SERVICIO HIMCE LIMITADA CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE nombre reservado

Fojas 215/doscientos quince En Santiago, a dos de mayo de dos mil dieciséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a fojas 55, don nombre reservado y nombre reservado, abogados, a nombre y en favor de "SERVICIOS HIMCE LIMITADA", sociedad del giro de manejo de los residuos sólidos domiciliarios y otros, representada por don nombre reservado, chileno, ingeniero mecánico, casado, con domicilio ambos en domicilio reservado, Parque Industrial Michaihue, San Pedro de la Paz, VIII Región, deducen recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE nombre reservado, representada legalmente por su Alcaldesa doña CLAUDINA NUÑEZ JIMENEZ, todos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, fundada en que por Decreto Exento N° 1733 de 13 de septiembre de 2012, la recurrida adjudicó la licitación pública "Contratación de Servicios de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Domiciliarios, Aseo de Ferias Libres y Barrido de Calles, comuna de Pedro Aguirre nombre reservado" a la Empresa recurrente, por un valor mensual de $55.273.533 IVA incluido, por un plazo de cinco años a contar del primero de abril de 2013, lo que se formalizó por Contrato suscrito el 4 de octubre de 2012, ante la Notario Público doña nombre reservado.

Agrega que el referido contrato, vigente hasta el primero de abril de 2018, fue cumplido por HIMCE LTDA, no obstante lo cual la recurrida lo declaró resuelto anticipadamente por Decreto Exento Nº 1539 de 9 de febrero en curso, a consecuencia directa, del grave incumplimiento de parte de HIMCE LTDA, el que estaría reflejado en los considerandos 10º y 11º del mismo.

Agrega que, de acuerdo a lo previsto en las Bases y el propio contrato celebrado, su objeto era la recolección de los residuos sólidos domiciliarios, el aseo de ferias libres y el barrido de calles en la comuna de Pedro Aguirre nombre reservado, así como el transporte de los desechos a la Estación de Transferencia o al Relleno Sanitario que la Municipalidad designara, y de acuerdo a ello, la disposición final de los residuos se realizaba en la Planta de Transferencia Puerta Sur ubicada en el sector de General Velásquez, comuna de San Bernardo, lo que resulta fundamental tener en consideración toda vez que la estructura de costos del contrato consideraba que cada camión recolector podía realizar, diariamente, cuatro vueltas a los circuitos de recolección predeterminados, terminando cada vuelta en la Planta de Transferencia Puerta Sur.

Indica que como es de público conocimiento el 15 de enero de 2016, se produjo un deslizamiento de masa de residuos que afectó una parte importante del relleno sanitario existente en la Planta de Transferencia Puerta Sur, deslizamiento que trajo como consecuencia que el 18 de enero se iniciara un incendio, que motivó la paralización de las operaciones de recepción de residuos por parte de la empresa administradora del vertedero, lo que se formalizó el 19 de enero de 2016 y luego se mantuvo por decisión de 22 de enero de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente, disponiendo la Intendencia de la Región Metropolitana que todos los municipios que depositaban sus desechos en esta la Estación de Transferencia Puerta Sur, los trasladaran ahora a los rellenos sanitarios de Santiago Poniente.

Agrega que mientras la Estación de Transferencia Puerta Sur se emplaza a una distancia aproximada de 5 kilómetros desde la comuna de Pedro Aguirre nombre reservado, el Relleno Santiago Poniente está a 25 kilómetros de distancia, resultando evidente que el contrato no podía ejecutarse con la misma eficiencia, si se empleaba la misma dotación de personal y de vehículos, lo que se hizo presente a la Sra. Alcaldesa a fin de que autorizase destinar mayores dotaciones, con el mayor costo que ello implicaba, pero que no se recibió ninguna autorización y el contrato debió ser ejecutado con las mismas dotaciones originalmente proyectadas, por lo que su rendimiento decayó en aproximadamente un 50%, (si antes de la emergencia se retiraban 200 toneladas de desechos por día, ahora sólo se alcanzaba a retirar poco más de 100 toneladas).

Refiere que la recurrente ha sido objeto de una serie de multas arbitrarias e ilegales, que no se condicen con el real cumplimiento del contrato ni respetan lo pactado entre ellas, y que fueron cursadas durante la emergencia ambiental vivida en la Región Metropolitana a partir del incendio del vertedero Santa Marta, lugar de acopio de residuos que debía ser utilizado por su representada y corresponden imputaciones por infracciones contenidas en los folios Nº 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 cometidas los días 22, 23, 25, 26 y 27 de enero del año 2016.

Refiere que, por esta vía constitucional se recurre de protección en contra de las multas impuestas a su representada por la Municipalidad recurrida, las que han vulnerado las siguientes garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política:

1. Igualdad ante la ley y protección en el ejercicio de sus derechos, regulados en los nº 2 y 3, atendido que la recurrida no ha tenido un trato igualitario en el procedimiento seguido en su contra, sin que tuviese en cuenta las alegaciones que venía realizando por la variación de las circunstancias existentes al contratar el servicio, tampoco se le permitió subsanar las deficiencias imputadas, unido a los defectos, en cuanto a la forma y el fondo, en la tramitación del procedimiento, con franca vulneración, además, de lo preceptuado en los artículos 10 y 11 de la Ley 19.880, según los cuales, se deben adoptar las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción e igualdad de los interesados.

2. El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, regulado en el N° 21, ya que del análisis de los argumentos expuestos, se advierte que, sin razón justificada, y sin valorar las condiciones objetivas que afectaban a su representada, se le aplican varias multas, con efecto retroactivo, vulnerando garantías de rango constitucional y pactos contractuales vigentes al momento de su imposición.

3. La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica, establecida en el N° 22, atendido que la recurrente está obligada a pagar un grupo de multas aplicadas consecutivamente y con efecto retroactivo, tipificando infracciones diferentes por una misma acción.

4. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, pues a la recurrente se le impusieron multas que le afectan considerablemente en su patrimonio, y fueron utilizadas para justificar la terminación anticipada del contrato, que se le adjudicara por licitación pública, contratando a otra entidad de inmediato para ejecutar el trabajo que venía realizando desde abril de 2013.

Agrega que las multas en contra de las cuales se recurre constituyen actuaciones arbitrarías e ilegales de la recurrida, quien actuando por medio de la Inspección Técnica del Servicio impuso a su parte multas por un total de 370 UTM entre los días 23 y 28 de enero de 2016, por supuestas infracciones a los literales p) y t) del artículo 32 de las "Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública”, y según se indica en dichas bases, la municipalidad fiscaliza el debido cumplimiento del Contrato mediante la I.T.S., pudiendo aplicar sanción de amonestación y multas, en caso de graves incumplimientos o infracciones de las referidas Bases y según el procedimiento descrito en el artículo 31 de las mismas, que implica que detectada la infracción por parte del I.T.S. deberá ser comunicada al Supervisor del Servicio para que corrija los aspectos objetados, dejándose constancia de ello en el Libro de Servicio, en tanto que, las supuestas infracciones en que habría incurrido la recurrente entre los días 23 y 28 de enero de 2016 le fueron recién observadas el 8 de febrero siguiente y de manera conjunta, es decir, en un solo acto -muy posterior a las infracciones que se atribuyen a su representada- y por las cuales debía pagar sendas multas, sin darle la opción de subsanarlas, en los términos previstos en las Bases.

Agrega que todas y cada una de las multas impuestas a HIMCE LTDA., hacen referencia al artículo 32 de las Bases, sin considerar la emergencia ambiental provocada por el incendio al interior del relleno Sanitario Santa Marta, cuestión no imputable a su parte, todo lo cual se hizo presente a la Alcaldesa, de acuerdo a la cláusula 132 del contrato, que permite solicitar la revisión del precio por causas sobrevinientes que así lo justifiquen, y siempre que se reúnan los requisitos que dicha cláusula establece, los que se cumplen en la especie.

Agrega que las multas recurridas fueron impuestas a la recurrente con el único fin de preconstituir una causal de término anticipado del contrato, privándola de su derecho a ejercer una actividad económica lícita para la cual reúne todos los requisitos y permitiendo con ello que el retiro de residuos domiciliarios de Pedro Aguirre nombre reservado fuera entregado a otra empresa, sin el procedimiento licitatorio pertinente, y que asimismo, las multas impuestas implican un gravamen desmedido e injusto y que al verse la recurrente impedida de ejecutar el contrato adjudicado, ha sido prácticamente expropiada de las legítimas utilidades que el mismo debía arrogarle por todo el tiempo de vigencia, hasta el 1 abril del año 2018, motivos todos por los que solicita se acoja su recurso, dejándose sin efecto las multas impuestas y todos los efectos que de ellas se deriven, en especial, el de término anticipado de dicho contrato, con costas.

SEGUNDO: Que, a fojas 73, comparece doña CLAUDINA NUÑEZ JIMENEZ, Alcaldesa de la Municipalidad de Pedro Aguirre nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas, indicando que bajo el régimen jurídico de una concesión municipal, se adjudicó y celebró contrato con la recurrente, luego de haberse verificado en el año 2012, conforme a los arts. 8 y 66 de la Ley N° 18.695, una licitación pública, sometiendo a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica las bases de la licitación, las que fueron incorporadas al contrato, y que todas las disposiciones de las bases y especificaciones fueron consensualmente elevadas a la categoría de elemento esencial del contrato.

Agrega que el artículo 36 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, regula un tipo de concesiones, entregando un regla que es de general aplicación en la regulación del término de las mismas, en el sentido de que La Municipalidad puede darle término en cualquier momento, cuando sobrevenga un menoscabo o detrimento grave al uso común o cuando concurran otras razones de interés público.

Expone que luego de incumplimientos contractuales que se comenzaron a evidenciar desde los albores de la relación con la concesionaria, mencionando como ejemplos la clausura de que fue objeto la central de operaciones ubicada en San Bernardo; luego la instalación en otro predio, el actual, sin patente municipal ni autorización sanitaria de ningún tipo, luego de una crisis y emergencia sanitaria declarada en enero de 2015, y luego, lo mismo los primeros días de enero de 2016, con multas discutidas judicialmente por incumplimientos graves a través del reclamo de ilegalidad municipal el año 2015, es decir, antes del cierre del relleno sanitario del Consorcio Santa Marta, la Municipalidad se vio en la necesidad de hacer uso de una prerrogativa excepcional prevista en el contrato y actuar como mandataria de la concesionaria (ya lo había hecho a comienzos de 2015), y tener que contratar con otros proveedores los servicios en casos de interrupciones o graves incumplimientos del servicio contratado y luego del cierre del relleno sanitario en enero de este año, por todas las razones que se precisan en el fundado Decreto N°1539, el que de modo muy superficial es también objeto de la acción de protección para los recurrentes, razones ellas que no se agotan en las multas acotadas a un espacio de tiempo -del 23 al 28 de enero- se puso término a la concesión, con acuerdo unánime de los concejales y se declaró resuelto este contrato, luego de haber sido infructuosos los intentos que se hicieron por mejorar el servicio y poner atajo a una serie de prácticas de deficiente gestión empresarial.

Refiere que entre los días 22 a 28 de enero de 2016, la comuna de Pedro Aguirre nombre reservado, fue la única de Santiago que estuvo permanentemente en los noticieros centrales de la televisión chilena, aun cuando el cierre del relleno sanitario afectó a 19 comunas que depositaban allí sus residuos, sólo Pedro Aguirre nombre reservado mantenía durante dos o tres días las basuras acumuladas en sus barrios y poblaciones.

Indica que la Municipalidad reconoció y explícito de buena fe, que al momento de decretar el término del contrato se acumulaban solo 650 UTM en multas revisadas a través de recursos en el año 2016, por lo que no era el número de UTM lo que fundaba la decisión, y que se alcanzaba a un número de 1210 las UTM aplicadas por el Inspector Técnico del Servicio, ya que de ese número, 560 UTM no habían sido aún conocidas sus reconsideraciones o recursos que debía conocer la Alcaldesa, entre las que estaban las que pretenden fundar esta acción constitucional, y agrega que las especificaciones técnicas señalaban que 750 UTM en multas firmes, podían configurar causal de término anticipado del contrato, razón por la cual esta no es precisamente una causal fundante del decreto, sino que sólo un antecedente de comportamiento que dejaba traslucir a su juicio un incumplimiento grave de las obligaciones contraídas.

Agrega que el recurso interpuesto debe desestimado en todas sus partes atendido que no está fundado en un derecho indubitado, atendido que no busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado -requisitos copulativos que han sido exigidos por la jurisprudencia, sino que pretende, el reconocimiento de un derecho que, a su juicio, les corresponde, cuestión ajena a la naturaleza cautelar de la acción de autos, por lo que la pretensión del recurrente, de que se dejen sin efecto las multas aplicadas, no puede prosperar ya que no se basa en un derecho indubitado, desde el momento que: i) existen sobre las multas aplicadas recursos administrativos pendientes, tales como el de reconsideración o apelación ante la Alcaldesa, los que son resueltos previo informe del Asesor Jurídico de la Municipalidad tal y como se señala en las bases; ii) existen también diversos "recursos de reposición" en contra de lo que resuelve la Alcaldesa y que ha presentado la empresa Himce Ltda. desde hace unos días; iii) está pendiente de resolución en su fase administrativa un reclamo de ilegalidad deducido por la empresa conforme al artículo 151 letra b) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en contra del decreto que puso término unilateral a la concesión y que, consecuencialmente, se pide también en este recurso de protección que quede sin efecto, el que se interpuso el 9 de marzo de 2016, teniendo la Alcaldesa 15 días hábiles para acogerlo o rechazarlo; iv) por último, conforme al principio de estricta sujeción a las bases plasmado en la ley N° 19.886, la ex concesionaria Himce, no ha cumplido con proponer dentro de 30 días de resuelto el contrato, una liquidación del mismo, plazo que vence el 22 de marzo de 2016.

Refiere que desde otro punto de vista, los recurrentes pretenden plantear ante V.S. Iltma., una controversia tendiente a impugnar multas que no están a firme y conectan de modo indebido esas multas a otra pretensión, la de dejar sin efecto el acto administrativo que puso término al contrato de concesión, cuestión que es de lato conocimiento y absolutamente ajeno a la finalidad propia del recurso de protección.

Agrega que lo anterior se hace evidente en la suposición por la cual las multas habrían sido aplicadas según los recurrentes, para pre-constituir una causal de término anticipado del contrato y privarles así, del derecho al precio de la concesión, para entregársela de modo arbitrario a otra empresa, lo que debería ser resuelto a través, por ejemplo, de una acción de nulidad de derecho público.

Expone que los hechos descritos sobrepasan los márgenes del recurso de protección, toda vez que aquéllos deben ser discutidos y probados en los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes, lo que se contrapone con la naturaleza cautelar de la acción de protección.

En cuanto al fondo del asunto planteado, indica que de conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política de la República, son presupuestos necesarios para la procedencia del recurso de protección, la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria, de la cual derive una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho y que ese derecho sea de aquellos señalados específicamente por la disposición constitucional citada, y que ninguno de los supuestos indicados concurre en la situación planteada por el recurrente.

Señala que las multas que aplica la ITS del contrato no son ilegales, ya que tienen su fundamento en la normativa que rige en Chile la Contratación Pública, la Ley N° 19.886, artículo 1535 del Código Civil y en lo que es más evidente, en la propia ley que rige la convención, la ley del contrato; el que en su cláusula 9º precisa que el contratista hace reconocimiento expreso de que prestará un servicio que para la Municipalidad y la comunidad de Pedro Aguirre nombre reservado, tiene carácter de público, y de alta incidencia en la salud pública y ambiental para la población y que toda paralización, interrupción o suspensión del servicio, ocasiona un evento de daño y riesgo a bienes de alta significación comunitaria, y que, de serle imputable, habrán de tener efecto las sanciones administrativo contractuales establecidas en las bases, en la cláusula 14º establece que las funciones de coordinación y fiscalización de las obligaciones del concesionario las ejercerá el Municipio principalmente a través de la Inspección Técnica del Servicio (ITS) esto es, la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato que representará al Municipio frente al contratista, y finalmente la cláusula 15º del contrato, señala que la detección de deficiencias e incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista en virtud del presente contrato, las bases y su oferta, darán lugar a la aplicación de sanciones, acorde los procedimientos establecidos en los artículos 31 y 32 de las Bases Administrativas.

Agrega que el artículo 32 de las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas del servicio, señala que “las deficiencias del contratista se penarán con las siguientes multas, sin que esta enumeración sea taxativa: p) por recolección no cumplida íntegramente en un recorrido por vía, multa de 20 U.T.M. por vez detectada; y q) incumplimiento de los horarios aprobados para los servicios, hasta el equivalente a 10 U.T.M. por vehículo sorprendido fuera de horario" y a su vez, el articulo 31 de las mencionadas Bases establece el procedimiento a seguir para la aplicación de sanciones ante la detección de deficiencias y el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista;

Que en los roles 150, 151 y 152 del año 2015 ya fueron examinadas a través del reclamo de ilegalidad varias multas impuestas por la Municipalidad y confirmadas en dos de esos reclamos por la lltma. Corte de Apelaciones de San nombre reservado, esto es, fueron examinadas como procedentes ante incumplimientos contractuales.

A continuación se refiere a la alegación por la cual la recurrente sostiene que las multas fueron aplicadas con efecto retroactivo, recién el día 8 de febrero, sin haberlas advertido antes al supervisor del servicio para que las subsanare, precisando que el empresario desatendió de diversas formas entre esos días su obligación de proporcionar a la Municipalidad un libro de servicio, y la obligación de concurrir a las dependencias en que se ubica la Dirección de Medio Ambiente, por lo que se hizo necesario, que se les fuese a notificar personalmente de su imposición a la comuna de San Bernardo por el propio funcionario ITS, ya que la concesionaria, mañosamente no entregaba el Libro de Servicio ni se hacía presente en el Municipio, y que la cláusula séptima del contrato precisó la obligación de asistencia diaria del supervisor de la empresa en la ITS., lo que no fue observado en esos días previos al 8 de febrero de 2016.

En relación al reproche de que las multas lo fueron por las mismas causales, a saber, recolección no cumplida en un recorrido por vía e incumplimiento de dotación de flota y que ello desconocería la situación que vivía Santiago por el cierre del Relleno Santa Marta, señala que ello es un ejercicio retórico que pretende desconocer la responsabilidad civil contractual que de estos hechos se habrá de derivar, puesto que el incumplimiento de la dotación de flota no tiene ninguna vinculación causal con el cierre del relleno, los camiones no se encontraban en servicio, no estaban en Maipú, ni en Pedro Aguirre nombre reservado, estaban sin tripulación en la sede de la empresa en San Bernardo, cuestión que se establecerá caso a caso, en un juicio de lato conocimiento.

Sobre la falta de arbitrariedad de las multas, señala que en todos los casos sancionados se trataba de incumplimientos graves y reiterados, de ningún modo justificados por las razones que expresa la empresa en su recurso y que no decían relación alguna con el cierre del relleno sanitario Santa Marta.

Refiere que no existiendo acto u omisión ilegal o arbitrario cometido por la Municipalidad o la ITS no pueden verse afectadas las garantías constitucionales que se señalan como vulneradas por las multas Termina solicitando se desestime, en todas sus partes, el recurso de protección deducido en estos autos en contra de la Municipalidad de Pedro Aguirre nombre reservado, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a consecuencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él.

CUARTO: Que el acto que motiva la interposición del recurso es la aplicación a la recurrente por parte de la recurrida de las multas folio 43 de 23 de enero de 2016; folios 44-45 de 24 de enero de 2016; folios 46-47 de 26 de enero de 2016; folios 48-49 de 27 de enero de 2016, y folio 50 de 28 de enero de 2016, que suman la cantidad de 370 unidades tributarias mensuales. Pide se las deje sin efecto y, consecuencialmente, se deje también sin efecto el término anticipado del contrato que las vinculó;

QUINTO: Que la facultad de la recurrida de aplicar multas en determinados casos se encuentra prevista en las bases de licitación incorporadas como elemento esencial del contrato de servicios que vinculó a las partes, bases y procedimiento licitatorio que no han sido cuestionados en el presente recurso, de modo que ha de tenerse por válidas las estipulaciones de dichos instrumentos. Así, la cláusula décimo quinta del contrato celebrado entre las partes el 4 de octubre de 2012 –agregado a fs. 9 y siguientes- establece que “La detección de deficiencias e incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista en virtud del presente contrato, sus bases y oferta, darán lugar a la aplicación de sanciones, acorde los procedimientos establecidos en los artículos treinta y uno y treinta y dos de las bases administrativas”. A su vez, el artículo 31 de las Bases Administrativas, cuya copia se agregó a fs. 27 y siguientes, dispone en su letra b) que “En el caso que se trate de infracciones graves o reiteradas, la ITS podrá aplicar amonestaciones por escrito o multas, notificando de ello al contratista a través del supervisor de servicio”; el artículo 32 establece la cuantía de las multas a aplicarse ante cada una de las diversas deficiencias que enumera”.

En tal sentido, habiéndose impuesto las multas reclamadas por la entidad a quien las partes habían dado competencia para hacerlo, actuando dentro de las atribuciones que le confirió el contrato y en casos previstos en dicho instrumento, su actuación no puede calificarse de ilegal. La recurrente, sin rebatir la existencia de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las multas, ha alegado que ellas estarían justificadas por la emergencia ambiental que se produjo a raíz del incendio del relleno sanitario Santa Marta, cuestión que no puede ser calificada por la vía del recurso de protección intentado y respecto de la cual no hay antecedentes en autos pues, pese a ser pública y notoria la referida emergencia, no lo es la repercusión que ella haya tenido en la capacidad de la recurrente para cumplir el contrato.

Las multas, por otra parte, fueron impuestas en las cuantías previstas en el contrato, de modo que no cabe considerarlas arbitrarias;

SEXTO: Que, no siendo ilegal ni arbitrario el acto reclamado, deberá rechazarse el presente recurso, sin que resulte necesario referirse a cada una de las garantías constitucionales cuyo ejercicio legítimo se dice perturbado o amenazado. A mayor abundamiento, se trata de una materia contractual y el derecho de la recurrente a no ser sancionada por las infracciones que originaron las multas y –consecuencialmente- a que la recurrida no pusiera término unilateral al contrato, no es indubitado, desde que requiere un pronunciamiento respecto de la justificación que hizo valer para su actuar, lo que excede el ámbito de la presente acción cautelar.

SEPTIMO: Que los documentos acompañados por la recurrida a fojas 211, no modifican lo decidido precedentemente.

Y VISTOS, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de Servicios Himce Limitada, representada por don nombre reservado, en contra de la I. Municipalidad de Pedro Aguirre nombre reservado.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministra Sra. Ana Cienfuegos Barros.

Rol N° 644-2016-pro Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones de San nombre reservado, integrada por los Ministros señor José Ismael Contreras Pérez, señora Ana Cienfuegos Barros y señora Claudia Lazen Manzur.

En Santiago, a dos de mayo de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución precedente.

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