignar que los siguientes son hechos pacíficos entre ambas partes y se desprenden de la documentación que éstas acompañaron:

a) El recurrente cumple labores de bombero en la Séptima Compañía de Bomberos Metropolitana Sur, Bomba Austria.

b) Por determinación de 22 de diciembre de 2019, el Consejo de Disciplina de la Séptima Compañía de Bomberos Metropolitana Sur, Bomba Austria, aplicó al recurrente la sanción de separación de las filas por 181 días.

c) El sancionado impugnó esa medida disciplinaria y, por decisión de 22 de enero de 2020, la Sala 1 del Consejo Superior de Disciplina resolvió el recurso rebajando la sanción a 180 días de suspensión de sus actividades como bombero.

Es de destacar que, si bien el recurrente recurrió invocando la nulidad normada en el artículo 97 del Reglamento General, la Sala 1 del Consejo Superior de Disciplina trató el recurso en carácter de apelación, según se lee tanto en la referida Acta de 22 de enero, como en la carta de comunicación de la misma de 24 del mismo mes.

d) El 27 de febrero de 2020, el Director de la Séptima Compañía, Bomba Austria, solicitó una revisión de la rebaja de la sanción.

e) El 2 de junio de 2020, la antedicha solicitud del Director de la Compañía fue acogida por el Pleno del Consejo Superior de Disciplina. Se dejó sin efecto lo resuelto por la Sala 1 del Consejo Superior de Disciplina y se mantuvo lo resuelto primeramente por el Consejo de Disciplina de la Séptima Compañía, esto es la sanción de separación del nombre reservado por 181 días;

4º) La ley 20.564 que establece la Ley marco de los Bomberos de Chile, publicada el 3 de febrero de 2012, dispone en su artículo 1º: “Los Cuerpos de Bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile constituyen el Sistema Nacional de Bomberos; servicios de utilidad pública, que se rigen por las disposiciones de esta ley, de su reglamento, la de sus estatutos y de leyes especiales, y , en lo no previsto en ellas, por las normas sobre personas jurídicas a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil. Más adelante, el artículo 3º de dicha ley prescribe: “Existirá un nombre reservado por comuna o agrupación de comunas, los que estarán conformados por Compañías y Brigadas, según requiera el trabajo de la institución (…)”;

5º) Según se propone en el Estatuto tipo para la concesión de personalidad jurídica de los cuerpos de bomberos –fijado antes por el Decreto 2.640 de 1968, del Ministerio de Justicia, y ahora en la Resolución exenta 1.617 de 16 de mayo de 2012, de la misma cartera de Gobierno, emitida a propósito de la ley 20.500 sobre Asociaciones y participación ciudadana- la potestad disciplinaria los cuerpos de bomberos, asociaciones de derecho privado, sin fines de lucro, será ejercida por el Consejo Superior de Disciplina, los Consejos de Disciplina de las Compañías y la Asamblea General, y se regulará por sus estatutos, el Reglamento General y los reglamentos propios de cada una. Añade el artículo décimo segundo de ese modelo que en la dictación de tales normas, lo mismo que en su aplicación, debe garantizarse un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución las leyes y los estatutos confieren a sus asociados. El artículo cuadragésimo quinto prevé que habrá un Consejo Superior de Disciplina al que, entre otras funciones, le corresponderá conocer de las apelaciones interpuestas en contra de las resoluciones de los Consejos de Disciplina de las Compañías y de las demás atribuciones que el Reglamento General determine. Y postula el modelo, también, que de las resoluciones disciplinarias que el Consejo Superior de Disciplina dicte en primera instancia, podrá siempre apelarse ante la Asamblea General, acorde al procedimiento que prescriba el Reglamento, el cual deberá observar las condiciones inherentes a un debido proceso;

6º) Ahora bien, mirados los Estatutos del nombre reservado y su Reglamento General, se observa, en lo que ahora interesa, la existencia de la siguiente preceptiva particular:

a) En lo tocante a las Compañías, el artículo 100 del Reglamento General prescribe que la facultad de juzgar en el ejercicio de la función disciplinaria “sólo corresponde al Consejo de Disciplina”. Así lo reconoce el artículo 33 de los Estatutos, en su letra c).

b) El artículo 41 de los Estatutos dispone, también, que en cada Compañía habrá un Consejo de Disciplina, al que le “(…) corresponderá el conocimiento y resolución de las faltas disciplinarias de sus integrantes, con excepción de aquellas cometidas por sus miembros que tengan algunas de las calidades a que se refieren las letras a) y b) del artículo 36 de estos estatutos, las que serán conocidas y resueltas por el Consejo Superior”.

c) El artículo 3º del Reglamento dispone que el régimen disciplinario del Cuerpo estará a cargo del Director, del Consejo Superior de Disciplina y del Consejo de Oficiales Generales, cada uno con las atribuciones y obligaciones que ese ordenamiento prevé.

d) El artículo 78 del Reglamento y el artículo 33 de los Estatutos disponen que el Consejo Superior de Disciplina es el máximo organismo disciplinario, encargado del conocimiento y resolución de los asuntos que le competen y los que el Estatuto y ese Reglamento General le encomienden.

e) El artículo 78 del Reglamento General prevé, también, que el Consejo Superior de Disciplina podrá sesionar en pleno o en sala.

f) El artículo 36, letra c), de los Estatutos y el artículo 83 del Reglamento General, en su número 2, puntualizan que las salas del Consejo Superior de Disciplina tendrán competencia para conocer de los recursos de apelación que se interpusieren en contra de las resoluciones de primera instancia dictadas por los Consejos de Disciplina de las Compañías. Esa última norma estatuye, además: “Pudiendo anular inmediatamente la resolución tomada si existen pruebas suficientes para determinar que está viciada reglamentariamente, devolviendo los antecedentes al organismo que lo sancionó para ser tratado nuevamente”.

g) La parte final de la letra c) del artículo 36 de los Estatutos añade que las resoluciones de sala “(…) serán inapelables, salvo en aquellos casos en que se haya incurrido probadamente en vicios que afecten su composición o procedimiento”.

h) A su turno, el artículo 37, letra a), de los Estatutos y el artículo 82, número 1, del Reglamento General, puntualizan que al Pleno del Consejo Superior de Disciplina le corresponde conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las resoluciones de primera instancia dictadas por las salas del mismo; y el número 6 del mismo artículo 82 también entrega al Pleno el conocimiento de las situaciones disciplinarias que afectaren a una Compañía o más.

i) El artículo 88 del Reglamento General dispone: “El Consejo Superior de Disciplina, tanto en pleno como en sala, procederá oyendo al afectado, previa citación, indicando el motivo de la comparecencia. Si no concurriere y no excusare su inasistencia por causa justificada y debidamente comprobada, lo juzgará en rebeldía (...)”;

j) El artículo 94 del Reglamento General estatuye: “Contra las resoluciones de los organismos disciplinarios de las Compañías o de las Salas del Consejo Superior de Disciplina, procederá el recurso de apelación”. Pese a lo amplio de la redacción, en los artículos subsiguientes -abocados a regular la tramitación del recurso- queda claro que las disposiciones que reglamentan la apelación corresponden según sea el órgano llamado a conocerla. Así, por ejemplo, se obtiene del penúltimo inciso del artículo 95, acápite en que se distingue la competencia alternativa del Pleno del Consejo o de alguna de sus salas como órganos de segundo grado, derivando de ello, por consiguiente, la identidad del órgano que resolvió en primera instancia; y lo mismo puede colegirse del tenor del artículo 98.

A la misma conclusión se llega al revisar el artículo 44 de los Estatutos, en cuyo texto se distinguen las resoluciones de primera instancia de las salas del Consejo Superior de Disciplina y de los Consejos de Disciplina;

7º) La extensa relación de las normas estatutarias y reglamentarias apuntada en el motivo precedente, que esta Corte ha considerado conveniente exponer para los efectos de un directo entendimiento de sus disposiciones, conduce a dos manifiestas conclusiones: la primera, que la decisión sancionatoria del Consejo de Disciplina de la Séptima Compañía de Bomberos Metropolitana Sur fue adoptada por el órgano competente en primera instancia, determinando la competencia de una de las salas –la Sala 1- del Consejo Superior de Disciplina como el órgano de segundo grado o de apelación; y la segunda, es que ya emitido el pronunciamiento de segunda instancia por la sala, el Pleno del referido Consejo, actuando en una hipótesis diversa a la prevista en los artículos 37 de los Estatutos y 82 del Reglamento General, se entendió competente para abocarse a dicho asunto conforme a lo reglado en el artículo 36, letra c), parte final, de los Estatutos.

Sin embargo, la lectura de esa última disposición permite advertir que la impugnación a la que hace alusión, más que una “apelación de la apelación”, tiene una innegable connotación anulatoria extraordinaria y con fundamento exclusivo en vicios de forma relativos a la composición de la sala o al procedimiento;

8º) Así, entonces, corresponde examinar si al dar tramitación a la solicitud del Director de la Séptima Compañía de Bomberos, el Pleno del Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado se circunscribió a ese único objeto de análisis que preceptúan sus Estatutos.

Pues bien, el texto del Acta de Consejo Superior de Disciplina en pleno de 2 de junio del actual –materia del presente arbitrio cautelar- anota: “Por cuatro votos contra tres se decide acoger la apelación de la Séptima Compañía, quedando por tanto vigente como sanción la impuesta por el Consejo de Disciplina de Compañía, lo que corresponde a la sanción de Separación por 181 días de conformidad a los artículos 87 n°5, los artículos 94 y 95, el artículo 63 n°3, todos del Reglamento General del Cuerpo, el artículo 36 letra c de los Estatutos y el articulo 11 del Reglamento de la Séptima Compañía. Toda vez que el consejo evidencia un defecto en la sustanciación del procedimiento, por haberse fallado la apelación sin consideración de norma reglamentaria alguna y haberse cometido un error de derecho, cuyo vicio solo es posible de corregir mediante apelación, de conformidad al artículo 36 letra c de los Estatutos del Cuerpo”;

9º) El tenor palmario de esa fundamentación que sirve al acogimiento de la “apelación” deducida por el Director de la Séptima Compañía de Bomberos Metropolitana Sur, deja igualmente patente que aquélla no descansa en ninguna de las hipótesis previstas en la parte final de la letra c) del artículo 36 de los Estatutos, pues no obedece a vicio alguno que hubiere afectado ya la composición de la Sala 1 del Consejo o el procedimiento. En cambio, es manifiesto que, al referir un “error de derecho” consistente en la ausencia de normas reglamentarias en el contenido del fallo de apelación, no se está sino aludiendo a un aspecto de mérito o de fondo, ergo, que no condice con un defecto puramente formal.

Lo último queda todavía más claro al considerar que esta resolución del Pleno del Consejo Superior de Disciplina no llena esa carencia de fundamentación reglamentaria –las normas que cita sólo son procedimentales y no miran al establecimiento de la infracción-. Lo mismo pasa al detenerse en las opiniones de los consejeros nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado que preceden a la votación del Pleno, toda vez que en ellas se limitaron, respectivamente, a manifestar: “Entre bomberos, debiese mantener un respeto entre sus pares y no esgrimir acusaciones infundadas”, “aun cuando un oficial le señaló que guardara silencio, ambos bomberos continuaron su pelea, desobedeciendo una orden directa” y “la Sala se equivocó puesto que no estaban todos los antecedentes en mesa, puesto que si hay una orden del día que respalde el asunto. Estima que debiese acogerse la apelación de la séptima debido a que existen vicios respecto del contenido de la misma sentencia, al haber faltas en cuanto al argumento de fondo. Estima que la trayectoria no es un criterio reglamentario para poder resolver”;

10º) En las condiciones pormenorizadas en los párrafos que anteceden es directo concluir que el procedimiento ulterior que llevó adelante el Pleno del Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, y que culminó en su resolución de 2 de junio de 2020, fue contrario al propio Reglamento General y Estatutos que lo rigen, lo que hace de su decisión un actuar arbitrario, y a la vez, ilegal, pues lesionó las exigencias del justo y racional procedimiento y la garantía del debido proceso respecto del actor de protección, al haber procedido la recurrida al margen de la preceptiva que debía observar, erigiéndose en una comisión especial y atropellando lo estatuido en el artículo 19, número 3, de la Constitución Política de la República, lo que derivó en la aplicación al recurrente de una sanción distinta y más gravosa que la impuesta por el órgano competente;

11º) Corolario de las reflexiones que se han expuesto, es que la acción de cautela ejercida deberá ser acogida en los términos que enseguida se puntualizarán.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del nombre reservado. En consecuencia, se deja sin efecto lo decidido a su respecto por el Pleno de su Consejo Superior de Disciplina el 2 de junio de 2020, manteniéndose en vigor la decisión de apelación adoptada por la Sala 1 de ese mismo Consejo con fecha 22 de enero, también del presente año, en lo que le concierne.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la ministra Alejandra Pizarro.

N° 6.485-2020 Protección.- Pronunciada por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministras señoras María Teresa Letelier Ramírez, María Alejandra Pizarro Soto y Dora Mondaca Rosales.